Por Jessica Ávalos, Miembro de #CONNECTASHub en El Salvador

“Hay algo distinto, maravilloso y los quiero felicitar a todos y a cada uno de ustedes porque están pugnando por cambiar este país y créanme que es muy notorio”, dijo el cantante mexicano Marco Antonio Solís al iniciar su concierto en San Salvador el 20 de mayo. Su saludo generó aplausos en el público, pero causó un revuelo en las redes sociales porque ocurrió tres días después de publicadas nuevas pruebas de pactos ilegales entre el Gobierno y las pandillas; y en un momento en el que el país enfrenta serios aprietos económicos y un creciente autoritarismo oficial. 

Nayib Bukele cumple este 1 de junio sus primeros tres años como presidente de El Salvador. Llega a su aniversario con el control total de los tres poderes del Estado y de las instituciones llamadas a escrutarlo o fiscalizarlo. En solo tres años pasó de tener un pacto secreto con las pandillas a declararles “la guerra”, en una ofensiva que ha puesto tras las rejas a cientos de personas que no tienen vínculos criminales.  El país enfrenta un descalabro de su economía asociado, entre otras cosas, a la caída del precio del bitcóin. Y, pese a todo, el presidente mantiene elevados niveles de aceptación y popularidad.

En febrero de 2020, cuando aún no lo controlaba todo, Bukele dio la primera señal de cuál sería su ruta: de la mano del Ejército irrumpió en el parlamento salvadoreño para presionar a los diputados, que en aquel momento eran en su mayoría de oposición, para que le aprobaran un millonario préstamo para seguridad. Luego llegó la pandemia del coronavirus y sofocó el escándalo internacional que generó aquel incidente. 

Un año después, Nuevas Ideas, el partido del presidente, arrasó en las elecciones legislativas y consiguió la mayoría en la Asamblea Legislativa. Los diputados ahora le aprueban todo lo que quiere. Todo. Lo hacen sin mayor discusión y sin modificar ni una coma de las propuestas enviadas desde Casa Presidencial, porque tienen los 55 votos necesarios para hacerlo. Desde mayo de 2021, Bukele controla el legislativo, la Fiscalía y el aparato de justicia. “El sistema de control de cuentas está neutralizado. Es lo que le está permitiendo ejercer el poder. Estamos en una fase de transición, caminando poco a poco a un régimen autoritario“, opina el politólogo Álvaro Artiga. 

Sin embargo, todo indica que poco le falta para terminar ese camino. El 27 de marzo la Asamblea de Bukele aprobó un régimen de excepción que anula garantías constitucionales para los detenidos. No hay derecho a defensa ni a la presunción de inocencia. Desde entonces las autoridades han capturado a más de 30 mil personas a quienes acusan de ser pandilleros o cómplices de estos. A la fecha, las organizaciones sociales registran más de 500 denuncias de capturas arbitrarias y violaciones a derechos humanos. Pero la medida tiene un amplio apoyo popular: el 80% de la población aprueba el régimen y dice sentirse segura desde que se inició, según la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP).

“Esto confirma que la sociedad salvadoreña se inclina por liderazgos autoritarios a cambio de la ilusión de su seguridad y es susceptible a la manipulación mediática. Hay un enorme vacío en educación y formación ciudadana cuyo costo estamos viviendo ahora”, opina Celia Medrano, investigadora en materia de seguridad y derechos humanos.

El Gobierno ha sostenido que el régimen de excepción es su respuesta a las pandillas ante la masacre de 87 personas ocurrida el último fin de semana de marzo. Pero el periódico digital El Faro reveló la verdadera razón de esta ofensiva. En efecto, la llamada “guerra contra las pandillas” es el resultado del fin del pacto que el Gobierno de Bukele mantuvo por más de dos años con la Mara Salvatrucha (MS-13) y con el Barrio 18. Grabaciones de un funcionario oficial publicadas por este medio evidencian el pacto ilegal con las pandillas, que incluyó la liberación de un cabecilla de la MS-13 que estaba preso.

El Gobierno de Bukele ha guardado silencio sobre las nuevas pruebas de ese acuerdo. De la misma manera ha ocultado información y mantenido hermetismo sobre las millonarias pérdidas que le ha dejado al país la adopción del bitcóin como moneda de curso legal desde septiembre de 2021, un experimento que el presidente salvadoreño defendió contra todos los pronósticos de los economistas.

El precio del bitcóin se desplomó en un 45%. Bukele compró el criptoactivo cuando estaba más caro que en la actualidad. Algunos economistas estiman pérdidas entre 30 y 40 millones de dólares. Pero no hay información pública sobre cuánto se ha perdido, cómo se ha financiado la compra de más bitcóin, ni a quién se le ha comprado. El presidente maneja la billetera como si se tratara de su patrimonio privado, porque no tiene controles.

“La caída de precio deja al descubierto que la intervención del gobierno a la economía y el sistema financiero a través del bitcóin es un total fracaso… Bajo una perspectiva muy poco realista, la posibilidad de que el Estado ganara dinero de “jugar” fondos públicos es uno de los mayores absurdos planteados y una total desconexión de la realidad financiera de El Salvador”, señala la economista Tatiana Marroquín.

Además de las pérdidas, el desplome del bitcóin ocasionó una rebaja en la calificación crediticia. El mercado ha augurado que El Salvador está a punto de la quiebra y que pronto dejará de pagar sus obligaciones. El endeudamiento del país se ha acelerado en el último año: solo en 2021 adquirió nuevos préstamos por 802 millones de dólares, según datos oficiales.

“Económicamente, en términos objetivos, la vida de los hogares salvadoreños no está mejor; esto tiene que ver con variables internacionales: la pandemia, el gobierno, etcétera. Pero, al final, hay una desconexión de las vivencias de las personas y de lo que emocionalmente les agrada o desagrada. Este gobierno no sabe hacer políticas públicas, pero sabe muy bien cómo apelar a las emociones de la población”, dice Marroquín.

El control de la justicia

El oficialismo también controla el poder judicial y la Fiscalía General. Cuando Nuevas Ideas logró la mayoría en la Asamblea cambió a la cúpula de la Corte Suprema de Justicia y esta, a su vez, cambió a la mayoría de jueces del país. Los nuevos no pueden disentir y a quienes lo hacen los remueven. Ese sistema de justicia condenó recientemente a 30 años de prisión por aborto a una mujer que tuvo una emergencia obstétrica. Es la primera condena en siete años, según el registro de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, y la primera durante este gobierno.

El Gobierno no se pronunció acerca de una condena tan aberrante, pero ésta se acomoda muy bien a la postura oficial. El Salvador tiene una de las legislaciones más estrictas del mundo sobre el aborto. Bukele tocó el tema de una forma muy matizada cuando era candidato, y ya siendo presidente anuló toda posibilidad de despenalizarlo al anunciar que decidió excluirlo de la reforma constitucional que prepara su gobierno.

“Nuestra valoración es que el fallo no está asociado a todos estos cambios en el sistema judicial; sino que es una resistencia específica de un juez que no admite peritajes de la defensa. Donde sí vemos una acción penalizadora voraz es en la Fiscalía”, dice Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana.  

 A pesar de todo, la popularidad de Bukele sigue en alto. Como dijo el politólogo Artiga, “Si la pregunta es: ¿estamos pasando un buen o mal momento?, un economista dirá que estamos pasando por un mal momento, pero la evaluación mayoritaria es que estamos mejor que nunca. La gente vive rechazando el pasado y esa es la base del apoyo al presidente”.

En efecto, la mayoría sigue aplaudiendo cada decisión de Bukele. La encuesta más reciente de la Universidad Francisco Gavidia le da elevados niveles de popularidad porque la mayoría cree que El Salvador va por buen rumbo. Bukele obtuvo una calificación de 8.34 y siete de cada 10 encuestados cree que debe reelegirse en 2024.

Las elecciones presidenciales y legislativas de ese año van a ser claves, advierte Artiga, porque podría consumarse la hegemonía de Nuevas Ideas cómo único partido, tal como pasó en México con el PRI. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional elegidos por la Asamblea oficialista ya abrieron la posibilidad para la reelección presidencial, pese a que la Carta Política la prohíbe expresamente. Emitieron una sentencia donde afirman, contra toda lógica jurídica, que la voluntad popular está por encima de las normas constitucionales, y de ese modo dejaron el camino libre para Bukele. El presidente, que en el pasado rechazó la intención de los políticos de perpetuarse en el poder, no ha dicho si buscará quedarse.  Pero ante todos los indicios presentados en estos tres años, pocos creen que no lo hará.