El 911 de la provincia de Buenos Aires no da abasto. En 30 días recibió 3.000 llamadas con amenazas de bomba contra colegios secundarios. Las voces al otro lado de la línea son jóvenes y denotan ansiedad. La policía sabe que son “travesuras” sin riesgo, pero debe activar un protocolo que exige un costoso operativo de prevención. La rutina es siempre la misma: los directivos desalojan el edificio, los peritos revisan aulas y pasillos sin encontrar nada sospechoso y los alumnos vuelven a las aulas: Pero ya se ha perdido el día de clase. Desde el Gobierno aseguran que no hay una campaña de desestabilización y prefieren hablar de un “efecto contagio” entre adolescentes. Pero no encuentran la forma de parar los llamados. Por el momento hay 120 causas abiertas por intimidación pública, el 90% de ellas contra estudiantes de entre 11 y 17 años.
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