Por: Emy Padilla para el periódico digital hondureño CRITERIO.HN y Mario Beltrán para la revista salvadoreña GatoEncerrado
Hermelinda Amaya, una madre soltera de 38 años, empacó una muda de ropa junto a sus sueños y esperanzas una mañana de febrero de 2019. Estaba entre la sequía y la miseria. La desesperanza, el desempleo y el cambiante clima que arruinaba meses de trabajo en sus cultivos de maíz, la tenían al borde de tomar una dura decisión. Les pidió a sus hijos de cuatro, siete y ocho años de edad que empacaran sus cosas en una pequeña mochila porque se irían con ella a Estados Unidos, aunque no tuvieran los papeles para hacerlo.
Entre llantos, los cuatro abordaron un microbús a las tres de la mañana desde el caserío Carbones, cantón Gueripe, municipio de Concepción de Oriente, departamento de La Unión, a unos 162 kilómetros de la capital, San Salvador. Un municipio escondido en el último rincón de El Salvador a la ribera del Río Goascorán que divide al país de su vecino, Honduras.
Atrás dejaron a su abuela, doña Teófila Amaya, y con ella, anhelos, abrazos y sueños que se evaporaban entre surcos de maíz que no se llegó a cosechar. La familia de agricultores se dividía. Hermelinda, además de cultivar en un terreno alquilado junto a sus hermanos, también hacía labores domésticas. Pero nada de eso alcanzaba para dar una mejor vida a sus hijos allá, donde el desarrollo es solo un mito que se esconde entre sequías.
—Ella trabajó en la agricultura. Halaba maíz y abonaba. Iba a dejar almuerzo y halaba agua para regar. Caminaba bastante porque en los cerros nos tocaba hacer la lucha porque alquilamos terrenos ya que no tenemos—, dice Teófila, sentada en una tiendita de su amado Carbones un mediodía de finales de junio recordando la decisión de su hija y suspirando por sus nietos.
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Concepción de Oriente, un municipio fronterizo con Honduras, es parte del denominado “Corredor seco centroamericano”, una zona de bosque tropical seco en la vertiente pacífica de Centroamérica que va desde la costa pacífica de Chiapas, México, hasta el oeste de Costa Rica y provincias occidentales de Panamá, siendo Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua los países más vulnerables. El corredor seco es una de las zonas del mundo más susceptibles a la variabilidad y el cambio del clima.
En él se estima que habitan más de 45 millones de habitantes de los cuales un 40% vive en zonas rurales. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) de los 1.9 millones de pequeños productores de granos básicos que hay en Centroamérica, la mitad se encuentran en la zona del Corredor Seco.
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En el caso de El Salvador, un país en vías de desarrollo y sumamente agrícola, hasta el año 2016 estaba en el décimo sexto lugar de los países más vulnerables del mundo al cambio climático según el Índice de Riesgo Climático elaborado por German Watch. Y las pérdidas millonarias de quintales de cultivos y de millones de dólares por el cambio climático han comenzado a dar cuenta de ello.
Las pérdidas agrícolas por el cambio climático han sido mayores a la inversión que el Gobierno salvadoreño hace desde 2014 para paliar la crisis que sequías e inundaciones por lluvias han dejado a los productores. El último gobierno bajo el mando de Salvador Sánchez Cerén que recién en junio dejó la Presidencia, invirtió en su quinquenio más de 125 millones de dólares en los denominados paquetes agrícolas. En ese período de 2014 a 2018 y primeras estimaciones de 2019, las pérdidas económicas por cambio climático en la agricultura fueron de 192.8 millones de dólares, sumando cifras oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Medianos y Pequeños Productores Agropecuarios (CAMPO) que aglutina a 15 organizaciones agrícolas locales en todo el país, afirma que como gremio, miden los impactos negativos de la sequía o el exceso de lluvias a partir de reuniones con productores en las municipalidades.
Líderes de CAMPO monitorean el comportamiento del clima y de las plantaciones. De hecho, afirma que según sus datos, las pérdidas son mayores a las que muestra el MAG. Treminio expresa que la sequía de 2015-2016 fue la que más afectación tuvo según sus informes, pues se perdió el 54% de la producción nacional, y unos 11 millones de quintales perdidos entre maíz, frijol y sorgo.
En 2016 no hubo sequía ni temporal, pero apareció el pulgón amarillo, una plaga que hizo perder el 100% de la producción de sorgo. Para Luis Treminio está claro, la agricultura en el país no tiene rumbo como política de Estado pues cada nuevo ministro llega a borrar lo que hizo el anterior, y los paquetes agrícolas entregados por los gobiernos de turno, son paliativos electoreros que si bien ayudan momentáneamente, no resuelven la crisis a largo plazo que atraviesa el sector y que es cada vez más difícil.
“Nosotros miramos los paquetes agrícolas como una mala política porque surgió como un programa político para atraer votos. Sí ayuda pero no resuelve el problema del sector agropecuario, un sector en el que deben haber mejores incentivos”, expresa Treminio, quien agrega que como gremio, han presentado a la Asamblea Legislativa una Política Nacional Agropecuaria que entre otras cosas propone una reserva estratégica de granos, fondo especial para agricultura de subsistencia, eliminación del IVA a insumos agrícolas para pequeños productores, reservorios de agua, y otros incentivos que han intentado exponer sin éxito desde 2009.
Por su parte, Rubén Quintanilla de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo (MPGR) y director de la Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico (FUNSALPRODESE) coincide en que la entrega de los paquetes agrícolas es una ayuda paliativa. Se atreve a llamarlos “parches” ante una situación de cambio climático cada vez más inclemente, y que estatalmente se subestima.
“Sabemos que con el cambio climático el tema de sequía va a ser recurrente, por lo tanto, no podemos seguir con parches ni con estas medidas para ver que esta gente tenga el alimento para el otro año, pero el año siguiente también van a ser afectados”, dice Quintanilla. Agrega que este tipo de asistencia estatal a los agricultores si bien no es “botar el dinero”, no les ha resuelto el problema de pobreza pues en vista del endurecimiento del cambio climático, a los agricultores no les queda más alternativa que dedicarse a otro oficio o migrar, como lo hizo Hermelinda.
“Muchos tienden a migrar. Ahí empieza otro fenómeno social que es la desintegración familiar. Ya no es rentable. Si decidieran vender todo lo que cultivan, no sacarían los costos”, subraya Quintanilla. El gasto corriente que representa la entrega de paquetes agrícolas a las finanzas públicas, es subrayado por Cintya Molina, doctora en Estudios Urbanos y Ambientales, Maestra en Gestión Ambiental y Economista.
“Sin una adecuada evaluación no se pueden corregir errores o fortalecer los casos de éxito, tampoco permite tener una visión de largo plazo para darle solución al problema de la entrega de paquetes agrícolas. Puntualmente y económicamente hablando, esta acción no es viable porque si se analiza el monto asignado para atender las líneas de acción de este programa, es gasto corriente y no inversión, esto desde una perspectiva fiscal es insostenible”, dice Cintya Molina.
La experta en gobernanza ambiental afirma que desde ningún punto de vista es viable económicamente para el país atender cuestiones de corto plazo como la entrega de paquetes agrícolas. Dice que el país necesita tomar acciones e invertir en el futuro pues el no hacerlo resultará más caro que esta inversión paliativa de 125 millones de dólares erogados por el gobierno pasado.
Un paquete amenazador a la salud y el ambiente
Además de la insostenibilidad fiscal que representan los paquetes agrícolas, sus componentes representan una amenaza para la salud de quienes consumen lo cultivado utilizando la semilla mejorada y los pesticidas que conlleva.
“La semilla híbrida solo sirve una vez. Ya para sembrar digamos, los hijos de ella, ya no sirve porque hay una degeneración de genes”, explica Pineda.
Dice también que los pesticidas vuelven ácidos e improductivos los suelos, destruyendo la microbiología que regenera la planta.
“Los fabricantes deben hacerlos más fuertes cada año, amenazando la salud de agricultores y consumidores”, agrega.
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Hermelinda ya está en Dallas, Texas. Cruzó el río Bravo que divide a México de Estados Unidos junto a sus tres hijos. Los puso en un neumático y se metió con los dos menores y luego los sacó. De ahí se aventó ella con el otro más grande. Uno de sus hijos cumplió sus cinco años en el trayecto. La madre de Hermelinda, Teófila, se quedó en Concepción de Oriente desde donde recuerda los sacrificios que su hija hacía junto a sus dos hermanos hacían a diario para poder cosechar algo del maíz sembrado. Hermelinda y sus hermanos son beneficiarios de los paquetes agrícolas.
—Ella me dijo que desearía tener un trabajo fijo para poderme ayudar a mí también porque yo soy viuda. Me decía que aquí no tenemos a nadie que nos pueda ayudar, solo nosotros al reventón de lo que hagamos. ¿A quién vamos a acudir? Yo no estaba de acuerdo pero si ella tomaba la decisión y tiene ese valor, pues Dios que la ayude y me ayude a mí también a ser valiente porque no es fácil tener a sus seres queridos lejos de aquí—, dice Teófila mientras espanta con una toallita una lágrima escurridiza.
Su voz se quiebra y sus ojos hacen agua al recordar a sus nietos a quienes hoy, gracias a la tecnología, puede ver por videollamadas cuando la señal de internet lo permite en ese remoto caserío.
Ella admite que las sequías actuales son más fuertes y que antes ‘daba gusto’ ver las quebradas llenas de agua. Esas épocas en las que ella junto a Hermelinda y sus dos hijos, cultivaban desde tempranas horas con la esperanza de tener una buena cosecha.
Admite además que los pesticidas y las semillas mejoradas que el gobierno le da en los paquetes agrícolas sí le ayudan y le facilitan el trabajo, pero reconoce que el uso de químicos puede estar detrás del cambio climático y sus consecuencias a la tierra en la que cultiva sueños.
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Historia de los paquetes agrícolas
La entrega paquetes agrícolas fue una política gubernamental impulsada por el expresidente salvadoreño, Elías Antonio Saca (2004-2009) cuyo objetivo era orientar la política agrícola para que trabajadores agrícolas mejoraran sus ingresos, y que el sector rural tuviera incidencia en las actividades productivas, y pudiese generar empleos y riqueza.
La iniciativa era encaminada a beneficiar a los pequeños productores familiares o agricultores de subsistencia. El último censo agropecuario realizado entre 2007 y 2008 según el MAG, en El Salvador hay 325, 044 pequeños productores o productores de subsistencia cuya característica principal es que consumen la mayor parte de lo que producen y venden el excedente de producción con el fin de suplir necesidades de subsistencia. Utiliza mano de obra familiar y su parcela no excede las tres hectáreas.
Lo ancestral como alternativa
Krisia Beltrán, técnica de la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES) señala que los paquetes agrícolas son una solución a mediano plazo que no contribuye a mejorar la soberanía alimentaria de la familia. Dice además que como población, se ha educado con cierta “comodidad” y que por ello la cultura agrícola espera que el gobierno le resuelva todo.
“Hemos llegado a un punto en la historia en la que estamos a la espera que el Estado nos solvente los problemas. Los medios siguen vendiendo la idea que las semillas mejoradas son mejores. Son medidas que el Estado toma para quedar bien con la población, porque en el tiempo de campaña eso ofrece y la gente contenta. Es una medida electorera y consumista”, dice Krisia.
Destaca que en cambio, usar semilla criolla o nativa, no solo contribuye a la salud de quienes la consumen pues se evita el consumo de químicos generadores de enfermedades, sino que además se cuida a la madre tierra.
La fundación REDES ha realizado la experiencia de rescate de semilla criolla en la comunidad El Roble en el municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán. La base de la alternativa criolla descansa en un santuario de semillas.
Esta iniciativa que inició en febrero y fue inaugurada en junio de 2019, ha beneficiado a cinco comunidades más al ser capacitados en resguardo y cuido de la semilla criolla, así como la concientización del cuido ambiental.
“Las personas han pasado por un proceso de formación en el que se les ha capacitado sobre cómo seleccionar la semilla, la diferencia entre semilla criolla, híbrida, hacerles conciencia de la situación ambiental y por qué rescatar lo propio. Además de métodos para el resguardo de semillas, culminando con un intercambio de semillas”, dice Krisia. Expresa también que no le pusieron “banco de semillas” para no repetir patrones de la educación capitalista, sino que le dan a la semilla el carácter de “sagrada”.
“Lo que se gasta en comprar la semilla, puede servir para hacer una campaña de educación para concientizar a la gente. Está demostrado que quienes sembraron semilla criolla, no fue tan drástica su pérdida como los que sembraron los paquetes agrícolas. Quizás se gaste unos dos años, pero el resultado será diferente”, agrega.
Rubén Quintanilla de MPGR también coincide en el uso de semilla criolla por encima de la mejorada o transgénica.
“Este tipo de semillas (mejorada) ya no sirve para cultivar. Cuando cosechas es para consumo. Por eso hablamos de los saberes ancestrales porque tienen que ver con resiliencia comunitaria. Todavía hay gente que tiene cultivo de maíz criollo porque después de la cosecha, se quedan con lo que venden y con un poquito de semilla para volver a cultivar. Eso no se puede hacer con la semilla mejorada”, dice Quintanilla.
En tanto Cintya Molina, la experta en gobernanza ambiental, tiene sus reservas sobre transitar a la semilla criolla como alternativa y adaptación al cambio climático, pues dice que debe pasar por una reeducación y cambio de cultura, puesto que los agricultores tienen en mente que es más cara la agricultura orgánica y contradice su forma de trabajo de abaratar los costos de producción.
“Para que suceda esta transición se necesita cultura, educación y una visión diferente en la forma de producir. Tal vez en este momento, a riesgo de parecer fatalista, el país no está preparado para transitar por este cambio, hay otros problemas igual de importantes y urgentes que también demandan recursos y atención; sin embargo, esto no significa que no se pueda comenzar a gestar la transición, nunca es tarde para iniciar un cambio en la forma de hacer las cosas”, expresa Molina.
Igual postura muestra Luis Treminio de Campo, quien afirma que el problema es que no hay capacidad para pasarnos a la producción orgánica. Se puede hacer en pequeñas parcelas y huertos, pero no una producción nacional.
“Por ejemplo para producir una manzana de maíz con abono orgánico, necesitas 280 quintales de abono a un precio de $4.00 dólares el más barato, no habrá capacidad de productores para compra de abono. La segunda limitante es el precio que se va a elevar el costo de producción. Al final, producir un quintal de maíz costaría unos $45 dólares, y lo vendes a $10. Actualmente producir un quintal cuesta $17 dólares y se vende a $10 dólares”, dice Treminio.
Asimismo, Ana Iris Martínez, economista y Gerente de Influencia, Campañas y Comunicación de Oxfam El Salvador, sostiene que los paquetes agrícolas no son una solución a largo plazo, y que, aunque alivian la economía de agricultores familiares, se debe repensar como una política estatal.
“En ese paquete, además de llevar un componente químico, se pudiera incorporar otro tipo de tecnologías más adecuadas a cambio climático de partes secas. Pudieran ser alternativas agroecológicas como las que muchos de los productores, sobre todo de agricultura familiar. Si lo queremos ver como una opción a largo plazo y como una política pública, podría rediseñarse”, opina.
Gobierno en silencio
Este medio insistió en la búsqueda de entrevistas tanto con el ministro de Agricultura saliente, Orestes Ortéz, como con las autoridades del nuevo gobierno que tomó posesión el 1 de junio pasado. Al cierre de esta nota, los equipos de prensa aseguraban que las nuevas autoridades no estaban dando entrevistas. Luego se buscó una entrevista con el Coordinador Nacional de Entrega de Insumos Agrícolas, Jorge Arévalo, pero el encargado de prensa no respondió a los correos de solicitud.
Asimismo, se buscó entrevistas con autoridades del Centro Nacional de Tecnología Agraria (CENTA) donde desarrollan las semillas mejoradas, pero sus encargados de prensa afirmaron no tener autorización para conceder entrevistas luego del cambio de gobierno.
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Teófila recuerda que quedó destrozada por sus nietos que lloraban por ella en un eterno abrazo de nostalgia cuando partieron esa fría madrugada de febrero.
—En su mochila solo llevaban su ropita pero en el camino se las botaron y llegaron con la única mudadita que les dejaron. Mi hija también. Llegaron solo con lo que llevaban puesto. Nosotros necesitamos ayuda, que nos den empleos para poder trabajar para sentirnos mejor. Para poder ganar aquí y no tener que salir a otro país—, dice Teófila, mirando al recuerdo de lo que una vez fue su familia unida, hoy, separada por el fantasma del cambio climático y la falta de recursos para enfrentarlo.
