Perú: acuerdo nacional sin consensos
Cuando se creían aplacadas las protestas y consolidada a la presidenta Dina Boluarte, la celebración de las fiestas patrias dio lugar a nuevas y duras protestas en Lima y otras regiones del Perú. Las demandas populares, que incluyen una asamblea constituyente, se enfrentan a una posición inmutable del Gobierno, mientras la tensión social crece.
Por Javier Bedía, miembro de #CONNECTASHub
Durante las últimas semanas de julio, la capital se vio atravesada de nuevo por manifestaciones masivas que demostraron que la situación política del país está lejos de estabilizarse. Las movilizaciones representan al 82% de la población que quiere elecciones adelantadas antes de 2026 y el 70% que pide hacer la consulta por una asamblea constituyente, todo según los últimos sondeos del Instituto de Estudios Peruanos. A pesar del respaldo mayoritario, desde el Gobierno estas, las principales exigencias de la calle, son criminalizadas y atribuidas a maquinaciones terroristas.
El cogobierno del Ejecutivo y el Congreso, con el 80 y 90% de desaprobación, respectivamente, se apoya en la fuerza de la Policía y el Ejército, y tiene el respaldo de los grupos de poder. Boluarte fue elegida vicepresidenta de Castillo, pero los sectores más conservadores, los que pidieron la vacancia de su antecesor desde el primer momento de su gestión, integran su gabinete. Y una inverosímil alianza de las bancadas de extrema derecha y el partido Perú Libre, de izquierda radical, bajo cuyas banderas Castillo ganó la presidencia, conforman la mesa directiva del Parlamento.
La Encuesta del @IEPeruanos confirma la creciente desaprobación del gobierno de #DinaBoluarte y podríamos decir que es irreversible. La evaluación de su intervención en la emergencia es negativa y no los recursos que anuncia destinar a Punche Perú revierte el rechazo ciudadano. pic.twitter.com/nT7sGWFcXF
— Anahi Durand Guevara (@AnahiDurandG) March 27, 2023
En efecto, la captura del Estado por los poderes económicos, cuando sus intereses y representantes no triunfan en las urnas, es un hecho recurrente en la historia reciente de un país que cuenta seis presidentes entre 2016 y 2022. “El principio democrático es inexistente en el Perú. Los partidos son de la oligarquía o se asimilan a ella, y coinciden en sus métodos represivos. (…) La ciudadanía no es para las mayorías sociales (…). La democracia y el heroísmo en el Perú tienen rostro militar”, observa el analista Silvio Rendón.
En su relato negacionista, la bancada fujimorista propone declarar a las personas fallecidas en el estallido como víctimas del terrorismo. “Podrían considerarse actos terroristas las acciones perpetradas en las marchas realizadas entre diciembre de 2022 y enero de 2023”, indica el proyecto legislativo. Esto a pesar de que informes de organismos internacionales de derechos humanos señalan que la mayoría de esas muertes, por balas de la Policía y proyectiles de armas de guerra, fueron producto de un “racismo letal” y califican como ejecuciones extrajudiciales.
“Un país donde disparan por protestar es una dictadura, la toma de Lima es la toma de la democracia, es para recuperar la democracia que nos está robando Dina Boluarte y los poderes de siempre”, expresa una manifestante aymara de Puno en el Centro de Lima. El pueblo percibe que vive en una democracia secuestrada, manipulada por intereses detrás de Boluarte, que no representan a las mayorías fuera de Lima.
La percepción del autoritarismo es clara: el 49% cree que el Perú no es una democracia, según esos mismos sondeos. ¿Cómo podría la sociedad peruana afrontar este escenario? “El adelanto de las elecciones generales es el único mecanismo legal, legítimo, razonable y factible para que la crisis política no empeore, llevándonos a un desastre generalizado en que prime la violencia, la exclusión, la incompatibilidad, el odio y el no diálogo entre peruanos”, señala el analista Alfredo Quintanilla.
Diálogo con más policías
Esa violencia que vuelve a confrontar a la sociedad peruana, bajo otras formas. “El régimen de Dina Boluarte entra a reprimir con sangre, heridos y muertos. Muertes anunciadas, más de una vez, ejecutadas banalmente y pasadas por alto con total impunidad. Ese es el retorno del terrorismo de Estado, preparado tras dos décadas de blindajes, campañas psico-sociales, negación de hechos, revisión de la historia, criminalización de la protesta social y más”, añade Rendón.
Muchos sectores ponen en duda la capacidad de diálogo del gobierno justo cuando presenta un proyecto para crear la Policía del Orden y Seguridad, una nueva categoría de la institución integrada con agentes que serán capacitados en seis meses y con miembros retirados de las Fuerzas Armadas. La propuesta, que el Congreso aprobaría en los próximos 120 días, genera desconfianza por tratarse de una de las instituciones más desprestigiadas. Los movimientos sociales advierten que se trataría de una unidad militarizada y utilizada con fines políticos.
#27J | Durante las manifestaciones en la Plaza de Armas de #Arequipa, joven imitó a Dina Boluarte vestida de la ‘Barbie dictadora’. pic.twitter.com/HouQwCyGeb
— El Búho🦉 (@elbuho_pe) July 28, 2023
En las calles, las voces organizadas piensan más allá de Boluarte y de las nuevas elecciones. Son conscientes de que hasta el supuestamente radical Perú Libre ahora forma parte de ese establecimiento político que rechazan. Por eso, sin que hayan aparecido líderes claros, no creen en el diálogo propuesto desde el Palacio de Gobierno y no se transan por nada menor que el cambio de Constitución. Las regiones de mayorías quechuas y aymaras, donde existen los niveles más altos de desigualdad, respaldan casi unánimemente esa idea.
La posición cobra coherencia entre las organizaciones sociales y en el debate académico, pero la bandera de convocar la asamblea constituyente aún no se materializa como una agenda con rostros y actores definidos. “En el sur, nosotros planteamos que lo más importante no es el adelanto de elecciones, no podemos apuntar a cambiar personas. Con la misma constitución, régimen, cuadros, lobbies, no se cambia nada. No debe ser la máxima aspiración del pueblo el adelanto de elecciones, el pueblo debe organizarse para hacer una lucha política por el cambio de la constitución”, subraya el sociólogo Roberto Huaraca.
Boluarte recibe manifestaciones de rechazo en las contadas actividades públicas en que participa. Su reciente paso discreto por la región sureña de Arequipa motivó respuestas de esa zona del país, el epicentro de las protestas. Desde Puno se anunció una jornada de lucha para el 12 de octubre, como fecha simbólica. Los movimientos sociales rechazarán el anunciado acuerdo nacional, del que no se conocen los interlocutores ni su representatividad.
Resistida por mandatarios de algunos países, como México, y recibida recientemente por diplomacia en la Cumbre Amazónica celebrada en Brasil, Boluarte tiene un destino político incierto en un escenario en el que, desde sus mismos aliados ultraconservadores, se desliza la posibilidad de adelantar elecciones. Gobernar a favor de esos intereses y de espaldas a la población, con batallones de policías en las calles, parecería ser la opción de Dina Boluarte si no quiere seguirle los pasos a Pedro Castillo. Pero en ese panorama, el futuro puede encerrar nuevos peligros.