Un negocio que cautiva

Durante la última década, bajo la consigna de optimizar costos, varios grupos empresariales han abierto empresas de seguros para venderse pólizas a sí mismos a través de países con bajas tasas de impuestos y alto secretismo. Por ejemplo, de la mano de la firma de abogados Appleby, radicada en Bermudas, importantes compañías del país terminaron abriendo filiales en esa isla caribe. Es el caso de Ecopetrol, la Empresa de Energía de Bogotá, ISA o EPM. También le han apostado a este esquema el contratista William Vélez, los  empresarios Carlos y Francisco Ríos Velilla o compañías como Express del Futuro, Covinoc, Yara, la Fundación Social o seguros Paralife.

El nombre técnico del esquema es el de reaseguradoras cautivas. En esencia, es un modelo que permite trasladar dinero de un bolsillo a otro en una misma compañía a través del pago de primas de seguros. No es ilegal, pero la DIAN o la Contraloría ya tienen sus ojos en el asunto bajo la convicción de que se puede prestar para irregularidades. En palabras simples, una empresa contrata una compañía de seguros autorizada en Colombia para que preste su nombre y figure como asegurador de riesgos, cuando en realidad el dinero pagado por las primas de estos seguros termina en una compañía de la misma empresa. Todo esto se hace a través de un destino offshore.

Esta situación permite que cifras multimillonarias se incluyan en los balances de las compañías originarias como gastos en seguros, cuando estos dineros realmente salen para las cuentas de su empresa offshore. Quien recibe los fondos usualmente son sociedades sin experiencia alguna en materia de aseguramiento, y casi que sólo existen en el papel. Como los recursos llegan a jurisdicciones offshore, que no siempre han compartido información con la DIAN, los gastos que se hacen desde esas empresas realmente terminan no pagando impuestos en el pais, a pesar de ser dinero que se origina desde las sociedades colombianas.

Según los entes de control, las reaseguradoras cautivas tienen hoy tan baja vigilancia que, usadas de manera irregular, ayudan a la expansión de empresas en el exterior, sin declarar un solo peso en el país. En otros casos se pueden usar para prestar dinero a las compañías matrices en Colombia, con lo que se genera una deuda para seguir obteniendo dinero sin ser declarado,  reportándolo en su contabilidad como gastos. En el más básico de los casos evaluados, sirve para pagar cuentas de los dueños de las empresas en el exterior sin despertar sospecha alguna.

El esquema genera tantas inquietudes que el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), encargado de la recaudación fiscal, incluyó en la lista de estafas fiscales comunes a esta clase de operaciones. Según el IRS, una de las fórmulas de fraude es que las reaseguradoras terminan vendiendo pólizas de riesgos improbables para obtener primas exuberantes que quedan en la misma compañía. Se crean gastos ficticios. Un ejemplo es el relato del abogado Stephen M. Moskowitz, quien contó a The New York Times que “trabajó con un dentista que estableció una reaseguradora para blindarse contra un ataque terrorista”. En la última campaña presidencial en Estados Unidos, la candidata Hillary Clinton calificó el tema como la gran rendija.

En el capítulo colombiano de Paradise Papers, la firma Ecopetrol aparece como la empresa mixta con más alto patrimonio, a través de su empresa reaseguradora Black Gold Re. Según su último balance, ya acumula 600.000 millones de pesos. También está la Empresa de Energía de Bogotá con una operación reciente. En febrero de 2013, un correo de los abogados de Appleby dirigido a la EEB, los invitaba a celebrar con aguardiente la aprobación de una operación de su cautiva EEB Energy Re. Desde ese momento entró en operación y hoy ya acumula utilidades por 5 millones de dólares. Sin embargo, estas dos empresas aseguran que no han utilizado a las reaseguradoras cautivas para ninguna operación indebida.

En su criterio, las empresas Ecopetrol, EPM, ISA o EEB lo que hacen es “optimizar sus sistemas de aseguramiento”, pues a su vez sus reaseguradoras cautivas trasladan gran parte de los riesgos que asumieron a grandes empresas de este negocio a nivel mundial. A esas firmas se les conoce como retrocesionarias y, en efecto, los pesos pesados de los seguros prestan ese servicio. Son algo así como el final de la cadena alimenticia en el mundo de los seguros. Las empresas mixtas colombianas señaladas en este informe coinciden en que el esquema las hace competitivas y a la hora de presentar ofertas, pueden contar con una suerte de integración vertical que les ayuda a reducir costos y sumar puntos para ganar licitaciones.

En la EEB, por ejemplo, definen la herramienta como “un vehículo para optimizar pólizas”. Y el negocio es más fructífero si el riesgo no se concreta. Para esto, las compañías suelen elegir bien lo que reaseguran. Por ejemplo, la reaseguradora EEB Energy Re establece en su plan de negocios que su objetivo es blindar a sus filiales TGI y EEB en Colombia y a sus empresas Calidda y Contugas en Perú. Además, destaca como una oportunidad que estas compañías hoy tienen una baja siniestralidad.

De las reaseguradoras cautivas de las empresas mixtas consultadas, solo dos especificaron haber pagado por un riesgo que se concretó. Es el caso de Maxseguros, que pagó alrededor de 1,8 millones de dólares por los daños en la central hidroeléctrica Guatapé en 2016. Y el de Black Gold Re, que cubrió siniestros por 2,6 millones de dólares a raíz de los ataques terroristas en la Batería Dos, Orito, Pozos ACAE, Batería Colón, Estación los Toros, La Gabarra y Ortega. Para que el esquema funcione son claves las empresas de seguros locales que asumen papel de “fronting”, como se llama en las comunicaciones de Appleby, y cuya traducción más cercana, por el rol que desempeñan, es el de servicio de “presta nombres”.

Felipe Moncaleano, presidente de JLT Re, es un corredor de reaseguros que asesora empresas públicas y sugiere a sus clientes contratar con Appleby. Él explica que el esquema se inicia cuando una compañía acuerda con la aseguradora local que ceda el riesgo o parte de él a su reaseguradora cautiva. Así, “presta su nombre” para hacer el trámite, y se queda con una comisión que ronda entre el 5 y el 9 por ciento de la prima. La Superintendencia Financiera, que tiene la responsabilidad de vigilar los seguros, considera que se trata de una práctica  habitual sin regulación especial. Para la Superfinanciera, por más que las reaseguradoras cautivas hayan pactado servicio de fronting, en la realidad no funciona porque son las locales las que deben responder.

Una fuente de la Superintendencia Financiera explicó que no hay nada malo mientras las empresas locales retengan de manera real los riesgos de las pólizas que emiten. Sin embargo, los clientes que tienen el negocio de las reaseguradoras cautivas, los ven como unos simples intermediarios. Casi como unos comisionistas para poder sacar el dinero que se autopagan por el valor de las primas. La Federación de Aseguradoras Colombianas (Fasecolda), que aglutina a las principales compañías de seguros del país, se abstuvo de comentar el tema que desarrolla este informe. Según esta organización gremial, nada tiene que ver con el asunto.

El Triángulo de las Bermudas

Tener aseguradora en Colombia requiere patrimonios y certificaciones para ser considerada confiable. La Superfinanciera tiene un registro que se llama Reacoex, donde solamente están empresas con patrimonio superior a los 40.000 millones de pesos. Además, deben tener calificación certificada. En este exigente registro sólo figuran dos reaseguradoras cautivas: la de Ecopetrol y la de EPM. En contraste con la regulación local, “en Bermudas no se requieren grandes capitales porque no se tienen que congelar los fondos”, dice Felipe Moncaleano, quien en Colombia opera como uno de los principales puentes con la empresa de abogados Appleby. “Eso es tomar ventaja de la legislación, no es un atajo”, agrega.

En la paradisíaca isla de Bermudas, se puede conformar una reaseguradora cautiva en tres semanas. El destino atrae: no hay impuestos sobre dividendos e ingresos, solo se paga una tasa anual al gobierno, que ronda los 4.000 de dólares, es decir cerca de 12 millones de dólares, y para su constitución se necesita un capital mínimo de 120.000 dólares, unos 360 millones de pesos. Eso le ha facilitado a  Bermudas constituirse en el tercer mercado del reaseguro más grande del mundo, después de Londres y Nueva York. La ventaja es la “acumulación de capital libre de impuestos”, como lo promociona Appleby en presentaciones privadas a sus clientes, a las que tuvo acceso esta investigación.

Las empresas mixtas con reaseguradoras cautivas dicen que, por el componente público de sus capitales, no existe riesgo alguno de evasión de impuestos, pues todas las filiales y sus operaciones en el exterior se encuentran debidamente asentadas en sus balances financieros. Sin embargo, es natural que sus negocios generen inquietud y que cientos de millones de dólares de recursos que tienen origen público estén parqueados en cuentas en islas Bermudas, además sujetos al criterio inversionista de un comité poco conocido, que además adquiere ciertas discrecionalidades en la administración de estos ambiguos fondos.

En el caso de Ecopetrol, parte de las inversiones de Black Gold Re pasan por las empresas que estuvieron en el centro de la crisis financiera del 2008, cuya quiebra desencadenó de paso la crisis económica en Estados Unidos. Según la petrolera, el 19,6 por ciento del portafolio de sus inversiones está en Fannie Mae y el 7,4 por ciento en Freddie Mac, dos empresas que fueron duramente cuestionadas en su momento pero que hoy han vuelto a tener una calificación confiable, lo cual permite a  Ecopetrol ofrecer tranquilidad para sus inversiones. Otras de sus apuestas económicas son los bonos del gobierno de los Estados Unidos o del ejecutivo colombiano.

A pesar de que las reaseguradoras cautivas no tienen empleados directos porque se administran con funcionarios de Ecopetrol desde Colombia, sí cuentan con presupuesto para cubrir gastos de viaje. Según los documentos analizados, en 2015 se hizo mención a los gastos por viáticos de una sola persona por valor de 171.000 dólares, equivalentes en su momento a 332 millones de pesos. La estatal petrolera manifestó a esta alianza periodística que “esa cifra no corresponde a la realidad. El presupuesto de viajes aprobado fue de 37.873 dólares y el ejecutado de 18.156 dólares. Los estados financieros de la compañía han sido auditados por prestigiosas firmas. Hoy es Ernst & Young”.

La existencia de empresas mixtas con reaseguradoras cautivas impone  políticas y prácticas corporativas que hacen más complejo detectar las irregularidades. La Contraloría General no está tan satisfecha con las explicaciones de las empresas. Como lo mencionó y recalcó uno de sus investigadores, se trata de “un esquema de optimización opaco y poco transparente”. Califica el uso de estos vehículos de negocio como de “alto riesgo”.

Para el ente de control, las reaseguradoras cautivas “son figuras de autoaseguramiento sin control, por fuera del territorio, de las que no se sabe cómo identifican sus riesgos, cómo se financian, cuánto cuestan, cuánto se ha pagado en primas y qué se está haciendo con recursos parqueados”. En su opinión, “el Estado colombiano hace negocios legítimos, pero son más propios de un inversionista privado que idóneos para la protección o cuidado de los recursos públicos”. En pocas palabras, un negocio sin regulación ni vigilancia de la Superfinanciera. La capacidad de investigación de las autoridades de control fiscal se queda corta frente al secreto extraterritorial.

De castaño a oscuro

El reto de las reaseguradoras cautivas también preocupa a la DIAN. Su actual director, Santiago Rojas, confirmó que ya están tras la pista de un puñado de compañías que deberán dar explicaciones de sus operaciones. Esta alianza informativa consultó a algunos clientes privados de Appleby que en la actualidad tienen reaseguradoras cautivas, y su respuesta generalizada es que se acogen al derecho a la reserva, determinado precisamente por su condición de que no son compañías públicas. Dos de estas empresas, Covinoc y Yara, no respondieron las solicitudes de información.

Otra de las inquietudes de las autoridades tributarias son los préstamos intercompañías. En los archivos de Paradise Papers se evidencia que Paralife, una aseguradora mundial especializada en microseguros, planeaba que su reaseguradora cautiva prestara dinero para poner en marcha una subsidiaria en Colombia. En febrero de 2010, Rolf Hueppi, presidente del grupo Paralife, preguntó a la firma de abogados Appleby si la reaseguradora estaba sujeta a la legislación contra el lavado de dinero en Bermudas, porque en nuestro país se exige que ese mismo préstamo salga desde una compañía que esté financieramente regulada.

Aunque Appleby asegura en sus piezas publicitarias que Bermudas ofrece un régimen robusto de anti lavado de dinero, uno de sus empleados respondió al ejecutivo de Paralife que a los reaseguradores no se le aplica la legislación del lucha contra el lavado de dinero y financiación antiterrorista porque no se considera capital riesgoso. Al final, Rolf Hueppi manifestó que, debido a que Paralife Re no está regulada ni supervisada en esos temas, financiará sus operaciones en Colombia desde una compañía holding en Suiza. Según documentos de la Cámara de Comercio, las averiguaciones del crédito para crear la subsidiaria en Colombia se dieron dos años después de que se constituyera en el país. Paralife Colombia no quiso referirse al tema.

Pascal Saint-Amans, director del Centro de Políticas Fiscales y Administración de la OCDE, explica que este tipo de interpréstamos pueden ocultar un mecanismo de evasión. “Tienes una olla de dinero en una jurisdicción con impuesto cero, que le presta dinero a sus subsidiarias o filiales en países con impuestos altos. Esa es una forma de repatriar los intereses que serán deducibles de impuestos, pues sale como un gasto y permite reducir impuestos en un país, ya que ingresa como ganancia libre de impuestos a los paraísos fiscales, explicó el experto al diario alemán Süddeutsche Zeitung, que hizo parte de esta investigación global.

Por cuenta de estos abusos, el gobierno Santos incluyó en 2012 una norma en la reforma tributaria para ponerle límites. Al adquirir un préstamo altísimo, una empresa podía simular una deuda y reducir el pago de impuestos, ya que su dinero se iba al pago de intereses. Desde hace cinco años, esos créditos no pueden ser tres veces más que el patrimonio líquido. Gracias a la misma reforma, la DIAN revisa las operaciones para evitar que se estén simulando acciones. Podría revisarse si las reaseguradoras se están usando para lo que se constituyeron, porque ni siquiera las autoridades y expertos se ponen de acuerdo en cómo definirlas. Las consideran parqueaderos de dinero o herramientas de financiación.

En conclusión, apenas comienza el debate en torno a un negocio al que sólo  poderosos empresarios privados o mixtos tienen acceso y del que hay más dudas que certezas. Con el paso del tiempo, las pesquisas de la DIAN confirmarán si en Colombia se están dando usos irregulares de estos esquemas, como parece ser el criterio generalizado entre expertos financieros o investigadores judiciales. Y aunque la entidad oficial ya intercambia información con Bermudas desde este año, la información apenas corresponde a los movimientos del año 2016. Es decir que el pasado y el origen de las reaseguradoras cautivas de muchos colombianos sigue siendo un secreto que ahora el periodismo ayuda a develar.