La selva del Guaviare, la otra víctima del posconflicto

La selva del Guaviare, la que alguna vez fue el refugio de las FARC, está desapareciendo. En esos bosques se libra otra guerra, esta vez contra la deforestación, que avanza con el permiso de las disidencias de esa guerrilla y ante la ausencia del Estado, cuyo modelo de desarrollo riñe con el del gobierno local.

La importancia de estos bosques radica en que tardaron cientos de años para formarse y ocupar el paisaje. Así mismo, son el hábitat natural de especies que solo habitan en el Guaviare y que hoy están en riesgo. Foto: David Arango.

Bebe lento su café, mientras mueve los ojos hacia los lados como buscando un rostro entre los campesinos del único establecimiento abierto a esa hora de la noche. Dice que no tiene miedo, pero se le nota en el rostro. Habla con frustración.

Se refiere a la disidencia de las Farc, también conocida como frente primero o Armando Ríos, la misma que ha sido bombardeada por las Fuerzas Armadas y que secuestró a un contratista encargado del programa de sustitución de cultivos ilícitos de la ONU, que luego liberó el pasado 6 de julio. Este grupo que ya no es la numerosa guerrilla que enfrentó al Plan Patriota, la mayor operación militar contra las Farc, sigue teniendo presencia en el Guaviare a través de las disidencias del frente séptimo y primero. Este último, según campesinos consultados, estaría cobrando un millón de pesos por hectárea de bosque talada.

Y son `ellos` los que le impiden a ese funcionario hacer su trabajo: evitar la tala ilegal en 16.200 kilómetros cuadrados, una superficie casi tan grande como el departamento del Huila. Es una labor complicada porque no tiene oficina y cuando se desplaza lo hace en su propia moto. Sabe que, a la selva del Guaviare que en 25 años casi ha perdido un territorio cercano al tamaño de Risaralda (3.923 kilómetros cuadrados), solo puede ingresar acompañado por la Policía o el Ejército.

Con él son al menos 70 los funcionarios de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) encargados de conceder permisos de tala, imponer multas e incautar madera en el mismo número de municipios. Si se tiene en cuenta que solo la jurisdicción de El Retorno, el más pequeño de los cuatro, equivale a 1.017 kilómetros cuadrados —casi el tamaño de la ciudad de Bogotá— se puede dar cuenta de que se trata de una labor imposible. Además, a la lucha de estos funcionarios contra la falta de recursos se suma la de evitar que los maten.

Eso sucedió el 27 de febrero de 2014 cuando un sicario le disparó por la espalda al geólogo de 48 años, Ricardo Molina Vargas, a la salida de su oficina en la CDA, en San José del Guaviare.

Él no ha sido la única víctima. El pasado 4 de abril de este año, un soldado falleció y otros tres quedaron heridos tras ser atacados con explosivos, mientras acompañaban a un grupo de funcionarios de la CDA en zona rural de El Retorno. Las autoridades responsabilizaron al frente primero de las Farc del ataque. Hoy, a pesar del acompañamiento de la Fuerza pública, el puñado de funcionarios encargados de ser la autoridad ambiental en el Guaviare solo puede hacer control en áreas cercanas a los cascos urbanos porque recorrer el territorio que deben vigilar puede costarles la vida.

De pie, en el mismo lugar en el que fue baleado Vargas, César Méndez, director de la CDA, habla de las principales causas de la tala en el departamento.

“La mayor parte de la deforestación se debe a la construcción de vías terciarias, no porque destruyan los bosques, sino porque es por ahí que llegan los nuevos colonos. Le sigue la tala y quema para ganadería, y en tercer lugar, los cultivos de coca que han aumentado en el departamento. Esto ocurre en zonas con bosques que tardaron miles de años en crecer y que son el hogar de una flora y fauna única. Si seguimos así, la meta de cero deforestación para 2020 en la Amazonía colombiana, no se logrará”, explicó César Méndez.

Un ejemplo de que se está perdiendo la guerra contra la deforestación en el Guaviare se puede ver cuando se atraviesa el puente sobre el río Unilla, el cual conecta el casco urbano del municipio de Calamar con la Reserva Forestal de la Amazonía, protegida por la ley 2 de 1959. Esta norma, que prohíbe la ganadería y solo permite aprovechar los bosques, con permiso de la autoridad ambiental se está incumpliendo. Pues ese territorio, que en los mapas oficiales aparece teñido de verde, es en la realidad una vasta extensión de potreros en los que pastan cientos de cabezas de ganado.

Tres kilómetros adentro de esa frontera invisible, en la que la disidencia cobra 30.000 pesos por cada cabeza de ganado, un árbol del tamaño de un edificio de 10 pisos es el único recordatorio de lo que alguna vez fue selva.

De regreso, un puesto de policía custodia día y noche el puente sobre el río Unilla, pues la disidencia de las Farc amenazó con dinamitarlo. Allí, un grupo de uniformados además debe repeler los disparos ocasionales que hacen los subversivos desde el otro lado de la orilla, deben revisar que cada vehículo que transporta madera porte el salvoconducto expedido por la CDA. Los policías dicen que no saben diferenciar entre los tipos de madera y que muchas veces han pedido, sin respuesta, apoyo de esa entidad para poder identificar si se tratan de especies maderables o en vía de extinción.


Lea el especial AQUÍ


Tierra barata para nuevos colonos

La frase es de José Ibáñez, líder campesino de la vereda Patio Bonito, en el municipio del Retorno. Lo dice mientras camina sobre el tronco de un árbol carbonizado, uno de los rastros de la tala más reciente o ‘tumba’, como le dicen los campesinos.

Hoy, esas hectáreas siguen teniendo un precio. Según pobladores de Patio Bonito, vereda cobijada por la ley segunda, con algo más de un millón de pesos cualquiera puede comprar una hectárea de tierra, que es más costosa entre menos bosque tenga. Esto ha motivado la compra sistemática de la zona de reserva sin una titulación formal, que estarían haciendo ganaderos de Arauca, Casanare y Meta.

Estos nuevos colonos se quedan con predios en zonas protegidas de más de 300 hectáreas sin que ninguna entidad los ponga en cintura. Sin embargo, ¿qué los motiva a comprar selva en zonas de reserva y en lugares tan alejados? Ibáñez lo resume en una palabra: expectativa.

Este uso de la reserva forestal es ilegal porque para talar el bosque se requiere un permiso de la autoridad ambiental. Para el exministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra si se va talar “el bosque se debe tener un permiso para una sustracción de la reserva y no se puede hacer nada sin esa autorización. Lo que pasa es que hay todo tipo de contradicciones”, dice.

Aldemar Gavilán Reina, asistente técnico del Comité de Ganaderos del Guaviare, dice que no se reportan todas las cabezas de ganado porque esos registros los usa la guerrilla y la delincuencia común para hacer extorsiones. No obstante, aclara que el aumento en la deforestación se debe a ganaderos que no conocen métodos pecuarios más productivos.

Estos factores sumados a la expectativa de titulación podrían explicar por qué en el último informe del Instituto de estudios Ambientales (Ideam) la cifra de hectáreas deforestadas en el Guaviare pasó de 9.634, en 2015, a 11.456, en 2016.

Ibáñez teme que se frustre su proyecto en Patio Bonito, para crear una granja sostenible. Ahí se destinarían 20 hectáreas al cultivo de Asaí, Arazá, Sacha Inchi y Cacao, para evitar la tala de 80 hectáreas de selva que le quedan a la zona. La finca La Floresta, como la bautizó, recibió apoyo del Instituto Colombiano de Investigación Amazónica (Sinchi).

 Una tenaza sobre el Chiribiquete

Un repaso por los mapas publicados por el Ideam muestra una curva conocida como el ‘arco de la deforestación’, que se extiende desde la frontera con Ecuador, en el Putumayo, hasta el centro del Guaviare. Esa línea de cientos de kilómetros está aislando al mayor parque nacional de Colombia, el Chiribiquete, del parque Serranía de la Macarena y Nukak. Lo que por siglos fue un corredor para especies selváticas hoy está siendo ocupado por el ganado.

El Chiribiquete, con casi 3 millones de hectáreas de selva virgen, fue en la década de 1980 el lugar elegido por Pablo Escobar para poner su mayor laboratorio de cocaína, ‘Tranquilandia’. Hoy esos bosques están siendo cercados por frentes de colonización que estarían a menos de diez kilómetros del parque.

La importancia del Chiribiquete, está más allá de las imágenes de montañas que se alzan en medio de la selva, vestigios del Escudo Guayanés también conocidos como Tepuyes, o del caudaloso río Apaporis, retratado en la película ‘Colombia Magia Salvaje’.

Se debe proteger al Chiribiquete porque allí residen comunidades de indígenas no contactados que, como lo explicó el fallecido antropólogo colombiano Roberto Franco en su investigación, ‘Cariba Malo’, son grupos humanos nómadas que han tomado la “autodeterminación de evitar el contacto con la sociedad”. Esas comunidades, que serían de la etnia Karijona, corren el riesgo de desaparecer si la deforestación sigue presionando al Chiribiquete.

Hoy, las reses que merodean la construcción y las avispas que hicieron sus nidos en el techo son los únicos visitantes de esta escuela, ubicada en uno de los departamentos que más han padecido el conflicto armado colombiano y en el que históricamente grupos al margen de la ley han practicado el reclutamiento de menores.

Lea el especial AQUÍ


Este reportaje fue realizado por David Arango para El Tiempo en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.


 

 

Deje un comentario

Por favor ingrese su comentario
Por favor ingrese su nombre acá