Artículo 66 y CONNECTAS

Pocos días antes de que finalizara el 2021, una medida política de Estados Unidos pretendió acabar con las ganancias que obtenía el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su familia, por el control de gran parte de los negocios de importación y distribución del combustible en el país. Negocios impulsados con recursos públicos provenientes de la cooperación energética venezolana. 

El 13 de diciembre de 2022 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU sancionó “por lavado de dinero y apoyo a la corrupción” a Rafael ‘Payo’ Ortega Murillo, hijo mayor de la pareja presidencial y principal operador financiero del régimen. 

Así lo dejó claro Steven T. Mnuchin, secretario del Tesoro de EE.UU, cuando anunció la medida: “Rafael Ortega es el administrador del dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega. OFAC está apuntando a Rafael y a las empresas que posee y utiliza para lavar dinero a apuntalar al régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”. 

Junto a él, tres empresas vinculadas a los Ortega Murillo también fueron sancionadas: Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP), Inversiones Zanzibar S.A. y Servicios de Protección y Vigilancia, conocida comercialmente como El Goliat. Las primeras dos empresas se encargaban de la distribución del combustible en Nicaragua. El posterior cierre de cuentas y la inmovilización de transferencias bancarias ocasionaron todo un descalabro logístico que obligó a la familia presidencial a modificar el esquema comercial para la importación y distribución del combustible en el país. 

Esta investigación de Artículo 66 y CONNECTAS revela cómo la familia presidencial aún tiene relación, tras de cámaras, con una parte del negocio del combustible en Nicaragua, a pesar de que los actores y proveedores cambiaron debido a las sanciones de Washington. La importación del crudo y sus derivados quedó en manos de dos grandes transnacionales.

En cambio, el comercio interno poco ha variado. Las gasolineras son controladas en gran medida por la sancionada DNP (21.7 por ciento) y estaciones de servicios “independientes” (33.3 por ciento), según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) días después de las sanciones a Rafael Ortega. Esta investigación pudo verificar que tres estaciones “independientes” son administradas por personas afines a Ortega y Murillo. Mientras, otras cinco estaciones están a cargo de empresarios locales de capital poco conocido y que residen en Managua, lejos de las gasolineras a sus nombres. 

Algunos patrones en el negocio de combustible en Nicaragua, anteriores a las sanciones, se mantienen: el alto costo de la gasolina y los contratos entre las instituciones del Estado y estaciones de servicios vinculadas con los Ortega Murillo. 

Los países proveedores también variaron drásticamente. El mercado venezolano fue desplazado por el estadounidense. Además, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica figuran como vendedores de combustible a pesar de no ser países productores de petróleo. Además aparecen nuevos proveedores lejanos, tan distantes como Dubai o Japón.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, el matrimonio presidencial de Nicaragua sigue controlando parte del negocio de los combustibles en el país centroamericano, pese a las sanciones impuestas por EE.UU. EFE / Artículo 66

Un negocio al servicio del presidente 

Para lograr el control casi total del comercio petrolero en la década pasada, los Ortega Murillo no improvisaron nada. Daniel Ortega fue tejiendo una red de colaboradores que le sirvió para  apoderarse del negocio. El 26 de abril de 2006 fue creada Alba Petróleos de Nicaragua (Albanic) mediante un convenio suscrito entre PDV Caribe, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), integrada por 87 alcaldías leales al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En 2008, un año después del regreso de Ortega a la presidencia, AMUNIC es reemplazada por la estatal Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic). Fue así como Albanic se transformó en Albanisa, la compañía binacional encargada de mediar la cooperación energética entre Venezuela y Nicaragua. 

En 2009 el Gobierno decidió no renovar la concesión de “arriendo” de la cadena de distribución de combustible de Petronic al consorcio suizo-británico Glencore. Durante 10 años la compañía suiza invirtió en la infraestructura de esta cadena e incluso creó la marca DNP. Es decir, convirtió lo que era un brazo de Petronic en una filial con identidad propia. Pero justo cuando se venció la concesión el Estado nicaragüense la acusó de causar daños al patrimonio público como argumento para la estatización de DNP. 

Sin embargo, dos años más tarde, y con datos obtenidos en el Registro Público de Managua y del Registro Mercantil de la ciudad de Granada, investigaciones periodísticas de La Prensa y Confidencial revelaron que DNP había sido comprada por tres propiedades privadas recién constituidas: DNP Internacional, S.A; DNP Internacional de Nicaragua S.A y Nica Petrol, S.A. Los reportajes además evidenciaron que detrás de estas tres empresas figuraban abogados y empresarios que también dirigían otras compañías de telecomunicaciones junto a los hijos de Ortega y Murillo. Además, la dirección de DNP estuvo a cargo de Yadira Letts, quien fue esposa de Rafael Ortega hasta 2018. 

Ya para el año en que Letts deja la gerencia de DNP al menos 10 de las gasolineras propiedad de DNP-Petronic estaban a cargo de personas de mucha confianza de los Oterga Murillo, de acuerdo con un reportaje de Expediente Público. “DNP-Petronic vende solamente el 39.4 por ciento de su combustible en sus 69 estaciones de servicio, mientras que el restante 60.6 por ciento se negocia con clientes directos, entre ellos, el Estado nicaragüense”, dice el mismo reportaje publicado en 2019. 

Así, durante 10 años, DNP junto a Petronic, en una rara alianza público-privada, liderada ambas partes por allegados a los Ortega Murillo, importó y comercializó petróleo venezolano por un monto superior a 5.200 millones de dólares, según las estadísticas del Ministerio de Energía y Mina (MEM).  

A comienzos de 2019 las autoridades estadounidenses evidenciaron esta estructura de testaferros y empresas del sector energético al servicio de los Ortega y decidieron sancionarlos, junto a DNP y Zanzíbar, en un intento de ejercer presión política.

Solo 48 horas después de anunciadas las sanciones, en un intento desesperado por evadirlas, Ortega envió a la Asamblea Nacional la iniciativa de “Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustible y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense”, con trámite de urgencia para que los diputados, en su mayoría afines a su gestión, aprobaran la “nacionalización” de los inventarios de DNP.  

La nacionalización en apariencias es una entrega al Estado de unos bienes que son  privados. Pero en Nicaragua el Estado está controlado a cabalidad por la familia Ortega Murillo que ha mezclado sus negocios privados con las funciones estatales. Tomando en cuenta el contexto, DNP cambió de forma jurídica, pero no de quiénes, en este momento, la controlan. De este modo empezó la familia presidencial a modificar su esquema de comercio para continuar con al menos una parte del control y de las ganancias del negocio de combustible en Nicaragua.

Tras las sanciones aplicadas contra Rafael Ortega, DNP y Zanzíbar, varias gasolineras administradas por estas empresas, como la Centroamérica 1 fueron cerradas. No obstante, algunas de ellas, con nueva imágen, están siendo reabiertas. Álvaro Naval / Artículo 66

Los “independientes” 

Las gasolineras de “bandera blanca”, algunas de ellas vinculadas con los Ortega Murillo, comercializan combustibles que le compran a los importadores Puma Energy y UNO Nicaragua, S.A, según consta en el Informe de Estadísticas de Hidrocarburos del 2021 del MEM. Es decir, algunas gasolineras “independientes” comercializan combustible norteamericano.

El informe anual 2021 del MEM indica pocas ventas a la red de estaciones de Petronic. Luego de las sanciones estas gasolineras fueron cerradas. Hasta julio de 2018, Zanzibar administraba directamente 23 gasolineras de las 69 que operaban bajo la marca Petronic, según el diario La Prensa.  Hasta febrero del presente año, al menos dos de las que habían sido cerradas en Managua reiniciaron operaciones.  

El equipo periodístico que realizó esta investigación constató que algunos concesionarios de estaciones de servicio en algunos departamentos mantienen lazos con el partido sandinista y que, al menos uno de los negocios, es beneficiado con importantes contratos para suministrar combustibles al Estado.

El hallazgo se desprende de los datos disponibles en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae), que revelan que en los primeros tres meses de 2022, el Ministerio de Salud le adjudicó tres licitaciones a la estación de servicio “El Manatí” en Puerto Cabezas, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) a nombre de Walter Dean Dixon Brautiagan quien es excomisionado mayor de la policía nacional, exjefe departamental en Matagalpa.

En el primer trimestre de 2022 el monto total adjudicado registrado en el Siscae, tan solo de ese ministerio a esta estación de servicio fue de 741 mil 160 córdobas, un poco más de 20 mil 500 dólares.

Otra figura pública que aparece como propietario de gasolineras en Managua es Nemesio Guillermo Porras López. Tiene dos estaciones Puma Energy a su nombre. Es nieto de Nemesio Porras Mendieta, quien laboró como asesor del comandante Henry Ruiz durante el primer período de gobierno sandinista (1979-1990). Su nieto ha ocupado el cargo de presidente de la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociado (Feniba), de tendencia sandinista, por 10 años consecutivos. 

Ajax Salvador Delgado Quintanilla, quien administra una estación de Puma Energy en Managua, fue secretario Nacional de la Juventud Sandinista en la década del 80 y desde 2005 es el hombre de confianza del comandante Bayardo Arce Castaño dentro de la directiva del Bóer (equipo nacional de béisbol), donde ocupa el cargo de tesorero.

La estación de servicio Bolivar, en Managua, propiedad de DNP-Petronic, volvió a atender al público tras más de dos años cerrada por las sanciones norteamericanas. Álvaro Naval / Artículo 66

Asimismo, para esta investigación, con el apoyo de una organización civil –a la que el régimen Ortega Murillo le retiró su personería jurídica–, se logró identificar cinco casos de estaciones de servicio que antes eran DNP-Petronic y ahora se identifican como “independientes” y tras las sanciones tienen “nueva administración” a cargo de personas que no tienen arraigo en la zona donde operan o que no tienen capital conocido.

Mauricio José López Díaz, originario de Managua, aparece como dueño de las estaciones de servicio de San Carlos, Acoyapa, La Gateada y Corn Island. Este empresario no tiene arraigo en ninguno de esos lugares y reside en la capital. La información obtenida indica que llegó a San Carlos para hacerse cargo de la gasolinera a finales de 2019, a raíz de las sanciones a DNP.

En similares circunstancias administrativas están la Estación de Servicios “Bluefields”, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS)  a nombre de Harry Maycol Salinas Valle, originario de Managua; la  Estación de Servicios “San Fernando”, de Masaya, a nombre de Javier Felipe García Ortiz, también originario de Managua; la  gasolinera “Servicios Cruz”, de Managua, a nombre de Marlon Horacio Cruz Peña, originario de Carazo,  y la “Estación de Servicios Full Gas”, de Jinotega, a nombre de Ernesto Jerónimo López Blandón, residente en Managua.

CONNECTAS envió solicitud de entrevista vía correo electrónico a Nemesio Porras, Ajax Delgado y Harry Salinas. También llamó al resto de los administradores señalados. Sin embargo, solo contestó Marlon Cruz, aceptó que administraba la gasolinera, pero no respondió al resto de las preguntas ni contestó más las llamadas. 

Para evadir las sanciones y seguir dentro del negocio de los hidrocarburos, los Ortega Murillo también han involucrado a empresas que aparecen registradas a nombre de empleados del Estado o de empresas ligadas a la familia presidencial. Tras las medidas restrictivas de EEUU contra DNP y Zanzibar, figuran otras empresas en la venta de combustible a instituciones del Estado.

Tal es el caso de Smart Fleet Cards Solutions. Una investigación realizada por Artículo 66 revela que esa empresa ganó en agosto del 2020 una “contratación simplificada” para suministrar combustible al Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) por un monto de  13.1 millones de córdobas, según consta en una publicación de La Gaceta 143, del 4 de agosto de de ese año.

La empresa Smart Fleet Cards Solutions, fue inscrita en 2017 y la representante legal y socia mayoritaria (con el 70 por ciento de las acciones) es Violeta del Carmen Nicaragua López, quien también aparece como socia de Informativos de Televisión y Radio (Intrasa), una de las sociedades que administra el Canal 4 de televisión dirigido por hijos de Ortega y Murillo. Los otros socios de la empresa son: Sandra Lorena Larios Fonseca, empleada de una filial de Albanisa, con el 15 por ciento de acciones y Alejandro Tifer Ballesteros, también con 15 por ciento de las acciones  y trabajador de Comercializadora Panamericana (Copasa).

La Transnacional petrolera Puma Energy es la principal importadora de petróleo y derivados en Nicaragua. Álvaro Navarro / Artículo 66.

Estados Unidos, el principal proveedor

Antes de que la OFAC incluyera en su lista de sancionados a las personas y empresas ligadas a los Ortega Murillo dedicadas al negocio de los combustibles, el 90 por ciento de las compras totales de petróleo y sus derivados, según las estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN), le correspondía a Venezuela en un acuerdo preferencial en el que el 50 por ciento de las facturas era a crédito.

A partir de 2015, ante la profunda crisis económica venezolana y la merma en la producción de crudo, las cantidades de hidrocarburos provenientes de ese país a Nicaragua comienzan a decaer, y culminaron en 2019 con el tiro de gracia que significaron las sanciones.

En 2017 el panorama empieza a dar muestras de cambio. Según el BCN, ese año Estados Unidos incrementó la venta de hidrocarburos a Nicaragua, facturó 402 millones de dólares mientras que Venezuela solo le vendió 137.5 millones.

Ya para el 2021, con las sanciones activadas, las ventas norteamericanas ascendieron a 754 millones de dólares, es decir, el 67 por ciento del total de combustibles importado por Nicaragua. En los primeros cinco meses del presente año la factura petrolera asciende a 566 millones y de ellos, 411 millones (73 por ciento) corresponden a compras a Estados Unidos. 

Con DNP-Petronic inhibida para importar combustibles comienzan a liderar las compras en el extranjero las empresas Puma Energy y UNO Nicaragua, S.A. El combustible que ambas transnacionales importan proviene de Estados Unidos,  según los informes del MEM y datos confirmados para esta investigación por la embajada de ese país en Nicaragua.

De acuerdo con el MEM, la mayor importadora de petróleo y sus derivados hacia Nicaragua es la empresa internacional Puma Energy que importa el 58.74 por ciento de esos productos, seguida por la también internacional UNO Nicaragua, S.A con el 24.37 por ciento. La estatal Petronic aparece solo con el 2.79 por ciento del total de las importaciones de combustibles pero, según las estadísticas oficiales, lo que más importa es Gas Licuado de Petróleo (GLP), utilizado para la generación de energía eléctrica y el consumo en las cocinas domésticas.

Puma Energy y UNO Nicaragua, S.A concentran las compras e importación de combustible y visto así los Ortega Murillo parece que se han quedado fuera del negocio. Sin embargo, según el análisis de los datos estadísticos del MEM, estas empresas no tienen suficiente capacidad de almacenamiento ni de comercialización interna. 

Puma Energy compró los activos de la antigua Esso Standard Oil en 2012. En el anuario estadístico del MEM correspondiente a 2019, Puma Energy aparece con una capacidad de almacenamiento de un poco más de 410 mil barriles de combustible (gasolina, fuel oil y diesel).

En el 2009, la transnacional de origen hondureño UNO Nicaragua, S.A, del Grupo Terra, agregó a su inventario los activos de Shell Nicaragua que incluyó 59 estaciones de servicio. Shell no tenía infraestructura de almacenamiento en el país y solo se dedicaba a adquirir derivados del petróleo a los importadores para distribuirlo a través de su red de gasolineras.

UNO Nicaragua, S.A también adquirió en 2011 los activos de la transnacional Texaco. La operación de compraventa incluyó 40 estaciones de servicio y una planta de almacenamiento en el Puerto de Corinto. Según el informe del MEM hasta el 2019 esta transnacional tenía capacidad para almacenar apenas unos 24 mil barriles de diésel. El equipo no encontró otros informes de acceso público que demuestren que esta compañía cuenta con otros espacios para el almacenamiento de combustible, ni de que hayan ampliado su infraestructura.

Según los datos oficiales, en 2021, Puma Energy comercializó más de cinco millones de combustibles y UNO Nicaragua, S.A tres millones. No se sabe a ciencia cierta si el ritmo de rotación del inventario les permitía almacenar en sus infraestructura el combustible importado o quién lo está almacenando. La mayor capacidad instalada en el país para estos fines la tienen Albanisa (1 millón 480 mil barriles) y DNP (434 mil barriles), pero esta investigación no logró comprobar que la estuvieran usando.

La no correspondencia de las cifras no quedan allí. En 2021 las importaciones de Puma Energy son superiores a las ventas de combustibles que realizó la empresa. En cambio, UNO Nicaragua, S.A vendió más combustible del que importó.

Mientras, a pie de página, el informe de ventas por estaciones de servicio del MEM señala que las estadísticas de distribución incluyen ventas a las gasolineras independientes pero no refleja cantidades.

CONNECTAS envió comunicaciones a las transnacionales Puma Energy y UNO Nicaragua, S.A para conocer su versión de los hechos. También envió cartas a Daniel Ortega, Rosario Murillo y Rafael Ortega Murillo.  Pero hasta la publicación de este reportaje ninguna de las comunicaciones fueron contestadas. 

“Otros”: segundo proveedor y más opacidad 

Los documentos oficiales solo permiten conocer una parte del negocio, pues ocultan quiénes son esos vendedores a los que las estadísticas del BCN denomina como “otros” y que actualmente constituyen el segundo mayor origen de los carburantes. En el 2020 las importaciones desde “otros” representaron el 22 por ciento del total de compras de combustibles y en el 2021 fue el 10 por ciento.

De acuerdo con los datos oficiales, Nicaragua también compra “de reventa” derivados del petróleo a Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Países que no son productores de petróleo y compran en el mismo mercado que Nicaragua.

Para el 2019, año de las sanciones a DNP-Petronic, Honduras, que no figuraba como país de origen de las compras de carburantes para Nicaragua, debuta con 20.5 millones de dólares en venta de combustibles al país. Casualidad o no, Chico López Centeno, el hombre de confianza de Daniel Ortega, ya había establecido, entre el 2013 y 2014, una serie de empresas parecidas a las que fundó en Nicaragua para comercializar hidrocarburos.

Una investigación realizada por el medio de comunicación Expediente Púbico, revela que Chico López Centeno ha establecido en Honduras por lo menos 10 empresas comerciales, de ellas, cuatro están dedicadas al negocio de los hidrocarburos.

Francisco (Chico) López Centeno, por muchos años tesorero del FSLN y uno de los hombres de mayor confianza de Daniel Ortega. López constituyó en Honduras al menos cuatro empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos. Tomada de El Nuevo Diario

Por otro lado, según una filtración publicada por el medio digital Primer Informe —, la empresa panameña KFC Group, S.A. –que tiene negocios principalmente en las áreas de aceros, naval, petróleo & gas y tecnología—, presidida por Keyla Lisbeth Campos Quevedo de origen venezolano, vendió crudo a Nicaragua a través de la estatal Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex). El reportaje revela un correo electrónico dirigido a Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, en tono de cobro por una transacción de compra-venta de crudo venezolano. 

Al cierre de la comunicación se lee: “...en espera de una pronta fecha de retiro de pago preferiblemente para este jueves 17 de junio del 2021, agradecidos siempre de la atención profesionalismo y honorabilidad de su persona (Rosario Murillo), de su gobierno y de todo el staff de la estatal Empresa Nicaraguënse de Importaciones y Exportaciones (Enimex)".

También aparece una conversación vía WhatsApp con una persona llamada Isabel Cristina que, presuntamente, se trata de la directora de Enimex, Isabel Castillo Valle, con quien hace arreglos para finiquitar el pago en efectivo de nueve millones de dólares. 

CONNECTAS envió vía correo electrónico una solicitud de entrevista con Keyla Campos. Hasta la fecha de publicación de esta investigación la comunicación no había sido contestada. 

Pero no todas las compras pequeñas de productos refinados que hace actualmente Nicaragua se tratan de reventas. Por ejemplo, en 2020, el país importó combustible desde Dubai, según consta en una factura de compra a la que tuvo acceso CONNECTAS y Artículo 66. En el reporte del MEM sobre la importación de combustible en 2021, además aparecen países tan distantes como Singapur y Japón.

La empresa que exportó petróleo desde Duabi se llama Alchemist Energy Trading DMCC. Recibió un pago fechado el 23 de octubre de 2020, por un poco más de 23 millones 300 mil dólares. A cambio debería realizar una entrega de 310 mil barriles de Gasoil (diésel), 100 mil barriles de Gasolina 95 Ron (super) y 50 mil de Gasolina 88 Ron (regular). De acuerdo con los términos del convenio, el monto total de la transacción sería depositado en una cuenta del banco Lafise Bancentro en Managua. En el mismo documento aparece su contraparte, la estatal Enimex.

Aparentemente el trato inició en 2019, el mismo año de las sanciones a Rafael Ortega. Ese año Laureano Ortega (sancionado), hijo de Daniel y Rosario Murillo (sancionada), realizó una gira oficial a los Emiratos Árabes Unidos para buscar financiamiento e inversiones, en compañía del también sancionado Francisco López Centeno, exvicepresidente de Albanisa y tesorero del FSLN; el contralmirante Marvin Corrales, inspector general del Ejército de Nicaragua; y el comisionado general Aldo Saenz, subdirector general de la Policía Nacional (sancionada) y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero.

El viaje de Laureano a los Emiratos Árabes Unidos y el cierre del negocio con Alchemist, coinciden con el nombramiento como embajador plenipotenciario de Nicaragua en Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros países de Medio Oriente, de Mohamed Ferrara Lashtar –también sancionado e identificado por los EE.UU. como sobrino del exdictador libio, Muammar Gaddafi, el benefactor de Daniel Ortega en la década del 90—.

Algunos documentos a los que tuvo acceso Artículo 66 y CONNECTAS, indican que en noviembre del 2020 atracó en Puerto Sandino, departamento de León, el buque cisterna denominado MT Meronas con un total de 460 mil barriles de combustibles provenientes de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). 

El barco partió del puerto Fujairah y, de acuerdo a los documentos, fue enviado por la empresa Alchemist Energy Trading DMCC, con oficinas en Dubai y Managua. El comprador y receptor en Managua fue Enimex —recientemente sancionada—, y representada por su entonces directora, Isabel Castillo Valle.

Uno Nicaragua SA, petrolera de capital hondureño, es la segunda importadora de combustibles para Nicaragua. Según estadísticas del MEM, sus ventas en el país son superiores a lo que importa. Álvaro Navarro / Artículo 66.

La sobreganancia del combustible en Nicaragua

 Parte del modus operandi de los Ortega y Murillo en el negocio de combustible antes y después de las sanciones era vender el combustible a las entidades del Estado. En 2022 el Minsa recibió casi 20 mil millones de córdobas, unos 555 millones de dólares, que equivalen al 21.5 por ciento del Presupuesto General de la República (PGR). Al menos 10 millones de dólares constituyen la partida para combustible y suponen un aumento del 150 por ciento comparado con los casi 4 millones de dólares que fueron destinados para combustible en 2019.

Lo que pasa en el Minsa es solo una muestra de lo que estaría ocurriendo en todas las instituciones del Estado, no obstante, la información de las otras entidades públicas no está disponible como parte del manto de secretismo que el gobierno de Ortega ha tendido sobre los negocios de la familia.

Y las ganancias no quedan allí, en el negocio seguro con recursos públicos aprobados por ellos. Hay que añadir que por cada galón de combustible se registra actualmente una sobreganancia de hasta 73 centavos de dólar, según el analista Enrique Saenz, economista nicaragüense en el exilio y exdiputado.

Sáenz opina que desde que los Ortega Murillo entraron en el negocio, "se empezó a marcar una diferencia de utilidades en el combustible, que son cuantiosas con relación a los países del resto de Centroamérica". Esto, según el analista, es un indicador inequívoco de que el matrimonio gobernante tiene intereses económicos personales en ese mercado.

El experto que lleva varios años dándole seguimiento al comportamiento del precio de los hidrocarburos en la región, retoma los datos del Comité de Cooperación en Hidrocarburos de Centro América (CCHCA) y afirma que el margen de ganancias en la comercialización de combustibles en Nicaragua es mucho mayor que en los países vecinos.

El economista calcula los precios sin impuestos de la gasolina súper y los compara con El Salvador, país que tiene las mismas características logísticas que Nicaragua y por tanto los costos de importación son muy aproximados. Toma como referencia la última semana de enero y la última de abril del presente año para analizar esos sobreprecios antes y durante el conflicto bélico de Ucrania.

En la última semana de enero, el valor de la gasolina súper en Nicaragua era de 3.61 dólares sin impuestos y en El Salvador era de 3.11. La diferencia fue de 50 centavos de dólares por galón, "ese es el sobreprecio que se embolsan por cada galón los que están metidos en ese negocio", señala el economista.

Una vez estallado el conflicto de Ucrania, en la última semana de abril el precio de la gasolina súper nicaragüense era de 4.33 dólares y en El Salvador 3.60 dólares. "Aumentaron el nivel de utilidad a 73 centavos, aprovechando la crisis", indica y advierte que la sobreganancia es alta también en la gasolina regular y en el diésel.

De acuerdo con el economista, esa marcada diferencia de sobreprecios entre los combustibles de Nicaragua y El Salvador, es una “muestra clara” que la familia gobernante continúa en el negocio de los carburantes y permite un encarecimiento para obtener mayores ganancias.

"Esto (imponer sobreprecio) no se puede hacer sin estar coludidos con las autoridades estatales, es decir, no podrían permitir los gobernantes esa sobreganancia si no la van a aprovechar. Los Ortega Murillo también se lucran de ese sobreprecio", sostiene el analista.

Daniel Ortega se burló del efecto que tendrían las sanciones en el negocio del combustible de su familia cuando dijo que no le preocupaban. "¿Desde cuándo vienen diciendo que van a aplicar la Nica Act? Y si la aplican ¿qué?", vociferó el 22 de septiembre de 2018, dos meses antes de que el Congreso de EE.UU aprobara dicha ley. Tres años más tarde es notorio que las sanciones sí hicieron mella en las ganancias del régimen, pero el negocio continúa y sigue siendo redituable.

Este trabajo fue realizado por Artículo 66 y CONNECTAS, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.