En Bolivia las víctimas de trata de personas están solas. El caso de Juliva Nina Ramos, desaparecida el 10 de julio de 2014, muestra la cadena desprotección a la que son sometidas. Al ver que Juliva no volvía, su madre, Lidia Ramos, comenzó a buscarla por todas partes y, cuando no quedó a quién preguntar, fue a hacer la denuncia a la Policía.
—Le dije que Juliva tenía 21 años y me contestaron que seguro se había ido con su chico; así que les dije que no tenía ningún chico, y me contestaron con burlas—contó.
En Bolivia hay una ley, una División de Trata en la Policía y un mandato para que Fiscalía actúe de inmediato en estos casos, pero como Lidia, los padres de víctimas de trata terminan investigando por su cuenta en las calles. Muchas veces sus casos ni siquiera son registrados y, cuando los registran, la Justicia no llega: de los 3.000 casos de los últimos cinco años y medio, solo en 39 hubo sentencias: el 1,3 por ciento.
Lea el especial AQUÍ
Los organismos del Estado con potestad para investigar y actuar, dijeron que lo hacen. En el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, que funge como Secretaría Técnica del Consejo Plurinacional Contra la Trata y el Tráfico de Personas, nombraron los 2.822 operativos realizados en 2016. El problema, dicen, está en el presupuesto o la coordinación o una inapropiada interpretación de la ley.
Como sea, Lidia Ramos desde hace tres años está en las mismas: busca a su hija en bares, prostíbulos, ciudades. También va a radios y programas de televisión. A la salida de uno de ellos, recibió una llamada amenazante: “¡Si sigues buscando a tu hija te vas a morir vieja %6&$!”.
Ante las dificultades del Estado para identificar y atender a las víctimas, Lidia Ramos y otra decena de padres de desaparecidas se unieron para emprender investigaciones propias e idear herramientas que les permitan encontrar a sus hijas. La Asociación de Apoyo a Familiares Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos reúne a 15 que coordinan actividades como plantones en instituciones públicas como la Fiscalía, organizan marchas, se asesoran en los ‘papeleos’ y comparten las fotos de sus hijos.
—Yo sé que algún día va llegar mi hija —dice Lidia, contra todo.
Luego de intentar que la policía le tomara la denuncia tres años atrás, Lidia rastreó las últimas llamadas realizadas desde el celular de su hija: habían salido cuatro a prostíbulos de La Paz. Así que fue con su marido a cada uno. Un recorrido por esa zona muestra lo que vio: víctimas de trata de personas o prostitutas que ofrecen sus servicios en las llamadas casas de citas o lenocinios por pocos dólares.
El artículo 36 de la Ley 263 Contra la Trata y el Tráfico de Personas instruye a la Policía Boliviana a realizar patrullajes de recorrido en estos sitios. La policía está en la patrulla del lugar, pero los prostíbulos siguen con su oferta como si nada.
—Mientras estén funcionando va seguir habiendo trata, familias sufriendo y sueños destrozados—, dijo María Rita Hurtado, madre de otra joven desaparecida en 2015.
María Rita hizo tres pedidos en la Policía, la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno: controlar los prostíbulos, volver a tipificar los casos de sus hijos desaparecidos y ponerse de acuerdo con las estadísticas de trata y tráfico de personas.
El ‘Informe Global sobre Trata de Personas 2016’, emitido por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), indicó que la la mayoría de las víctimas de trata en América del Sur son mujeres y niñas -un 74 por ciento del total- y su destino suele ser la explotación sexual. La ONU marca a Bolivia como un país de origen, mientras que países como Argentina, Chile y Uruguay son de destino.
La Policía requiere recursos y las autoridades hacen sus informes. Mientras, los padres demandan resultados. Piden sancionar a los explotadores sexuales, controlar los lenocinios y que, por un momento, se pongan en sus zapatos.
Lea el especial AQUÍ
Este reportaje fue realizado por Nelfi Fernández para El Deber en el marco de la iniciativa para el periodismo de investigación en las Américas, del Internacional Center of Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS y la Fundación para el Periodismo
