PRIMERA ENTREGA l SEGUNDA ENTREGA l TERCERA ENTREGA l CUARTA ENTREGA l QUINTA ENTREGA
Vive con ella y su esposa en un cuarto alquilado en la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil. Es guardia, pero ha sido albañil, caramelero, betunero y vendedor de corviches. “De todo, menos empresario”, dice y ríe con ironía.
La aclaración es oportuna. En la Superintendencia de Compañías figura como dueño de cuatro empresas que han reportado ingresos por $ 41,5 millones. Son sociedades que el Servicio de Rentas Internas (SRI) declaró fantasmas.
Mientras mira los documentos que lo vinculan a esas sociedades, Simisterra se lamenta: “Es un gran perjuicio que nos hacen porque somos gente pobre. Mire mi chiquita. Si yo me voy preso, mi mujer no trabaja, quién me la va a cuidar a mi hija. Yo demando al Estado”.
Tres de esas empresas facturaron $ 3,4 millones a empresas chinas que han obtenido grandes contratos del gobierno. Pero eso es solo una muestra.
EL UNIVERSO accedió a las declaraciones tributarias presentadas hasta 2017 por empresas chinas que han concentrado contratos públicos en Ecuador. Comparó esas declaraciones con la lista de empresas fantasmas que el SRI publica en su página web y con dos informes que esta institución envió a la Fiscalía por procesos de posibles fraudes tributarios.
Encontró que siete compañías chinas presentaron facturas de supuestas transacciones con 84 empresas fantasmas por un total de $ 21,2 millones (sin contar el IVA).
El caso más grande es el de China CAMC Engineering, que presentó este tipo de facturas por $ 11,6 millones.
Le siguen China International Water & Electric (CWE) con $ 7,3 millones; China Gezhouba Group con $ 1,5 millones; Harbin Electric International con $ 439 mil; China National Electric Engineering (CNEE) con $ 327 mil; China Electronics Import & Export (Ceiec) con $ 40 mil; y las dos sucursales ecuatorianas de Sinohydro con $ 23 mil.
EL UNIVERSO pidió entrevistas a los apoderados de estas empresas. Cuatro respondieron. CAMC, Gezhouba y Cieiec dijeron que sus representantes no están en el país y Sinohydro, que esta sí cumple con sus obligaciones tributarias.
El subdirector de Cumplimiento Tributario del SRI, José Almeida, explicó que han detectado que ciertos contribuyentes han usado facturas de empresas fantasmas para simular gastos y rebajar sus ganancias, con el fin de reducir su pago de Impuesto a la Renta. Esto perjudica al Estado.
El funcionario subraya que ya se han recuperado $ 887,4 millones en impuestos que dejaron de pagar los supuestos clientes de las empresas fantasmas. Agregó que se han planteado 1.361 denuncias penales, pero no han obtenido los resultados esperados pues se han archivado varios procesos.
Entre los casos detectados por el SRI, sí constan contratistas chinas. Este Diario accedió a varias auditorías tributarias que revelaron que CAMC incluyó facturas de empresas fantasmas por $ 6,6 millones en su declaración del 2013, y que CWE hizo lo mismo por $ 5,8 millones en 2012, 2013 y 2014.
Al menos 39 personas que figuraban como accionistas y administradores de las 84 empresas fantasmas utilizadas han trabajado en realidad como mensajeros, guardias, albañiles, recepcionistas o conserjes.
Las empresas fantasmas más usadas por las contratistas chinas fueron Construestilo S.A., Comexito S.A., Highstrategy S.A., Gotoconstru S.A. y Divinacompany S.A.
La primera sí funcionó. Participó en una obra que CAMC se había comprometido a hacer en un contrato con el extinto Ministerio Coordinador de Seguridad. El resto de compañías existieron solo en papeles.
Los nombres de quienes aparecen en estas compañías se repiten en los registros de otras empresas fantasmas. Este Diario descubrió una compleja madeja de relaciones entre al menos 34 compañías de fachada.
Los documentos societarios y los testimonios de varias personas que estuvieron vinculadas con esas firmas ayudaron a desenredar parte de esa trama, para conocer quiénes realmente manejaron la facturación de las empresas.
Varios pasajes del laberinto desembocaron en dos contadores: Arturo Soriaño Muñoz y Jaime Gutiérrez Elvay. Este Diario intentó contactarlos por teléfono y correo electrónico, pero no hubo respuesta.
Gutiérrez Elvay ya fue procesado por presunta defraudación tributaria el año pasado. En ese caso, su socio, Freddy Soledispa Varas, se declaró culpable y recibió un año de cárcel. A pesar de ello y de las evidencias presentadas por la Fiscalía, el juez Christian Roca Yagual determinó que no había motivos suficientes para enjuiciar a Gutiérrez Elvay y a otros tres acusados, y los sobreseyó.
La Fiscalía no apeló ese fallo; tampoco los abogados del SRI, que actuó como acusador particular en el proceso.
José Almeida señaló que están revisando ese caso para determinar posibles sanciones en contra de los funcionarios que actuaron en esa causa.
ENTREVISTA
‘Prestar el nombre o la clave es dar un cheque en blanco’
José Almeida subdirector de Cumplimiento Tributario del SRI.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha recuperado $ 887,4 millones por las operaciones de empresas fantasmas, pero estas compañías han reportado ventas por $ 2.600 millones.
¿Este sería el perjuicio al Estado?
No esa así… Si fuera una sociedad la que intentó evadir (impuestos) usando una factura de $ 100, esta le beneficiaría un 25% en temas tributarios. La relación es de cuatro a uno para sociedades. En el caso de personas naturales, depende de una tabla, que va del 5% al 35%. Eso es lo que, como SRI, recuperamos.
Entonces, ¿a cuánto ascendería el perjuicio?
En un principio era alrededor de los $ 800 millones. Ya lo superamos.
¿Y cuánto les falta por recuperar?
Todos los casos han sido tratados. La recuperación la seguimos haciendo con los procesos coactivos y jurídicos, pero a todos al menos les hemos dicho “usted tiene este proceso; hay que regularizar”.
¿Cuánto está en juego en esos procesos?
Están en la vía judicial. Sería importante que allá vayan a revisar porque, como los contribuyentes tienen derecho a la impugnación, algunos buscan dilatar estos procesos.
Ustedes han hecho 1.361 denuncias judiciales por las empresas fantasmas. ¿Ya hay sentenciados?
Ese es el problema… ¿No hay ninguno?
Por eso les digo que sería importante ir al ente, en este caso Fiscalía. Inclusive, como SRI, en algún momento generamos una queja diciendo que no estábamos de acuerdo con lo que se hizo en un proceso, que lo revisen. Se procedió al archivo del proceso.
Hemos localizado muchas personas de bajos recursos que aparecen como dueños o administradores de empresas que facturaron millones. ¿Por qué no se detectan esos casos al momento en que se crean esas compañías?
Como SRI hemos lanzado varias campañas para que la gente no preste su identidad. Recuerde que su clave es personal. La clave se convierte en una firma. Es como dar un cheque en blanco. Las personas también pueden revisar la página web del SRI. Si no sacó un RUC y encuentra que hay uno activo a su nombre, o si la persona aparece como parte de una compañía sin haber firmado nada, debe denunciarlo. Además, nosotros hacemos análisis a través de minería de datos para detectar patrones de comportamiento. Por ejemplo, si una empresa registra como dirección calles que no se cruzan. También vemos la relación ingreso-gasto, los flujos monetarios e información de otras fuentes. Si vemos patrones sospechosos en una empresa, la suspendemos. Y si alguien la quiere abrir nuevamente, debe darnos toda la información para ver si la empresa existe.
¿Y por qué no detectan el problema al momento en que se abre el RUC?
Esto parte de un ente anterior. Nosotros somos un ente de registro. Para constituir una empresa, primero hay que ir a un notario. Con la minuta de constitución, se genera la empresa en la Superintedencia de Compañías. Ahí se constituye jurídicamente. Una vez que eso sucede el SRI como ente de registro solo dice ‘correcto, existe’. (I)
Este reportaje se realizó con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, impulsado por el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, en inglés) y la plataforma periodística Connectas.
