Violadores sin castigo: el delito impune en Nicaragua

Por Divergentes y CONNECTAS

La noche anterior, Carmen estaba en la casa de unos amigos, entre ellos su agresor, mientras se bañaban en una piscina. Luego de varios años de atar cabos —porque nunca se abrió una investigación—, ella asegura que fue drogada y trasladada, sin que nadie interviniera, a otra casa, donde la violaron. Al día siguiente, se despertó en una habitación desconocida. Huyó de inmediato y buscó a una amiga abogada que conocía para interponer la denuncia en la Policía.

Las puertas de acceso a la justicia, sin embargo, estuvieron bloqueadas desde el principio. El día que hizo la denuncia, su abogada fue expulsada del lugar. “Aquí en esta delegación no aceptamos abogados. Se me sale”, recuerda la letrada que le dijo el Policía que le recepcionó la denuncia. Pero Carmen insistió para que la remitieran al IML, donde confirmaron la violación. La abogada tuvo acceso al informe del peritaje —positivo por penetración— por medio de un trabajador del IML que le facilitó el documento. La Policía, sin embargo, adujo que no lo recibió. “A mí nunca me habían sacado de una delegación de Policía”, dijo la abogada. “Me parecía raro todo el trato, hasta que supe que estaban encubriendo al agresor porque es hijo de una funcionaria del Poder Judicial”, asegura. 

El caso de Carmen retrata cómo miles de violaciones sexuales quedan sin resolverse judicialmente en Nicaragua. Esta investigación de DIVERGENTES y CONNECTAS comprobó que 4 mil 535 violaciones sexuales, cuyos peritajes confirmaron evidencia de penetración, aún no se han resuelto o quedaron en la impunidad entre 2017 y 2020. Para llegar a esa cifra, se accedió a informes de peritajes del IML de esos cuatro años, datos que se cruzaron con las resoluciones judiciales publicadas en los anuarios estadísticos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

Expertos judiciales aseguran que los procesos por violaciones sexuales deben durar cuatro meses, como máximo. Pero este reportaje identificó un patrón de casos sin resolver a lo largo de cuatro años. Testimonios de familiares de víctimas, psicólogas, abogadas y organizaciones que trabajan en el tema retratan un sistema judicial que falla en la recepción de las denuncias, demora en capturar a los sospechosos, acompaña de forma deficiente a las agredidas, retarda la presentación de las pruebas e indulta a los condenados por estos delitos. 

La experiencia de Carmen muestra, además, que algunos casos se desestiman por la influencia que tendría el Frente Sandinista, partido político de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Aunque la violencia sexual ha sido una constante en Nicaragua y ya registraba los índices más altos de la región centroamericana desde 2010, el Gobierno de Daniel Ortega reformó en 2013 la Ley 779 contra la violencia hacia las mujeres, aprobada un año antes por su administración, para incluir la figura de la mediación en delitos graves, como la violación sexual, con el objetivo de “salvaguardar la unidad familiar”. Esto hizo que no se judicializaran cientos de denuncias de violencia sexual porque en las delegaciones policiales abogaban para que las partes mediaran  y así evitar que los casos pasaran a juicio. 

Una abogada, especialista en violencia contra las mujeres, dijo que existen indicaciones a la Policía para que desestime casos y de esta forma no se cargue de trabajo a la Fiscalía, “salvo los que sí ameritan ir al juzgado”. Por ejemplo, un reporte del IML de un caso de violación documentado indica que en la víctima “no hay indicios de afectación psicológica”. Por ese reporte, la Policía sugirió que se dejara en mediación sin que pasara al sistema judicial. “Si se comprueba que hubo violación, el caso debe ir a la Fiscalía, porque eso es un gran avance: significa que el caso no va a quedar estancado, como miles que quedan en el limbo”, agrega la especialista. 

Pese a que el Estado está obligado a continuar los juicios hasta obtener sentencia, aunque la víctima no quiera seguir, la abogada asegura que en la práctica no ocurre, porque algunos se arreglan en mediación y se cierra la investigación. No obstante, algunos jueces sí continúan con los juicios. “Todo depende de la actitud que tome ese juez y que tan comprometido y sensible esté con el tema”, dice la abogada.

Hay otro factor que colabora a que casi todos los violadores sexuales queden sin castigo en Nicaragua. En 2015 el Estado cerró la Dirección Nacional de Comisarías de la Mujer, con personal capacitado para recepcionar denuncias de violencia contra las mujeres, sin ninguna explicación. Esto provocó que no hubiera tratamiento adecuado a las víctimas porque comenzaron a atender las denuncias policías varones —antes sólo eran mujeres— que en la mayoría de veces no estaban preparados en cómo manejar estos delitos. 

Recién en 2020 el gobierno reabrió esas Comisarías (rebautizadas como de la Mujer y la Niñez), pero el problema de mala atención para este tipo de casos no se resuelve, según los relatos de mujeres que interponen denuncias. Por ejemplo, algunas dicen que los policías que toman sus denuncias les hacen preguntas prejuiciosas: “¿Vos lo provocaste?”, “¿Por qué andabas vestida así?”, “¿Era tu pareja?”.

Pero incluso en los casos en los que se llega a una condena, el sistema judicial falla porque indulta a los agresores. Pese a que las personas condenadas por delitos sexuales contra niños no aplican para beneficios de suspensión de la pena, en los últimos tres años el gobierno ha otorgado más de 25 mil indultos bajo la figura de “convivencia familiar”. Algunos de los liberados habían sido condenados por violación sexual.

El cruce de datos revela que hubo 18,207 denuncias de violencia sexual entre 2017 y 2020, de las cuales sólo el 19% se resolvió en un juicio. De las 8 mil 62 violaciones sexuales confirmadas por el IML, al menos el 56% permanecen en la impunidad. Cabe aclarar que el 44% de los casos resueltos no significa que hubo una condena para los agresores.

La socióloga y feminista María Teresa Blandón considera que la impunidad en estos delitos de violencia sexual, que afectan mayoritariamente a niñas y niños, provoca que se incrementen aún más “porque la impunidad lanza un mensaje en el que se minimiza el daño que se comete contra la víctima”. 

Blandón hace 30 años fundó el Programa Feminista La Corriente, una organización que brindaba talleres y un espacio para jóvenes y miembros de la diversidad sexual, hasta que este año fue cerrada por el Gobierno como parte de la cruzada contra las oenegés que ya canceló más de 3 mil personerías jurídicas.

Ella considera que no existen en el país las rutas institucionales para garantizar la justicia en estos delitos, establecidas por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y en el Código de la Niñez y la Adolescencia. También permiten denunciar, recolectar evidencia, atender a las personas y garantizar una sanción efectiva a los agresores. “El Estado boicotea a las víctimas porque pone obstáculos para que no interpongan las denuncias o para que no concluyan los juicios”, asegura la socióloga.

Los altos números de violaciones sexuales preocupan a los funcionarios encargados de registrar estos delitos. El 27 de noviembre de 2019, durante un congreso de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el entonces director del IML, Zacarías Duarte, dijo que “la violencia contra la niñez y adolescencia es un grave problema de salud para la justicia y es un problema social que afecta la vida entera de la nación”. En mayo de este año, Duarte fue relegado del cargo que ocupaba desde 2011, sin que se dieran a conocer las razones oficiales.

Seis años para abrir un caso

Luego de no encontrar justicia, Carmen abandonó el país para superar la crisis emocional que vivió a raíz de la violación. “Necesitaba otros horizontes”, dice ella, quien comenzó a notar la afectación después de la agresión. Su abogada agrega que Carmen empezó a vestirse con ropa oscura y que se notaba retraída. Tenía problemas con personas con las que antes se llevaba bien y dejó de ser “la muchacha tranquila y alegre”. 

Su caso es uno de miles que ni siquiera han tenido un proceso judicial en Nicaragua. Maribel*, de 12 años, fue violada en 2016. Su familia presentó la denuncia en la Policía y ésta remitió el caso al Ministerio Público, que, a su vez, la acompañó. Sin embargo, la Policía demoró seis años en capturar a su agresor, a mediados de 2022. Fue recién en ese momento que el proceso judicial, tras haber estado archivado, se reinició.

La ruta de acceso a la justicia en un caso de violación sexual plantea que debe durar 15 días entre la Policía y Medicina Legal para que el caso pase a la Fiscalía. Luego, debe tomarse otros tres meses, como máximo, en el proceso judicial. No obstante, como se puede comprobar con Maribel, los casos se archivan porque los agresores no son capturados. La responsabilidad, en este punto, también recae sobre la Policía, según las especialistas consultadas. Así, decenas de violaciones quedan sin resolverse. 

El Artículo 95 del Código Procesal Penal de Nicaragua establece que los denunciados o imputados “no pueden ser juzgados en ausencia, excepto cuando se fugan una vez iniciado el proceso”. Es decir, la víctima puede estar dispuesta a denunciar, y el Ministerio Público puede tener todas las pruebas y testigos, pero mientras la Policía no capture a la persona, esta no puede ser juzgada. El resultado son decenas de casos archivados. 

La Policía es el primer filtro en la ruta de acceso a la justicia. A diario llegan más de 12 denuncias por delitos sexuales: un caso cada dos horas. En los últimos cinco años la Policía debió haber investigado, en promedio, cinco casos de violaciones sexuales confirmadas al día, según los peritajes positivos. 

Una abogada feminista dice que en este primer filtro, el de la Policía, los casos comienzan a quedarse rezagados. Esta es la razón por la que 10 mil 145 denuncias fueron desestimadas porque no hubo evidencia de penetración. “Los casos de violencia sexual son los más difíciles de comprobar, porque tenés que ir a Medicina Legal para hacer el examen físico, el examen psicológico y es traumante sobre todo para las niñas”, explica la abogada. 

Pero incluso cuando pasan a juicio, las víctimas deben enfrentarse a una serie de obstáculos procedimentales para obtener justicia. Para empezar, los mecanismos no son los ideales para evitar la revictimización, aseveran algunos expertos. Una abogada que acompaña estos procesos desde hace una década considera que en este tipo de delito de violaciones sexuales debería de hacerse una excepción para que el sistema judicial pueda juzgar en ausencia a los denunciados debido a la condición de las víctimas: en su gran mayoría son menores de edad. Y el Código de la Niñez establece que es prioridad garantizar sus vidas e integridad. “Una niña o un adolescente que vivió una situación de violencia puede que esté en el momento para poder declarar y enfrentar la situación, y no seis años después, cuando vuelva revivir la situación enfrentando un juicio”, expresa la abogada. 

En los casos como el de Maribel, las pruebas en contra de su agresor tienen que ser actualizadas para el juicio, con toda la dificultad que eso implica porque los hechos ocurrieron seis años atrás. Por otro lado, que ella ahora sea mayor de edad está generando que reciba un trato diferente. Por ejemplo, ya no permiten que sea acompañada en los juicios porque es adulta y en las audiencias no se quiere utilizar la mampara, una tela negra para que ella no pueda ver al agresor. “Aunque ahora sea mayor de edad, el ataque que sufrió, ocurrió cuando tenía 12 años, y todavía no es recomendado que pueda ver a esta persona. Necesita que la acompañen al juicio porque nunca estuvo en esta situación”, detalla una psicóloga que trabaja con víctimas de abuso sexual. 

La demora en el proceso judicial que relata Maribel contrasta con la celeridad con la que se resuelven algunos casos más mediáticos y con tinte político. El 13 de julio de 2022 fue detenido el sacerdote José Leonardo Urbina, luego de que una madre lo acusó de cometer abusos sexuales en contra de su hija de 14 años. El caso se resolvió en tiempo récord: un mes y 20 días después de la denuncia, con una condena de 49 años de cárcel para el párroco por abuso y violación sexual. 

Este juicio se dio durante una cacería del régimen Ortega-Murillo contra miembros de la Iglesia Católica, a quienes acusa de haber urdido un “golpe de Estado” en su contra durante las protestas de 2018. Además del sacerdote Urbina, fueron encarcelados, argumentando otros delitos, los párrocos Manuel Salvador García, Óscar Benavidez y monseñor Rolando Álvarez, este último bajo arresto domiciliario.

“Papá violó a mi hermanita”

Los altos índices de violaciones sexuales en Nicaragua datan desde hace varios años. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen registró que en el país se cometieron 31.6 violaciones por cada 100 mil habitantes en 2010. Fue el tercer promedio más alto de los 63 países del mundo con registro, solo por detrás de Botsuana (92.9 por cada 100 mil habitantes ) y Suecia (en este país se califican las violaciones sexuales por número de ataques y no por casos, y por eso el indicador es tan alto).

Hay que aclarar que otros 63 países no aparecen en la lista, pero Nicaragua tiene el promedio más alto de Centroamérica y de otros países del continente como Estados Unidos, México, Colombia y Bolivia.

Una década después de la difusión de esas cifras, la situación ha empeorado. Antes de que Ortega tomara el poder en 2007, en Nicaragua se registraban 27.7 violaciones sexuales por cada 100 mil habitantes. Después de 14 años de su administración, en 2021 se registraron 32.3 violaciones sexuales por cada 100 mil habitantes, que resulta del dato de 2,170 casos de peritaciones positivas por violación registradas ese año en el IML.

Las abogadas especialistas en violencia sexual relataron que algunas políticas del Gobierno de Ortega influyeron en el incremento de las cifras. Por ejemplo, cortar el trabajo con organizaciones feministas de la sociedad civil —que velan por los derechos de las mujeres, la niñez y la adolescencia— las que, entre otras acciones, impulsaron la Ley 779 y capacitaron a policías, fiscales y jueces para el tratamiento de estos temas. A esto se suma las mencionadas reformas a la Ley 779 que le quitaron facultades, y la eliminación de las Comisarías de la Mujer entre 2015 y 2020. 

Estas razones estructurales provocan que el sistema judicial deje en libertad a violadores con justificaciones inexplicables. A finales de 2019, ocurrió uno de los casos más fuertes —de los que se pudo acceder—. Un papá abusó sexualmente de dos niñas, de siete y ocho años de edad, que estaban a su cargo. Gloria*, madre de las niñas, lo denunció en la Policía y dieron una entrevista ahí y en el IML, donde además les realizaron el peritaje físico. Sin embargo, el caso fue archivado porque las niñas no tenían partida de nacimiento. 

Gloria también fue abusada sexualmente por su pareja, quien además la amenazó de muerte. Por eso ella se separó de él. Pero como no tenía condiciones económicas, las dos niñas y un niño de nueve años (también hijo de él) quedaron a cargo del papá. La casa, sin embargo, era el lugar más inseguro para ellas. Había alcohol, drogas y otro tío abusaba sexualmente de la niña de ocho años. Es decir, esta pequeña fue violada por dos hombres diferentes de su familia. El papá dormía en el mismo cuarto con sus tres hijos y sacaba del cuarto al niño para cometer los abusos. Hasta que un día el menor fingió estar dormido y miró todo. Él fue el que le contó todo a la mamá para que pusiera la denuncia en la Policía. “El niño también es víctima porque los abusos contra sus hermanas se hacían en su presencia”, dice la psicóloga que atendió a esta familia.

La falta de dinero hizo que el trámite para sacar las partidas de nacimiento de las niñas les tomara un año, porque es un proceso demorado por tratarse de personas mayores de siete años. Cuando Gloria quiso abrir el juicio, en los juzgados le dijeron que se tenían que recolectar las pruebas nuevamente. “Las niñas tenían que volver a hacerse las pruebas con todo lo que eso implica”, dijo la psicóloga que las acompañó. “Luego vino la pandemia y no se continuó con el caso, así quedó”, agregó. 

Esta dura historia refleja varias características de esta epidemia de violaciones sexuales que hay en el país. Un informe de Amnistía Internacional determinó que más de dos tercios de las violaciones sexuales denunciadas en Nicaragua entre 1998 y 2008 se cometieron contra niñas menores de 17 años; la mitad eran menores de 14. El análisis que se realizó para esta investigación mostró que 8.2 de cada 10 denuncias de violencia sexual evaluadas en el IML eran de menores de 17 años, y más de la mitad tenía menos de 12. 

Otra de las características que muestra el caso de las niñas mencionadas anteriormente es la cercanía del agresor. El anuario estadístico del IML, de 2020, indica que el 52% de los agresores eran conocidos o familiares de la víctima: el 13% eran novios, el 9% padrastros y el 5% los propios padres de las víctimas. Sólo un 9% eran desconocidos. “Las estadísticas son duras: el entorno de la casa es el lugar de mayor riesgo para los niños, niñas y adolescentes en los casos de violencia sexual”, explica la psicóloga, quien agrega que esto les genera “una carga de culpa brutal” a los tutores, la mayoría de ellos las madres. “Muchas mamás temen ser juzgadas como cómplices y dicen: ‘¿quién va a cuidar a mis niñas?’. Entonces deciden no continuar con el proceso judicial”, completa la especialista.

La psicóloga dice que con los niños menores los fiscales y jueces actúan, la mayoría de las veces, con más celeridad porque “generan mayor empatía e indignación”. Sin embargo, la situación cambia cuando las agredidas son adolescentes, porque “hay más retardación. Preguntan: ‘¿por qué hablaste hasta ahora?’, porque hay mayor sospecha de que la víctima pudo haber consentido el abuso”. 

Violadores indultados

Marta* vivía con su hija, de ocho años, en un pueblo del norte del país, dedicado al cultivo de tabaco. Ella también trabaja en una tabacalera, y caminaba una trocha sin asfaltar y accidentada para luego tomar el bus que la llevaba todos los días a la empresa. Ese era el tiempo que un hombre aprovechaba para abusar de su hija.

Un día Marta salió temprano del trabajo y encontró al hombre en su casa. Lo sacó a gritos y, con la ayuda de unos vecinos, lo capturaron en una quebrada del pueblo. Las pruebas fueron halladas en los exámenes que le hicieron a la niña en el IML. Fue un proceso rápido: en cinco meses fue condenado a 12 años de cárcel. El fallo ocurrió en noviembre de 2021. Sin embargo, Marta lo vio libre a tres casas de la suya en junio de 2022, siete meses después de la sentencia. Cuando averiguó cómo había salido de la cárcel en tan corto tiempo, un policía del pueblo le dijo que el violador fue liberado por un indulto presidencial. 

La justificación es que los liberados por indultos presidenciales cuentan con procesos educacionales a nivel básico, de secundaria, de universidad y carreras técnicas, “lo que les entrega herramientas para la inserción social y laboral”. Sin embargo, desde 2013 la Corte Suprema de Justicia emitió una circular en la que estableció que las personas condenadas por delitos sexuales contra niños y niñas no aplican para beneficios de suspensión de la pena, como era el caso del violador de la hija de Marta. 

Meses después, ella y su hija se trasladaron de casa para no estar cerca del agresor. Por eso tampoco dieron su nombre para esta investigación: la impunidad que reviste a este hombre la hace creer que puedan ser objetivo de otro ataque. “Ojalá no agarre a otra niña, porque si ya lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez”, dice Marta. 

Un caso en el que el agresor fue eximido por pertenecer al partido sandinista -según denuncian sus víctimas- se conoció públicamente este año. El dos de septiembre de 2022, Francisco Teodoro Cuadra Sandoval, de 57 años, fue declarado “no culpable” de violación contra un niño de nueve años de edad, pese a que el dictamen forense y el psicológico confirmaron el delito sexual. Cuadra es facilitador judicial y esposo de la exsecretaria política del Frente Sandinista del municipio de San Francisco del Norte, en Chinandega. 

La justificación de la jueza Isabel Mayorga Saavedra, del juzgado del Distrito Penal Especializado en Violencia de Chinandega, fue que Cuadra tenía cinco años de no vivir en la casa donde ocurrieron los hechos. “De manera esporádica llega a la casa de sus hijos, pero no a la en que supuestamente ocurrieron los hechos, pues la defensa también presentó prueba testimonial en la que se comprobó que el acusado vive a más de 13 kilómetros del lugar de ocurrencia de los hechos”, argumentó la jueza.

La autoridad no dio credibilidad a las pruebas presentadas por la parte acusadora y obvió las investigaciones de la Policía. 

Frente a los miles de casos que desbordan las instituciones estatales, las cancelaciones de las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban alrededor de la violencia sexual en Nicaragua agravan la impunidad en estos delitos. “El cierre de organizaciones ha cerrado la información de la ruta de la justicia”, dice una representante de una ONG cancelada. “Las víctimas no tienen dónde acudir para que les den acompañamiento legal y emocional”, agrega. 

Algunas de estas organizaciones cerradas trabajaban en campañas de sensibilización, investigación y en monitorear si el Estado estaba cumpliendo los parámetros nacionales e internacionales, además de formular propuestas legislativas como la Ley 779. 

Gloria, la mamá de las niñas violadas por su pareja, fue una de las que recibió atención emocional en una de estas ONG. Ella fue agredida sexualmente cuando era niña y adolescente. Al momento que ocurrieron los abusos contra sus niñas, tenía a su cargo a cinco hijos y estaba embarazada. Tampoco tenía un trabajo fijo. “Se hizo la recuperación emocional de ella y las niñas”, dijo la psicóloga que las atendió. “Pero el proceso legal no se concluyó, no hubo justicia”.

*Los nombres de las personas entrevistadas fueron cambiados por seudónimos para su seguridad y privacidad. La información que publicamos en DIVERGENTES proviene de fuentes contrastadas. Debido a la situación en la región, muchas veces, nos vemos obligados a protegerlas bajo seudónimo o anonimato. Desafortunadamente, algunos gobiernos de la región, con el régimen de Nicaragua a la cabeza, no ofrecen información o censuran a los medios independientes. Por ello, a pesar de solicitarlo, no podemos contar con versiones oficiales autorizadas. Recurrimos al análisis de datos, a las fuentes internas anónimas, o las limitadas informaciones de los medios oficialistas. Estas son las condiciones en las ejercemos un oficio que, en muchos casos, nos cuesta la seguridad y la vida. Seguiremos informando.