Todos fueron detenidos entre el 28 de mayo y el 22 de noviembre del año pasado, y se sumaron a los más de 120 presos políticos que ya permanecían en las distintas cárceles del país. Con las detenciones, aceleradas tras las protestas sociales que jaquearon su régimen en abril de 2018, Ortega se garantizó la victoria electoral en noviembre pasado y su cuarto mandato consecutivo, esta vez con su esposa Rosario Murillo como “co-presidenta”, una figura que no existe en la Constitución nicaragüense. Entre los dirigentes sociales, políticos y periodistas encarcelados estaban siete candidatos presidenciales opositores y algunos antiguos compañeros de Ortega en la larga lucha contra la dictadura de los Somoza.

El líder sandinista, que gobierna el país con mano de hierro desde 2007, pretende así eternizar en el poder a su familia (sus numerosos hijos también son parte del gobierno) aprovechando el control que mantiene sobre todas las instituciones del Estado, incluido el Poder Judicial y el Ministerio Público. Esto le garantiza la condena a los dirigentes sociales, políticos y periodistas detenidos, para lo cual ha elegido a un reducido grupo de jueces y fiscales. Una tarea que se enmarca en la manipulación del sistema judicial a la que el gobierno de Ortega apeló para criminalizar a la disidencia nicaragüense, como ya contó anteriormente CONNECTAS.

Los magistrados que ahora se ocupan de hacer este “trabajo sucio” comparten denominadores comunes: la lealtad al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y que son prácticamente desconocidos ante la opinión pública. Además, según colegas consultados por CONNECTAS, son familiares o “apadrinados” de algunos de los magistrados que desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dominada por el oficialismo, garantizan que cumplan las órdenes del régimen que gobierna Nicaragua.

Del grupo más reciente de detenidos políticos, 37 permanecen en las celdas del Complejo de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “El Nuevo Chipote”, y otros cuatro están con arresto domiciliar. Además, hay diez que fueron trasladados directamente a las cárceles del Sistema Penitenciario acusados por divulgar noticias falsas. De estos últimos, dos fueron condenados en los últimos días: Donald Margarito Alvarenga Mendoza, de 56 años, recibió 12 años de cárcel por la jueza Rosa Velia Baca Cardoza, del Primero de Distrito Penal de Juicio de Chinandega, ciudad ubicada al occidente del país; y Douglas Alfredo Cerros Lanzas, de 53 años, fue declarado culpable por la jueza Verónica Fiallos Moncada, titular del Juzgado de Distrito Penal de Juicios de la ciudad de Ocotal, Nueva Segovia (al norte del país), quien aún no le dicta sentencia.

El resto de los presos están siendo juzgados en esta nueva etapa de los juicios que comenzó el 1 de febrero en El Nuevo Chipote. Esto a pesar del mandato constitucional de que deben efectuarse en la sede donde se asiente el juzgado. Esta decisión les garantiza a jueces y fiscales cierto anonimato, pues al no permitirse el acceso a los medios de comunicación, no hay imágenes de ellos. Hasta ahora solo se conocen sus nombres, pero ni una sola foto.

Y de las audiencias como de los fallos –siempre de culpabilidad- tampoco trasciende mucho, como parte del oscurantismo en el que se ha sumido el sistema judicial de Nicaragua. La plataforma en línea que debería reflejar esa información no está accesible y de algunos juicios incluso no se supo nada hasta que ya habían empezado.

Los desconocidos que condenan en juicios secretos

En el primer juicio, que duró unas ocho horas en lugar de los diez días que establece el Código Procesal Penal (CPP) vigente en Nicaragua, la jueza décimo tercera penal de juicios, Ulisa Yahoska Tapia Silva, declaró culpables a los dirigentes opositores Yaser Muhamar Vado, de 26 años, y Yader Parajón, de 31. Ella también lleva el caso del detenido excanciller de la República Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años. 

Pese a convocar un juicio oral y público como establece el CPP, la jueza no permitió el ingreso de nadie; ni siquiera de los padres de los acusados. Antes de este juicio se sabía muy poco de su carrera judicial, incluso en internet hay muy poca información disponible. La única referencia previa es una nota de agosto de 2021 sobre la recaudación de pensiones alimenticias en Ticuantepe, municipio ubicado a 18 kilómetros de la capital nicaragüense, donde ella estaba a cargo del juzgado único.

De su época de estudiante, algunos de sus colegas consultados por CONNECTAS recuerdan a Tapia Silva como una joven tímida y con algunos complejos, que llegó a la capital a estudiar derecho. Pero no les sorprende su ascenso ya que –dicen- siempre fue evidente su disciplina partidaria. Es decir, su obediencia al sandinismo y al régimen de Ortega.

Esa actitud interpretan es la que la magistrada repitió al actuar en otros dos juicios a presos políticos: el lunes 7 de febrero, en un juicio de menos de ocho horas, declaró culpable por el delito de “menoscabo a la integridad nacional” a Suyén Barahona Cuan, feminista y presidenta de Unamos (antes Movimiento Renovador Sandinista, MRS), que fue apresada el 13 de junio de 2021 y permanece en El Nuevo Chipote. La fiscalía pidió 15 años de cárcel para ella más la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Y este martes 8 condenó con el mismo delito al excanciller de la República Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años.

Pero la saga de los juicios contra opositores en Nicaragua había continuado el 2 de febrero. Ese día el juez noveno de distrito penal de juicios, Luden Martín Quiroz García, declaró culpable a la feminista Ana Margarita Vijil Gurdián, una dirigente de Unamos (antes Movimiento Renovador Sandinista, MRS) que recibió una condena a 10 años de prisión. La presión de la familia para ingresar al proceso fue tan fuerte que a partir de ese día permiten que hasta dos familiares del acusado presencien el juicio.

Con esta pequeña concesión pero el mismo oscurantismo (sin presencia de medios ni público), dos días después el mismo juez declaró culpable a la diputada liberal destituida María Fernanda Flores, esposa del ex presidente Arnoldo Alemán. Ella permanecía en arresto domiciliar y también fue juzgada en El Nuevo Chipote. 

Pero no fue este el último servicio que el magistrado Quiroz García le hizo a Ortega: este martes 8 de febrero condenó al periodista Miguel Mendoza por por el supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional”. Para el detenido la fiscalía solicitó nueve 9 años de prisión. El mismo juez lleva además los casos de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios (en arresto domiciliar), de su hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios y de Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez, estos tres últimos empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que presidía Cristiana.

De la carrera judicial de Quiroz García también se conoce poco. Empezó hace pocos años, en 2016, trabajando en un juzgado laboral. Pero desde la crisis sociopolítica que estalló en 2018 ha estado vinculado a las decisiones del régimen de Ortega. En septiembre de 2020 ejecutó el embargo contra el canal 12 de televisión ordenado por la Dirección General de Ingresos por supuestas anomalías en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta (IR) que esa empresa presentó entre 2011 y 2013. Y en 2021 acaparó los titulares de los medios de comunicación al imponer la pena mínima a un hombre que mató a cuchilladas a su vecino. 

Dos presos célebres, dos jueces obedientes

Mientras tanto, el 3 de febrero entró en acción otro de los jueces elegidos por el régimen nicaragüense para darle un marco legal a la persecución contra sus opositores: Ángel JeanCarlos Fernández González, cuarto del distrito penal de juicios. Su nombre resonó más fuerte que el de sus colegas antes mencionados porque declaró culpable nada menos que a Dora María Téllez, la histórica comandante guerrillera célebre por su participación en la toma del Palacio Nacional de Nicaragua en 1978, operación sandinista para liberar a unos cincuenta presos políticos de la dictadura de Anastasio Somoza.

Hasta hace muy poco Fernández González era juez suplente. También se le conoce su faceta de profesor: ha dado clases en la privada Universidad Católica (Unica), donde estudió y se graduó. Algunos de sus colegas consultados lo describen como un hombre muy caballeroso y educado; incluso, dicen que en juicios anteriores más de una vez se disculpó por no apegarse a la ley. 

Pero no lo hizo cuando decidió sumarse ahora a lo que gran parte de la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos como el CENIDH nicaragüense califican como una farsa judicial. Sordo ante estos y otros reclamos de respeto a los derechos de los detenidos, próximamente Fernández González juzgará al comandante guerrillero y excanciller de Nicaragua Víctor Hugo Tinoco.

Mientras este magistrado condenaba a Tellez, la famosa ex guerrillera de 66 años, en otro juicio Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, jueza segunda de distrito penal de juicios, sentenciaba a Lesther Alemán, el dirigente estudiantil que saltó a la fama en mayo de 2018 al tomar la palabra para exigirle en persona la renuncia a Ortega durante una sesión del diálogo nacional que se transmitía por cadena de radio y televisión. Aquella vez el joven también le exigió detener la represión que dejó más de trescientos muertos, decenas de heridos, cientos de encarcelados y miles de exiliados.

La condena a Lesther Alemán trajo de regreso a la mente de muchos la frase “ríndase ante este pueblo”, que el dirigente estudiantil le gritó a Ortega mientras lo miraba fijamente a los ojos. A criterio de los abogados, el fiscal le cobró caro esas palabras al líder y fundador de Alianza Universitaria Nicaragüense, ya que las usó como prueba del supuesto delito por el que lo condenaron ahora: “conspiración para cometer actos en menoscabo de la integridad nacional’, el mismo de Dora María Tellez. La madre de Alemán relató que el fiscal le ordenó a Tardencilla Rodríguez que durante el juicio no permitiera la intervención del acusado ni de su abogado defensor. Ante la petición, la jueza le dijo a Lesther que aunque era su derecho, tenía prohibido hablar.

Por esta y otras actuaciones de los fiscales del Ministerio Público, los abogados y defensores de derechos humanos consideran que ellos comparten responsabilidad con los jueces en estas condenas a los presos políticos del régimen Ortega-Murillo. 

Los fiscales, increíblemente, han utilizado como pruebas contra los opositores supuestos tuits y otras publicaciones en redes sociales, mensajes de Whatsapp y entrevistas brindadas a medios de comunicación. Además, los únicos testigos de los juicios han sido policías. Esas son las “pruebas” que han servido para condenar a los acusados, para los que piden entre 8 y 15 años de cárcel y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.  

Lo curioso es que el secretismo de estos cuestionables procesos judiciales incluye a los fiscales: hasta ahora no ha sido posible conocer el nombre de ninguno de los que ha participado en los juicios realizados recientemente. Sin embargo, los abogados defensores aseguran que el Ministerio Público sigue el mismo patrón que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que a pesar de tener una lista de once magistrados para sortear los casos, los de los presos políticos caen siempre en los mismos cinco jueces.

Incluso, dicen que hasta hace poco existía una fiscal que coordinaba estos juicios, pero que ahora por realizarse fuera de los juzgados es imposible saber si se mantiene esta coordinación.

Jueza e hija de un aliado de Ortega

Un día después de condenar a Alemán, el 4 de febrero la jueza Tardencilla Rodríguez declaró culpable de “menoscabo a la integridad nacional” al periodista y ex aspirante a la candidatura presidencial Miguel Mora. Una de las pruebas presentadas para sustentar la condena fue el retuit que le dio a un mensaje en Twitter del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, una de las voces internacionales que más combate a Daniel Ortega.

La carrera judicial de Tardencilla Rodríguez -quien próximamente juzgará a otro dirigente estudiantil, Max Jérez- es muy reciente, ya que se inició hace solo un año. Fue juramentada en febrero de 2021 para ocupar el cargo que dejó vacante la jueza Adela Cardoza (que fue ascendida a Magistrada de Apelaciones). Cardoza fue la encargada de juzgar y condenar a los presos políticos durante la primera fase de represión entre 2019 y 2020.

Según publicaciones periodísticas, Tardencilla Rodríguez es hija de un eterno aliado de Ortega, el guerrillero Orlando José Tardencilla, exdiputado nombrado recientemente ministro consejero con funciones consulares en la Embajada de Nicaragua en Ginebra, Suiza. 

El quinto magistrado encargado de la tarea de condenar a los presos políticos del régimen nicaragüense es Félix Ernesto Salmerón Moreno, juez quinto penal de juicios. Originario de la provincia de León, tiene una carrera judicial más larga que sus colegas. En 2011 fue ascendido a jefe de la oficina de tramitación local penal de género, donde por casi tres años fue secretario. 

Su especialidad es la violencia de género y sus colegas y excompañeros de labores lo describen como un hombre agradable y educado, amante de su profesión. Por eso, lamentan la posición que ha asumido en estos juicios. 

Salmerón Moreno lleva los casos y estará a cargo de los juicios contra los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz; de las dirigentes sociales Violeta Granera y Tamara Dávila; del exdiputado liberal José Pallaís; del ex comandante guerrillero Hugo Torres Jiménez; y del expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.

“El patrón es el mismo, estos reos son condenados a priori, los llaman delincuentes desde que inicia el proceso -aseguró a CONNECTAS Yonarqui Martínez, asesora legal del comité de madres de presos políticos-. Por eso no me extraña el trato que recibió Lesther Alemán: para los fiscales es insignificante la palabra del acusado. Porque ellos no van a cambiar por nada una orden de arriba que han recibido previamente. Ellos no necesitan razones para declararlos culpables, solo están cumpliendo órdenes”.

Según Martínez, tras la masiva renuncia de fiscales que se registró a raíz de la represión de 2018 en Nicaragua, el gobierno de Ortega contrató nuevas figuras para el Ministerio Público, la mayoría provenientes del interior del país y llegadas al cargo por su lealtad partidaria. Pero también porque estaban dispuestas a cumplir órdenes a cambio de algunas promesas que supuestamente les hizo el régimen.

Estas personas, aunque al principio se mostraban en público e incluso se dejaban ver por los medios de comunicación, poco a poco fueron buscando el anonimato. Eso llevó a prohibir ahora el ingreso y la difusión de los juicios de los presos políticos, aunque estos deben ser orales y públicos.  

“No es solo con los jueces, pasa igual con los fiscales. En 2018 era común ver en las salas a fiscales que estaban recién contratados o habían sido trasladados desde el interior del país. Ellos al principio se dejaban ver por los medios de comunicación  pero luego de las barbaridades que comenzaron a hacer, empezaron a esconderse”, agrega Martínez. 

Estas y otras irregularidades son analizadas en un reciente informe por la ONG centroamericana Expediente Abierto, titulado “Luces y sombras de la justicia penal en Nicaragua”. En medio de un diagnóstico sombrío sobre el presente del sistema judicial en el país, allí se afirma que por la crisis generada por las protestas del año 2018, “la impartición de justicia se convirtió en otra forma de represión directa facilitando la aprehensión de manifestantes, activistas y políticos”.

Esto ocurrió, según el documento fechado en enero de 2022, en medio de “una segunda ola de contrarreformas” de la Justicia en Nicaragua que incluyeron “leyes secundarias y leyes ‘especiales’ que retrocedieron significativamente el sistema de justicia y facilitaron la violación de una serie de garantías constitucionales y procesales”. Precisamente las que están quedando de manifiesto ahora con los juicios contra los opositores políticos de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, en las que como describe el informe de Expediente Abierto, se está “convirtiendo al derecho penal en una herramienta de la persecución partidaria”.

Actualización al 17 de marzo de 2022:

Desde que se publicó este trabajo los juicios han continuado. De los 45 opositores que han sido juzgados, 39 han recibido sentencias de entre 8 y 13 años de cárcel, la inhabilitación para ejercer cargos públicos y en algunos casos multas que rondan los mil dólares al cambio oficial actual.

Además, el proceso quedó marcado por la muerte bajo custodia del exguerrillero y general en retiro Hugo Torres Jiménez, fallecido el pasado 12 de febrero, que estaba en las celdas del Nuevo Chipote desde el 13 de junio de 2021.

El proceso de Torres lo llevaba el Juez Salmerón Moreno que continúa en su labor de condenar a opositores. En un juicio conjunto condenó a los dirigentes campesinos Pedro Mena y Medardo Mairena. A Mena le impuso 10 años de prisión y al ex precandidato presidencial Mairena 13 años; a ambos les aplicó también la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Luego en un juicio grupal que se extendió por siete días y concluyó el 23 de febrero, el Juez Salmerón Moreno declaró culpables a siete opositores. Los ex precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz; Violeta Granera y Tamara Dávila, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB); al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri Chamorro; y al exdiputado y analista político José Pallaís. La acusación contra estas siete personas se sustentó en que todos participaban en un grupo de la red social WhatsApp; y trascendió que durante el juicio se presentaron como prueba fotos de los acusados con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Y el 1 de marzo en un juicio conjunto, el mismo juez declaró culpables a dos miembros del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el abogado Róger Reyes y el activista José Alejandro Quintanilla, conocido como Alex Hernández; a ambos les impuso 10 años de cárcel y la inhabilitación.

El 11 de febrero un nuevo juez había entrado en acción, William Irving Howard López, de Distrito Penal de Juicio de Masaya, ciudad ubicada a 27 kilómetros de la capital. Condenó a Nidia Barbosa Castillo a 11 años de prisión y 800 días multa.

El 2 de marzo se sumó otro, Melvin Leopoldo Vargas García, Juez Séptimo de Distrito Penal de Juicio de Managua que condenó a 8 años de prisión a la presa política más joven, la estudiante Cintia Samantha Jirón, de 22 años. Y el 9 de marzo entró en acción la Juez Primero de Distrito Penal de Juicios de Managua, Irma Oralia Laguna Cruz, que condenó a 8 años de cárcel a la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto Centeno, de 63 años.

Mientras tanto en Managua, la jueza Tapia Silva condenó al dirigente campesino Freddy Navas a 10 años de prisión y a la defensora de derechos humanos María Oviedo a 8 años e inhabilitó a ambos. Luego en un proceso conjunto condenó al comentarista político Jaime Arellano a 13 años de prisión y al ex precandidato presidencial Noel Vidaure a 9 años; ambos también quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Su colega Tardencilla Rodríguez sentenció a 13 años de prisión al estudiante Max Jerez y también lo inhabilitó. El juez Fernández González, condenó al politólogo José Antonio Peraza a 10 años de prisión, al exguerrillero Víctor Hugo Tinoco a 13 años y al banquero Luis Rivas Anduray a 13 años, todos ellos fueron inhabilitados. Y el 14 de marzo declaró culpable al economista Harry Bayardo Chávez Cerda, de 65 años, al que podrían ratificar la pena de 10 años de cárcel que solicitó el Ministerio Público. Y la Jueza Aguirre Gudiel condenó al disidente sandinista Irving Larios a 13 años de prisión e inhabilitación.

Por su parte, el 16 de febrero el juez Quiroz García declaró culpable al exdiplomático Mauricio Díaz de 71 años. Y en un juicio conjunto que se extendió por siete días y terminó el 11 de marzo condenó a los implicados en el caso conocido como Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). Para la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, de 68 años, el Ministerio Público pidió 8 años de prisión y 9 años para su hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios de 70 años; para el administrador Walter Gómez y el contador Marcos Fletes, 13 años; y 7 años de prisión para Pedro Vásquez de 60 años, que laboraba como conductor privado de Cristiana Chamorro.