Representantes de la empresa HKND, concesionaria del proyecto de El Canal Interoceánico por Nicaragua, se mostraron satisfechos al culminar la “consulta pública” del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) de El Canal, que cuenta con el beneplácito del Gobierno de Nicaragua.
No obstantes, miles de nicaragüenses se mostraron inconformes y rechazaron la construcción de El Canal. Han organizado más de medio centenar de marchas exigiendo su suspensión y defendiendo la tierra, los bienes naturales, el Lago de Nicaragua (Cocibolca) y la soberanía.
El 13 de junio de 2013, la Asamblea Nacional de Nicaragua, aprobó la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociadas (Ley 840) entregando a HKND, propiedad de Wang Jing, una concesión para construir y operar El Canal por un período de cien años.
El Canal tendrá una longitud de 278 KM, incluyendo un tramo de 105 KM en el Lago de Nicaragua (Cocibolca). El ancho será de 230 a 520 metros y la profundidad de 27.6 a 30 metros”, según HKND.
El proyecto contempla la realización de varios subproyectos, entre estos: dos puertos, una zona de libre comercio, un complejo turístico, un aeropuerto, carreteras, una planta hidroeléctrica, una fábrica de acero y una de cemento.
La ruta de El Canal Interoceánico afectará once municipios de Nicaragua, en los cuales el sistema de salud es frágil y no cuentan con las condiciones sanitarias para prevenir daños masivos a la salud ante un proyecto de tal magnitud.
Este artículo fue realizado por Onda Local y es republicado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS.
Problemas sanitarios en la ruta de El Canal
HKND publicó primero un resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) de El Canal Interoceánico, posterior a la “consulta pública” del EIAS del 24 de septiembre de 2015. A dicha actividad se impidió el acceso de ambientalistas, medios independientes y científicos nicaragüenses que han mantenido una posición crítica del proyecto. Luego, la concesionaria publicó el estudio completo.
Según Kwok Pang, Vicepresidente Ejecutivo de HKND, “El Canal inevitablemente tendrá impactos negativos en el ambiente, pero si se siguen las recomendaciones de Environmental Resources Management (ERM) -la firma británica que realizó el EIAS- se espera un impacto neto positivo”.
En el EIAS, la consultora ERM recomendó realizar cambios en el diseño original de El Canal para evitar y mitigar sus impactos negativos y la realización de otros estudios antes de la aprobación del diseño final para la construcción de El Canal, como: levantamiento topográfico, evaluación de riesgos geotécnicos y sísmicos, estudios de sedimentación, batimetría, balance hídrico y salinidad del Lago de Nicaragua, así como estudios arqueológicos.
Durante la “consulta pública” del EIAS no se mencionó el impacto en la salud que tendrá la construcción y operación de El Canal, ni cómo se mitigarán los posibles daños a la salud.
El EIAS reconoce que la construcción y operación de El Canal ocasionará problemas sanitarios, derivados del flujo de población del área del proyecto. Según el documento presentado, “durante las consultas, un comentario que fue planteado repetidamente fue la insuficiencia de los servicios médicos, incluyendo la baja calidad de las instalaciones, la falta de medicamentos y la cantidad insuficiente de camas de hospital… en el área aumentaría la demanda de los servicios de salud sobre las clínicas y los hospitales departamentales, que ya están trabajando a su máxima capacidad, en términos de los recursos de personal e infraestructura”.
Las Comunidades Afectadas por el Proyecto (PAC) estarán expuestas a molestias asociadas a la construcción, que incluyen polvo, ruido y vibración, evidencia el EIAS. La Consultora considera que estos problemas se pueden minimizar si se aplican las buenas prácticas internacionales. Sin embargo, los impactos sociales y sanitarios que surjan de cambios en el acceso y flujo de población, serán más difíciles de minimizar y evitar.
Foto: Onda Local.
El EIAS señala que si no se maneja correctamente la inmigración al área de la ruta canalera, impactará adversamente a las comunidades locales, trayendo consigo problemas sanitarios como aumento de enfermedades infecciosas a causa de malas prácticas de higiene; sobrecarga de las clínicas de salud locales; transmisión de nuevas enfermedades o propagación de enfermedades existentes; disminución de la calidad nutricional de la dieta o la disponibilidad de alimentos; y aumento de infecciones de transmisión sexual.
Para la salubrista y exministra de salud, Dora María Téllez, durante el primer período de gobierno de Daniel Ortega (1980-1990), el impacto más importante y con consecuencias a la salud en el largo plazo, es el derivado del desplazamiento y el desarraigo de comunidades y familias.
“Las familias pierden su forma de vida, sus fuentes de ingreso, sus redes de apoyo y su tendido social, incluyendo escuelas, puestos de salud, iglesias, vínculo con sus familiares más cercanos”.
Apuntó que el impacto inmediato se presenta en las dificultades y riesgos derivados de la pérdida de ingresos, fuentes de trabajo o empleos, de viviendas, con el consecuente efecto en las condiciones nutricionales y de sostenimiento inmediato de las familias, así como en las condiciones de vida.
Para la exministra, el efecto del desarraigo también se prolonga en el tiempo y es especialmente grave en niños y niñas, y en personas ancianas. La depresión y los problemas de salud mental son más frecuentes y agudos en poblaciones desarraigadas. La suma de estos efectos en sus condiciones de vida material y social, debilita las condiciones de las personas para mantener la salud física, sostuvo.
“Vivimos pensando para adónde vamos a coger. Sabemos que el gobierno no va a asumir trasladarnos a ningún lado. Con lo que nos paguen, no vamos a comprar absolutamente nada, ni un solar. Aquí tenemos nuestra vida hecha. Es duro, a diario nos daña psicológicamente”, aseguró Nayid Acevedo, de la comunidad El Roble, municipio de San Miguelito, Río San Juan.
Para Lucía Gutiérrez, de la comunidad El Dorado III, también de San Miguelito, la incertidumbre de no saber adónde irá es un “pensamiento que me pone mal” y aunque su casita es de madera, se siente tranquila. “Esa Ley 840, no dice que nos van a poner en otra parte”, refirió.
En Punta Gorda, municipio de Bluefields, los daños psicológicos ya se empiezan a manifestar, sobre todo en la niñez y en las personas adultas por el miedo a perder sus tierras y a ser desplazados a lugares desconocidos, que nada tiene que ver con sus formas de vida, aseguró Nemesio Mejía, habitante de esta comunidad.
El estudio “Efectos Socioeconómicos de El Canal en Municipios”, de la Red Local, señala que 24 mil familias serán desplazadas de sus propiedades. HKND en la voz de Kwok Pang, su vicepresidente ha manifestado que “a lo sumo seis mil hogares serán afectados, que representan unas 27 mil personas. Solamente 25 hogares indígenas”, aseguró.
Para manejar los impactos en las Comunidades Afectadas por el Proyecto (PAC), en lo referido a salud, ERM recomienda a HKND implementar un programa integral de salud de los obreros que incluya educación en salud y la disposición de detección y tratamiento de enfermedades contagiosas; así como, asistir a las PAC por la pérdida de acceso a los servicios de salud como clínicas y hospitales, proporcionándoles recursos alternativos o adicionales.
Para Dora María Téllez, una obra de ese tipo, requeriría de la disposición de una red de servicios de atención primaria y secundaria estructurada para atender a la población laboral, acorde al tipo de riesgos que pueden experimentar y de problemas de salud que pueden enfrentar. Esta red de servicios, a criterio de la exministra de salud, deberá contar con una política de acciones de salud preventivas, para proteger y cautelar la condición de salud de trabajadores y trabajadoras. Asimismo, debe determinar las necesidades de servicios de salud y el tipo de programas que deberán desarrollarse, además de la atención. Las necesidades se estiman considerando el territorio, las distancias de los sitios de trabajo, la cantidad de personas que atenderían y el tipo de problemas de salud más frecuentes.
Foto: Onda Local.
Para la médica e investigadora feminista, Ana María Pizarro, es evidente que el sistema de salud no da abasto ni para las necesidades nacionales actuales.
“Hay agotamiento del personal por la carga laboral. Es evidente que no hay suficientes medicamentos, ni exámenes de laboratorios. Si en estos momentos, tenemos esta fragilidad del sistema de salud, esos desplazamientos van a significar necesidades de personal, de equipos, de infraestructura”.
Pizarro agrega que no se conoce “el plan de gobierno, en qué gastos se va a incurrir, tampoco sabemos cómo el personal de salud está siendo preparado para atender a la población desplazada”, señaló.
“No se escuchado nada de cómo se va a manejar la salud en las poblaciones que van a ser desplazadas. Tenemos información oficial que dice que sería de 27 a 30 mil personas. Sin embargo hay estimaciones de científicos que hablan de unas 120 mil personas. Estamos hablando de cinco veces más de la estimaciones oficiales”, advirtió Ana María Pizarro.
Cuando se hacen movimientos de población tan grandes, a criterio de la especialista, lo primero que se debe estudiar es con qué cuenta el sistema de salud actual. En la zona de El Canal, especialmente del lado del Caribe, se tiene la menor cantidad y la menor densidad de servicios públicos para la atención. Es donde más frágil está el sistema de salud, dijo Pizarro.
“Si contamos que en Bluefields y en toda la zona del Caribe Sur, para salir a un centro de mejor resolución se puede necesitar entre ocho, diez y doce horas en panga cuando hay dinero para pagarla. Si tomamos en cuentas que esas zonas están asistidas por brigadas médicas, significa que no hay personal suficiente ni calificado en los lugares donde la gente los necesita. Estas brigadas llegan periódicamente y cada vez menos y cada vez con más dificultades”, añadió la médica e investigadora.
Pese a estas preocupaciones, el asesor principal del proyecto, Bild Wild, aseguró que “no se ha encontrado mayor reto o desafío en cuanto a la salud”. Citó como ejemplo, el Canal de Panamá, refiriendo que los problemas de salud que había hace cien años, se pueden manejar perfectamente hoy. “Por eso en las conclusiones, la salud no es un tema importante”, remarcó.
“En el EIAS existen estudios breves sobre el tema de la salud, pero no se ha tratado de manera específica. Un estudio particular del impacto en la salud de El Canal por el momento no se ha llevado acabo. Vamos a realizar un plan de manejo profesional de las condiciones de salud de los trabajadores durante la construcción de las obras, ya se hará un estudio más detallado cuando se apruebe el EIAS”, reconoció Wild.
Por su parte, Telémaco Talavera, vocero de la Comisión del Gran Canal de Nicaragua, no se mostró preocupado en cómo prevenir los daños que El Canal ocasionará a la salud. Centró sus esperanzas en que El Canal resolverá todos los problemas de Nicaragua, incluyendo el actual déficit de salud.
“Al mejorar las condiciones de Nicaragua, mejora todo. Vamos a disponer de más recursos para la salud preventiva. Si reducimos el hambre, si reducimos la pobreza vamos a reducir las enfermedades. Vamos a disponer de más recursos para centros de salud, hospitales… lógicamente tenemos que desarrollar más y mejores capacidades humanas para prevenir; pero también para poder atender las enfermedades que tenemos aun sin canal, pero que no tenemos muchas veces, todos los recursos para atenderlas”.
El Plan Nacional de Salud, elaborado durante la administración del expresidente Enrique Bolaños, reconoce que “la respuesta social a la situación epidemiológica de la población, ha sido poco eficaz, eficiente y efectiva”. Añade, que se cuenta con escasos recursos para atender las necesidades y demandas de la población y por otro lado, ha sido limitada la articulación de las instituciones y organizaciones del sector salud para desarrollar acciones efectivas que puedan revertir los problemas de salud de la población.
Vicepresidente del Grupo HKND, KW Pang. Foto: Onda Local.
Nueve campamentos de trabajadores
Según el documento descriptivo de El Canal Interoceánico, para la construcción del mismo se requerirá la instalación de nueve campamentos, donde se alojarán unos 5 mil 400 trabajadores. Cada campamento tendrá su clínica de salud, sin embargo, HKND requerirá los servicios de los hospitales cercanos para atender “traumas de los trabajadores”, para lo cual tendría que firmar acuerdos con los hospitales locales.
HKND prevé la contratación de una fuerza de trabajo calculada en 50 mil personas durante el período de cinco años que durará la construcción. El proyecto requerirá aproximadamente un mil 500 posiciones administrativas de oficina y aproximadamente 48 mil 500 posiciones de campo, lo cual demandará más atención en salud de los centros hospitalarios.
Los campamentos, como están planteados, no se tratan únicamente de sitios de vivienda y alimentación, sino de sitios de confinamiento, por las reglas internas que han sido publicadas y que entre otras cosas, prohíben la salida de los trabajadores de los campamentos, asegura la exministra de salud, Dora María Téllez.
“Campamentos de ese tamaño son verdaderas ciudadelas y como tal, requieren una provisión de servicios que va más allá de la alimentación y el alojamiento. Pueden ser necesarias, desde barberías, hasta sitios de recreación adecuados, estaciones de policía, unidades de salud, tiendas de artículos de uso cotidiano”, agregó.
HKND no ha especificado donde estarían ubicados los campamentos. Para Téllez, la ubicación de los mismos es muy importante para que no impacten negativamente en las poblaciones cercanas en cuanto a su disponibilidad de agua y servicios sociales básicos que en la mayoría de los casos, son muy limitados.
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Este reportaje fue realizado por Julio López para Onda Local (Nicaragua) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
