Segunda de tres entregas.
José Antonio Vega contaba con apenas 17 años cuando cayó víctima de una mina antipersonal, durante un combate en el norte de Nicaragua, mientras cumplía su Servicio Militar. Le amputaron la pierna izquierda, a la altura de la rodilla, y recientemente tuvo que comprarle a un vecino el pie usado de la prótesis en C$250.00 córdobas (US$9,25 al tipo de cambio oficial), porque el suyo se le quebró por completo.
“Por suerte calza igual que yo”, dice riéndose. Talla 39. Si hubiera comprado nuevo el pie izquierdo de la prótesis, calcula que le habría costado entre US$80 a US$100 y no habría podido adquirirlo ya que está desempleado desde hace más de tres años.
“Me mantengo con una pensión de discapacitado de guerra y con el apoyo de mi esposa, ella es enfermera militar. Yo podría trabajar de recepcionista, de seguridad o en mantenimiento. Anduve buscando trabajo dos años pero es difícil, si ni el mismo gobierno te da trabajo, menos la empresa privada”, lamenta Vega.
En Nicaragua está vigente la Ley 202, que se llama “Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad”, la cual establece que las empresas públicas y privadas, con nóminas entre 10 a más de 100 trabajadores, deberán de contratar entre el 10% al 12% de la planilla con personas que tengan el carácter de excombatientes y colaboradores.
Sin embargo, para muestra un botón. En el año 2010, el estado de Nicaragua a través de la Procuraduría de Derechos Humanos realizó un “Informe de Fiscalización al cumplimiento del derecho al trabajo digno de las personas con discapacidad en las instituciones del Estado”, y confirmó que menos del 1% de los empleados públicos contratados correspondían a personas con discapacidad.
“Del total de trabajadoras y trabajadores activos de las instituciones fiscalizadas (35.620 trabajadores), solamente 322 son personas con discapacidad, es decir el 0,9%, lo que indica que las mismas no cumplen con lo establecido en la “Ley 202 de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades”, de contratar a una persona con discapacidad por cada cincuenta contratadas en planilla”, refiere el informe de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Vega, ahora de 46 años, vive en el barrio capitalino “Tierra prometida”, al sur oriente de Managua, en una pequeña vivienda de concreto que levantó con el dinero ahorrado en casi 20 años que laboró en las empresas de zona franca del ramo textil vestuario, donde se desempeñó como operario.
“En la maquila trabajé casi 20 años, haciendo pantalones, y nunca tuve problemas. En 2011 fue mi último año de trabajo, mi último salario fue de C$12.000 córdobas (equivalente a US$523,30 al cambio oficial) más las horas extras, que me quedaba haciendo para devengar más”, refiere Vega.
Hoy sin embargo, al estar desempleado, sólo cuenta con la pensión correspondiente a discapacitado de guerra, la cual suma alrededor de C$2.100 córdobas mensuales, cifra equivalente a unos US$78.00 mensuales.
De acuerdo a datos proporcionados en el sitio web del Ministerio del Trabajo, el valor de la canasta básica en el país, integrada por 53 productos, suma C$12.333.02 a julio de 2015, equivalente a casi US$460.00. Este valor incluye alimentos, vestuario, gastos del hogar, etcétera.
En 2007-2008, Vega se incorporó al programa de Asistencia a Víctimas, que impulsó el Programa de Asistencia a la Acción Integral contra las Minas (PADCA), de la Organización de Estados Americanos (OEA).
De acuerdo a cifras oficiales, el Programa de la OEA logró atender a 1.211 sobrevivientes de minas antipersonales en Nicaragua, el país más minado de la región centroamericana, debido al conflicto armado librado entre sandinistas y Contras en los años 80. Tras 21 años de desminado, el Ejército de Nicaragua con apoyo internacional logró destruir 179.970 minas y 2.034.190 artefactos explosivos colocados a lo largo y ancho del territorio nacional.
Dentro del programa de la OEA, se les proporcionó prótesis, sillas de ruedas, atención médica especializada, rehabilitación física y emocional, etcétera. También incorporó a 491 sobrevivientes al programa de Reintegración Social, entre los años 2002-2009, brindándoles capacitación técnica y fondos semilla para microproyectos.
Con el programa de Asistencia a Víctimas de la OEA, Vega estudió mecánica y electrónica industrial, especialidad en la que se desempeñó a lo largo de nueve años, hasta el momento del accidente de tránsito en 2011. “Trabajo con talleres, para algún jefe de área que necesite un mecánico”.
Tras resultar atropellado, el médico jefe de Ortopedia del Hospital capitalino “Manolo Morales” le diagnosticó que tendrá que someterse a una re-amputación arriba, ya que la platina ensanchó la rodilla y la prótesis comienza a molestarle. De ser así, tendrá que operarse una vez más y someterse luego a una rehabilitación prolongada y dolorosa.
Este artículo fue realizado por Estrategia y Negocios, y es republicado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS.
De zapador a víctima
Contrario a José Antonio Vega, Oswaldo Danilo Mairena no cumplía el Servicio Militar cuando la mina personal explotó, causándole quemaduras y la amputación de una de sus piernas. El era el Especialista número 1 en explosivos en el Ejército de Nicaragua, ya que se preparó en Ingeniería Militar en Cuba, en los primeros años de la Revolución Sandinista (1979-1990).
Mairena, de 56 años, usa una frase ilustrativa para describir el momento de su accidente, al pisar una mina PMN2 oculta entre las piedras. “Ese día, sentí que el sol chocó con la tierra, por el grado de calor”. Asegura que su cuerpo resultó tan quemado que cuando su esposa llegó a verlo al hospital donde convalecía, no lo reconoció.
Fue el 21 de abril de 1991. En calidad de Especialista número 1 en explosivos en el Ejército de Nicaragua, Mairena, con rango de Teniente primero, recibió la orden de trasladarse al sector de El Madroño, departamento de Matagalpa, para observar el desminado de unas torres de comunicación y determinar cómo se podía exponer menos a los zapadores. Trabajaban en ese entonces sin cooperación técnica externa y prácticamente con las uñas.
Al concluir las labores, Mairena regresaba de bañarse en el río, detrás del resto de compañeros zapadores, cuando trastabilló, sintió que se fue en un agujero y al inclinarse, accionó la mina PMN2 fabricada en la desaparecida Unión Soviética. Esta mina estaba cubierta de baquelita, por tanto no podía ser detectada por los detectores ferromagnéticos utilizados entonces por el Ejército.
Lo evacuaron a bordo de un jeep ruso, marca UAZ. Posteriormente supo que esa mina antipersonal, ubicada para proteger las torres de comunicación y de transmisión de un probable sabotaje económico de la Contra, durante el conflicto armado de los años 80, seguramente fue arrastrada por las lluvias y quedó oculta entre las rocas.
El resumen clínico de su caso, extendido por los médicos militares el 19 de junio de 1991, refiere lo siguiente: “Herida cara interna de muslo +- 10 cm de longitud, amputación traumática de pierna izquierda a nivel del 1/3 medio, se maneja con lavado quirúrgico y debridamiento de urgencia y antibióticoterapia, dejando muñón abierto”.
El 26 de abril, cuatro días después, confirman que se realizó el cierre de muñón de la pierna izquierda y de la herida del muslo derecho, quedando pendiente la elaboración de la prótesis. Del hospital pasó a una clínica de recuperación y ese mismo año (en 1991), el Ejército de Nicaragua le dio de baja y pasó como Teniente primero en retiro. Le otorgaron entonces una pensión de C$156 córdobas, equivalente a US$35.00 de acuerdo al cambio oficial de esa fecha.
Hoy, las autoridades del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) la han elevado a C$1.700 córdobas (unos US$63.00 al cambio oficial actual), sin embargo tiene que mandar a comprar un gel al exterior, que cuesta US$44,50 cada uno, para untárselo por las mañanas y prevenir así una infección y el mal olor. Además, ha mandado a comprar unas medias suaves, protésicas, para cubrirse el muñón y colocarse la prótesis.
“Necesito mejores protectores que éstos”, señala, pero cuestan US$200 cada uno y no ha reunido esa suma en calidad de electricista domiciliar, oficio que aprendió con las iniciativas de capacitación que desarrolló el programa de Asistencia a Víctimas de la OEA. Con esos conocimientos, él mismo desarrolló el sistema eléctrico en su vivienda de la colonia “Miguel Bonilla” y realiza trabajos por encargo.
El programa de la OEA también le proporcionó asistencia oftalmológica y autorizó que le hicieran una prótesis, en octubre del año 2008. La proforma extendida por la Fundación para la Rehabilitación Walking Unidos, del Programa Capacidades Diferentes (FURWUS-CAPADIFE), refiere que la elaboración de una prótesis transtibial izquierda alcanza la suma de US$360.
Dos años atrás, el INSS le autorizó una nueva prótesis y aquello resultó un calvario burocrático. Primero tuvo que ir al Hospital de Rehabilitación “Aldo Chavarría” para que lo revisaran y le extendieran una epicrisis; segundo, se dirigió a la Farmacia Bolívar, del INSS, para entregarla junto con la documentación de discapacitado de guerra; tercero, esperó que las autoridades del INSS aprobaran su solicitud; cuarto, recogió la orden de elaboración para llevarla a una empresa proveedora de servicios de prótesis y; finalmente, esperó que la elaboraran. Eso le llevó varios meses de espera.
“Antes, con la OEA, si se me quebraba el pie, iba a pedir la orden, la llevaba al Hospital Aldo Chavarría y lo elaboraban entre 5 a 10 días. Ahora, he estado hasta 6 meses con el pie quebrado, y me pregunto, ¿cómo va a trabajar una persona así? Lo que demandamos es que nos brinden la atención que requerimos, una atención personalizada”, insiste Mairena.
Cubriendo el pie quebrado con tape
Pedro Ramón Loáisiga está vivo porque lo creyeron muerto y no lo remataron. El 14 de septiembre de 1986, a los 21 años, “El Chino” como le llamaban sus compañeros del Servicio Militar, viajaba en el penúltimo camión IFA del batallón irregular “Juan Pablo Umanzor”, cuando estalló una mina anti-tanque y el vehículo saltó por los aires. De los 35 muchachos, 25 murieron y el resto quedaron lisiados.
El quedó tendido, boca abajo, sangrante, oyendo levemente y sin poder hablar. Horas después, sintió que lo agarraron y lo montaron sobre un camión IFA del Ejército, junto a los cadáveres de sus compañeros. Se quejó y uno de los compañeros, al que le decían “El Enano”, lo escuchó y dijo claramente: “Loco, si está vivo El Chino”, así que lo sacaron del vehículo y lo trasladaron a un helicóptero que lo llevó primero a Pantasma y luego al Hospital de Campaña de Apanás, en Jinotega.
Pasó recuperándose tres meses en el hospital de campaña, después en el Hospital Militar “Alejandro Dávila Bolaños” en Managua y, finalmente en el Hospital de Rehabilitación “Aldo Chavarría”, donde le fabricaron su primera prótesis.
“Me ayudó bastante la ayuda psicológica para adaptarme, me fui adaptando a estar sin mi pierna izquierda. Me casé, tuve mis hijos, me bachilleré, pero no pude seguir estudiando. Trabajé informalmente, hasta que surgió una oportunidad de aprender cerámica en 1991”, relata Lóaisiga.
Especialistas de Alemania los capacitaron, acompañados de unos artesanos de San Juan de Oriente, cuna de la artesanía nacional, y fundaron luego el Taller “Cerámica por la Paz”, integrado sobre todo por discapacitados nicaragüenses. El proyecto marchó bien entre 1991-1996, a tal punto que con el terreno donado por los alemanes y los ahorros recogidos, Lóaisiga logró construir su vivienda en el sector de Vista Hermosa, en la occidental de la capital.
Pero a partir de 1997, tras el retiro de los cooperantes alemanes, el Taller de Cerámica se vino a pique paulatinamente hasta que cerró operaciones. Lóaisiga optó por separarse y levantar su taller de cerámica artesanal, horneando las piezas de barro en un barril. Hasta que surgió la oportunidad de incorporarse al programa de Asistencia a Víctimas de la OEA y lo incorporaron a un curso de Pequeños Negocios.
Tras egresar, obtuvo un capital semilla por US$900, del mismo Programa de la OEA y, compró un horno de gas butano, que representó un vuelco en su vida laboral. Con éste puede quemar hasta 100 piezas de barro en cuestión de horas, mientras antes –con el barril—invertía una semana en ese trajín, quemando de diez en diez. Eso representa menos desgaste físico y menores costos de producción.
“Trabajo piezas para floristerías, para colocar los arreglos florales, y tengo cinco o seis negocios entre mis clientes. Yo trabajo por encargo, porque de nada me sirve tener un montón de productos que no se me van a mover”, afirma.
Dada su lesión, Lóaisiga recibe una pensión de discapacitado de guerra por un monto de C$2.800 córdobas, equivalente a un poco más de US$100. Destaca que a raíz del gobierno de Daniel Ortega, esta pensión otorgada por el INSS aumentó en más del 100%. No obstante, reclama que reciben una atención médica deficiente.
“Con la OEA, la atención médica era muy diferente, llegábamos con el pie quebrado y de inmediato nos giraban una orden para ir al Hospital Aldo Chavarría, pasábamos con los especialistas y atendían nuestra solicitud de inmediato. Pero ahora, me ha tocado andar hasta un mes con el pie quebrado, cubierto de tape”, asegura.
En cuanto a la atención médica especializada, él ha solicitado ser atendido por un médico internista, sin embargo primero tuvo que pasar con un médico general en el Centro de Salud de Ciudad Sandino, al occidente de Managua, y luego rogarle a éste para que lo remitiera con el especialista y que le extendiera un Epicrisis.
“Casi todas las víctimas de guerra, que fuimos cumplidores del Servicio Militar, estamos llegando o sobrepasando los 50 años, y empezamos a padecer de nuevas enfermedades, así que debemos recibir atención especializada, igual que los jubilados o los afiliados al INSS. Yo sé de muchos compañeros que han fallecido por falta de atención médica especializada”, concluye Loáisiga.
ORD Jalapa atiende a 94 víctimas de minas
Jalapa, ubicado a 300 kilómetros de la capital, fronterizo con Honduras, fue quizás el municipio más minado en todo el país, ya que de ahí se removieron 8.427 minas antipersonales y antivehículos, entre 2002 y 2010. En esa zona funciona la Organización de Revolucionarios Discapacitados (ORD) “Ernesto Ché Guevara”.
La ORD Jalapa, organismo no gubernamental, se fundó en 1983 y comenzó primero atendiendo sólo a excombatientes sandinistas, pero luego reformó sus estatutos y en la actualidad vela por los derechos de 156 excombatientes de ambos bandos del conflicto –sandinistas y contras—de los cuales 94 son víctimas de minas.
“Nosotros somos atendidos por el Ministerio de Salud (MINSA), pero hemos luchado por tener una atención especializada, incluso en el aspecto psicológico, pero no ha sido posible por las limitaciones que hay de personal especializado en los hospitales y por el abandono en que viven los retirados del Ejército”, asegura William Cali, quien está el frente de esa organización.
En el Centro de Salud de Jalapa no hay médicos especializados, por tanto tendrían que ser referidos al Hospital de Ocotal, la cabecera departamental ubicada a más de 70 kilómetros de Jalapa. Las prótesis son otro tema, que resuelven por la vía del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Cualquier solicitud de reposición o de reparación debe canalizarse a través de la delegación municipal, departamental y la sede central.
“Las prótesis son una obligación del gobierno, pero es una burocracia tremenda para que te la den. Teníamos un caso aquí (en Jalapa), se hicieron gestiones y resulta que llegaron 3 años y no le dieron respuesta”, ejemplifica.
En total llegaron a sumar 30 casos de compañeros con las prótesis en mal estado, afectando sus labores cotidianas. Con el apoyo de una brigada estadounidense lograron conseguir como donativo 30 prótesis transfemoral y transtibial, resolviéndole a la mayoría de las víctimas de guerra. Quedan tres pendientes de solución.
En el caso de la pensión por Discapacitados de Guerra, Cali asegura que en los gobiernos que estuvieron entre 1990 y 2006 la pensión máxima alcanzaba los C$750 córdobas (alrededor de US$89 al cambio oficial de 1996), pero con el gobierno de Daniel Ortega se ha elevado a un techo máximo de C$2.850 córdobas (equivalente a unos US$105 al cambio oficial actual). Además se reajusta anualmente de acuerdo al deslizamiento de la moneda.
El presidente de la ORD Jalapa asegura que unos 40 compañeros víctimas de guerra tenían pensiones bajísimas, y gracias al diálogo establecido entre las organizaciones de discapacitados y el gobierno, se logró que la Comisión Médica Central del INSS visitara Jalapa, examinara sus casos y reevaluaran esas pensiones.
“Para esos casos hemos tenido receptividad”, dice satisfecho Cali.
INSS debe agilizar los procesos
Sergio Castellón es el director ejecutivo de la Fundación Walking Unidos, un organismo sin fines de lucro que funge como proveedora de servicios de prótesis y de órtesis en los departamentos de Managua y de León. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se ha transformado en los últimos tres años en su principal cliente, ya que el 70% de la facturación corresponden a trabajos realizados para esa ente autónomo.
“Nosotros históricamente hemos hecho 500 prótesis al año y unas 600 órtesis, en los dos programas nuestros, el de León y de Managua, para todas las causas y todos los tipos de discapacidad”, refiere Castellón.
En los últimos años nota que se ha registrado un giro en la demanda de las prótesis y órtesis. En el pasado provenía de las víctimas de minas y del programa de Asistencia de la OEA, pero ahora corresponden a víctimas de accidentes de tránsito (motorizados), enfermos de diabetes que han sufrido amputaciones y por último, víctimas de minas.
Castellón valora que ahora, debido al trámite burocrático, las víctimas de minas prefieren cambiar la prótesis el mayor tiempo posible, hasta que ya no aguantan. “El estado puede mejorar y agilizar el proceso, consolidar la base de datos que ellos manejan por departamento del país. Ellos saben quiénes son discapacitados de guerra y cuándo van a requerir cambiar de prótesis. Ellos, el INSS, pueden mejorar las cosas”, concluye.
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