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La crisis política se ha cernido sobre Paraguay en los últimos días. El motivo está directamente relacionado con la represa binacional de Itaipú, que comparten este país y Brasil desde 1984 y que ostenta el título de ser la mayor productora de energía del planeta. Un acuerdo firmado el pasado 24 de mayo entre los dos países sobre la hidroeléctrica, desató la polémica en Paraguay. Según expertos en energía, el documento significaría pérdidas mayores a 200 millones de dólares para la empresa estatal y el país guaraní, porque se estaría renunciando a energía más barata, producto de los excedentes de la represa.
La oposición del gobierno acusó a Mario Abdo Benítez, perteneciente al partido Colorado, de hacer un acuerdo secreto y entreguista, pues según ellos, con esta firma se está cediendo la soberanía de Paraguay sobre la represa, algo que podría resultar en un alza importante en los precios de la energía eléctrica de este país. La crisis política que desató el acuerdo resultó en la renuncia de cinco altos cargos del gobierno paraguayo, una amenaza de juicio político por parte de la oposición y finalmente, este jueves 1 de agosto, en la anulación del contrato entre ambos países, luego de que Bolsonaro hiciera público su apoyo a Benítez para salir de la crisis.
Sin embargo, el aparente sigilo de este acuerdo que señala la oposición no es el único secreto que esconde este gigante energético binacional. En una investigación realizada por el diario Última Hora, en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists – ICFJ- en alianza con CONNECTAS, que puede verse completa acá, se revela que en las 180.000 hectáreas destinadas para zonas de protección al borde del espejo de agua hoy se encuentran puertos creados para tráfico de contrabando, drogas y armas, mientras en otras zonas se han instalado clubes privados de forma irregular. Esto a la par de crecientes reclamos de comunidades indígenas que denuncian la expropiación de sus tierras sin indemnización, mientras estas quedaron en manos de personas influyentes y agroempresas.
En su creación, que se dio bajo la dictadura de Alfredo Stroessner, se implementó una ley, que ordenaba la expropiación de tierras alrededor de esta para establecer una Franja de Protección. Con esta ley, la 752 de 1979, el Estado paraguayo expropió un total de 165.000 hectáreas de terreno de la comunidad, pero la aplicación de la misma fue aplicada de manera irregular y no se concretó sobre unas 50.000 hectáreas que quedaron en manos de agroganaderos, la mayoría brasileros. Es decir, casi una tercera parte de estas tierras no cumplió el mandato de la ley, y no se convirtieron en reserva, sino que entraron en un limbo de uso y propiedad que la ley no ha especificado hasta el día de hoy. Esa zona gris ha sido la base de muchas irregularidades presentes actualmente en este espacio de reserva, mientras varias comunidades originarias de estas tierras siguen reclamando lo que consideran suyo.
Uno de los hallazgos mas relevantes de la investigación de Última Hora, fue la ubicación de 261 puertos clandestinos dentro de la franja de bosques de Itaipú: 170 en el lado paraguayo y 91 en el brasileño. Hallazgos obtenidos a través de reporteo en la zona y mapeo satelital. La investigación arrojó que estos funcionan como puntos de conexión para el contrabando de cigarrillos de la marca que produce Tabesa, la tabacalera del ex presidente de la República, Horacio Cartes, y según el titular de la la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, estos puntos de conexión también se utilizan para el tráfico de drogas y armas, entre otros productos (ver investigación acá).
El diario logró comprobar, con labores de la Unidad Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando (UIC) y la Senad, que un grupo de los puntos identificados era puertos clandestinos. Esta información se compartió a representantes del Ministerio Público y del Ministerio del Interior, pero el hallazgo no generó mucho eco dentro de la entidad y hasta el momento no se han efectuado acciones concretas en contra de estos puertos ilegales.
Anteriores operativos de la Senad y la Fiscalía ya capturaron cargamentos de drogas en esta zona en Itaipú, pero los mismos, al igual que los representantes de la empresa binacional, reconocen que la enorme extensión del terreno que se estienden a lo largo de 1.524 kilómetros, hace imposible el control. Ese también fue el argumento del ministro de Defensa paraguayo, Bernardino Soto Estigarribia.
Esto no es lo único que opera a las orillas de la reserva, pues también hay presencia de clubes privados y condominios de lujo que, aprovechando las irregularidades en la asignación de los terrenos, lograron instalarse sin mayor problema dentro de la franja, violando lo establecido por la ley, que de forma clara señala la obligación de conservación de los bosques de esta zona.
A pesar de esto, los abogados de Itaipú le señalaron a Última Hora que aún no existe una política definida sobre qué hacer con estos clubes, pues los contratos fueron cedidos por gobiernos anteriores. Según ellos, desde el año 2000 se llevan adelantando acciones judiciales para repeler las incursiones ilegales en estos bosques y aseguraron que iban a hacer una revisión de los casos para determinar qué hacer.
El panorama de varios clubes exclusivos operando de manera irregular en esta zona de reserva contrasta con la lucha de comunidades originarias como los Avá Guaraní, los Kiritó o los Tacuara’i que en los últimos tiempos han estado en el centro de las noticias por los casos de asesinatos y secuestros de sus miembros por parte de denominados “capangas”, asesinos al mando de sojeros brasileros que buscan desplazar a los nativos de sus tierras, según denunciaron los indígenas y grupos de apoyo de la sociedad civil (ver investigación acá).
Según estudios de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, en total 60 mil indígenas fueron afectados desde la construcción de la represa. Asimismo, varios estudios antropológicos del desalojo señalan que fueron unas 38 comunidades las desterradas por la Itaipú Binacional en el lado paraguayo, sin indemnización y en condiciones precarias, al igual que los Avá Guaraní del lado brasilero. Algunos integrantes de estas comunidades originarias están volviendo a su territorio 40 años después del despojo, rodeados de contrabandistas, narcotraficantes y sojeros violentos que los amenazan, otra de las invasiones problemáticas en este territorio.
Los propietarios de las enormes extensiones de campo de soja y pasturas de ganado que rodean a toda la Franja de Protección de Itaipú, brasileros en su mayoría, han protagonizado ocupaciones ilegales y deforestación en las tierras de la binacional. Los casi inexistentes procesos judiciales han garantizado impunidad para estos grupos e individuos que invaden la franja para diferentes intereses, ya que las pocas condenas que se han logrado a partir de denuncias castigaron a los culpables con donación de plantas a Itaipú, cartuchos de impresora al Juzgado o cubiertas para vehículos del Ministerio Público.
Los abogados actuales de la binacional, señalaron a Última Hora que no reconocen las investigaciones antropológicas respecto a los nativos hasta que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) oficialmente lo haga, además de indicar que la permanencia de los mismos en las zonas protegidas es de imposible cumplimiento, considerando el estatus legal de estas áreas. A pesar de eso admitieron que fue una época donde las dictaduras militares no respetaban los Derechos Humanos, por lo que probablemente hayan sido víctimas de abusos.
La posición del nuevo gobierno de Mario Abdo Benítez en Paraguay sobre Itaipú aún no está muy bien definida respecto a estos casos, y serán sus próximas acciones o la ausencia de ellas la que mostrarán si posee un real interés en concretar un saneamiento real a los negocios ilícitos que prosperan en las tierras de la binacional. Primero tendrá que destrabar el embrollo que armó, por cuenta de lo que han sido considerados negocios secretos con el gobierno brasileño.
Este es un trabajo realizado por Roberto Irrázabal periodista de Última Hora (ÚH), en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del ICFJ en alianza con CONNECTAS.
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