La ciudad de los niños, ¿sin Dios y sin ley?

Destacamos este reportaje por recibir mención honorífica en la XIV Edición de los premios Rostros de la Discrimimación “GILBERTO RINCÓN GALLARDO”. La controversia en torno a un reconocido orfanato para niños sin hogar, evidencia las debilidades del Estado mexicano en el control y regulación de este tipo de actividades que se habría prestado para abusos contra los derechos de los niños que protegía, el supuesto uso de los mismos para acumular riquezas e irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Durante 40 años la obra social liderada por el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías gozó de gran prestigio por su labor con los niños en situación más desfavorable. Sin embargo, una denuncia de maltratos a menores de edad y malversación de fondos, así como la resolución de una juez federal puso al descubierto una realidad distinta: el refugio Ciudad de los Niños se había convertido en un lugar de riesgos extremos para algunos de sus habitantes y un negocio para su fundador.

Gutiérrez Farías creó ocho fundaciones para procurarse recursos, con sólo tres de ellas obtuvo 45 millones 267 mil 91 pesos (2.5 millones de dólares), más dos vehículos y cuatro terrenos, en trece años. Además es dueño de ocho bienes inmuebles, uno de ellos, un terreno de 17 hectáreas.

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Un ejemplo de que los recursos no eran auditados tiene qué ver con los planes de instalar en 2008 una planta empacadora de cacahuate que daría cierta independencia económica a los albergues y a los jóvenes los capacitaría en un oficio. Los gobiernos locales le dieron a la Ciudad de los niños 3.9 millones de pesos (222 mil dólares) pero la planta nunca se echó a andar, pues no contaba con proveedores, clientes, ni plan de negocios. Aún así, el entonces secretario de Desarrollo Social y actual gobernador, Miguel Márquez, avaló que el prelado sno comprobara el uso del recurso y pidió que se cerrara el caso sin dar explicaciones del destino final del dinero público.

Organizaciones nacionales e internacionales han solicitado al Gobierno Federal que realice las investigaciones, pues el gobierno estatal no ha emprendido acciones legales en contra de los responsables pese a que han pasado veinte meses desde que se presentó de manera anónima una denuncia que señalaba maltratos y desvíos de los donativos.

Hasta el momento, el gobierno de Guanajuato no ha podido decir cuántos niños habitaron la Ciudad de los Niños durante estos 40 años, ni precisar cuántos de ellos tuvieron un cambio de identidad, ni ha demostrado que se haya iniciado un proceso de reparación del daño en beneficio de los niños.

En el caso de la Ciudad de los Niños, las acusaciones sobre supuestas irregularidades llevan casi una década, pero sólo hasta el año pasado empezaron a ser procesadas por la justicia.  Las graves violaciones ahí ocurridas ponen en evidencia que después de tres años de haber sido promulgada una ley de protección a menores de edad, ésta es letra muerta, tanto a nivel federal como en los estados.

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Este reportaje fue realizado por Kennia Velázquez para Zona Franca, el HuffPost de México, Sin Embargo y Proceso, en el marco de la iniciativa para el periodismo de investigación en las Américas, del Internacional Center of Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS


 

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