Lea con atención los siguientes párrafos. Lo guiarán por una realidad de la que se habla poco en Latinoamérica y que viven miles de personas pobres, al enfrentarse a un sistema de justicia penal que ya de por sí está sesgado en su contra: Adán de la Cruz Gallegos es un indígena de Oaxaca, México, que tiene 45 años. Afirma que casi no entiende español, su lengua materna es el zapoteco. Una mañana de octubre de 2009 fue arrestado en su pueblo, Juchitán de Zaragoza, cuando regresaba a casa después de bautizar a su hija menor. Lo acusaron de secuestro y se lo llevaron. Ya tiene siete años en la cárcel y aún no lo han sentenciado. Asegura que no tuvo un defensor que hablara su idioma y no entendió lo que le decían cuando lo detuvieron.
Pasemos a Costa Rica, un país cuyo sistema de justicia se considera modelo en Latinoamérica. Si a usted lo acusan de un crimen y llega a un juicio penal acompañado de un defensor público, la posibilidad de que lo condenen es mayor que si contrata a uno privado, especialmente si el delito es complejo. La idea de que la gente que no puede pagar un abogado tiene garantizada una defensa penal en igualdad de condiciones, parece que no aplica en ese país.
Ahora a Perú donde 47 militares acusados por crímenes como tortura, desapariciones y asesinato tienen defensores privados pagados por el Gobierno. Mientras tanto, en octubre de 2016 la administración de Pedro Pablo Kuczynski despidió a 200 abogados públicos que debían atender a los ciudadanos comunes, incluyendo víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Estas son algunas de las historias que salen a la luz hoy, tras una investigación regional que lideró Univision Noticias en los últimos seis meses, en la que participaron periodistas de siete medios latinoamericanos: Animal Político (México), Plaza Pública (Guatemala), Semanario Universidad (Costa Rica), El Tiempo (Colombia), CIPER (Chile), Ojo Público (Perú) y Agência Lupa (Brasil), y que republica CONNECTAS gracias a un acuerdo de difusión de contenidos con Univision.
Sobrecarga de trabajo, bajos salarios, falta de atestados, nombramientos políticos, amenazas y asesinatos son sólo algunos de los problemas que cargan muchos abogados públicos de la región, sumados a la falta de independencia financiera de algunas defensorías y la negligencia de las instituciones judiciales para medir el rendimiento de su labor.
“(las defensorías públicas) ya no resisten a las necesidades de la gente, no funcionan, están saturadas y su trabajo perdió calidad”
Alberto Binder, experto en derecho procesal penal
Las defensorías públicas existen para que las personas más pobres y vulnerables tengan acceso a la justicia con las mismas condiciones de quienes sí tienen dinero para pagar un abogado, al enfrentar una acusación penal o cuando reclaman por una violación de sus derechos.
Sin esa ayuda legal, millones de personas alrededor del mundo quedarían en desventaja cuando son sometidas al sistema de justicia. En muchos países estarían en riesgo de ser enviadas a prisión sin motivos, o sufrir torturas y confesiones forzadas.
Históricamente, los sistemas penales han apuntado más hacia las personas pobres, pero cuando se las lleva a enfrentar un proceso penal, se les otorga una defensa floja. La Organización de la Naciones Unidas (ONU) viene alertando de que “los grupos débiles y especialmente vulnerables están excesivamente representados entre los delincuentes en el sistema de justicia penal”.
Por eso, estos grupos “soportan una parte desmesurada del costo socioeconómico del sistema”.
El uso de la prisión en la lucha contra las drogas disparó el número de gente encarcelada en las últimas décadas e impactó de manera desproporcionada a las mujeres, en su mayoría pobres, con bajo nivel educativo y que en muchos casos velan por niños, ancianos y discapacitados, informó la Organización de los Estados Americanos (OEA) el año pasado.
“Los grupos débiles y especialmente vulnerables están excesivamente representados entre los delincuentes en el sistema de justicia penal”
Organización de Naciones Unidas
Investigación regional
La investigación de Univision Noticias nació en Costa Rica, donde un grupo de abogados y periodistas de la Unidad de Datos revisó más de 8,000 sentencias judiciales y descubrió que, en ciertos delitos, la probabilidad de condena en un juicio para una persona que tiene un defensor público aumenta entre 12% y 26%, si se le compara con alguien que tiene uno privado.
En ese país el mayor riesgo de condena es para quienes enfrentan un juicio (con un defensor público) en casos de delitos contra la fe pública –que en ocasiones pueden requerir una defensa técnica, costosa y compleja– como estafas y falsificaciones.
La directora de la Defensa Pública costarricense, Marta Iris Muñoz, rechazó hablar sobre esta investigación. El jefe de despacho de la presidencia del Poder Judicial, Roger Mata Brenes, atacó el estudio de Univision Noticias diciendo que “no es determinante y no arroja datos concluyentes”.
Con los datos analizados, Univision Noticias construyó una calculadora para que usted pueda explorar cómo cambian las posibilidades de condena en Costa Rica, según sea el delito que se se juzga, el tipo de abogado y otras variables que entran en juego.
Otro caso que alarma es el de Colombia, donde un grupo de 153 abogados públicos tiene encima 234,964 reclamos de las víctimas que dejó medio siglo de guerra en el país. Si se los repartieran en partes iguales, le tocarían más de 1,500 expedientes a cada uno. Y miles de casos adicionales podrían llegar cuando comience a operar la Jurisdicción Especial para la Paz, un órgano jurídico que forma parte del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.
En Colombia, los abogados públicos ganan poco y tienen que atender negocios por fuera para ajustar su salario. Se sobrecargan de trabajo y no dedican el tiempo necesario a los casos de la gente pobre. “Estamos desmejorados frente a otros países, debajo de los estándares internacionales”, dice el presidente del Colegio Nacional de Defensores Públicos de Colombia, César Helcías Huertas Valencia.
México y Guatemala también batallan para garantizar el acceso a la justicia de todos sus ciudadanos. En ambos países, miles de indígenas que no hablan español quedan indefensos ante la falta de abogados públicos, jueces y fiscales que hablen su lengua. En México –un país con 18 millones de indígenas– sólo 25 defensores públicos federales hablan algún idioma ancestral.
El caso guatemalteco no es muy distinto. Esa nación centroamericana tiene 6.5 millones de indígenas –el 40% de la población total– y sólo 15 defensores públicos que hablan una lengua local para atenderlos. El año pasado tramitaron 1,779 casos.
El trabajo de un defensor que conozca el idioma local es fundamental para que no ocurra lo que le pasó a Petrona Xol, una indígena q’eqchi de Panzós, Cobán que ha estado encarcelada doce años por un crimen del que asegura es inocente.
Xol nunca entendió lo que se dijo durante su juicio y la apelación de su sentencia fue rechazada, porque el defensor la presentó fuera de tiempo, según lo denunció la Asociación de Abogados Mayas.
Desequilibrio
El caso de Perú también es notable. El beneficio para los militares acusados por violaciones a los derechos humanos genera dudas sobre la equidad del sistema de justicia en ese país sudamericano. Mientras los soldados tienen abogados privados que paga el Estado, en Ayacucho, un pueblo en las faldas de los Andes donde viven más de 49,000 deudos y víctimas de torturas, desapariciones y asesinatos, solo hay tres defensores públicos.
El estado peruano ha invertido 125,000 dólares en la defensa de los 47 militares, un monto igual al sueldo mensual promedio de 80 defensores públicos.
En ese país, el problema se agrava ante la falta de peritos que ayuden a los defensores a preparar sus casos. “Ante dicha carencia, es la familia del imputado quien usualmente cubre los gastos de un especialista o perito privado, situación que se sujeta a sus posibilidades económicas”, señaló Binder en su estudio del 2015.
En Chile la historia tiene otra arista. El Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER) narra como una empresa privada que contrató el Estado para defender a la gente más pobre se declaró en quiebra el año pasado, dejó de pagar a sus abogados y abandonó su responsabilidad con 3,253 casos que tenía a cargo.
Eso no fue obstáculo para que la Defensoría Pública chilena siguiera adelante con una licitación para otra sociedad de los mismos accionistas de la firma quebrada. Y se repitió la historia: al terminar el primer mes del nuevo contrato, en octubre de 2016, la empresa no pagó los sueldos a los defensores y abandonó los casos.
Independencia cuestionada
Alves cree que las defensorías públicas son una de las vías para mejorar las condiciones de vida de la gente y, en última instancia, contribuyen a disminuir la desigualdad y la pobreza.
“Es indispensable que (el Estado) ponga a disposición de los ciudadanos menos favorecidos los medios prácticos y concretos necesarios para que puedan litigar en igualdad de condiciones como los de poder adquisitivo más elevado”, apuntó el abogado.
En Brasil, el país de Alves, la asistencia jurídica gratuita y eficaz es inaccesible para miles de personas pobres, pues no hay suficientes defensores públicos, especialmente en el interior de la nación. Hacen falta 10,578 abogados para garantizar el acceso de la población a la justicia, según estimaciones de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas (Anadep).
El rezago brasileño es evidente, pese a que la defensa pública ha sido una garantía constitucional vigente por casi 30 años. La cobertura media nacional por comarca (distrito judicial) es de apenas del 40% en casi todo el país, según el reporte de Agencia Lupa.
Otro problema en algunos estados brasileños es que los defensores son nombrados con criterios políticos por el gobernador, tal es el caso de Amapá, en la Amazonia brasileña, al norte del país. Allí, la independencia de los defensores es cuestionada, especialmente en los casos donde representan a gente que reclama contra representantes del gobierno, declaró Antonio Maffezoli, presidente de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas (Anadep).
La independencia financiera y administrativa de las instituciones es un problema sin resolver en varios países. Un estudio de 2014 de la Asociación Interamericana de Defensas Públicas muestra que el 82% de las Defensorías Públicas (de 17 que participaron en una encuesta) tiene autonomía funcional, es decir pueden crear nuevas áreas y designar a los defensores públicos y otro personal sin pedir autorización a otro órgano.
Sin embargo, cuando se trata de la autonomía financiera, el asunto cambia. Más de la tercera parte (35%) carece de ella. Esta situación la viven las defensorías de Colombia, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay, según el estudio.
Estas son sólo algunas historias de nuestra investigación. Los reportajes que le presentamos le ayudarán a comprender la magnitud de un problema que pasa casi desapercibido en las mesas de discusión pública de Latinoamérica.
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CRÉDITOS:
COSTA RICA – UNIVISION Y SEMANARIO:
PERÚ – OJO PÚBLICO:
BRASIL – LUPA:
CHILE – CIPER:
GUATEMALA – PLAZA PÚBLICA:
COLOMBIA:
MÉXICO:
