El 22 de abril de 2015, con tres años y a causa de golpizas, Tatiana Barreto murió en La Paz. Oscar, el papá, recibió la noticia en Paraguay: en un llamado telefónico, su exesposa le contaba que la niña había caído por las escaleras, un accidente fatal. El aviso lo golpeó con la certeza de un hacha que parte un árbol: “Fue el peor día de mi vida”, dice. Viajó a Bolivia y, al ver el cuerpo de su hija con golpes, rasguños y moretones, no tuvo duda de que había sido asesinada. Presentó la denuncia por infanticidio y empezó el calvario. Más de dos años después, aún aguarda justicia.
Este es uno más de los casos que esperan ser juzgados. En Bolivia, de cada diez infanticidios solo dos logran sentencia. Aunque la ley indica que estos casos deben tener prioridad y atenderse de manera inmediata, la mayoría se archiva sumándose a la lista de delitos comunes que están a la deriva por la mora judicial. Incluso muchos no llegan a ser catalogados con esta figura porque, cuando se denuncian, son registrados como homicidios o asesinatos.
A junio de este año, la Fiscalía General de Estado anotó 30 infanticidios, pero organizaciones como la Red Ciudadana contra el Infanticidio y el Abuso Sexual aseguran que la cifra supera los 40. En 2014, la Defensoría del Pueblo anotó 73 niños asesinados: seis por mes.
El número oficial de condenados por este delito es una incógnita. Para este reportaje, se presentaron solicitudes de acceso a información a la Fiscalía General del Estado. La respuesta fue un escueto cuadro de casos ingresados al primer semestre de 2017.
Bolivia legisló e incorporó en la Constitución los derechos de los niños. Pero la infancia aún está desprotegida. En los últimos ocho años, en centros de salud de todo el país se atendieron a 7.201 mujeres y 2.863 varones menores de 10 años por violencia física y sexual. En el último registro (2013) los presos por ese delito eran 2.503. La estadística de reos, no especifica si sus víctimas fueron menores de edad.
Especialistas como Rolando Villena, exdefensor del Pueblo, dicen que la desprotección es alarmante: “Es grave y el problema se acentúa”. El escaso presupuesto para la justicia y el poco entendimiento sobre las leyes de los operadores judiciales son algunas de las causas.
Detrás de los números, está el dolor. Como el de Óscar, que a casi tres años del asesinato de su hija no puede ver a los culpables sentenciados. La palabra infancia viene del latín infans, que significa sin voz. El origen cobra un sentido literal en Bolivia.
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Este reportaje fue realizado por Ernesto Estremadoiro para El Deber en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalist (ICFJ), con el apoyo de la Fundación para el Periodismo (FPP) en alianza con CONNECTAS
