Esta investigación de Proceso y CONNECTAS muestra cómo el desplazamiento fruto de la violencia de grupos criminales se ha incrementado en el actual sexenio. Estos destierran a pobladores para apoderarse de rutas del trasiego de droga o para la trata de personas migrantes que viajan hacia la frontera con Estados Unidos. Mientras, las familias prefieren salir para evitar el reclutamiento de sus hombres jóvenes para actividades ilícitas o que sus comercios, producción agrícola y negocios deban pagar “cobro de piso” a esos grupos.

Un equipo de reporteros de Proceso viajó a algunas de estas comunidades en seis estados del país. Entrevistaron a personas que permanecen en zonas sitiadas y a otras que sólo vieron la opción de huir y dejarlo todo, en pueblos de Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas y Chiapas, estados donde la CMDPDH ha documentado desplazamiento forzado durante el actual sexenio.

Hallaron, por ejemplo, que en Guerrero hay familias que sufren un doble desplazamiento. En 2019 salieron de una comunidad del corredor de la Sierra Madre del Sur que pertenece al municipio de Leonardo Bravo, uno de los principales productores de la goma de opio en México. Encontraron refugio en las tierras cálidas de Chichihualco. Pero desde 2023 las balaceras, amenazas y presencia de grupos criminales en esta última comunidad cerca de la capital del estado, Chilpancingo, nuevamente los empujan a salir de lo que creyeron una nueva oportunidad de vida.

Lejos de ese lugar, un hombre de Palmas Altas en la Sierra de Jerez, Zacatecas, en el centro-norte de México, se queja lastimosamente: “aquí se sintió como si se acabara el mundo”, al recordar los truenos de la balacera y el chirriar de las camionetas de los narcos del Cártel Jalisco Nueva Generación, la noche del 4 de marzo del 2021. Los criminales expulsaron a los pobladores a punta de metralleta, dejando más de medio pueblo vacío. A la fecha, los vecinos solo han podido volver de manera intermitente, mientras enfrentan graves pérdidas de su patrimonio.

En el norte de México, la comunidad de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, muestra casas quemadas o destruidas. Los árboles están como cadáveres tirados a los lados del camino y hasta los templos católicos se encuentran cerrados. El silencio envuelve pueblos abandonados por las amenazas de los criminales que, ante la baja del precio de la goma de opio y la marihuana, han tomado la tala de árboles y el control de la minería como su nuevo negocio. Esa zona forma parte del famoso “Triángulo dorado” (región entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango), donde el narcotráfico se ha entronizado desde hace décadas.

En esa región, del lado de Sinaloa, la tierra de Joaquín Chapo Guzmán, hay miles de personas expulsadas de los territorios históricamente controlados por el Cártel de Sinaloa. Fueron forzadas a dejar sus tierras y muchas de ellas llegaron en calidad de invasores a las periferias del estratégico puerto turístico, comercial y pesquero de Mazatlán. Además de sufrir la falta de servicios, son presa de políticos que los engañan con supuestas escrituras de propiedad.

La descomunal batalla que se ha desplegado entre los dos cárteles más poderosos del país, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, también se extendió al sur del país. Atraídos por la posibilidad de traficar con los miles de inmigrantes que ingresan al país por Chiapas y por controlar las zonas de aterrizaje de las cargas aéreas del narcotráfico semiocultas en la selva, ambos grupos expulsan de los municipios a lo largo de las zonas fronteriza y sierra a miles de personas, en una crisis que apenas muestra su rostro.

Mientras tanto, en Michoacán, en el Pacífico sur, los desplazados han encontrado en municipios como Coahuayana, una zona costera bordeada de bosques, la protección de autodefensas y autoridades locales que brindan tierras y trabajo. Otros continúan su recorrido hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, donde piden refugio y asilo político, expulsados por extorsiones, secuestros y asesinatos.

“Después de un desplazamiento, incluso mucho tiempo después, hay amenazas muy graves a la vida e integridad de las personas. Muchas veces, los agentes criminales persiguen a las personas después de su desplazamiento. Por eso vemos cada vez más personas de Michoacán, Guerrero, ahora de Chiapas también, en la frontera norte, porque saben, entienden, que es ahí donde tienen la oportunidad de escapar”, enfatiza Laura Alvarado, oficial de desplazamiento de la CMDPDH.

La CMDPDH estima que, hasta octubre de 2023, había 386 mil personas desplazadas de manera forzada en México. Esta cifra representa casi la mitad de la población de un estado como Colima.

Para esta investigación, se solicitó información vía transparencia y se buscó a funcionarios de la Secretaría de Gobernación, del gobierno federal y de los 32 estados para conocer registros, programas y atención a las personas desplazadas. En la mayoría de los casos, los gobiernos estatales y las fiscalías se declararon incompetentes para informar sobre el desplazamiento forzado.

Una respuesta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Baja California ejemplifica la falta de coordinación entre autoridades para atender a quienes llegan a la frontera norte: desde 2019, “diversas instituciones de la administración pública federal han empezado a realizar esfuerzos con el fin de planear y construir la respuesta gubernamental a la problemática, pero no se dan a conocer a esta comisión para prestar la ayuda necesaria en cada caso en particular, motivo por el cual, no tenemos canalizaciones de víctimas, por este fenómeno”.

En noviembre de 2023, la situación fue expuesta en un reporte elaborado por el colectivo EPUmx, un conglomerado de 100 organizaciones, redes y colectivos de sociedad civil nacionales e internacionales que trabajan en el ámbito de los derechos humanos en México. Fue difundido previo a la comparecencia del gobierno mexicano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en lo que se denomina Examen Periódico Universal (EPU), el 24 de enero de 2024 en Ginebra.

En el documento, el colectivo asentó que hay distintos niveles de violencia que generan múltiples violaciones a derechos humanos, que conllevan corrupción, marginación, impunidad. Ello “provoca la ruptura del tejido comunitario y desplazamiento forzado de miles de personas de sus territorios históricos”. EPUmx destacó como graves los eventos de desplazamiento en Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Guerrero.

Preocupación internacional

Al inicio del gobierno presidencial de Andrés Manuel López Obrador, se reconoció por primera vez, de manera oficial, que la violencia por el crimen organizado es una causa del desplazamiento forzado interno en México. Eso ocurrió en abril de 2019, mediante el pronunciamiento hecho por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación asumió el tema y comenzó a publicar una bitácora de actividades en su página oficial. Sin embargo, hasta ahora estas solo han consistido en cursos, asistencia a foros, publicaciones de estudios sobre el fenómeno y capacitaciones a funcionarios, según el registro entre abril de 2019 y diciembre de 2023. Se solicitó entrevista con personal de dicha unidad a través de correos institucionales y el área de Comunicación Social, pero no hubo respuesta.

Para esta investigación, Daniel Márquez Bocanegra, también oficial de desplazamiento interno de la CMDPDH, dijo que, a pesar del reconocimiento público hecho por el actual gobierno, no existe una política nacional para atender el fenómeno. Eso tiene consecuencias importantes en las víctimas: desintegración familiar, victimizaciones, pérdida de identidad, de propiedades y medios de subsistencia; afectaciones físicas, emocionales, sociales, mientras las personas no hallan una solución específica para su situación.

Con visitas, informes y recomendaciones formales, organizaciones no gubernamentales e instancias nacionales e internacionales, como la ONU y la CIDH, han pedido al gobierno mexicano que, de manera urgente, tome acciones para frenar la violencia de los grupos criminales que provoca el desplazamiento forzado.

También han subrayado que el gobierno de López Obrador –que termina su mandato el 30 de septiembre– no ha levantado un registro de las víctimas. Tampoco se han ofrecido soluciones permanentes a quienes fueron forzados a salir de sus lugares de residencia. Asimismo, recuerdan que está pendiente de aprobar una ley para asignar responsabilidades y presupuesto con el fin de atender a las víctimas, la cual se encuentra detenida en el Senado de la República.

En sus recomendaciones, Jiménez-Damary urgió al gobierno mexicano a que adopte, sin más demora, la ley general sobre el desplazamiento interno. También insistió en que debe alentar a que en los 32 estados se tengan leyes locales, con la asignación presupuestaria y un sistema administrativo adecuado, crear los registros estatales y que estos confluyan en un registro nacional.

Aunque es cierto que hay propuestas de reformas y de ley federal por legisladores de varios partidos desde 1998 hasta el 2020, ninguna ha prosperado hasta convertirse en ley vigente. Por ejemplo, el 20 de septiembre del 2020, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la diputada Rocío Barrera Badillo del partido oficial Morena. Se trata de una ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno en México; reconoce de forma explícita la presencia del crimen organizado y el narcotráfico como factor del desplazamiento forzado interno. Pero para que entre en vigor y sea aplicada, esta ley debe ser aprobada también por el Senado, lo que no ha ocurrido.

“No hay voluntad política para reconocerlo y aprobar la Ley”, admite la senadora de Morena, Nestora Salgado, originaria de Guerrero. El 6 de septiembre del 2023, hizo una excitativa para que se aprobara y emitiera el dictamen de esta ley que les fue enviada por la Cámara de Diputados.