Una investigación hecha por EL UNIVERSAL revela que entre 2001 y 2014 el pago de derechos sobre minería –cuota que pagan los titulares de las concesiones mineras por el uso de la superficie concesionada– osciló entre el 0.4% y el 2% del valor total de la producción minera en el país.
Las empresas mineras han hecho un negocio redondo en México. En los últimos 14 años han pagado al gobierno una cantidad irrisoria comparada con las grandes ganancias que les deja la extracción de la riqueza del subsuelo. Y aunque resulta insignificante la contraprestación que deben entregar a la Federación, en muchas ocasiones los titulares incumplen con los pagos sin que la autoridad haga algo para sancionarlos.
Esta investigación fue realizada por El Universal de México y es republicado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS.
En 2013, lo recaudado por el gobierno federal llegó a su máximo al representar el 2% de la producción minera. Esto se debió en parte a un incremento en la recaudación pero también a una contracción de la actividad minera que descendió de 234 mil millones a 201 mil millones de pesos. En la primera mitad de este año el gobierno logró recaudar 978 millones de pesos por el pago de derechos mineros, una pequeñez comparada con los 95 mil millones de pesos que representó la producción de todo el sector en el mismo periodo.
Para el cálculo se utilizaron las cifras de recaudación por derecho a la minería que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reporta trimestralmente en sus informes al Congreso. Los datos de la producción minera se obtuvieron del Banco de Información Económica del INEGI.
Si se adiciona el resto de los gravámenes que las mineras están obligadas a pagar, como el Impuesto sobre la Renta (ISR), lo recaudado por el gobierno apenas asciende al 8% del valor total de la producción minera, esto de 2006 a la fecha (periodo para el que se dispone de información).
La estimación se hizo con base en la recaudación total neta de todos los grandes contribuyentes del sector minero (excluyendo PEMEX) contenida en los reportes ya mencionados.
Concesiones de 6 pesos
Las enormes ganancias de las empresas mineras, 287 de ellas extranjeras, ponen también de manifiesto lo ridículo de la recaudación en el sector. Grupo México –responsable del “peor desastre ambiental” que ha ocurrido en la industria minera del país, según el diagnóstico del propio gobierno mexicano– reportó en 2013 utilidades netas por 22 mil 308 millones de pesos. Sus solas ganancias fueron casi seis veces superiores a los ingresos que el gobierno tuvo en el mismo año por el pago de derechos de todas las empresas mineras. También representaron el doble de la recaudación total neta de todos los grandes contribuyentes del sector. Y esto es sólo un ejemplo. Los resultados no sorprenden pues hasta 2013 la Ley Federal de Derechos establecía que los titulares de las concesiones mineras sólo debían dar una contraprestación a la Federación de entre 6 y 129 pesos al semestre por cada hectárea concesionada, según la antigüedad de la concesión.
La cuota durante el primer y segundo año de vigencia es de 5.91 pesos por hectárea; para el tercero y cuarto años, de 8.83 pesos; en el quinto y sexto, de 18.26 pesos; durante el séptimo y octavo, de 36.73 pesos; para el noveno y décimo, de 73.44 pesos y a partir del décimo primero, de 129.24 pesos.
Ley a modo
De acuerdo con un estudio de Fundar Centro de Análisis e Investigación, la existencia de este régimen fiscal tan laxo tiene su origen en la la Ley Minera de 1992, que buscó “establecer condiciones de amplia desregularización del sector con el propósito de promover las inversiones y, por tanto, el crecimiento económico por encima de cualquier otra prerrogativa [incluyendo] obtener ingresos necesarios para que el Estado atienda, por medio del gasto público, otras necesidades de la población.
“En la formulación de esta ley se omitieron completamente intereses de poblaciones rurales y urbanas próximas a potenciales sitios de exploración, prerrogativas sobre el cuidado del medio ambiente y el patrimonio cultural del país o, simple y llanamente, el interés del Estado en obtener una renta sobre la explotación de bienes que pertenecen, en dominio, a la Nación mexicana”, concluye el reporte.
La ley es tan favorable a las empresas mineras que les permite tener la titularidad de las concesiones por 50 años prorrogables hasta por un siglo si éstas en su momento así lo solicitan.
Los nuevos impuestos
Con la nueva reforma hacendaria, que entró en vigor el primero de enero de este año, se adicionaron tres nuevos pagos de derechos que pretenden aumentar la recaudación del sector: un derecho especial de 7.5% sobre el valor de los ingresos de la actividad extractiva menos deducciones; un derecho extraordinario del 0.5% a los ingresos de las empresas que extraen oro, plata y platino (adicional al derecho especial) y un tercero que sanciona a las mineras que permanezcan ociosas por dos años.
Los efectos de estas reformas en la recaudación deberán reflejarse en el primer trimestre de 2015 ya que, de acuerdo con la ley, el pago de los derechos especial y extraordinario debe efectuarse a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año.
Por supuesto, los consorcios se resisten a pagar los nuevos gravámenes. En febrero se estimaba que un 30% de las empresas del ramo se ampararían en contra del cobro de los derechos especiales.
Despachos como Fasken Martineau comenzaron a asesorar a compañías extranjeras que exploraban la posibilidad de obtener un amparo ante las nuevas disposiciones fiscales, tal como consta en un boletín publicado por el bufete jurídico fechado el 3 de febrero de este año.
Ni así pagan
La laxitud de la ley no es el único problema. También lo es su incumplimiento.
Pese a las paupérrimas cuotas que las empresas mineras deben pagar al Estado mexicano, muchas de ellas terminan por no hacerlo sin mayores consecuencias. Aunque el incumplimiento del pago de derechos sobre minería puede castigarse incluso con la cancelación del título de concesión, un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública de 2012 revela que en ese año 4 mil 520 de los 26 mil 495 propietarios no cumplieron con esta obligación. Sin embargo, la Secretaría de Economía (SE) sólo había sancionado a 2 mil 102 concesionarios, es decir, al 46.5% de las empresas que habían incumplido con el pago de la contraprestación.
En consecuencia, el órgano fiscalizador emitió una recomendación para que la SE analizara “las causas por las cuales no aplicó la totalidad de las sanciones administrativas correspondientes a los incumplimientos registrados a cargo de concesionarios mineros y, con base en dicho análisis, adopte las medidas pertinentes a fin de imponer las sanciones pendientes… y se establezcan los controles para evitar recurrencias.”
El mismo informe de la Auditoría Superior de la Federación señala que en 2012 dejaron de recaudarse casi 100 millones de pesos por derechos sobre el uso de superficie concesionada a la actividad minera. Esto es, 5% menos de los mil 875 millones que el ejecutivo federal pensaba obtener.
En estados como Chiapas o Veracruz el incumplimiento de pagos llegó a tal grado que el gobierno sólo pudo recaudar un poco más de la mitad de lo que tenía contemplado (55%). En Jalisco dejó de percibir un tercio de lo estimado y en Campeche sólo obtuvo 72% de lo programado.
En 15 estados la recaudación fue mayor a la esperada. Esto se debió, según el informe de la auditoría, a que los titulares de las concesiones cubrieron adeudos con la Federación por un monto de 29 millones de pesos que correspondían a ejercicios fiscales anteriores.
Y mientras las ganancias de la extracción minera se siguen concentrando en unas cuantas manos, las afectaciones derivadas de esta actividad continúan afectando a la sociedad entera.
Ven débil a Estado mexicano
México no ha desarrollado instituciones con poder para amonestar las irregularidades en la exploración y explotación minera, a diferencia de otros países que intentan corregir las prácticas empresariales y golpearlas donde les duele; la venta de productos y utilidades que generan. En entrevista con EL UNIVERSAL, Omar Escamilla Haro, Coordinador de la Organización PODER, aseguró que las multas aplicadas a Grupo México por la muerte de trabajadores, agresiones ambientales y derrames tóxicos, no representan el 1% de las ventas que obtuvo en el último trimestre.
“Esto es gravísimo, las mineras son muy poderosas en la medida que tenemos un Estado y un gobierno que no juega el papel de agente regulador de los negocios privados. En 2012, se generaron 18 mil nuevos puestos de trabajo inscritos en el seguro social, en la industria minera; cuando tenía alrededor de 328 mil empleos directos”, indicó el especialista.
Denunció que el problema de la subcontratación masiva posibilita accidentes como el de Pasta de Conchos. “La mitad de los trabajadores eran subcontratados y ese fue el argumento para que Grupo México no quisiera hacerse cargo de la mitad de los empleados fallecidos”.
La empresa antes mencionada, es la mayor productora de cobre en el país, concentra entre el 45% y el 50% de la productividad. Sin embargo, no es la más poderosa.
El Peñasquito, propiedad de la empresa canadiense Goldcorp, es la primera productora de oro y plata en el país, y la más importante a nivel Latinoamérica. Ocupa el tercer lugar en producción en el mundo. Le sigue Industria Peñoles y Minera Frisco de Carlos Slim.
Ante este panorama, Escamilla Haro informó que la última década se entregaron 96 millones de hectáreas en México a empresas canadienses. “En la Sierra Norte de Puebla, la mayor concentración de concesiones mineras equivale a 182 mil hectáreas, con 14 títulos de propiedad de la empresa Almaden Minerals“. Aseguró que las reformas en energía y minería legalizaron el despojo de los pobladores, la expropiación de la tierra y agravó el problema de extracción mineral del país, sin restricciones.
Este reportaje fue realizado por Lilia Saúl, Saúl Hernández y Carlos Gutiérrez para El Universal, México, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS
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