Panamá tras los papers

El Gobierno implementó medidas drásticas para transparentar lo oscuro, pero las grandes firmas de abogados aún aprovechan un vacío legal sobre conflicto de intereses. El bufete del Ministro de la Presidencia obtuvo dieciséis contratos por más de un millón de dólares desde 2014. Diseño de leyes clave, asesorías y puestos estratégicos en todos los gabinetes: la marca del gremio en Panamá

Hasta hace dos años, Panamá era el país de las sociedades de papel, el dólar como moneda única y los 91 bancos privados facilitando operaciones. Y de firmas de abogados con filiales en lugares como Islas Vírgenes Británicas, Seychelles o Suiza, que arman redes infinitas de negocios y oportunidades que los millonarios del mundo saben aprovechar. Con la publicación de los Panamá Papers, algo de eso prometía cambiar.

El Gobierno finalmente se comprometió a revisar los papeles. El presidente Juan Carlos Varela nombró una comisión de expertos que tuvo dos bajas importantes y escandalosas, pero terminó con la publicación de un informe con sugerencias para transparentar el sistema financiero. Luego,  ordenó disolver sociedades anónimas con más de diez años sin uso, sancionó una ley para que las entidades mantengan registros contables y, lo más notorio, aceptó la norma sobre intercambio de información fiscal creada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que comenzará a regir en 2018. Pero hay cosas que no cambian.

Desde que asumió en julio de 2014, el Gobierno de Varela otorgó a la firma de su Ministro de la Presidencia dieciséis contratos por un monto de 1.404.679,34 dólares. El ministro de la Presidencia de Panamá es Álvaro Alemán y es socio de la firma Icaza, González–Ruiz y Alemán (IGRA). En diciembre de 2016, ocho meses después de los Panamá Papers, IGRA obtuvo una de sus asesorías más lucrativas con el Ministerio de Economía y Finanzas para orientar, justamente, sobre “la reestructuración del sistema financiero”, por 775.750 mil dólares.

Los Panama Papers habían revelado que el Ministro Asesor, donante de campaña y amigo íntimo del presidente de Panamá, Ramón Fonseca Mora, no era el único abogado panameño que se movía como pez en el agua entre el universo político y el offshore. La filtración mostró también que los principales negociadores y voceros diplomáticos del Istmo estaban metidos hasta la coronilla en el negocio de las empresas offshore desde sus firmas de abogados. Son algunos de los que pasan del sector privado al público para manejar desde el Estado cuestiones en las que tienen interés directo desde el sector privado.

En el actual Gobierno tanto el ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena Moreno, como Gian Castillero, asesor de Cancillería, aparecen en el listado de socios de Arias, Fábrega y Fábrega. Entre las especialidades del Ministro están la “planificación transfronteriza de bienes y estructuras de protección de activos, corporaciones, y servicios offshore”. La misma especialización que Castillero. El ministro de Economía, Dulcidio de la Guardia, era director financiero de Morgan & Morgan antes de asumir. Los grandes bufetes panameños continuaron gozando los beneficios del poder.

Mientras que países como Colombia y Costa Rica sancionaron leyes que regulan los conflictos de intereses para servidores públicos, en Panamá no existe norma: la puerta giratoria que permite entrar y salir de la vida pública a la privada, y viceversa, está abierta.

Por ese vacío legal se han colado socios de las principales firmas de abogados del Istmo desde los inicios del Estado, en 1903, hasta hoy. La mecánica es una tradición desde antes del nacimiento de la República. La historia de las relaciones entre poderosos bufetes y los gobiernos ha creado un tándem irrompible que se evidenció el los Panamá Papers, pero antecede y excede la megafiltración.

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Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalist (ICFJ), en alianza con CONNECTAS


 

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