La mañana del 1 de febrero del 2019 López Obrador regresó  a su tierra natal y la región, donde hace más de 40 años arrancó su carrera política, para inaugurar el programa con una meta ambiciosa: sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, para atender la pobreza rural y la degradación ambiental en el sur-sureste, la región más abandonada de México.

Tan solo en Tabasco, aseguró, se generarían 60,000 empleos para campesinos en seis años. Sus palabras fueron órdenes: el estado gobernado por Morena, el partido fundado por el presidente, no tuvo que esperar al término del sexenio, pues ese mismo año, superó la meta de beneficiarios que se trazaron como objetivo. En contraste, cuatro estados de oposición que fueron marcados como prioritarios de atención, junto con Tabasco, se quedaron sin un solo peso para sus campesinos.

El caso de la entidad donde López Obrador formó a su familia, llamó la atención de los expertos contables de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En su reporte de la Cuenta Pública del 2019 (la primera fiscalización del gobierno de AMLO), la ASF detectó que en ese estado la Secretaría del Bienestar, que maneja el programa y los recursos, dio una cobertura del 112.2% de la población objetivo, beneficiando a 55,456 personas, 6,011 más de lo que se tenía planeado, convirtiéndose, después de Chiapas, en el segundo estado con mayor número de beneficiarios.

El órgano auditor alertó que en la entidad se otorgaron recursos a beneficiarios, que no formaban parte de la población objetivo, sin que la dependencia indicara las causas.

En contraste, la ASF detectó que en ese año no se entregaron apoyos en: Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y Tlaxcala, pese a que dichas entidades estaban dentro del área de enfoque.

En ese momento y hasta hoy, los cuatro estados son gobernados por partidos de oposición al gobierno federal: Michoacán por Silvano Aureoles del PRD, San Luis Potosí con Juan Manuel Carreras y Tlaxcala con Marco Mena del PRI.

Además, otros 24 sujetos agrarios fueron beneficiados en seis estados que ni siquiera eran parte de las entidades prioritarias. 

Ante esto, la auditoría emitió una recomendación para que la Secretaría estableciera mecanismos de control con la finalidad de asegurar que los apoyos sean otorgados a los campesinos de las entidades definidas, para que se garanticen los recursos “exclusivamente a la población objetivo del programa”.

En el dictamen de la ASF, señala que en el diseño de los lineamientos de operación no se identificaron con precisión a la población objetivo, pues no se especificaron los municipios en los que tendría presencia el programa, además de que no se estableció la metodología, ni los criterios para determinar que los sujetos agrarios cumplieran con el requisito de tener ingresos.

El estado de Tabasco, ubicado en el sureste del país, también es beneficiario de dos de las obras más importantes que el gobierno federal construye como sus emblemas: la nueva refinería de Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso y un tramo del Tren Maya, el proyecto turístico que conectará a Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

“Tabasco siente permanente apoyo y mano amiga del Presidente de México, por lo que va a la vanguardia de la Cuarta Transformación en el país”, afirmó el gobernador de Morena de la entidad, Adán Augusto López Hernández, apenas el 6 de marzo de este año, al acompañar a López Obrador en la supervisión del tramo 1 Palenque-Escárcega, del Tren Maya. 

Para Osvaldo Alfredo Cruz Villalobos, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta no es una situación exclusiva de López Obrador, pues cada presidente en su sexenio, tiende a beneficiar con obras o programas a su estado natal.

“Es una regla no escrita. Así lo hemos visto actualmente con Tabasco, pero antes era el Estado de México (Enrique Peña Nieto), era Michoacán (Felipe Calderón), era Guanajuato (Vicente Fox). Hay una proclividad de la política de México en función del origen-natalicio del Presidente de la República”, afirma.

El entonces presidente Enrique Peña Nieto, originario del Estado de México, visitó hasta tres veces más esa entidad que cualquier otra e inauguró una de cada cinco obras en tierras mexiquenses en sus primeros tres años, de acuerdo con la Oficina de la Presidencia.

El catedrático advierte que no puede descartarse algún tipo de uso electoral en éste o en algún otro programa, pero aclara que no se trata de una intencionalidad solo de este gobierno, pues ya lo ha sido en otros.

¿Por qué Tabasco?

Cuando Sembrando Vida vio la luz en 2019, se estableció que 19 estados estados del país tenían población potencial para ser beneficiada, pero de éstos Campeche, Chiapas, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán, Durango y Tabasco, fueron considerados las entidades prioritarias para su aplicación en los Lineamientos de Operación del Programa.

En Tabasco, pese a ser una entidad rica en biodiversidad y recursos naturales y petróleo, casi la mitad de su población está en situación de pobreza, pero en una posición más favorable que otros estados como Puebla o Yucatán, que con índices de marginación más altos, no fueron igual de beneficiados por el programa Sembrando Vida en el 2019.

En abril de 2020, el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo), adscrito al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y el Instituto de Ecología (Inecol), presentaron un reporte de Evaluación de la focalización del Programa Sembrando Vida respecto a las principales variables socioambientales que atiende: el índice de marginación, el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar y las zonas de alta biodiversidad.

El estudio reveló que Tabasco no era de los ocho estados en los que se arrancó el programa con los índices más altos en estos tres rubros, pese a ser el segundo con mayor número de beneficiarios.

Entre los 15 estados con mayor marginación, Tabasco ocupó el puesto 12 con un grado medio. Detrás se colocó Durango, Zacatecas y Guanajuato, estos dos últimos –también gobernados por partidos de oposición– no fueron considerados para el programa Sembrando Vida.

El estudio detectó que entre las entidades que participaron en 2019 y 2020, en efecto, se abordan las que tienen mayor marginación, pero destacó que el estado de Tabasco no se justificaba.

“Una forma de optimizar el programa es tener más personas participantes en los lugares más marginados, como sucede en el estado de Chiapas en el 2019, que tiene mayor índice de marginación y mayores participantes que el resto de los estados. El caso contrario sucede con Tabasco, que tiene un índice de marginación más bajo que el promedio y es el segundo estado con más cantidad de participantes”, señaló el informe.

Respecto a la porcentaje de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar (que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes), Tabasco ocupó el quinto lugar entre los ocho estados en los que comenzó a operar el programa en 2019, al tener una cobertura de más de 50,000 personas en el programa, cuando su línea de bienestar está debajo del 50%. En contraste, Puebla que tenía un alto porcentaje de población por debajo de la línea de bienestar, tuvo pocos participantes. El estado con mayor población en este grupo con 75.9% de personas por debajo de la línea es Chiapas.

Por último, en el análisis de biodiversidad se consideraron dos capas de información: los Sitios de Atención Prioritaria (SAP) para la conservación de la biodiversidad y los Sitios Prioritarios para la Restauración (SPR), de la biodiversidad generadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en 2016, ya que Sembrando Vida busca ubicarse en las zonas de más alta biodiversidad en el país.

Tabasco llamó la atención nuevamente. En el informe, se concluye que los estados incluidos en el programa, no son los que tienen mayores sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad.

“Estados como Durango y Campeche que tienen una mayor superficie de SAP, no presentan las más altas cifras (de beneficiarios). Por el lado contrario, Tabasco y Veracruz, que tienen una muy baja superficie de SAP, tienen una alta cantidad de personas participantes en el programa”, se advierte.

No obstante, hay opiniones como la de Gabriela Jiménez Casas, académica del Instituto de Ecología de la UNAM, que afirma que si bien Tabasco se ubica en el sur del país, una zona de alta biodiversidad, esa entidad no comparte las mismas características, pues puede llegar a ser muy seca y cálida, por lo que considera que está justificado que haya sido incluido entre los primeros estados para que operara el programa.

“Creo que fue atinado incluir como prioridad a Tabasco. Si nos hubieran dicho que la prioridad era la Selva Lacandona, no se entendería. Pero si el objetivo es reforestar, significa que la zona necesita ser reforestada, que ha habido muerte de árboles, especies o ha sido saqueada fuertemente, yo creo que Tabasco lo necesitaba”, destaca.

México se ubicó en el top ten de países con mayor deforestación a nivel mundial, de acuerdo con la plataforma Global Forest Watch. En 2020 perdió 68,423 hectáreas de bosques primarios principalmente en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz.

¿Quién escoge a los beneficiarios?

Un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicado en julio del 2020, señala que el programa arrancó con deficiencias desde su diseño, como la forma en que se seleccionan a los beneficiarios del programa.

“Un riesgo detectado en este proceso es la falta de lineamientos que garanticen una estandarización en los proceso de selección de sujetos de derechos, permite que los técnicos puedan potencialmente decidir qué solicitudes de apoyo recibir y a cuáles dar trámite; dado que son ellos mismos quienes recaban la información de los solicitantes, validan los predios y llevan a cabo el registro”, advirtió el Coneval.  

A través de entrevistas que los investigadores del Coneval realizaron, se detectó que en el proceso de ingreso no se lleva a cabo de manera homogénea en las distintas regiones y que tampoco queda claro el criterio para seleccionar a todos aquellos solicitantes que estaban en lista de espera para formar parte del programa.  En algunos municipios, se señala, las asambleas ejidales pueden determinar si un interesado puede incorporarse al programa o ser dado de baja, lo que se prestaba a decisión de la propia comunidad y no a un criterio establecido.

 “No hay transparencia, no hay reglas claras, no hay muchas cosas que permitan ver la evolución del programa, se va creando todo sobre la marcha, en ese aprendizaje pierdes mucho y lo que hemos visto también en otros programas de este gobierno, esa falta de control”, señala Judith Domínguez Serrano, investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México (Colmex).

La investigadora del Colmex reconoce que la Secretaría de Bienestar no llega hasta donde está operando el programa por muchos técnicos que tenga trabajando en campo, lo que puede dar lugar a una serie de corrupciones a una escala local o a que los apoyos se apliquen de manera discrecional. 

La Secretaría de la Función Pública (SFP), que es el órgano de control del gobierno federal, tiene registro de denuncias por irregularidades en el programa y aunque no revelaron detalles por estar bajo investigación, se conoce que giran en torno de irregularidades de servidores públicos, proselitismo político de funcionarios, el condicionamiento del beneficio social, así como la contratación de personal sin cubrir con el perfil solicitado, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia por Expansión Política y que abarcan desde el inicio del programa al 04 de febrero de 2020.

Las polémicas

El programa Sembrando Vida se ha visto envuelto en diversas polémicas, entre ellas, la renuncia de Javier May Rodriguez, un político paisano del presidente y quien le había encargado personalmente la coordinación del programa. 

El 2 de marzo del 2020, un documento comenzó a circular en redes sociales, era un oficio de May donde daba a conocer su renuncia como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar y donde explicaba que ya no había condiciones para estar el frente del programa. Lo anterior, luego de que la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, le quitara la operación del programa Sembrando Vida.

 El presidente López Obrador no aceptó la renuncia y dijo que revertiría los cambios realizados “unilateralmente” por Albores. Así lo hizo.

Javier May Rodríguez es senador con licencia por Tabasco, el estado más beneficiado del programa en 2019 y donde ha sido en dos ocasiones presidente municipal del municipio de Comalcalco. El  29 de noviembre de 2018 pidió licencia como senador, para tomar posesión del cargo de subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría del Bienestar).

En 2020, María Luisa Albores fue nombrada titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Javier May Rodriguez asumió la titularidad de la Secretaría de Bienestar. 

Foto: Secretaría de Bienestar

Sembrando Vida sin paridad, beneficia más a hombres

Acelerar la igualdad de género y el empoderamiento social y económico de las mujeres campesinas como un aspecto crucial para erradicar la pobreza rural, eliminar el hambre y mejorar el bienestar de las poblaciones rurales, son algunos de los objetivos que el programa Sembrando Vida tiene en sus Lineamientos de Operación.

No obstante, este discurso se olvida pues en la práctica, el 68.9% de las personas beneficiadas son hombres.

De acuerdo con los resultados de una auditoría de cumplimiento de la Cuenta pública 2019, de los 243,663 beneficiarios en 2019, solo el 30.7% del total de los apoyos otorgados, fueron dirigidos para mujeres.

Del  total de beneficiarios,167,938 corresponden a hombres y 74,829 a mujeres y los restantes 896, no se especifican a qué género corresponden, por lo que se concluye que “no se benefició prioritariamente a las mujeres campesinas”, se señala en el informe de la Auditoría.

Derivado de lo anterior, la ASF emitió la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria con el objetivo de que el órgano interno de control de la Secretaría de Bienestar realice las investigaciones pertinentes “y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo por las irregularidades de los servidores públicos que no beneficiaron prioritariamente a las mujeres campesinas”.

Osvaldo Alfredo Cruz Villalobos, catedrático de la UNAM, considera que la baja incursión de las mujeres en este programa puede responder a un tema cultural en el que la mujer suele tener un papel secundario en comunidades rurales, por lo que plantea la necesidad de incorporar un indicador que garantice la paridad.

“Hay un elemento cultural en nuestro país, lamentablemente la mujer no es considerada una pieza fundamental y en los municipios rurales generalmente es el hombre quien lleva las tierras.  Por ello se debería exigir un indicador que parta de la equidad de género, pero también hay que tener cuidado porque pudiera darse que sí existen menos mujeres que hombres en esa región”, destaca.