¿Y los otros Odebrecht?

El mayor escándalo de corrupción de América Latina evidencia fisuras en el sistema de contratación pública de al menos diez países y en un sector estratégico que ha movido millones en inversiones. El resultado es una región endeudada y el bolsillo lleno de unos cuantos.

Fotos bajo licencia CC: Odebrecht (Jeso Carneiro), el ministro dominicano Temistocles Montás (derecha), enjuiciado por el caso Odebrecht, cuando era ministro de Economía de Leonel Fernández (Pablo Matos - Press Office of Ministry), el líder opositor venezolano Henrique Capriles (Daniel Guarache) y el exfiscal de Ecuador Galo Chiriboga (Agencia de Noticias Andes)

Es ingenuo pensar que los políticos y funcionarios latinoamericanos se corrompieron con el gigante brasilero Odebrecht, que no logra salir de las primeras planas de los diarios por cuenta del pago de millones en sobornos. Unos 785 millones de dólares según el Departamento de Justicia de EEUU. Otro importante grupo de proyectos relacionados con el sector de infraestructura están en el centro del escándalo por las dudas que rodean la transparencia en su ejecución. Vale la pena recordar que Odebrecht era sólo una de las constructoras más prometedoras, de un puñado de compañías que hasta hace unos años eran el dream team de la exportación del progreso del país amazónico. En el mismo Brasil, Petrobras ha recibido importantes cuestionamientos por casos como la venta de la Refinería de Pernambuco.

En el sector petrolero, Ecuador y Colombia siguen en la lista. En el primer caso, la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas develó el mayor escándalo de corrupción del gobierno de Rafael Correa. El proyecto inició con un presupuesto de 170 millones en 2007 y pasó a 1.200 millones de dólares en 2016, según el reporte del vicepresidente Jorge Glas (encargado de los sectores estratégicos, y quien mantiene el cargo en el nuevo gobierno de Lenin Moreno). Aunque incluidos los sobreprecios, facturados como contratos complementarios, la rehabilitación de la Refinería alcanzó los 2.134 millones de dólares. De ese monto, al menos mil millones se asignaron por contrato directo o ‘giro específico de negocios’, una modalidad ideada por funcionarios correístas para invitar a empresas afines. Luego se descubrió una red de compañías offshore por donde circularon millones de sobreprecio y que llegaba hasta el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli. El Secretario de Estado dejó su despacho y se refugió en Miami, desde donde ha lanzado fuertes acusaciones contra Glas, el ex Fiscal General Galo Chiriboga y otros altos cargos. A pesar de que Pareja Yannuzzelli estaba vinculado al sector petrolero hace treinta años, Rafael Correa lo defendió en su momento y hasta lo justificó: ‘Era un hombre totalmente honesto pero sucumbió ante la tentación’.

En el caso colombiano, el desfalco en el caso Reficar evidenció la débil institucionalidad para gestionar proyectos de grandes magnitudes y un mal sabor de boca en todos los colombianos. Se trata de un sobreprecio de 4.023 millones de dólares, según estimaciones de la Contraloría, que tiene bajo la lupa a las autoridades responsables del proyecto. El precio final de la obra, según el ente de control, terminó siendo equivalente a 1.5 veces la ampliación del Canal de Panamá. Además, en la misma Colombia han trascendido las huellas de un nuevo escándalo transfronterizo, el caso de la empresa pública de aguas de Madrid Canal Isabel II que es investigada por delitos de prevaricación, organización criminal, malversación de fondos, blanqueo y fraude, por citar algunos, y cuyos tentáculos llegan a varias empresas domiciliadas en el Caribe.

En el caso Odebrecht, la cuenta regresiva llegó a cero. Se cumplió la fecha límite puesta por la Fiscalía de Brasil para compartir con las autoridades de los países involucrados las pruebas de sobornos confesadas por 77 funcionarios de Odebrecht. Con su presidente, Marcelo Odebrecht, a la cabeza. A partir del 1 de junio, Brasil comenzó a compartir –bajo sigilo- información de funcionarios públicos y altos cargos implicados con la trama de corrupción que la constructora tejió a lo largo del continente. Incluidos los aportes ilegales a campañas de los expresidentes Rafael Correa en Ecuador y Ollanta Humala en Perú, del opositor Henrique Capriles en Venezuela y de los actuales mandatarios de Colombia y Argentina, Juan Manuel Santos y Mauricio Macri, respectivamente.

Poco a poco, y dependiendo del país, se van develando los nombres de los actores que durante los últimos años hicieron de las suyas con recursos del erario. Por ejemplo, en República Dominicana, centro de operaciones de la oficina de sobornos de Odebrecht, fueron detenidos 14 funcionarios públicos, incluidos legisladores y el ministro de Industria, Temístocles Montás. Mientras, Fiscalías como las de Perú y México se tomaron más en serio las investigaciones y consiguieron interrogar al propio Marcelo Odebrecht.

En otros países, como Venezuela y Ecuador, las pesquisas avanzan a paso lento y las actuaciones de las autoridades, que son consecutivas a publicaciones de la prensa internacional, parecieran tratar de contener las críticas por inoperancia. Incluso el exfiscal de Ecuador, Galo Chiriboga, que hace poco fue reemplazado por el exconsejero de Rafael Correa, Carlos Baca Mancheno, sorprendió al país cuando aseguró que revelaría quién era el corruptor de esta trama transnacional. Su repuesta desató indignación y risas en iguales proporciones.

A comienzos de siglo la región vivió la que muchos llamaron “La década de oro”, gracias a que los precios de las materias primas estaban por las nubes. Esto generó importantes excedentes que hicieron que los gobernantes anunciaran masivamente faraónicas obras de infraestructura, que hubieran incrementado la calidad de vida de sus ciudadanos. Hoy se descubre que, tras muchas de estas inversiones, había intereses personales mucho más fuertes que la anhelada búsqueda del bien colectivo. El resultado es un futuro hipotecado, en lugar de una época transformadora para millones de latinoamericanos.

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