Por Julián Navarrete para CONNECTAS.

Los hermanos Kevin Sergei Pérez, de 24 años de edad, y Kitzel Alexander Pérez, de 23 años, pertenecen a una generación de jóvenes nicaragüenses bautizados con nombres rusos. El padre de ambos, Alex Pérez, fue militante del Frente Sandinista y en los años 80 fueron enviados a entrenarse en Aviación en la extinta Unión Soviética donde fueron influenciados por esta cultura. Después, en la década del noventa, él se convirtió en crítico de ese partido.

Kevin y Kitzel, en cambio, se definen como opositores al gobierno de Daniel Ortega, quien fue presidente por primera vez entre 1984 y 1990 y retomó nuevamente el poder desde 2007, prolongándose en el poder. “Casi toda mi familia paterna estuvo en la lucha armada del Frente Sandinista. Eso ha marcado mi forma de pensar porque ellos murieron por una libertad plena y ahora estamos luchando por esa misma libertad”, dice Kevin Pérez, quien al igual que su hermano fueron liberados el 27 de febrero de 2019. Durante cinco meses estuvieron encerrados, formando parte de los más de 770 opositores que fueron aprisionados en el contexto de las protestas del año pasado en el país.

Los jóvenes en Nicaragua son mayoría en la población.  Según datos del Banco Central, solo los que están en los rangos de edades, de entre 15 y 24 años como los hermanos Pérez, ascienden a 1.258. 035 millones, es decir un 20 por ciento de los nicaragüenses. “Constituyen la mayoría de los potenciales electores en las próximas elecciones y son los portadores de una nueva cultura política en Nicaragua, donde se promueven las acciones políticas cívicas y pacíficas”, considera la investigadora Elvira Cuadra, una de las especialistas que ha estudiado el tema de la juventud en el país centroamericano.

De acuerdo con el sociólogo José Luis Rocha, los jóvenes han tenido un “celebrado protagonismo” en la política nacional desde abril de 2018, cuando salieron a las calles por miles a protestar contra el gobierno. Una parte fueron universitarios, que en Nicaragua son 283. 245, según las estadísticas del mismo Banco Central en 2017. Se tomaron de forma escalonada cuatro universidades, promovieron masivas marchas, se atrincheraron en barricadas, se agruparon en cinco organizaciones estudiantiles y participaron en los diálogos de la oposición con el gobierno, en los cuales el mismo Ortega y Murillo quisieron convencerlos de que la Policía se encontraba acuartelada y con órdenes de no dispararles, cuando la realidad les dijo lo contrario.

Las manifestaciones han sido prohibidas por el gobierno de Nicaragua desde septiembre de 2018. En la imagen, decenas de jóvenes protestando para pedir más democracia en julio de ese año. Crédito: Carlos Herrera/Confidencial

El mandatario llegó a pedirles una lista de los fallecidos hasta el 16 de mayo de 2018, casi un mes después del inicio de las manifestaciones, cuando se dio la primera sesión televisada del diálogo. Una de ellas, Madelaine Caracas, le respondió al gobernante y enlistó nombre a nombre a las víctimas de la represión, mientras un coro de voces juveniles gritaban “presente”.

Los rostros de varios de aquellos rebeldes, como los líderes universitarios Lesther Alemán y Amaya Coppens, un estudiante de Comunicación y una de Medicina, entre otros, son reconocidos ahora en Nicaragua porque son miembros de nuevas organizaciones opositoras. A nivel de secundaria los estudiantes concuerdan con esas ideas y su demanda parece ser la misma que la de los mayores: democracia para un país que, después de la dictadura de la familia Somoza, ha visto a Ortega gobernar al menos 20 años desde el ejecutivo sin incluir su influencia activa en la oposición entre 1990 y 2006.

“Luchamos por la democracia del país, para que este régimen se rinda y diga que está haciendo el mal, y que se dé cuenta de que ha matado gente”, explica Bela, de 15 años de edad, estudiante de cuarto año de un colegio privado religioso del país, consultada para este reportaje, y que, por temor a represalias contra ella o sus padres, pide que no mencionen su nombre.

Los intereses que mueven a los jóvenes también están enfocados en temas como el respeto al medioambiente, el feminismo y prevalece siempre el cuestionamiento al abuso de poder. De hecho, los miles de jóvenes que protestaron contra Ortega iniciaron sus movilizaciones por la negligencia del gobierno ante un incendio en una de las mayores reservas forestales del país, Indio Maíz, y también por las reformas a la Seguridad Social que establecieron una reducción de las pensiones de los jubilados, sus abuelos.

De aquellas peticiones iniciales, las demandas han evolucionado a la exigencia de elecciones libres y justas, justicia para las víctimas de la represión que dejó 328 personas asesinadas y 2.000 heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A través de diez testimonios, recopilados para este reportaje, que abarcan las voces de jóvenes con raíces sandinistas, otros apáticos con la política, universitarios molestos por la represión, se puede hacer una aproximación de lo que esta generación reclama: un cambio político, lo que los enfrenta a otro grupo de su misma edad que respalda al gobierno y forma parte de la llamada Juventud Sandinista, señalada por el gobierno de Estados Unidos de participar en las violaciones a derechos humanos.

Una muchacha con una máscara en una manifestación opositora. Los jóvenes son mayoría en la población. Crédito: Oscar Navarrete/La Prensa

La insurrección cívica de abril

La generación que se rebeló a Ortega tiene algunas similitudes con la que protagonizó la revolución contra la dictadura somocista entre los años 50 y 70, según la analista nicaragüense Elvira Cuadra. Ambas generaciones enfrentaron a regímenes fuertes, acusados de corrupción, con vicios del caudillismo, falta de independencia de poderes del Estado y un claro camino hacia la dinastía: la primera con los hijos de Somoza García, Luis y Anastasio, quienes fueron presidentes; la segunda con el nombramiento de la primera dama Rosario Murillo en 2017, como vicepresidenta del país y sucesora constitucional, mientras los hijos ocupan puestos claves como asesores de inversiones, cancillería y la Presidencia.

Para Cuadra, los jóvenes han sido protagonistas del cambio político en Nicaragua desde hace décadas. “Los jóvenes de la insurrección de abril (2018) no son diferentes de los jóvenes de generaciones anteriores”, agrega. Sin embargo, la socióloga aclara que existe una diferencia importante: los jóvenes de ahora han optado por la acción cívica como método para el cambio político, cuando “las generaciones anteriores utilizaron las acciones bélicas o armadas para el mismo propósito”.

El eurodiputado español Javier Nart, quien fue uno de los extranjeros que apoyó a la guerrilla sandinista contra la dictadura somocista, dijo a los medios nicaragüenses  en abril de 2019 que el sandinismo traicionó a los jóvenes protagonistas de aquella revolución, la segunda en el continente tras la cubana. La razón, explica él, es que sus dirigentes se convirtieron en una nueva oligarquía. “Los comandantes se configuraron en los propietarios de Nicaragua, y la militarización de lo que era un movimiento político de libertad era una constante. Tampoco se produjeron elecciones libres. Progresivamente se convirtió en una mala copia del castrismo”, afirma Nart.

Estas críticas al sistema político instaurado por Ortega se han expresado durante meses, incluso desde algunos familiares de actuales funcionarios del gobierno. En  las marchas del año pasado, una muchacha que se identificó como María Pichardo cargó una manta que decía: “Tío Edwin Castro (jefe de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional), aquí está tu sobrina vándala. ¿Me vas a mandar a matar? No soy derecha, soy el pueblo”. Era un mensaje en alusión al calificativo “vandálicos de derecha” que usó  la vicepresidenta Rosario Murillo contra los opositores. También, el 16 de marzo de este año, la Policía apresó a Sofana Arce, hija del asesor presidencial y comandante guerrillero, Bayardo Arce Castaño, por participar en un piquete de protesta en Managua. El funcionario se ha mantenido leal a Ortega, pese a la visión de su descendiente.

La líder estudiantil Zayda Hernández enfrenta a la Policía. Ella ha sido víctima de la represión como miles de jóvenes que cuestionan a la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Crédito: Oscar Navarrete/La Prensa

En el libro Autoconvocados y conectados, del sociólogo José Luis Rocha, publicado este año en Nicaragua y El Salvador, destaca que la proporción de estudiantes universitarios es mayor que la de miembros de la Policía Nacional, que fue la encargada de la represión: 4.4 estudiantes por cada policía en el país según datos oficiales. “Este es el contexto demográfico y del peso relativo que produce pánico en el gobierno de Ortega. En la revuelta de abril de 2018, un porcentaje muy reducido de universitarios dispuestos a jugarse la vida pudieron poner de cabeza un país tan pequeño como Nicaragua”, valora el experto.

Camila, de 15 años de edad, quien participó en marchas de la oposición antes que fuesen prohibidas en septiembre de 2018, dice que su familia perteneció siempre al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que antes era un grupo contrario al gobierno y ahora su líder el expresidente Arnoldo Alemán es criticado por ser aliado del mismo. Ella decidió integrarse a un movimiento estudiantil opositor después que supo que mataron a su amigo, Gerald Vásquez, en un ataque armado de más de 15 horas contra la Iglesia Divina Misericordia, del residencial Villa Fontana de Managua, donde se refugiaron decenas de estudiantes que durante meses se atrincheraron en la Universidad Nacional Autónoma de Managua (UNAN), el recinto público más grande del país  y cercano al templo católico. “Lo que queremos es instar a los muchachos de secundaria a que se unan a la lucha, porque consideramos que el mayor problema que existe ahorita es el miedo”, sostiene.

En el movimiento de Estudiantes Autoconvocados de Secundaria (EAS), que integran Camila y 50 estudiantes más de Managua hasta septiembre de 2019, realizan ciberactivismo desde redes sociales, hacen denuncias a organismos internacionales, participan en plantones, piquetes, colocan papeletas o globos con los colores de la bandera nacional, azul y blanco, y realizan reuniones por Zoom y Telegram para hablar sobre los temas políticos coyunturales. Se financian, según sus miembros, con el dinero de sus padres. “Si mi madre no me hubiera dado dinero para el pasaje (de bus), no hubiera podido venir a esta entrevista”, aclara.

El número de integrantes de esta agrupación estudiantil luce modesto, pero hasta hace dos años era extraño ver a adolescentes como Camila en el activismo político, tal como ocurre ahora. La generación Millennial, que abarca a los nacidos entre 1980 y el año 2000, fue descrita como apática con la política nacional por expertos como la socióloga y periodista Sofía Montenegro. “En contraste con la juventud de sus padres, la generación siguiente aparece más sosegada y replegada al interior de la familia, ocupada en estudios y diversión y una participación limitada a espacios deportivos y religiosos…Dicen no estar interesados en la política y algunos expresan miedo a participar en política”, señala el estudio La Masculinidad Hegemónica en los jóvenes postrevolución, publicado do por la socióloga en 2016.

La socióloga Elvira Cuadra dice que en realidad antes de abril de 2018 “los jóvenes aparentemente manifestaban un desinterés en la política, pero al profundizar sobre el tema, explicaban que eso se debía a un fuerte rechazo o distanciamiento de las formas y actores tradicionales de la política en Nicaragua”.

Charlotte, de 16 años de edad, era una estudiante de segundo año de secundaria a la que no le gustaba meterse en política. Fue después de ver las imágenes de los grupos paraestatales, disparando contra los opositores al gobierno a finales de abril de 2018, que ella decidió salir a las calles a protestar.

Charlotte anduvo en marchas, plantones y terminó, como centenares de estudiantes más, atrincherada en la UNAN. Ahí estuvo hasta el 13 de julio de 2018, cuando ocurrió el ataque que dejó a dos jóvenes muertos: Gerald Vásquez, amigo de Camila, y Francisco Flores, alías El Oso, su amigo. “Yo quiero justicia para todos los caídos (muertos). Pero sobre todo para El Oso. Quiero que paguen con cárcel todo el daño que nos han hecho”, dice ella, quien denuncia que ha sufrido también asedio, cárcel y tortura por ser opositora.

El día que un joven enfrentó a Ortega

Unos de los rostros universitarios más conocidos en Nicaragua, en la nueva coyuntura, es el de Lesther Alemán. Estudiaba cuarto año de Comunicación Social, a sus 20 años de edad, cuando interrumpió al presidente Daniel Ortega durante la primera sesión del Diálogo Nacional en mayo de 2018. Alemán le dijo entonces al mandatario nicaragüense que se rindiera para que diera paso a un cambio democrático en el país.

Lesther Alemán, justo en mayo de 2018, cuando en la primera sesión del diálogo nacional, le exigió la renuncia a Daniel Ortega. Crédito: La Prensa

“Muchos dicen que Daniel Ortega lo ha visto como un problema personal conmigo. Porque le toqué el ego, lo intocable que muchos lo miraban. Lo que hice fue decirle a Nicaragua que lo podemos señalar y contraponer en cualquier momento”, dijo Alemán al diario La Prensa, en octubre de 2019, un mes después de regresar de un exilio de un año en Estados Unidos, debido a un plan de asesinarlo que, asegura, le reveló la embajada norteamericana en Nicaragua en julio de 2018.

Alemán de esta manera fue parte de los 80 mil nicaragüenses que, a raíz de la crisis política, pidieron asilo o refugio en distintos países del mundo, según la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En Costa Rica, el país donde se concentran 50 mil nicaragüenses exiliados tras la crisis. El 63 por ciento de ellos tienen entre 16 y 30 años de edad según un estudio realizado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, , es decir pertenecen a la generación que se rebeló a Ortega.

Amaya Coppens, de 25 años de edad, es otra destacada líder estudiantil. Actualmente se encuentra encarcelada y acusada de “terrorismo” porque el viernes 15 de noviembre pretendía entregar agua y alimentos a 11 madres de presos políticos que realizan una huelga de hambre por la liberación de sus hijos en una parroquia de Masaya, una ciudad ubicada al oriente de Managua. Coppens ya había sido liberada en junio de este año, luego de pasar 245 días presa por participar en las protestas en León, donde estudiaba quinto año de Medicina. Dejó todo atrás cuando miró que miembros del movimiento estudiantil pro gobierno golpearon a los ancianos que se pronunciaron en contra de la reducción en sus pensiones, que proponía la reforma a la Seguridad Social planteada por el ejecutivo.

Coppens es fundadora del Movimiento universitario 19 de abril en León, uno de los que se organizaron en las primeras semanas de protestas el año pasado. Para Coopens, este fue uno de los mayores retos que enfrentaron los jóvenes, pues tuvieron que crear desde cero estas estructuras. “Todo se dio de forma espontánea. Nada fue planificado. Sucedieron las cosas y sentí la necesidad de denunciar y participar activamente en lo que estaba pasando”, dijo Coppens también a La Prensa el 16 de junio de 2019.

La líder estudiantil Amaya Coppens es una de las presas políticas en Nicaragua. Después que fue excarcelada, recientemente fue recapturada cuando iba a dar agua a madres de reos políticos que están en huelga de hambre en la Iglesia San Miguel en Masaya, demandando la libertad de sus hijos.
Crédito: Oscar Navarrete/La Prensa

Los únicos movimientos de jóvenes organizados hasta 2018 eran la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN), cuyos líderes se identifican como  oficialistas, y la Juventud Sandinista (JS) que es parte de la estructura del partido de gobierno. Uno de los expresidentes de esta última organización, Fidel Moreno, cercano a Rosario Murillo y por ello secretario político de FSLN en Managua y secretario de la Alcaldía de Managua, fue sancionado en julio de 2018 por el Departamento de Estado de Estados Unidos por “dirigir actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales que han sido implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos”.

Milton Ruiz, actual coordinador nacional de la JS, el 13 de septiembre de 2018, durante un abanderamiento de atletas estudiantiles, dijo a los medios oficialistas: “Hemos podido vencer los atentados golpistas y muestra de eso es que estemos aquí, abanderando esta delegación”. Durante otra celebración de este movimiento, el 23 de agosto de 2019, una de sus integrantes, Scarleth Méndez, dijo a los medios de comunicación que la erradicación de la ignorancia solo podía ser lograda por un “gobierno revolucionario” encabezado por la pareja presidencial.

El  destino de los integrantes de la JS, más activos en la defensa del gobierno, ha sido convertirse en los últimos meses también en funcionarios públicos. El ejecutivo tiene a otros miembros de esta organización partidaria como Bosco Castillo, ministro de la juventud, o Darling Ríos, nombrada el 11 de noviembre pasado como Procuradora de Derechos Humanos.

Una de las grandes paradojas de Nicaragua es que, pese a que su población es joven en su mayoría, tiene al presidente con más edad en la región. A sus 74 años, Daniel Ortega, sobrepasa en dos décadas el promedio de 55 años de edad del resto de mandatarios. En junio de 2018, los jóvenes opositores explicaban lo que ocurría en el país con una pancarta que decía “hay décadas donde nada ocurre y hay semanas donde ocurren décadas”.

A 142 kilómetros de Managua, en el barrio Sandino de Jinotega, al norte del país, donde murieron tres jóvenes por la represión estatal el 24 de julio de 2018, Mirtha Pérez espera todavía que su hijo Leyting Chavarría, asesinado aquel día a los 16 años de edad, golpee el candado de la puerta de la casa de madera familiar. “Leyting siempre me decía que iba a luchar por su patria y que sería un héroe si le pasaba algo”, dice la madre. El asesinato de este adolescente engrosó los datos de la coordinadora de la Niñez en Nicaragua (CODENI), que registró 29 muertes de niños y adolescentes en todo el país de hasta 17 años de edad en este contexto.  En un país, que rinde culto a sus muertos, con barrios cuyos nombres son los de los caídos en la revolución o con monumentos públicos dedicados a ellos, la lucha es diaria para los familiares de las víctimas de la represión que quieren evitar que las ideas de los jóvenes fallecidos se mueran con ellos, entre ellas la demanda de democracia para su país.

La vocera del gobierno de Nicaragua y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha descalificado a los manifestantes calificándolos de vándalos. Crédito: Oscar Navarrete

Este trabajo fue realizado por Julián Navarrete en el marco de NICARAGUA.CONNECTAS, un espacio para contar el país centroamericano en medio de un contexto adverso para la libertad de expresión.

Autor

Periodista en el medio Divergentes y Miembro de #CONNECTASHub en Nicaragua. Ha sido reportero de medios como Confidencial y el diario La Prensa. Ha publicado crónicas en la revista Reportagen, de Suiza, Courrier International, Francia: y colaborado con The Wall Street Journal, Estados Unidos y el diario La Razón, España. Incluido en la antología de Oxfam Nicaragua, Otro Periodismo es Posible. En 2021 formó parte de un equipo finalista del premio GABO 2021; en 2018 fue finalista del Premio de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

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Periodista en el medio Divergentes y Miembro de #CONNECTASHub en Nicaragua. Ha sido reportero de medios como Confidencial y el diario La Prensa. Ha publicado crónicas en la revista Reportagen, de Suiza, Courrier International, Francia: y colaborado con The Wall Street Journal, Estados Unidos y el diario La Razón, España. Incluido en la antología de Oxfam Nicaragua, Otro Periodismo es Posible. En 2021 formó parte de un equipo finalista del premio GABO 2021; en 2018 fue finalista del Premio de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

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