Narcoarroz: las conexiones que facilitaron una nueva ruta de tráfico de drogas a través de la Argentina

La organización transnacional de origen colombiano Los Urabeños funcionaba con todos sus eslabones, que abarcan desde sicarios hasta empresarios que se dedican a lavar dinero, en varias zonas del país y el extranjero, desde Bolivia a España, pasando por Chaco, Rosario, Brasil y Guinea-Bissau, África. El entramado que posibilitó que este cartel operara en nuestro territorio.

“Pidan lo que quieran pero esto tiene que aprobarse hoy”, urgió a los siete ediles Diego Garavano (Partido Justicialista), el presidente del Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez, una ciudad de 80 mil habitantes que está separada de Rosario por una avenida. Aquel 7 de octubre de 2013 sobre la mesa del recinto había una carpeta color verde con el rótulo “Crematorio V.G.G.”, que unos minutos antes había enviado el intendente de esa ciudad, Pedro González (Partido Justicialista), yerno de Garavano.

Carlos Dolce, del Partido Socialista, fue el único concejal que se abstuvo y no aprobó el expediente N° 4933/13. Nadie tomó en cuenta su pedido de estudiar con mayor profundidad ese proyecto. “Sospeché que detrás del crematorio había algún negociado del intendente, pero lo vinculé con el tema inmobiliario”, advirtió. Se equivocó.

¿Quién podía sospechar e ir más allá y pensar que detrás de la construcción de ese crematorio había un grupo narco transnacional? Esa “inversión” del cartel colombiano de Los Urabeños (herederos del cartel de Cali) formaba parte de los $15.712.068 que esta organización había lavado en la Argentina a través de 30 empresas que crearon en el país desde 2010.


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Esa “inversión” de Los Urabeños formaba parte de los $15 millones lavados en el país.

Esta organización se asentó en el país con el liderazgo de los hermanos Erman y Williams Triana Peña, a través de una red de empresas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en distintas provincias, como Santa Fe, Tucumán y Mendoza, y también en otros países, fundamentalmente Colombia y Panamá. Con esas compañías lavaban el dinero del narcotráfico. Este cartel buscaba nuevas rutas para el contrabando de cocaína y África aparecía como un destino intermedio para llegar a Europa y Asia.

Era la muestra de cómo el dinero del narcotráfico podía colarse por los puntos más débiles del Estado. En este caso un municipio donde las grietas y escasos controles institucionales dejaban el resquicio para que los fondos sucios se blanquearan en obras que no eran necesarias y por las que nadie pedía demasiadas explicaciones. En esa ciudad asediada por la pobreza y la violencia –ese año se cometieron 38 crímenes– el gobierno local alentaba la construcción de un sistema para incinerar cadáveres. Y nadie, según Dolce, iba a controlar qué cuerpos se cremaban.

Dos años después de que se aprobara la edificación de ese crematorio aparecieron algunas respuestas. El 17 de septiembre de 2015, Gendarmería nacional allanó el depósito fiscal de la empresa Binder SRL, en Rosario, y tras un extenso peritaje los efectivos de esa fuerza y de la Aduana pudieron determinar con dos perros golden retriever que el cargamento de 46 toneladas de arroz que había pasado los controles de escáners contenía 12 kilos de cocaína.

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    Tocar para avanzar

    El inicio de la operación

    HAPSA

    Federico De Achával

    Casino Club

    Cristóbal López

    La empresa de Cristóbal López Casino Club SA se unió a Hipódromos Argentinos de Palermo SA (Hapsa), perteneciente a Federico De Achával, para conformar una nueva sociedad llamada Compañía de Inversiones en Entretenimientos SA. para explotar las máquinas tragamonedas del Hipódromo Argentino de Palermo.

    Esa carga despachada por la empresa Euroexport SRL -con domicilio en Buenos Aires 440, San Miguel de Tucumán- tenía como destino el país africano Guinea-Bissau, donde el cereal iba a llegar a través del

    Esa carga despachada por la empresa Euroexport SRL -con domicilio en Buenos Aires 440, San Miguel de Tucumán- tenía como destino el país africano Guinea-Bissau, donde el cereal iba a llegar a través del programa “Hambre Cero” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El cartel había comenzado a probar una nueva ruta por África, como punto intermedio, para luego llegar a Europa. El centro operativo de Los Urabeños en la Argentina funcionaba en Rosario, donde el puerto daba esas ventajas logísticas.

    En ese predio de tres hectáreas junto al cementerio “San Lorenzo” de Villa Gobernador Gálvez, a 298 kilómetros al noroeste de Buenos Aires y cuya propiedad era de Ricardo Papalardo -un desarrollador inmobiliario con vínculos con el intendente-, la mutual Provincias Unidas (pantalla que usaba el cartel) pretendía construir un crematorio para incinerar cadáveres. Esa entidad, con sede en Rosario, que no tenía ninguna experiencia en el rubro, iba a desembolsar -según el convenio de concesión N° 3369/2013- para esa obra $19.500.000 y 700 mil dólares.

    Las sospechas que levantaba el crematorio apuntaban al veterano cacique peronista Pedro González, quien falleció de un paro cardíaco el 7 de mayo último. Esa ciudad de 80 mil habitantes, considerada el patio trasero o el “escondite” de Rosario, estuvo al mando de González entre 1991 y 2003 y entre 2011 y 2015.

    El arroz con 12 toneladas de cocaína llegaría a Guinea-Bisseau a través de un programa de la ONU.

    En las calles de Villa Gobernador Gálvez se libró parte de la guerra entre bandas narco de Rosario. Allí mataron el 26 de mayo de 2013 a Claudio Cantero, alias “Pájaro”, líder de la banda “Los Monos”, una muerte que disparó un raid de venganzas contra la familia Bassi, cercana al ex intendente, a quien “ayudaba” movilizando en la flota de remises a los votantes en la época de elecciones.

    La remisería “Cinco Estrellas” fue el escenario de esa cacería. Allí fue asesinado el 31 de diciembre de 2013 Leandro Bassi, de 36 años. El 12 de febrero de 2014 fue acribillado su hermano Maximiliano, de 34. Y Luis, de 60 años, el padre de ambos y de “Pollo”, el jefe de los sicarios que libraron la guerra a “Los Monos”, fue ejecutado mientras tomaba mates en la puerta del local, donde tiempo antes habían instalado un acoplado a modo de barricada.

    La mutual Provincias Unidas pagó en concepto de canon un adelanto al municipio de $ 2.000.000 el 11 de noviembre de 2014. Un mes después de que el dinero se acreditara en la cuenta N° 0074002 del Nuevo Banco de Santa Fe, Guillermo Heisinger, el arquitecto financiero del cartel y ex funcionario del Ministerio del Interior de la Nación durante la gestión de Carlos Menem, caminaba por avenida San Martín al 800, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando sonó su teléfono.

    El sol era implacable a las 14.26 de aquel 4 de diciembre de 2014. Estaba a sólo 20 metros del edificio del Consejo Federal de Inversiones, pero prefirió no entrar; decidió soportar el calor parado en la vereda del viejo edificio del club Harrods para atender esa comunicación que era importante por quien llamaba.

    Lo primero que le preguntó a su socio Aldo Corizzo fue: “¿Vio la luz lo del crematorio?”. Ese jubilado que vivía en barrio Martin en Rosario y también tenía como domicilio el departamento de Heisinger en Alvear 1502, en el barrio de Recoleta, fue quien tejió el “negocio” en Villa Gobernador Gálvez.

    En ese departamento lujoso donde vivía Heisinger, la Policía Federal secuestró a fines de 2015 la carpeta color verde que tenía el rótulo: “Proyecto Crematorio V.G.G”. Estaba sobre un escritorio junto con fotografías del ex funcionario con el papa Juan Pablo II y en otras dos con el entonces presidente Menem.

    En el departamento de Heisinger, ex funcionario de Menem, la Policía encontró la carpeta con el rótulo “Proyecto Crematorio V.G.G”.

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    “Ya firmé con el ‘Gordo’ González”, contó Corizzo y preguntó si Carlos Yorelmy Duarte Díaz, uno de los capos colombianos de la banda, había regresado de Uruguay. Tenía que reunirse con él en Rosario para pasarle las novedades. “Primero firmo lo del crematorio y después lo del puerto”, resumió Corizzo, en esa breve comunicación de dos minutos.

    Faltaba cerrar otros eslabones de la cadena de “inversiones” que delineaba el cartel liderado por los hermanos Erman y William Triana Peña para lavar dinero del narcotráfico y exportar cocaína hacia África.

    Pretendían manejar un puerto en la zona de Fray Luis Beltrán, hacia el norte de Rosario, para exportar los cargamentos de arroz con cocaína de máxima pureza que Wilmar Yuriano Valencia Estrada (detenido por la Policía colombiana en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, Colombia), alias “El Especialista”, preparaba en la casa ubicada en el barrio de Arroyito de Rosario (Víctor Mercante al 1100) con el oncólogo argentino Gabriel Zilli, reconocido especialista en tratamientos contra el dolor a enfermos terminales.

    La pelota sí se mancha

    La otra pata estaba relacionada con el fútbol. Pretendían desembolsar dinero en Rosario Central para la compra de jugadores. Era un recorrido similar al que habían trazado en el club “El Porvenir”, en Gerli, al sur de la Provincia de Buenos Aires. “El Porve” atravesaba uno de los momentos más duros desde su fundación en 1915: jugaba en la categoría “D” y no había muchas chances de ascender.

    El 25 de febrero de 2015 la comisión directiva firmó un acuerdo con la empresa International Trade And Commerce (ITC), cuyos titulares eran el colombiano Carlos Yorelmy Duarte Díaz y el ex funcionario del Ministerio del Interior Heinsinger. La firma, que se creó en 2011 y -según la causa N° 7.650/2014– había administrado $ 24.708.935 durante cuatro años, aportaba al club $ 2.160.000 en cuotas mensuales de $ 80 mil. A cambio obtenían el 70% de los derechos económicos de todos los jugadores del club. El veterano dirigente de El Porvenir Enrique Merelas, entonces presidente del club, había firmado el acuerdo ante la desesperación de obtener fondos frescos.

    Causa judicial con datos de la empresa ITC.

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    “El Porve” estaba en bancarrota, y el cartel de Los Urabeños se aprovechaba de esas debilidades. Además, la conducción del club ayudaba a que las grietas se ensancharan. Era muy poco transparente. El 15 de mayo último, Merelas fue llamado a declarar por la UFI N°8 por “los delitos de administración fraudulenta, estafa y confección de balances apócrifos”. Habían desaparecido los balances de los últimos años.

    Duarte Díaz y Heisinger querían volver a aplicar ese manual para lavar dinero en Rosario Central. Era un club mucho más grande que El Porvenir, pero lo que lo asemejaba al de Gerli era la crisis que atravesaba tras el descenso de 2010, con el histórico dirigente radical Horacio Usandizaga como presidente.

    La gestión de Norberto Speciale y el ex delantero Gonzalo Belloso lograron que los canallas volvieran a la Primera División tres años después, de la mano del técnico Miguel Russo. Pero los hinchas no estaban conformes con la conducción de la entidad, en plena incertidumbre y ante el temor de que el fantasma del descenso volviera a corporizarse.

    Duarte Díaz y Heisinger querían volver a aplicar ese manual para lavar dinero en Rosario Central.

    Heisinger y Duarte Díaz seguían de cerca la crisis de Central, y sobre todo el proceso electoral. Corizzo, el intermediario, les contó el 12 de septiembre de 2014 al mediodía que había “renovación en las listas en Rosario Central”. “Con los tipos de La Cámpora queremos agarrar el control del club. Queremos echar a todos los intermediarios para manejar la compra y venta de jugadores de la Primera, que es mucha plata”, apuntó.

    Los alfiles del cartel estaban interiorizados de todo el proceso electoral que llevó el 5 de octubre de 2014 al abogado Raúl Broglia, de la coalición “Foro Canalla Unidos”, a la presidencia del club. Pero en la comisión había un solo dirigente de La Cámpora, que era vocal suplente. La gran mayoría de la comisión eran dirigentes ligados al socialismo.

    Un mundo canalla

    El acuerdo con Rosario Central no se pudo sellar. El juez federal Sergio Torres decidió el 17 de septiembre, cinco días después de la conversación que mantuvieron Heisinger y Corizzo, que Gendarmería nacional debía allanar el depósito fiscal Binder, donde estaba alojado el cargamento de arroz embebido en cocaína que tenía como destino Guinea-Bissau.

    Durante los días en que ambos conversaban sobre la posibilidad de meterse por las grietas de Rosario Central para manejar la compra y venta de jugadores, a cuatro cuadras del estadio Gigante de Arroyito, en la calle Víctor Mercante 1135 el oncólogo Gabriel Zilli “cocinaba” arroz en una gigantesca olla con Wilmar Yuriano Valencia Estrada, alias “El Especialista”. En esa casa del barrio de Arroyito también participaba del “experimento” Jorge Eliécer Ramírez Cuartas, quien había llegado dos días antes en un colectivo de la empresa “El Rosarino”.

    Valencia Estrada, quien fue detenido el 7 de junio de 2016 en el aeropuerto de Cali cuando regresaba de Panamá, era uno de los expertos más hábiles del mundo en camuflar cocaína para no ser descubierta por los escáners. Los peritos de Gendarmería estuvieron más de seis meses para determinar el proceso que había logrado “El Especialista” para cubrir con una fina película de cocaína cada grano de arroz. Nunca habían visto algo igual.

    Para ingresar en esa ruta hacia África, en la que los mexicanos del cartel de Sinaloa habían incursionado desde 2010 con la ayuda de la mafia italiana Ndrangheta, el cartel aspiraba a tener un puerto propio en esta zona.

    En las escuchas telefónicas de la causa N° 7650/2014 Heisinger, Corizzo y Duarte Díaz mencionan la posibilidad de adquirir un puerto en Fray Luis Beltrán, una localidad vecina a Rosario, donde está enclavada desde 1941 la fábrica de armas de Fabricaciones Militares.

    El predio costero de la Fábrica de Armas de Beltrán es el único espacio vacante en la ribera del Paraná. Hubo interés en un momento de inversores chinos por quedarse con ese puerto que está en una zona estratégica del polo industrial del Gran Rosario por donde se exporta el 85% de la soja que produce la Argentina.

    Las conversaciones entre Heisinger y Corizzo y uno de los jefes del cartel Duarte Díaz, según las escuchas de la causa, apuntan a iniciar tratativas con el entonces Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, que tiene jurisdicción sobre los puertos y que en ese momento se encontraba liderado por Florencio Randazzo, para adquirir ese predio sobre el río Paraná.

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    Contactos políticos

    De acuerdo con la transcripción de la escucha telefónica que se produjo el 12 de septiembre de 2014, “una voz masculina que llama a Guillermo [Heisinger] le cuenta que está avanzando mucho con la gente del Ministerio del Interior en la campaña de [Florencio] Randazzo”. El mismo hombre agregó que “avanzó con los durmientes del Sarmiento y un movimiento de izquierda”. Seis días después, el colombiano Duarte Díaz insiste en que “lo de los puertos va muy bien y lo de Randazzo también”.

    Comunicación telefónica en el marco de la causa 7.650/2014.

    Voceros del ex ministro del Interior negaron a Chequeado que Randazzo haya tenido algún contacto con representantes de este cartel. Y desconocían las escuchas telefónicas que existen en la causa. Randazzo estuvo a cargo de los puertos hasta el 1° de abril de 2015, cuando a través de los decretos los decretos 441/2015 y 442/2015 la entonces presidenta Cristina Fernández decidió que las terminales quedaran bajo el ala del Ministerio de Economía de la Nación, que en ese momento estaba dirigido por Axel Kicillof.

    En el Registro Único de Audiencias que este medio consultó a través de dos pedidos de acceso a la información pública no figura que ninguno de los miembros o intermediarios de este cartel se haya reunido con Randazzo en la sede del Ministerio.

    En el Registro de Audiencias no figuran reuniones de Randazzo con el cartel.

    En el CD N°43 de la causa 7.650/2014, Corizzo le avisó el 22 de noviembre de 2014 al ex funcionario menemista y testaferro del cartel de Los Urabeños que “González” “va mañana a las 10 al Ministerio con un americano por un tema para [Florencio] Randazzo”. “En este momento están haciendo el estudio de los accesos Vialidad Nacional”, agregó.

    Ninguno de los proyectos que tejió este grupo narco se pudo concretar por un motivo de fuerza mayor: con información precisa de la agencia norteamericana Drug Enforcement Administration (DEA) efectivos de Gendarmería allanaron el 16 de septiembre de 2015 el depósito fiscal Binder. Allí estaba listo para ser despachado hacia Guinea-Bissau un cargamento de 40 toneladas de arroz, embebido en cocaína.

    Comunicación telefónica en el marco de la causa 7.650/2014.

     

    Desde ese momento, los 55 teléfonos que estaban intervenidos dejaron de funcionar. Trece miembros del cartel lograron ser detenidos pero 11 pudieron fugarse, entre ellos los dos capos y cerebros de la organización como Erman y William Triana Peña, que desaparecieron a través de la Triple Frontera.

    La debacle

    La Dirección de Investigación Criminal e Interpol, bajo la coordinación de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos de Colombia, detuvo por sorpresa a William Triana Peña en una ruta que une Bogotá con el municipio de Chía, cuando iba a encontrarse con su hermano mayor Erman, quien sigue prófugo.

    Ambos pertenecen a una familia numerosa, integrada por seis hermanos -Nelson, Fabio y María Elsa y Yoana- que desde hace una década están ligados al esquema de poder del cartel del Norte del Valle y los Urabeños, los herederos del cartel de Cali.

    La investigación que llevó adelante el juez Torres se empieza a cerrar. En base al extenso dictamen que elaboraron las procuradurías de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la de Narcocriminalidad (Procunar), pidió la indagatoria de 60 imputados acusados de participar en una organización narcocriminal que lavó en el país unos $ 76.000.000. Sin embargo, la madeja de empresas e inversiones de este grupo en el país y los contactos políticos que usaron para afianzar el funcionamiento del cartel quedaron en las zonas grises, pendientes, en una de las causas de narcotráfico y lavado de dinero más grande de los últimos tiempos.

    El ocaso de la organización en la Argentina quedó en evidencia en el barrio de Nordelta. La mansión de Yoana quedó abandonada tras los allanamientos que ordenó el juez federal Torres que empezaron a desmantelar la banda. Allí tenía domicilio una de las empresas del grupo Lo Nuestro Agropecuaria. Ella también se fugó presuntamente a Colombia.

    Las empresas e inversiones de Los Urabeños en el país quedaron en las zonas grises.

    La casa del médico oncólogo Gabriel Zilli, donde se perfeccionó el método para embeber la cocaína en los granos de arroz, estuvo también casi dos años abandonada. El vidrio roto de la puerta principal fue refaccionado cuando Zilli volvió a vivir allí a principios de este año, luego de que autorizaran su detención domiciliaria por motivos de salud. Nunca volvió a ejercer la medicina.

    Tras la muerte de Pedro González, el hombre fuerte del peronismo en Villa Gobernador Gálvez, esa fuerza no logró ganar las elecciones en 2015 con el yerno del ex intendente Diego Garavano como candidato. Actualmente es concejal.

    El predio donde se iba a construir el crematorio sigue siendo un baldío. La mutual fantasma que hizo de intermediario en la transacción sigue operando. Pero al cortar el flujo de dinero la Justicia logró que todo el esqueleto de este cartel se resquebrajara.

    Este artículo copublicado con el diario La Nación fue uno de los elegidos por el Jurado Internacional de “Chequeado Investigación: Etapa II” entre más de 40 postulaciones. 

    Este proyecto cuenta con la participación del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon como codirector junto con la directora de este medio, Laura Zommer. En 2017 se publicará una decena de producciones en el sitio especial “Chequeado Investigación”. Todas estas piezas son financiadas por Chequeado gracias al apoyo de Open Society Foundations (OSF).

     


    Este es un reportaje de Chequeado, difundido por CONNECTAS gracias a un acuerdo de difusión de contenidos


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