Por LA PRENSA y CONNECTAS

Desde octubre de 2020, Juan Pablo fue asignado para hacer vigilancia en el distrito seis de Managua bajo las órdenes de Álvaro Ramírez, mejor conocido como “El Águila” en las filas del paramilitarismo. “Él es el jefe del distrito y es el que nos dice en qué sector vamos a patrullar”, explica Juan Pablo, a quien de lunes a viernes desde las ocho de la noche hasta la medianoche le toca cumplir con su turno de patrullaje.

Los sábados lo hace desde las dos de la tarde hasta las siete de la mañana del día siguiente. Los domingos es su día de descanso, pero siempre está atento porque lo pueden llamar para una “misión” en cualquier momento, cuenta.

Una vez que se reporta, El Águila le asigna una motocicleta, un radio, dos cargadores y un arma corta que tiene que devolver cuando termine su turno. “Es una magnum”, especifica.

Juan Pablo es miembro de una red de civiles armados a quienes muchos tildan de paramilitares y  que funciona de manera paralela a la Policía Nacional en Nicaragua, según revela esta investigación de La Prensa y CONNECTAS. Su objetivo es perseguir y capturar a los nicaragüenses que se oponen a Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, explica Juan Pablo.

Los paramilitares armados se camuflan entre los civiles en Nicaragua y suelen portar un radio para comunicarse entre ellos. Foto: La Prensa

A los paramilitares, sus jefes les dan una tarea específica, como la vigilancia de un opositor en particular, confirmar la dirección exacta de una persona o mantenerla vigilada. A Juan Pablo le han encargado en las últimas semanas hacer rondines por algunos barrios y si identifica a alguien “sospechoso” de ser opositor, se pone de acuerdo por radio con otros paramilitares para interceptarlo.

“Se le revisa que no ande armado y se le pregunta qué anda haciendo. Se le pide su cédula, se le toma una foto que se vea claro quién es y se apunta el nombre y la dirección de donde vive”, cuenta Juan Pablo. Estos datos los verifican con la Policía Nacional para confirmar si está circulando como opositor.

Juan Pablo explica que para darse cuenta de si la persona es opositora o no, le revisan su teléfono celular y sus redes sociales, y si le encuentran imágenes o publicaciones en contra de Daniel Ortega, la orden es detenerla y entregarla a la Policía. Otro motivo para considerar a una persona como opositora, dice, es si la descubren con la bandera de Nicaragua o con afiches, pancartas, camisetas o cualquier papel con algún mensaje en contra del presidente.

Cada noche es una tarea diferente. Cuando “El Águila” le asigna la vigilancia de un opositor específico, Juan Pablo debe averiguar su rutina, las personas con las que se reúne y los lugares a los que va. También investiga a su familia, su trabajo o la universidad en la que estudia en caso de tratarse de un estudiante. Una vez recolectada la información, “se arma el operativo y le caen. Eso se hizo con Lesther Alemán (preso político) por ejemplo”, relata el paramilitar.

Dice que no recibe un salario, pero si se niega a colaborar con las fuerzas paramilitares lo pueden acusar de traidor y enviarlo a prisión. “Así le han hecho a varios. Nos dicen que tenemos que ser comprometidos con la Revolución”, explica.

La red de paramilitares al servicio de Daniel Ortega opera en Nicaragua desde 2018, cuando la población se levantó en protesta contra el presidente y exigió su renuncia. La respuesta del líder sandinista fue una brutal represión policial y paramilitar a las manifestaciones, que dejó un saldo de al menos 355 personas asesinadas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Daniel Ortega y el comisionado de la Policía de Nicaragua, Ramón Avellán, junto a un paramilitar encapuchado. Esta fotografía fue tomada el día de la “Operación Limpieza” en Masaya. Foto: El 19 Digital

La estructura paramilitar

Para la socióloga experta en temas de seguridad Elvira Cuadra, “los grupos paramilitares tienen su propia cadena de mando” que funciona al margen de la Policía Nacional, pero que no actúan por su cuenta si no que siguen directrices políticas.

El paramilitar Marlon Gerardo Sáenz Cruz, alias “Chino Enoc”, dice que la estructura inicialmente era encabezada por Raúl Venerio Granera, un comandante guerrillero y exjefe de la Fuerza Aérea Sandinista, a quien se le conocía por su seudónimo “Willy”. Venerio dirigía esta fuerza con Edén Pastora, Leopoldo Rivas y el general de brigada en retiro Glauco Robelo.

Tras el fallecimiento de Venerio en junio de 2019, y el de Pastora en junio de 2020, Leopoldo Antonio Rivas Alfaro quedó al frente del Mando Nacional de paramilitares, y Robelo como segundo al mando. Como tal, Rivas recibe las órdenes directas de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

A la izquierda del féretro, Leopoldo Rivas Alfaro, y a la derecha Edén Pastora, durante el entierro de Raúl Venerio Granera en junio de 2019.

Rivas Alfaro es una figura de larga trayectoria en la guerrilla sandinista. Actualmente es el coordinador nacional de atención al sandinismo histórico y comandante del Frente Sandinista. Para 1974, era uno de los 16 sandinistas presos en las cárceles de la dictadura somocista. Entre ellos se contaba también Daniel Ortega.

El 27 de diciembre de ese año, un comando armado realizó una toma de rehenes para exigir la liberación de 14 de los 16 sandinistas presos. Rivas Alfaro fue abandonado por sus compañeros de armas por las “sospechas de traición” que había sobre él y pudo salir de la cárcel recién el 22 agosto de 1978. Ese día, otro comando de guerrilleros sandinistas bajo el mando de Edén Pastora se tomó el Palacio Nacional de Nicaragua, un operativo que incluyó como rehenes a congresistas y figuras importantes del régimen somocista, según relata el libro “El Preso 198”, del periodista Fabián Medina.

Nunca fue comprobada la supuesta traición de Rivas Alfaro, y en 1979, tras el triunfo de la Revolución sobre la dinastía de la familia Somoza, fue nombrado jefe de Servicios Militares Nacionales del Ejército y viceministro de Defensa.

Hoy, un expolicía que desertó en diciembre de 2018 y solicitó refugio en Costa Rica, y que por motivo de seguridad llamaremos “Renato”, explica que después de Rivas, en la actual estructura paramilitar le siguen varias escuadras lideradas por exmilitares y excombatientes históricos fieles al partido de gobierno, que dirigen a estos grupos en todo el territorio nacional.

Algunos de estos nombres también son mencionados por Juan Pablo y por el coronel en retiro Roberto Samcam, quien conoció a muchos de ellos durante sus años en el Ejército.

En occidente, en los departamentos de León y Chinandega, Renato identifica a Camilo Ernesto Baéz como uno de los líderes paramilitares, mientras que en Masaya, el jefe es el capitán en retiro Álvaro José González Cerrato, alias “Antolín”, señala el expolicía.

En Carazo y Rivas, el jefe paramilitar es el mayor en retiro Marcos Tulio Navarro García, indica Samcam. Lo que coincide con el testimonio que dio en octubre de 2018 a La Prensa el paramilitar Edgardo Antonio Solís Arias. Aquella vez, contó que Navarro García “nos daba las armas y las cajas de tiros. Todos andaban con escopetas y algunos con M16”.

A la izquierda, el paramilitar Edgardo Antonio Solís Arias durante la “Operación Limpieza” en Masaya. Foto: Cortesía

Juan Pablo también identifica a este paramilitar como uno de los jefes que dirigió la “Operación Limpieza” en 2018, la cual consistió en quitar, a sangre y fuego, los tranques y barricadas que había levantado la población para inhabilitar las principales vías del país como parte de la protesta contra Ortega.

En Chontales, Boaco y Río San Juan, por su parte, el jefe de estas fuerzas armadas no oficiales es el combatiente histórico Manuel Antonio Alvarado Fonseca, señala Renato. Y agrega que en Estelí, Madriz y Nueva Segovia el líder paramilitar es Víctor Manuel Gallegos, un mayor en retiro conocido como “Pedrito el hondureño”.

Por su lado, Juan Pablo reconoce al militante sandinista Luis Hilario Soza González, alias “Lalo”, como el jefe paramilitar de Matagalpa, y también a Lance Castro como el líder en Blufields, en la Costa Caribe Sur del país. Se trata del hijo del alcalde sandinista de esa ciudad, Gustavo Castro.

Estos nombres, además de ser revelados por Juan Pablo, Renato y Samcam, también fueron confirmados con otras fuentes de los grupos paramilitares. Todos confirmaron que cada uno de los jefes dispone de varios efectivos para ejecutar las tareas que les encomiendan desde el Mando Nacional. 

Renato y Juan Pablo calculan, por separado, que actualmente integran la red paramilitar de Ortega unos 1,000 efectivos. A estos hay que sumarles los que se encuentran “a disposición”, explica Samcam, y que él estima que pueden ser hasta 20,000.

Por su parte, Sáenz no brinda un número: dice que se trata de “miles” y que la mayoría de ellos se encuentran “a disposición del llamado”, tal y como asevera Samcam.

La socióloga Elvira Cuadra expone que durante la dictadura de los Somoza, entre 1937 y 1979, también hubo grupos paramilitares en Nicaragua. “Igual que en el resto de Centroamérica”, dice, pero aclara que eran de menor envergadura a la estructura actual que existe en el país, porque ésta ha sido creada directamente desde el Estado sandinista.

Daniel Ortega ha dado explicaciones diferentes sobre estos grupos. En julio de 2018, el periodista de CNN Andrés Oppenheimer le mostró una fotografía de los paramilitares con banderas del Frente Sandinista. Ortega las desestimó con una frase: “Puede ser un montaje”. Luego dijo que eran “ciudadanos defendiéndose” y días después, en entrevista a Euronews, alegó que eran “policías voluntarios”.

El artículo 25 de la Ley 872, de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional indica que las tareas que le corresponden a los policías voluntarios son para “auxiliar a la Policía en la vigilancia, patrullaje, regulación de tránsito y en casos de desastres naturales”. Además, establece que la policía voluntaria debe estar identificada.

Sin embargo, la red de paramilitares de Ortega no parece un grupo de “voluntarios”. No están identificados como policías y operan de civil.

Si bien no tienen permiso para asaltar, “hay más de uno que anda robando. Si andas armado y en moto, es fácil”, dice Juan Pablo.

-¿Vos has robado? – le consultamos

– No, yo no. A veces, lo que hacemos es que cuando toca echar preso a alguien, a ese sí le podemos robar y después nos repartimos.

La Policía no era suficiente

Antes de los paramilitares, junto a la Policía Nacional operaban los grupos de choque, conocidos popularmente como “turbas sandinistas”, miembros de la Juventud Sandinista (JS) que cuando había manifestaciones en contra de Daniel Ortega debían apalear a los manifestantes.

Cuando estallaron las protestas en contra del presidente en abril de 2018, los grupos de choque fueron los primeros en reprimir a los manifestantes junto a la Policía Nacional. Pero “cuando las fuerzas de la Policía y de los mismos grupos de choque fueron rebasados por la magnitud de estas protestas, el gobierno de Ortega decidió organizar a los grupos paramilitares”, explica Elvira Cuadra.

Mucho antes de ser gobierno en los ochenta, el Frente Sandinista inició como una guerrilla que combatió a la dinastía somocista en las décadas del sesenta y setenta, logrando el triunfo de la Revolución el 19 de julio de 1979. Todos los que integraron la guerrilla, y los que colaboraron con ella, son conocidos hoy como combatientes históricos.

Cuatro décadas después de aquellos sucesos, Edén Pastora, conocido como “Comandante Cero” y fallecido en diciembre de 2020, emprendió junto a otros miembros del Frente Sandinista y oficiales retirados del Ejército una gira hacia las principales ciudades del país para organizar la actual red de paramilitares que sostiene con armas en las calles al gobierno de Ortega. Fue en mayo de 2018.

En el portal oficial del gobierno, El 19 Digital, se publicaron notas sobre los encuentros que tuvo Pastora con excombatientes históricos de todo el país en algunas ciudades importantes, como Granada, León, Rivas y Estelí. En algunas de estas reuniones aparece junto a Raúl Venerio Granera.

Marlon Saénz estuvo presente en la reunión con Pastora en Estelí y recuerda que les habló de la organización de esta red de paramilitares. “Nos dijeron que íbamos a ser el apoyo del cuerpo policial, pero a la vez íbamos a ser la cabeza, porque la Policía no tenía experiencia en esto”, relata.

La conformación de los paramilitares llevó poco más de un mes y fue el 11 de junio de 2018 la primera vez que se les vio operando en coordinación con la Policía Nacional. Ese día, recuerda Juan Pablo, fue cuando inició la Operación Limpieza.

Además de por excombatientes, los grupos paramilitares estuvieron integrados por empleados públicos, exmilitares, miembros de la Juventud Sandinista y pandilleros, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado por la CIDH y el Gobierno de Ortega para investigar los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua entre el 18 de abril y el 31 de mayo de 2018.

El GIEI estuvo integrado por Amerigo Incalcaterra, Sofía Macher, Pablo Parenti y Claudia Paz, todos con alto nivel técnico y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos. Su investigación en Nicaragua concluyó que el gobierno de Ortega cometió crímenes de lesa humanidad y señala como autores materiales a la Policía y los grupos paramilitares.

Juan Pablo recuerda que él fue reclutado a finales de mayo de ese año por el secretario político del Frente Sandinista en la institución estatal en la que trabaja. “Nos dijo a varios que era para una tarea con la Policía, que ellos nos iban a explicar y que nos iban a dar comida y 500 córdobas al día. Yo fui porque si decía que no, me podían correr del trabajo”, relata.

Ese 11 de junio de 2018, “la orden era levantar los tranques al costo que fuera”, cuenta el expolicía Renato. Empezaron por los de los barrios orientales de Managua. El plan fue creado y explicado por el mismo Edén Pastora la noche anterior al operativo. “Él (Pastora) se quedó en una camioneta como a unas tres cuadras y estuvo pendiente en todo momento. Siempre hablaba por radio con el líder del escuadrón para saber cómo iba la avanzada. ‘Vuélenle verga a esos hijos de puta’, nos decía”, narra el expolicía.

El plan de Pastora consistió en que unos motorizados hicieran un reconocimiento de las barricadas que estaban en los barrios orientales y cuando ellos dieran la señal, el resto de la escuadra avanzaría disparando para dispersar a los manifestantes. “Ahí entraba la pala mecánica para abrir paso y que entraran las camionetas” con los paramilitares a bordo, indica Renato.

Esta misma estrategia fue utilizada en las semanas siguientes en el resto del país. Juan Pablo lo confirma. Dice que estuvo en la Operación Limpieza en Masaya y Jinotepe, y que las instrucciones fueron las mismas que recibió el grupo de Renato en Managua.

“El operativo más grande fue el de Carazo (8 de julio de 2018), porque se liberaron a tres ciudades”, recuerda Juan Pablo, quien participó en esa acción que consistió en atacar a los manifestantes de Jinotepe, Diriamba y Dolores, tres ciudades ubicadas en la zona oriental del país. Ahí fue donde conoció a Marcos Tulio Navarro García, el jefe de los paramilitares de Carazo y Rivas.

“Yo no disparé. No me daba el valor para matar a la gente”, asegura Juan Pablo. Ese día, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) lo registra como el más sangriento de la Operación Limpieza, con al menos 38 personas fallecidas.

Armas de guerra en las calles

Los paramilitares se transportaban en patrullas policiales o camionetas particulares Toyota Hilux doble cabina de colores blanco, negro, gris o plateado. También usaban camionetas Nissan o Mitsubishi, sin placas, al igual que las motocicletas. Se trasladaron en caravanas de hasta 20 vehículos con entre 8 y 15 civiles armados cada una. Fueron de ciudad en ciudad, barricada por barricada, dejando muertos a su paso.

Llevaban el rostro cubierto con pasamontañas o con el casco de sus motocicletas, además de ropa camuflada y un distintivo que inicialmente eran listones blancos en sus brazos, y luego fueron camisetas de distintos colores. Un día eran camisetas azules; el siguiente eran verdes; luego negras, blancas; y así iban cambiando cada día. Juan Pablo cuenta que en Jinotepe el distintivo fue una camiseta gris y en Masaya, de color azul.

Los paramilitares también llamaron la atención por su armamento de guerra. El criminólogo Giancarlo Fiorella hizo un análisis de las armas utilizadas y pudo identificar al menos seis tipos de armamentos de guerra. AK-47, fusil de francotirador Dragunov, ametralladora PKM, rifles M16, fusiles Remington 700, pistola Jericho 941 y cargadores de balas de tambor modelo soviético, con capacidad de hasta 75 balas, fueron sus hallazgos publicados por el portal holandés Bellingcat.

En sus conclusiones, Fiorella sugiere que la unidad de Tácticas y Armas Policiales de Intervención y Rescate (TAPIR) de la Policía Nacional estuvo involucrada con los grupos paramilitares.

El GIEI también identificó otras armas que dispararon en las calles durante la violenta represión de 2018, como el fusil AK-74, escopetas 12.70 y revólveres .38 SPL y 357 Magnum. En fotografías divulgadas por medios de comunicación, también se aprecia a los grupos paramilitares cargando lanzacohetes RPG7. “Son armas que usan Ejércitos para pelear en guerras. Armas que no deben estar en manos de civiles porque están diseñadas para guerras”, comenta Fiorella e indica que algunas de ellas, como la ametralladora PKM y los rifles Dragunov, necesitan de entrenamiento, por lo cual no cualquier persona puede usarlas.

Este armamento de guerra “salió de las bodegas del Ejército”, considera el coronel en retiro Roberto Samcam. “Obtuvimos información de gente que había desertado y se vino al exilio, que nos plantean de dónde salieron esas armas. Nos decían que de los almacenes de Xiloá que tiene el Ejército”, acusa.

Por su parte, el Ejército ha negado las acusaciones de que hayan armado a estos grupos, pero también calla sobre su responsabilidad para desarmarlos.

Juan Pablo dice que no tiene idea de donde salieron esas armas, pero que, en su caso, no fue hasta el día de la Operación Limpieza que le dieron una escopeta, en una de las casas del partido Frente Sandinista. Firmó un papel y tenía que devolverla al finalizar la misión. Lo mismo sigue haciendo hasta ahora cada vez que El Águila le entrega la pistola Magnum cuando le toca salir a patrullar.

Renato explica que a quienes tenían experiencia con armas les dieron fusiles, como los M16 y las AK47, y a los que no la tenían, pandilleros y miembros de la Juventud Sandinista, les dieron armas cortas. Entre los exmilitares, combatientes históricos y las fuerzas especiales de la Policía se repartieron las de mayor calibre, asegura el expolicía, quien anduvo con una AK47 y dos cargadores asignados.

Marlos Sáenz acepta que los paramilitares iban armados en lo que él llama “brigadas de destranque”, pero niega que hayan sido armas de alto calibre. “El 95% de los que iban a armados llevaban escopetas”, asegura.

Para Cuadra, estos paramilitares son una amenaza a la seguridad de los ciudadanos, porque actúan con impunidad y tienen armas de alto calibre. Aunque en los últimos meses no se les ha visto con este armamento de guerra, éste sigue estando a su disposición por lo cual urge que sean desmantelados y controlados. Es una tarea que, a su criterio, corresponde al Ejército.“Es algo que no lo pueden relegar ni trasladar a otra institución porque no hay otra que tenga la capacidad para hacer ese tipo de control”, explica.

Las nuevas órdenes

El último ataque armado de los paramilitares del que se tiene registro sucedió el 24 de julio de 2018 en el barrio Sandino, en Jinotega (al norte del país), en donde tres personas fueron asesinadas, entre ellas un adolescente de 16 años. Desde entonces, estos grupos no se mantienen tan visibles y se camuflan entre la gente porque realizan operaciones como si fueran civiles.

Aunque la Policía y los paramilitares son dos fuerzas distintas, ambas actúan en coordinación, explica la socióloga Cuadra. Y por ello es que en Nicaragua habitualmente se dan detenciones, asedios y allanamientos a casas de opositores ejecutadas por policías y paramilitares en trabajo conjunto.

Pero hay otras tareas en las que los paramilitares actúan solos. Cuadra expone que “si se trata de hacer algún tipo de amenaza, de hostigamiento, algún tipo de agresión, en muchas ocasiones prefieren utilizar a los grupos paramilitares” antes que a la Policía.

El criminólogo Fiorella coincide y señala que los paramilitares son los encargados del “trabajo sucio” que la Policía Nacional no puede ejecutar públicamente. Por esta razón, “ocupan un sitio bastante importante en la caja de herramientas de represión del gobierno”, detalla.

En este momento, los paramilitares no están operando como en 2018, con el armamento de guerra, y tampoco andan encapuchados. Ahora solo se cubren el rostro con el casco de sus motocicletas.Sin embargo, son fácilmente identificables porque suelen llevar a mano un radio, además del arma en la cintura o en la espalda baja. También suelen vestir con una chaqueta, camiseta o gorra alusiva al Frente Sandinista, según consta en fotografías divulgadas por medios de comunicación.

A los 1,000 efectivos que operan actualmente pueden sumarse otros que se encuentran a disposición, señala el paramilitar Sáenz. Juan Pablo dice que basta una sola llamada y “se activan todos”.

Para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021, cuenta que un buen número fue llamado nuevamente y conformaron las Unidades de Victoria Electoral (UVE). “La misión era no dejar que protestaran los azul y blanco (opositores). No había orden de matar como en el 2018, pero al que miráramos protestando, lo teníamos que echar preso”, comenta.

Aunque no está del todo de acuerdo con la represión de Daniel Ortega, Juan Pablo no se atreve a desertar como han hecho otros, porque teme que su familia reciba represalias. “No somos tontos. Sabemos que las cosas están mal, pero tenemos familias”, dice. Y por eso escoge seguir siendo paramilitar y dormir solamente cinco horas al día.