La investigadora analizó en una entrevista con Esta Semana los hallazgos de una investigación de CONFIDENCIAL que muestran el crecimiento exponencial de la Policía y su presupuesto como aparato de represión, y el multiplicado ascenso en grados policiales leales a Ortega que han ejecutado y promovido la represión tras el estallido social de 2018.

La Policía Nacional cerró 2021 con más de 19 000 integrantes, que casi duplican su número de miembros en 2007, cuando Ortega regresó a la Presidencia. Además, de ese año a la fecha, el número de comisionados generales, el segundo rango policial más alto después del director –actualmente el primer comisionado y consuegro de Ortega, Francisco Díaz–, pasó de cuatro a 37; los últimos veinte ascendidos tras la matanza de 2018.

“Esas promociones, en rango y en cargo, tienen que ver con especies de premios para oficiales de la Policía que han estado vinculados con la política de represión que ha empujado Ortega”, valora Cuadra, quien argumenta cómo el rango policial no se corresponde con el cargo que se ostenta, ni tampoco se corresponde en autoridad ni mejor salario dentro de la estructura.

“Es una forma de mantener la lealtad”, reitera Cuadra, pero agrega que el “premio” tampoco compensa el peso de las sanciones internacionales contra la institución, su director y cinco de sus oficiales superiores ni el desprestigio acumulado ante la ciudadanía que, en lugar de proteger, persiguen por órdenes de Ortega, mientras la Policía misma también es vigilada desde El Carmen.

Esta investigación de CONFIDENCIAL demuestra que, entre 2006 y 2020, la Policía Nacional pasó de 9200 efectivos a casi 17 000; y que en 2019 hubo un nuevo incremento, que podría llegar en 2022 hasta 19000 miembros; es decir, en estos 15 años de dictadura de Daniel Ortega, el tamaño, la dimensión de la fuerza policial, se estaría más que duplicando. ¿A qué responde este crecimiento, que no tiene comparación con las otras Policías de Centroamérica?

Efectivamente, la Policía en Nicaragua ha venido creciendo aceleradamente durante los últimos años, particularmente desde 2013, cuando se abrió un nuevo ciclo de movilización y de protesta social en Nicaragua. Eso significó un cambio en las actuaciones de la Policía, en el papel que la Policía venía jugando en años anteriores, y significó también que una buena parte de los recursos institucionales, tanto recursos humanos como recursos materiales, estaban en función de contener esas protestas y esa movilización social. Podemos ver, por ejemplo, como el pico más alto coincide, y eso no es casualidad, con los años de mayor actividad durante la protesta cívica de 2018.

Hay un crecimiento en el número de efectivos, pero también en la estructura de mando de la Policía. En 2007, por ejemplo, existían cuatro comisionados generales, que eran miembros de la Jefatura Nacional de la Policía, el subdirector y otros que ocupaban cargos de mando, ahora hay 37. ¿Cómo se explica el ascenso de tantos policías? Y por otro lado, pareciera que hay generales de primera, de segunda y de tercera, porque no todos tienen la misma autoridad, y tampoco tienen el mismo salario.

Ese proceso de ensanchamiento de la estructura de mandos de la Policía corresponde con diferentes momentos que ha pasado la institución y con la estrategia de cooptación, de subordinación que Ortega ha dirigido en relación a la Policía.

Esos primeros ascensos, que estaban fuera de lo que está señalado en la carrera policial, los vimos en los primeros años, en el primer período de Ortega, porque en ese momento se estaba desarrollando un proceso de cooptación de la institución. Eso disminuyó un poco, pero no se detuvo a partir de 2014, cuando se aprobó una nueva ley de la Policía, y luego se vuelve incrementar a partir de 2018; y en este último tiempo, la explicación que se le pueda dar a esto es que esos ascensos, esas promociones, en rango y en cargo, tienen que ver con especies de premios para oficiales de la Policía que han estado vinculados con la política de represión que ha empujado Ortega desde 2018, y eso se puede ver claramente si uno revisa la lista de esos oficiales que han sido promocionados en cargo, entonces vemos que no corresponde el rango policial con el cargo que ostenta, y tampoco corresponde con el salario, porque es una forma de mantener la lealtad de esas personas.

Si la estructura de la Policía se construye con base en la lealtad política, que ahora es lealtad partidaria, y también lealtad a la familia presidencial, ¿qué impacto tiene esto en aquellos que están en esa institución por una vocación o hacer carrera policial? ¿O ya no hay carrera policial?

En realidad ya no hay carrera policial, porque de hecho, desde que Ortega comenzó el proceso de cooptación muy tempranamente en 2007-2008, se comenzó a pervertir todo lo que se había construido en términos de los procedimientos y los requisitos que estaban establecidos para la promoción de los oficiales, e incluso de los policías de primera línea. Eso se ha acentuado con el paso del tiempo y, efectivamente, hay policías de primera, policías de segunda, de tercera y hasta de quinta categoría, y eso tiene que ver con el nivel de cercanía y el nivel de responsabilidad en esa estructura y esa política de represión que están implementando los Ortega-Murillo desde 2018.

Algunos de estos comisionados generales también han sido sancionados internacionalmente, empezando por el propio director de la Policía; pero también ahí está el jefe departamental de León, Fidel Domínguez; el jefe de la Brigada de Tránsito en Managua, Juan Valle; el director de Operaciones Especiales, Justo Pastor Urbina; el jefe de Auxilio Judicial, Luis Alberto Pérez Olivas; y el subdirector, Ramón Avellán. Es decir, sancionados internacionalmente, y por el otro lado premiados por Ortega. ¿Cuál es el balance para estos funcionarios de la Policía?

No hay correspondencia, porque realmente el peso de las sanciones internacionales es mucho más fuerte que cualquier compensación que el propio Ortega-Murillo les pueda asignar como retribución, y como retribución, entre comillas, al papel que han jugado estos oficiales durante todo este período, y particularmente por el nivel de responsabilidad que tienen en la represión. No hay nivel de correspondencia. Esos cargos muchas veces no corresponden con ninguna clase de mejoría, ni en términos del cargo que ostentan, ni tampoco en relación con mejoría en sus propias condiciones, salario, condiciones de vida, etc., y más bien las sanciones limitan las posibilidades de todas estas personas.

Francisco Díaz es el director de la Policía Nacional, el primer comisionado; Daniel Ortega es el jefe supremo de la Policía. Según la ley, no hay intermediario entre Ortega y Díaz, y se conoce también de que hay una intervención política de El Carmen de la vicepresidenta Rosario Murillo, a través del asesor presidencial Néstor Moncada Lau para transmitir instrucciones, y en algunos casos también instrucciones operativas a la acción de la Policía. ¿Qué impacto tiene este control político-partidario de El Carmen en el funcionamiento de la Policía?

Lo que tiene como consecuencia es que a esa Policía la convirtió, de una institución que tenía reconocimiento, que tenía carrera policial, que tenía especialidades, etcétera, y la transformó en un mero aparato de represión política, aunque cumple algunas funciones policiales todavía, pero su principal papel, es el papel de ser un aparato de represión.

Entonces, tiene una posición subordinada, muy instrumental que no responde a una lógica institucional, a un espíritu de cuerpo de Policía, sino precisamente, primero, a los objetivos que están definidos en esa política de represión gubernamental; y en segundo lugar, al propósito político personal de los Ortega-Murillo.

¿Este control partidario, este control familiar, que ejercen Ortega y Murillo sobre la Policía le da cohesión a la fuerza policial o genera alguna clase de fisura? Es decir, ¿los policías están asumiendo conscientemente este tipo de control, o hay alguna suerte de reserva institucional de la institución?

Es sabido que desde 2018 hay un fuerte malestar entre policías que todavía permanecen dentro de la institución, hay un malestar entre los mandos medios, y también entre los policías de línea. Sin embargo, hay también mucha vigilancia, mucha intimidación y amenazas sobre ellos, y es bien difícil que esto pueda salir en este momento a la superficie. Entonces, ahí en realidad ya se perdió el espíritu de cuerpo, ya se perdió la cohesión, hay mucha desconfianza.

Esa diferencia de categorías entre oficiales de la Policía al final hace mella, porque tenemos una estructura que se ha ensanchado en la parte superior y no permite tampoco la promoción de los que, en una supuesta carrera profesional, quisieran poder promocionarse; y lo otro es que están todos supeditados a lo que ordene Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como sus operadores políticos para la represión. Es decir, allí nadie puede tomar ninguna decisión ni nadie puede actuar según los parámetros que están establecidos en la ley de la Policía.

Lo que describen algunas fuentes vinculadas a la Policía, en efecto es que predomina, por una parte, una sujeción, una lealtad política, y al mismo tiempo, un ambiente de desconfianza en el que los mismos jefes de la Policía se sienten vigilados, y se sienten vigilados políticamente por El Carmen. Ortega, quiere decir que no tiene plena confianza en los propios jefes de la Policía. ¿Qué efecto puede tener esta especie de vigilancia extrema?

Eso va a ir aumentando la presión interna y va a acelerar el proceso de erosión entre sus bases de apoyo. La Policía es, en efecto, uno de los aparatos clave dentro del sistema de dispositivos que tienen organizados para la represión. La Policía juega un papel importante; y entonces, en la medida en que esa desconfianza y ese malestar crezcan dentro de las filas de los funcionarios policiales, también van a apretar la desconfianza y las medidas de presión, de tal manera que eso se va a convertir en una situación insostenible.

La Policía es la institución del Estado que ha sido objeto de mayores y más fuertes sanciones internacionales, no solo por el número de jefes, el alto mando de la Policía sancionado, sino que también la propia institución, la Policía, ha sido sancionada. Sin embargo, a pesar de esto, si uno ve la evolución de su presupuesto, la Policía sigue creciendo anualmente a pesar de que enfrenta este tipo de sanciones. ¿Quiere decir que para efectos de la estrategia represiva, sancionar a la Policía no ha tenido el impacto que persiguen aquellos que están haciendo estas presiones externas?

Yo creo que allí hay un asunto bastante relativo, porque sí, las sanciones han hecho una gran presión política sobre la institución, le han restado legitimidad, le han restado reconocimiento, y sí, los han metido en un problema en términos de la administración o la gestión de los recursos humanos y de los recursos administrativos. Eso lo han sorteado utilizando otros mecanismos del propio Estado para resolver esa situación. Pero sí, las sanciones tienen o han tenido un efecto fuerte sobre la institución. Además, eso crea entre los sancionados individualmente, y la propia institución que tiene una sanción, una especie de estigma, y eso pesa bastante en términos de la moral de los diferentes policías que hay en Nicaragua.

En 2018 vimos a los policías disparando con armas de guerra frente a manifestantes y siendo responsables de asesinatos, de ejecuciones, de decenas, centenares de personas; la represión continuó en 2019, y adquirió otras formas en 2020; pero en 2021 vimos a la Policía ejecutando una represión preventiva contra los líderes de la oposición para impedirles reunirse: primero tuvieron casa por cárcel, después fueron detenidos, fueron capturadas más de cuarenta personas, allanadas sus viviendas. Y esa es la situación actual. ¿Esta represión, esta forma de represión, es una represión más efectiva para el régimen o puede ser desbordada por el descontento que permanece aún en la población, y que se puede proyectar en este 2022?

Lo que estamos viendo en este momento yo lo califico como la institucionalización de ese estado policial que se impuso de facto en Nicaragua a partir de 2018… El papel de la Policía ha sido central.
Esa fuerza o ese sistema de represión se ha mantenido, y yo pienso que Ortega lo va a mantener, porque el descontento que se expresó de parte de la población en 2018 no solo no ha disminuido, por el contrario se ha extendido; pero además, está también en curso un proceso de erosión acelerado de sus propios apoyos políticos. Entonces, es un régimen cada vez más débil, descansa más en el recurso de la fuerza, y lo único que impide que la gente se vaya a la calle es, precisamente, ese sistema de aparatos represivos.

¿Lo que estás diciendo es que Ortega no puede gobernar o no puede mandar sin estado policial?

De hecho, ya se quedó sin recursos políticos, y entonces lo que está utilizando es principalmente el recurso de la fuerza, porque no cuenta ni con legitimidad interna ni con reconocimiento de la comunidad internacional, y está enfrentado en este 2022 a un escenario sumamente complejo.

¿De qué depende que veamos una reedición de esta estrategia preventiva de la represión o una represión más letal en 2022? ¿Depende de los propios planes del Gobierno o de la manera en cómo reaccione la población, o las crisis que se puedan generar?

Yo creo que Ortega es bastante reactivo en ese sentido, y los niveles de violencia los escala en la medida en que encuentra o identifica resistencia de parte de la ciudadanía. En este momento, él tiene las alertas activas por lo que sucedió el 7 de noviembre, en el que la gente decidió no acudir a las juntas de votación y abstenerse masivamente, entonces ahí tenés gente que no necesariamente está organizada, pero que expresó masivamente un rechazo y un repudio a los Ortega-Murillo.

¿Pueden los ciudadanos ejercer sus derechos democráticos si no hay libertad de reunión y libertad de movilización bajo este estado policial?

En efecto no. Es decir, en la medida en que tenés impuesto sobre la población un estado policial que restringe derechos fundamentales, pues obviamente es mucho más difícil para la población.

Sin embargo, y lo hemos visto en otras experiencias a lo largo de la historia reciente –no solo en Nicaragua, sino del resto de la humanidad– que cuando hay estados represivos y estados policiales impuestos sobre la población, siempre las sociedades encuentran sus propias maneras de expresar ese descontento y de realizar acciones de resistencia.

*Esta reportaje se publicó originalmente en www.confidencial.com.ni y se republica como parte de un acuerdo de redifusión de contenidos con CONNECTAS.