Trata de personas se ha incrementado en más del 50 % en Nicaragua en últimos 10 años

Este tipo de crimen no es visible en Nicaragua, pero instituciones y estudiosos del tema estiman que este delito está en ascenso en este país.

Entre 2012 y 2013 se registraron 190 casos de trata de personas en Nicaragua, según estadísticas de la Policía Nacional de ese país. La mayoría de los responsables no han sido encontrados porque la poca denuncia de las víctimas dificulta aún más las investigaciones judiciales.

“La trata de personas consiste en reclutar, transportar y retener a una persona mediante el uso de la fuerza, la coerción o el engaño con el fin de explotarla, no solo con fines laborales o sexuales, sino también para mendigar, para el tráfico de órganos, matrimonio serviles y adopción ilegal”, definición de la ONU, según el artículo 3 del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas.

Este tipo de crimen no es visibilizado en Nicaragua, pero instituciones y estudiosos del tema estiman que este delito está en ascenso en este país. La esperanza está cifrada en una ley que actualmente se discute en la Asamblea Nacional, que prevendrá y sancionará el delito. Es necesario identificarlo, desenmascararlo y denunciarlo, para proteger a mujeres, niñas y niños, las víctimas más vulnerables.

En Nicaragua, la trata de personas se ha incrementado en más de 50 por ciento, en los últimos 10 años. En ese período se han registrado 95 casos con 128 víctimas. El promedio de casos es de 5 víctimas registradas en el 2004, y de 51 víctimas, en el 2011, según un estudio de Violencia y Trata de Persona en Centroamérica: oportunidades intervención regional de Save the Children 2012.

En el período 2012 – 2013 se registraron un total de 190 víctimas según estadísticas de la Policía Nacional de Nicaragua, pero muchos casos no son registrados porque muchas víctimas no lo denuncian.

La trata de persona, es un fenómeno complejo. El delito adopta diferentes rostros: desde mendicidad, ofertas de trabajos hasta abusos en el seno familiar, la mayoría de las víctimas son mujeres, niños y adolescente de escasos recursos económicos.

En el primer semestre del 2014, en el departamento de Chinandega, al occidente de Nicaragua, han registrado tres casos de trata de persona, con 8 víctimas señala Byron García, detective de delitos especiales del departamento de la policía de Chinandega.

“Rosita” es una niña de 12 años, quien no asistía a clase como los demás niños, y se levantaba muy temprano para pedir dinero en las calles de Chinandega, jornada que iniciaba a las 7 de la mañana.

Su abuela paterna la obligaba a pedir y le imponía una tarifa: al caer la noche la niña tenía que entregarle 300 a 500 Córdobas diario, equivalente de 11 a 19 dólares estadounidense. Si no cumplía con la suma establecida, era golpeada y e insultada por la abuela y una mujer que vive con ésta.

La menor pedía a los transeúntes, con la excusa que estaba enferma, lo que demostraba con una supuesta epicrisis acompañada de recetas médicas y exámenes que debía que practicarse por la presunta enfermedad que padecía. Esos papeles se lo daba la abuela.

La niña se desplazaba por los parques, centros comerciales y sitios de mayor concurrencia en Chinandega. Todo el dinero que la menor obtenía era para ambas mujeres; la abuela pagaba el hospedaje y la comida, y a la niña no le daba ni un centavo.

La menor no podía usar el dinero, porque todo el tiempo era vigilada por la amiga de su abuela, mientras ésta se quedaba durmiendo en el hospedaje.

El 19 de julio de este año, mientras todos celebraban el aniversario de la revolución. La amiga de la abuela de “Rosita ”estaba furiosa, tratando mal a la niña, dándole jalones y golpes a la criatura, hecho que llamó la atención de los transeúntes y dieron aviso a las autoridades.

La Policía procedió a investigar a las mujeres, la psicóloga de la Comisaria de la Mujer entrevistó a la menor, quien confesó la explotación que sufría de parte de amabas mujeres, quienes llevaban meses abusando a la niña desde que vivían en Managua.

El médico forense determinó que la menor tenía desgarre en su genitales de vieja data. La niña dijo que sus tíos paternos abusaron de ella.

La niña manifestó que antes vivía con su abuela materna, pero luego su abuela paterna llego a traerla y se trasladaron a Chinandega.

En el momento de la detención, la abuela de “Rosita” negó el maltrato y dijo que su amiga solo “jugaba” con la niña, explica Byron García detective de delitos especiales.

Este caso fue tipificado como esclavitud laboral, con un mayor agravante porque se trata de una menor y es un familiar quien está cometiendo el delito.

La menor fue entregada en custodia al Ministerio de la Familia, y llevada a un hogar sustituto donde le darán protección, mientras sus explotadoras fueron puestas a la orden del Juzgado de Género de la ciudad, serán procesadas.

Prostitución y explotación de menores

A veces la errada tipificación de un delito, por parte de las autoridades, impide que se haga justicia a las menores. El investigador policial debe tener el cuidado de verificar las características de los delitos, para tipificar correctamente el ilícito.

Hasta el despacho judicial llegó una denuncia por supuesta explotación sexual, pornografía y acto sexual con menores mediante pago, pero tras revisar las características del hecho se determinó que se trataba del delito de trata de personas

Una madre de 43 años, ejercía la prostitución desde hace 10 años, actividad en la que inició a sus tres hijas de 13, 15 y 16 años de edad. Entusiasmada, quiso ampliar el “negocio” con otras jovencitas, a las que madres e hijas buscaban en las discotecas.

Aquí, se acercaban a una joven y le proponían aceptar la “invitación” de un hombre supuestamente interesado en ella, por lo que recibiría 2 mil Córdobas equivalente a 76 Dólares, con la oferta que ella misma propusiera si quería algo más en pago por su servicio.

La mujer fue denunciada ante las autoridades por los padres de unas menores contactadas, y por unos vecinos. Sin embargo, la jueza absolvió a la acusada.

“La Policía demoró seis meses investigando este caso y se pudo documentar; hemos enviado nuestro informe del caso a Managua” dijo el Oficial García.

Mireya Zepeda, investigadora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas IEEPP, explica que probablemente es un desconocimiento de los operadores de justicia. “Los casos de trata son muy complicados, he ahí la importancia de identificar los elementos del delito de Trata y poder validar y brindar sentencia”, dijo.

“Es nuestra responsabilidad de incentivar la denuncia de estos casos. A nivel nacional hay una política de acuerdo institucional de combate al delito, es verdad que hay falta de presupuesto para cubrir todas las investigaciones pero es necesario hacer juicios justo” sostiene Zepeda.

Actividad Transnacional

La delincuencia transnacional organizada no descansa en su objetivo de captar mujeres y menores de edad, que las convierte en víctimas este terrible crimen, que traspasa las fronteras territoriales, sometiendo bárbaramente a quienes caen en sus manos.

En Chinandega, cuatro menores de edades entre 16 y 18 años, retornaron a sus hogares tras haber escapado del poblado la Unión ubicado en la República de El Salvador, donde eran explotadas sexualmente. Las muchachas escaparon de su explotadora, cuando la mujer de 43 años, estaba siendo extorsionada por las “maras” que le habían secuestrado a su hijo.

Dos de las jóvenes regresaron a sus hogares con cinco meses de embarazo. Al mes del regreso de las jóvenes, la mujer que la explotaba en el Salvador, llegó a Chinandega a buscarlas para cobrarles el dinero que supuestamente le debían en concepto de los pasajes que ella pagó cuando se trasladaron a aquel país, donde supuestamente fueron a trabajar como meseras en un bar de su propiedad, donde tendrían alimentación, ropa y hospedaje.

La explotadora estaba dispuesta a llevárselas a El Salvador, pero el escándalo fue tan grande que agentes de la Policía llegaron al lugar. Las jóvenes expusieron el problema, los agentes detuvieron a la mujer y se dio protección a la muchacha, refiere el oficial Byron García detective de delitos especiales, en Chinandega.

“La mujer estaba renuente aseguraba que se la iba a llevar por que le debía, le explique que ella había cometido un delito, que iba quedar detenida, ella insistió que ese tipo de actividad en el Salvador es legal” refiere García.

Mireya Zepeda, investigadora del IEEPP explica que en Centroamérica solamente El salvador y Nicaragua no cuentan con una ley específica de trata de persona. En El Salvador existe una Política Nacional de Estado, para prevenir el delito y no se está cumpliendo estrictamente, no hay judicialización del delito.

“El delito de Trata de Persona, está tipificado en el Código Penal de El Salvador, pero no hay una ley específica que combata el delito de Trata; existe un desconocimiento jurídico del delito, puede que se esté llevando un delito de trata, pero a la hora de redactar sentencia se cataloga como simple explotación sexual, porque desconocen los elementos que caracteriza el delito, como: captación, traslado, acogida, coarte sus derechos, engaño. Muchas veces alega el consentimiento de la víctima en caso que acepte un trabajo, pero desconocía qué tipo de trabajo, esto es irrelevante”, asegura Zepeda.

Agrega que es importante que los operadores de justicia estén capacitados para dictar sentencia justa.

Trata Laboral

María, una adolescente de 14 años, originaria de Chinandega, fue víctima de trata para servidumbre doméstica y explotación sexual. El caso de esta menor se inició como trata laboral, bajo la modalidad de servidumbre doméstica, y luego se convirtió en trata con fines de explotación sexual.

La víctima conoció al tratante cuando viajaba en un microbús de pasajeros de la ruta Chinandega a Managua, para visitar a una familiar donde nunca llegó. El chofer hizo amistad y se ganó la confianza de ella, conoció de su vulnerabilidad, entonces le ofreció ayuda, conseguirle trabajo en una casa de una señora.

La llevó al lugar donde “trabajaría”, y ahí comenzó la explotación laboral y posteriormente sexual. La policía logró liberar a la menor.

El autor fue juzgado por el delito de Trata para fines de explotación sexual, y fue condenado a 10 años de prisión, más 2 años por delitos contra los derechos laborales, discriminación, servidumbre y explotación de una menor de 14 años. El hecho sucedió en el año 2010, pero fue condenado en febrero de 2011.

Como se ve, dadas las limitaciones de la tipificación de la trata de personas con fines de explotación laboral Art 182 CP, la sentencia condenatoria se dictó por “trata con fines de explotación sexual”.

Este caso demuestra que existe vacío jurídico en el artículo 182 del Código Penal de Nicaragua, pues fue resuelto como Trata de persona para explotación sexual, pero no laboral según la legislación.

Pendiente de aprobación ley especial contra la trata de personas

Este tipo de vacío jurídico se resuelve con la nueva Ley de Trata, según Carlos Emilio López Hurtado, Vicepresidente de la Comisión de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional, de Nicaragua.

La nueva “Ley Especial e Integral contra la Trata de Personas”, en discusión en el parlamento nacional, establece que se incrementarán las penas con sanciones de 10 a 12 años de prisión, y con los agravantes, las sanciones pueden ir de 12 hasta 20 años, las que serán dictadas por los Juzgados Especializados contra la Violencia.

Así mismo, por la ley se creará el Comité Ejecutivo Nacional, se institucionalizará la Coalición Nacional contra la Trata de Personas, que integra a todas las instituciones del Estado en los procesos de investigación, sanción, atención integral, y repatriación, en el caso de quienes hayan sido trasladados fuera del país.

Se sancionarán todos los fines de trata de personas, como explotación sexual, proxenetismo, pornografía infantil, matrimonio servil, forzado o simulado, explotación laboral, trabajos o servicios forzados, trabajo infantil, esclavitud o sus prácticas análogas, tráfico o extracción ilícita de órganos, tejidos, células o fluidos humanos o cualquiera de sus componentes, experimentaciones biomédicas ilícitas, participación en actividades de criminalidad organizada, utilización de niños y niñas en actividades delictivas, mendicidad o adopción irregular, señala el parlamentario Carlos Emilio López.

En el Caribe naturalizan el delito

No solo las mujeres y niñas del pacifico son víctimas de trata, también las del Caribe, según el Informe 2014 sobre Trata de Personas, elaborado por el Departamento de Estado, de Estados Unidos. Aunque no detalla cifras.

El informe señala que Nicaragua sigue siendo un punto de origen y de tránsito para la trata de personas; reconoce que el Gobierno cumple con los estándares mínimos requeridos para la erradicación de ese delito, pero hace énfasis en que es necesario mejorar la atención.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos recomienda al gobierno de Nicaragua que las víctimas de Trata reciban una atención apropiada, y sean destinados recursos para garantizar servicios especializados para su atención.

Asimismo, indica que falta crear unidades policiales especializadas contra la trata, e incrementar la capacitación y recursos para los oficiales, para que puedan identificar a las víctimas, particularmente en la zona del Caribe.

Por su parte la investigadora del IEEPP, Mireya Zepeda, indica que uno de los señalamientos del Departamento de Estados es que la Costa Caribe de Nicaragua se está viendo como un Estado ajeno, culturalmente se está naturalizando e invisibilizando el delito de Trata de Persona. Es necesario que se destinen recursos para atender el Caribe nicaragüense, sostiene.

“La trata en proceso de visibilizarse”

Brenda de Trinidad, Coordinadora de Trata de Personas, de la OIM, explica que según el Perfil Migratorio de Nicaragua 2012 y publicado en el 2013, la Trata Interna se da del campo a la ciudad, en Chinandega, Granada, San Juan del Sur, Costa Caribe , Managua (zonas fronterizas y zonas de turismo y movilidad)Trata Internacional: Guatemala, El Salvador, EEUU, Costa Rica , Panamá; y extra continental en España y en menor medida Suiza.

La trata con fines de explotación sexual, es la más denunciada, y un poco en proceso de visibilizarse la Trata con fines de explotación laboral y con fines de venta ilícita de órganos. Actualmente se realizan estudios en Nicaragua y en la región, sobre estas últimas.

Con relación a la Costa Caribe, no hay un estudio que revele específicamente si existen más víctimas de trata en la zona; sin embargo, la población más vulnerable es la que no tiene información al respecto (todos y todas). Sin embargo, hay grupos de mayor vulnerabilidad como mujeres, jóvenes de ambos sexos, adolescentes, niños y niñas, así como personas adultas mayores, refiere Brenda De Trinidad, Coordinadora de Trata de Personas, de la OIM.

Se suman más Organismos Internacionales

Víctor M. Reñazco Coordinador de “Proyecto Trata”, de Save the Children en Nicaragua, explica que en el mes de marzo de este año iniciaron un proyecto con el apoyo de la Unión Europea denominado “Fortalecimiento de instancias regionales y nacionales para la prevención y atención a víctimas de trata de personas, con énfasis en mujeres y niñez”.

Este fue formulado a partir de un enfoque de derechos de la niñez y de género, haciendo énfasis en niñas y mujeres, principales víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual, la modalidad más visible de este delito.

Agrega que tendrá una duración de 2 años , cuyo costo de 600 mil euros, 450 mil serán aportados por la Unión Europea, apoyará en el diseño e implementación de medidas para la prevención de nuevas generaciones de víctimas de Trata y en la construcción de un Modelo de Atención a Víctimas de Trata en cada país.

Señalamientos de Save the Children

Save the Children señalan que las instituciones del sistema de justicia penal en Nicaragua no llevan un registro sistemático y exhaustivo de los casos, cantidad de víctimas y otras características del delito, de manera que las posibilidades de dar seguimiento a la evolución de su comportamiento, es limitada.

La mayoría de los casos las víctimas no presentan denuncia del delito por miedo, desconocimiento, vergüenza, de manera que existe una gran cantidad de casos que pasan a engrosar el subregistro de denuncias.

En general, los datos recogidos por las instituciones no coinciden entre ellos por diferentes razones, ya sea porque la víctima decide abandonar el proceso de judicialización, o bien porque las instituciones no logran conciliar los datos, de manera que la información en cada uno de los segmentos o trechos en el tratamiento de los casos no tiene coherencia y no permiten identificar la evolución de cada caso en particular y del conjunto.

Este reportaje fue realizado por Clarissa Altamirano para Nicaragua en Línea, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.

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