Por Lucydalia Baca Castellón para CONNECTAS.
A finales de 2018, el Foro Económico Mundial informó que Nicaragua ocupaba el quinto lugar del índice mundial sobre paridad de género, que evaluó a 149 naciones. El país centroamericano solo fue superado por Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia y se ubicó en el primer lugar en América.
Al anunciar este reconocimiento, la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo destacó que el país ascendió desde la posición 62 que ocupaba en 2006 a la cinco en 2018 y añadió que se tenía una de las más altas proporciones del mundo en el caso de mujeres en el Parlamento como un ejemplo de la aplicación de políticas públicas en esta materia.
La medición global evalúa el progreso de los países hacia la paridad de género en cuatro dimensiones temáticas: participación y oportunidad económica, nivel educativo, salud y supervivencia, y empoderamiento político; algo imposible de comprobar porque no hay datos públicos con los cuales hacerlo.
Si el país que describen las estadísticas del gobierno de Daniel Ortega fuera real, la nación centroamericana presentaría números creíbles en áreas como la pobreza, el desempleo o el estado de la niñez y adolescencia. Sin embargo, el ocultamiento de las cifras y la manipulación o información incorrecta presentadas por el Estado ha minado la confianza aún más en las instituciones y ha provocado la falta de credibilidad de sus voceros.
Los últimos datos sobre la pobreza por ejemplo están desactualizados. Fueron publicados en 2016 por una entidad gubernamental, el Instituto Nacional de información de Desarrollo (INIDE), que se encuentra sin director desde 2014 y está supeditado ahora al Banco Central de Nicaragua, lo que supone un grave conflicto de interés para las autoridades monetarias.
“El Banco Central prácticamente adoptó al INIDE y eso provoca el riesgo moral de manipular algunos indicadores para decir algo conveniente para la política económica o social. Además, no se puede ser juez y parte de un pronunciamiento sobre variables que la misma institución produce”, asegura el economista Néstor Avendaño, director ejecutivo de la firma de Consultores para el Desarrollo Empresarial (COPADES), radicada en Managua.
El economista Enrique Sáenz, exdiputado opositor entre 2007 y 2016, recuerda la propaganda estatal y cómo el ejecutivo de Ortega se hacía llamar el “gobierno de los pobres” para mostrar una cercanía con la población.
El INIDE sostuvo en 2016, tras su encuesta de nivel de vida, que la pobreza afectaba al 24.9 por ciento de la población, la mitad del 48 por ciento que reportaron al inicio de mandato de Ortega en 2007. Las críticas al manejo de las estadísticas provienen también de sectores incluso cercanos al ejecutivo.
Según los datos de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), la pobreza general afectó 42 por ciento de la población en 2016, lo que implica una diferencia de 17 puntos porcentuales con respecto el dato divulgado por el gobierno. El FIDEG es un centro de pensamiento dirigido por Alejandro Martínez Cuenca, exmiembro de la directiva del Banco Central de Nicaragua entre 2011 y 2018, cargo al que accedió por propuesta de Ortega.
Avendaño recuerda que el Banco Mundial no aceptó los resultados estatales sobre la encuesta de medición de la pobreza de INIDE en 2016, porque la medición gubernamental se realizó sin el aval técnico de la institución financiera, después de varios años de respaldar los resultados de esa misma encuesta.
El director de COPADES prefiere no generalizar con respecto al “manejo de los datos” por considerar que en el campo económico hay algunos “extremadamente confiables”, entre ellos los monetarios y las estadísticas financieras. Avendaño admite que hay otros que quizás por falta de información no son confiables.
La tesis de la socióloga Sofía Montenegro, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres, es que la estrategia gubernamental busca el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Organización de Naciones Unidas, lo que “llevó a Rosario Murillo a orientar la falsificación de las estadísticas en temas de niñez, educación, salud, participación política con el famoso decretazo del 50/50 en los cargos públicos (repartidos entre mujeres y varones) y otras que se falsifican y que son los números oficiales que le entrega el gobierno a organismos internacionales para ser usados como referencia”.
Los femicidios también están bajo cuestionamiento desde que una reforma a la ley 779, que castiga la violencia contra las mujeres, limitó el delito a cuando ocurre en el ámbito de pareja, mientras las comisarías de la mujer y la niñez, que atendían casos de violencia contra mujeres como un órgano especializado de la Policía, fueron cerradas.
En abril del año pasado, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, se refirió a una supuesta reducción del desempleo. Basado en los datos del INIDE, bajo tutela del órgano monetario, el funcionario dijo que la tasa de desempleo se ubicó en 3.7 por ciento con respecto a la población apta para trabajar formada por 3.1 millones de personas, es decir a su nivel más bajo de los últimos nueve años.
Sin embargo, el dato fue ampliamente criticado por economistas independientes al gobierno, entre ellos Avendaño, quienes lamentaron que el BCN, sin justificación ni aviso previo, haya suspendido la publicación de la base de datos de la Encuesta Continua de Hogares, ya que esa información habría permitido verificar la consistencia de lo expuesto por el Estado.
“Según El Banco Central antes de la crisis (que estalló en abril de 2018) en Nicaragua la tasa de desempleo era del 3.7 por ciento, es decir que había empleo pleno y esa es una gran aberración de la realidad del mercado laboral”, afirma Avendaño.
Nicaragua vive una crisis política, económica y social desde abril de 2018, cuando el gobierno reprimió a la población que protestó en las calles, dejando un saldo de al menos 328 muertos y más de 2 mil heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos.
El director de COPADES cree que la intención de Reyes con los datos sobre la ocupación laboral era minimizar el principal problema del mercado nicaragüense: el subempleo. El informe del FIDEG, que contradijo el tema de la pobreza en 2016, detalla que un año después a nivel nacional 70 de cada 100 empleados laboraba en el sector informal, formado por trabajadores a cuenta propia y mujeres.
Junto a las dudas sobre las estadísticas también se desmanteló la red de sitios web de instituciones públicas en los que se podía acceder a información, una iniciativa que había sido desarrollada por el expresidente Enrique Bolaños (2002-2007), antecesor de Ortega.
Nicaragua es el único en Centroamérica que no es miembro de la Asociación de Gobierno Abierto (AGA), que invita a sus integrantes a comprometerse a incrementar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales, apoyar la participación ciudadana e incrementar la rendición de cuentas.
“Desde los gobiernos locales hasta los nacionales, todos convirtieron sus sitios web en cascarones. En la última década lo que se ha manejado son aproximaciones y lo único real que queda es la información que obtienen los investigadores en el trabajo de campo”, insistió la socióloga Montenegro.
En la situación de la niñez y adolescencia tampoco hay claridad. Jorge Alberto Mendoza Vásquez, vocero del Consejo de Coordinación de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabaja con este tema en el país, se abstiene de asegurar que en la última década se hayan “maquillado” las estadísticas, pero admite que es casi imposible obtener información sobre aspectos concretos como el acceso a la educación, salud, trabajo o mortalidad infantil.
“Hay un incumplimiento absoluto y total de la Ley de Acceso a la Información Pública. Esto ha implicado que el Estado y sus distintas instituciones en su gestión hacen caso omiso a lo que plantea dicha ley que fue aprobada en 2007 y que oculten de manera permanente y creemos deliberada, los principales indicadores”, expone Mendoza.
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Ante tal situación, según Mendoza, se afecta el acompañamiento que puedan realizar en su calidad de miembros de la sociedad civil. El gobierno no solo evita presentar los informes en organismos internacionales, sino que algunos contienen contradicciones entre el mismo Estado.
“Por compromisos internacionales Nicaragua está obligado a mantener actualizados los datos de trabajo infantil, pero la última encuesta que se conoce es de 2011 y se actualizó en 2013, pero el manejo de los datos es contradictorio con otros indicadores. Por ejemplo, había oficialmente unos 320 mil niños trabajadores y nosotros acabamos de hacer una revisión de la Encuesta de Hogares y hemos identificado unos 495 mil chavalos que trabajan”, reveló Mendoza.
Aunque las autoridades nunca han respondido a los cuestionamientos sobre la falta de credibilidad de las estadísticas, el oficialismo no da crédito a estas denuncias. El diputado sandinista Douglas Alemán, miembro de la comisión económica del Parlamento, considera que los cuestionamientos se deben a la politización de los gremios empresariales.
“Antes (de la crisis, los dirigentes empresariales) asumían el papel de gobierno y daban informaciones casi sustituyendo a los titulares de las instituciones y luego pasaron a una posición política de oposición cuestionando todo lo que ellos mismos antes avalaban”, dijo Alemán a CONNECTAS, quien considera que se debe separar lo “técnico de lo político”.
En 2015, el tema de las estadísticas en el país centroamericano fue noticia porque se anunció un cambio de metodología de las cuentas nacionales, cuyos detalles no se hicieron públicos. Entonces los empresarios, además de avalarlo, dijeron en un comunicado que hubiera sido preferible que los cambios fueran presentados simultáneamente a la publicación de las estadísticas.
El gobierno y el empresariado mantuvieron un modelo de comunicación que llamaron de diálogo y consenso, que incluía la participación de empresarios en las directivas de las instituciones del Estado y la aprobación de leyes por mutuo acuerdo. Eso ocurrió entre 2009 y 2018 cuando se dio una ruptura tras la represión a la ciudadanía.
El economista Avendaño considera que la ausencia de información se agudizó desde abril del año pasado. En las reuniones periódicas, que sostenían cooperativistas, micro y pequeños productores con el Gabinete de Producción, proporcionaban la información necesaria para alimentar las estadísticas nacionales. Pero, desde el año pasado, los dirigentes de estos sectores no asisten a estos encuentros. Las dudas sobre las estadísticas oficiales no sólo persisten, sino que van en aumento.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, quien fue ex directivo del Banco Central de Nicaragua, considera que las estadísticas no son perfectas y que todas tienen su “talón de Aquiles”.
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“Consideramos que (antes del inicio de la crisis, las estadísticas) eran creíbles en el marco de sus limitaciones y tomando en cuenta el esfuerzo que los organismos multilaterales hicieron en los últimos años para fortalecer el levantamiento de esas estadísticas”, sostuvo el líder gremial.
Sin embargo, admite que “en la actualidad lo que se cuestiona es la falta de publicación no la credibilidad de las estadísticas” y añade que, ante esa falta de información, el sector privado a través de Cosep y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), centro de pensamiento del sector privado en el país, ha tenido que generar alternativas propias para generar información.
Mario Arana, expresidente del Banco Central de Nicaragua (2006-2007) y actual presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, opina que se venían mejorando en general y cree que ciertas estadísticas macro, como los del crecimiento, puede que algún momento fueron inflados “con criterios políticos”.
Para Arana, no existe claridad sobre si están siendo respondidas las encuestas, que el gobierno envía al sector privado. “Es probable que así sea, pero puede que la información sobre producción no se publique, porque las noticias no son buenas”.
Las dudas sobre las cifras, ni siquiera dejan pie a que resulten creíbles los logros del gobierno. La socióloga Sofía Montenegro coordinó el diagnóstico “Sin República y Ciudadanía”, que evaluó la participación política de las mujeres en años recientes, y ella sostiene que, en contraste con las buenas notas obtenidas por Nicaragua a nivel internacional, se trata de uno de los siete países que penaliza el aborto en el globo, lidera además las cifras de embarazo adolescente en América Latina y, si el parámetro es la participación de la mujer en los cargos del Estado, la única con autoridad real es la vicepresidenta Rosario Murillo.
