HUANUNI

Una empresa ideal para el juqueo

HUANUNI

Una empresa ideal para el juqueo

Un sistema de control desordenado, vacíos legales, falta de seguridad e indisciplina son algunos de los factores que permiten que Huanuni sea una empresa ideal para el robo de mineral. Las pérdidas son millonarias, pero el saqueo continúa y va en aumento.

por Luis Fernando Cantoral — Enero 2019

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Mina Huanuni.
Puerta principal de la Empresa Minera Huanuni. Foto: ANF
Mina Huanuni.
Nivel 280 del cerro Posokoni donde siempre llegan los jucus. Crédito: ANF

Era de madrugada -04.25- cuando una fuerte detonación remeció las entrañas del cerro Posokoni, donde funciona la mayor mina estatal de estaño de Bolivia. La explosión conmocionó a los trabajadores de turno. Víctor, de 43 años, se encontraba dentro de la mina esperando una volqueta para salir, cuando el estruendo lo sacudió. Al minuto, una densa polvareda inundó el lugar y sus botas, overol y guardatojo quedaron completamente cubiertos. Para respirar se colocó un filtro. Avanzó cuesta arriba, desde 280 metros al interior de la mina, el último nivel en explotación, alumbrado por el foco de su casco. Un grupo de trabajadores que se adentraba le dijo que había volado el almacén de explosivos. Pero no fue así.

Al llegar al nivel 240, tras 15 minutos de caminata, junto a otros trabajadores, enmudeció al ver a las víctimas de la explosión. A raíz del incidente, 10 mineros perdieron la vida y 12 más quedaron heridos.

“Era una desesperación ver ese ambiente”, recuerda Víctor cinco meses después, y dice que tuvo que seguir de largo su caminata para pedir auxilio.

Víctor confiesa que así como él, muchos trabajadores aún sienten miedo cada vez que pasan por el lugar. Esa mañana, lo primero que pensó, al igual que sus compañeros, es que se trató de una venganza de los ladrones de mineral o jucus. “Ellos son vengativos, amenazan”, dice, “siempre tienen conflictos con nosotros, bajan hasta los parajes en grupos y se llevan el mineral”.

Las investigaciones del Ministerio Público descartaron después la participación de los jucus y concluyeron que el hecho ocurrió por un descuido de los mineros en la aplicación de protocolos de seguridad, lo que es rechazado por los trabajadores. La explosión, sin embargo, puso en evidencia el ambiente de tensión que existe en la Empresa Minera Huanuni (EMH), por la presencia de los grupos que roban el mineral.

Mina Huanuni.
Así quedó la volqueta afectada por la explosión. Foto: ANF

Los trabajadores sospechan de los jucus, a los que también llaman lobos, porque los conocen muy de cerca. Conviven con ellos cada día de una u otra manera: muchos fueron abordados dentro de la mina por alguno, otros hacen negocios con ellos, algunos tienen familiares o vecinos jucus y otros más robaron mineral en el pasado. El temor a encararlos reina, porque dentro de la mina o fuera de ella nadie les garantiza seguridad si se les enfrenta.

El robo de mineral nunca afectó tanto a la EMH como en la actualidad. Guillermo Dalence, exgerente de la empresa, estima que la pérdida mensual por el robo es de dos millones de dólares o al menos una tercera parte de su producción. El ministro de Minería, César Navarro, cree que es de un millón al mes; la dirigencia de los trabajadores habla de más de dos millones.

Pese a que no hay una cifra oficial, todos coinciden en que el saqueo es millonario, y continúa pese a que el presupuesto para seguridad fue en aumento en la última década en la que se invirtieron casi 10 millones de dólares.

De 2006 a la fecha, cuando la mina pasó a la administración del Estado, las autoridades no hicieron lo suficiente para contrarrestar el juqueo, tal vez lo más honesto en este escenario son los letreros de ingreso a la bocamina principal que recuerdan a los trabajadores que robar mineral es un delito.

Una investigación de la Agencia de Noticias Fides, con apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, confirmó que todo conspira para que el robo del mineral persista en Huanuni. La inspección de la mina, las entrevistas con autoridades, exautoridades, trabajadores y especialistas y la revisión de documentos relacionados con la operación de la empresa, permitieron comprobar la coexistencia de un conjunto de variables en un cóctel explosivo.

Los puntos de ingresos descontrolados, la complicidad de policías y trabajadores, el aumento súbito de la nómina, la inexistencia de un organismo estatal especializado de control, la falta de valoración del problema de la seguridad como prioridad y hasta el precio en ascenso del mineral, han favorecido la formación de redes delictivas que se benefician con millones por el robo de estaño.

Mina Huanuni.
Un punto de control en el cerro Posokoni cuando estaban los militares. Foto: ANF

El robo de mineral siempre ha sido parte de la historia de Bolivia desde la época de la colonia. Los estudiosos cuentan que los mitayos (mano de obra indígena) después de trabajar para sus dueños, sacaban para ellos una quipina o quipi (mochila) de mineral, consistente en unos 23 kilogramos, a fin de compensar el salario magro. Cuentan que este rescate permitido degeneró posteriormente en el robo de minerales, que es tan corriente hasta nuestros días, como ocurre en Huanuni.

Todo conspira para el robo de mineral

Mina Huanuni.
Puerta de ingreso de control para los trabajadores. Foto: ANF

La Empresa Minera Huanuni está ubicada en un cañadón en el municipio de Huanuni, en el departamento de Oruro. Al llegar a la pequeña urbe de más de 24.000 habitantes, cerca de las 10.00 de la mañana de un jueves de agosto, se siente un fino y agresivo olor a azufre que se mezcla con el clima seco y áspero de sus más de 3.700 metros de altura. Sus calles polvorientas y casas de no más de dos plantas con colores desgastados, no dan cuenta de los millones que genera la mina. La avenida principal desemboca por una calle descampada que da a la puerta de la empresa, ingreso al centro de explotación y a las entrañas del cerro Posokoni.

Antes de la nacionalización de la mina, cuatro cooperativas mineras - Playa Verde,  Karazapato, La Salvadora y Libres- ocupaban el cerro desde el nivel 120 hacia arriba, en yacimientos casi totalmente agotados, mientras que en los niveles inferiores la empresa minera con trabajadores asalariados explotaba filones ricos. Los de arriba, de cuando en cuando robaban mineral a los de abajo. Además, ingresaban otros grupos foráneos comandados por un “jefe” a “atacar” las vetas luego del disparo que realizaba el perforista, siempre en complicidad de alguien, “ya sea del policía o de algunos trabajadores”, cuenta un exjucu de nombre Elías.

Pero en octubre de 2006 esa situación cambió con el enfrentamiento por zonas ricas. El conflicto entre cooperativistas y asalariados terminó con 16 muertos y más de 60 heridos, y la solución del Gobierno fue pasar los 4.200 cuentapropias a la empresa. El juqueo no se detuvo.

El reto del gobierno fue generar fuentes de empleo para todos en el cerro Posokoni. Debía aumentar la producción con la ejecución de un plan estratégico de reactivación, compromiso hasta el momento incumplido.

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Trabajadores en predios de la minera. Foto: ANF

La planilla de los trabajadores de Huanuni se multiplicó seis veces en octubre de 2006 al ingresar más de 4.000 trabajadores de las cooperativas. El reto del gobierno fue generar fuentes de empleo para todos en el cerro Posokoni. Debía aumentar la producción con la ejecución de un plan estratégico de reactivación, compromiso hasta el momento incumplido.

El exdirigente Javier Canchari dice que con la nueva cantidad de trabajadores “la mina ya parecía barrio chino”, miles trajinaban el interior en uno y otro sentido en busca de parajes para explotar.

Canchari cuenta que antes, entre 2009-2010, los jucus andaban en grupos de cuatro a cinco personas y “entraban al paraje y traspiraban para sacar el mineral” y para los trabajadores era aceptable; decían “todos necesitamos”, pero “ahora no es así, ya prácticamente hay negociado, bajan directo, en grupos de 80 a 100 personas y asaltan las cargas, donde se dispara, embolsan y afuera, y cuando no pueden sacar la carga, destrozan nuestras casuchas y hasta las herramientas se lo llevan”, lamenta.

Las sospechas sobre robo de mineral también recaen en los trabajadores. La indisciplina es uno de los principales problemas en la estatal. Unos 500 operarios -15 por ciento del total- incumplen funciones y sobornan a sus superiores para mantenerse en la empresa. “El robo de minerales está financiando la indisciplina y la indisciplina genera un espacio adecuado para que se desarrolle el robo de minerales”, expresó Guillermo Dalence, entrevistado para este trabajo cuando ocupaba la gerencia de la empresa minera.

En una visita a su oficina, Dalence remarcó que hay muchos obreros que han institucionalizado acciones de corrupción. “Llegan con ropa de fiesta a marcar el biométrico y no ingresan a la mina; compañeros que no asisten a su trabajo por más de seis días, que serían sujetos a retiro, recurren a un médico de la Caja Nacional y pagan para que le den un reposo”.

Dijo que hay muchas actitudes que todavía tienen que ser corregidas en la empresa pero que “son difíciles de implementar”, y que “los mandos administrativos y mandos técnicos no tienen la capacidad para enfrentar esta situación, ni siquiera para informar” lo que ocurre en los parajes. Remarcó que la empresa está en “unas condiciones deplorables en varios aspectos”.

Las medidas de seguridad

Mina Huanuni.
Ingreso a la bocamina principal Patiño Foto: ANF

La seguridad es un aspecto muy descuidado en la minera Huanuni y tampoco fue de interés de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) ni del Ministerio de Minería, de acuerdo con los datos recopilados en la investigación.

El cerro Posokoni desde que pasó a control del Estado no cuenta con tecnología de seguridad al ingreso de las bocaminas ni al ingenio ni a los almacenes. El sistema de cámaras, de al menos seis equipos, solo cubre la parte administrativa, pero no funciona. Dalence mostró en su oficina de Huanuni el sistema de monitoreo, una gran pantalla apagada, y se preguntó: “¿Qué va a hacer el gerente, va a mirar las cámaras o va administrar la empresa?”.

Aparte de este sistema, existe el control biométrico, que registra el ingreso de los trabajadores a la mina mediante huella digital, y está ubicado dentro de un contenedor, cerca de la bocamina principal llamada Patiño o nivel cero.

Este control es burlado por los jucus que ingresan por la puerta principal con uniforme de los trabajadores. No hay control para saber quiénes ingresan. Además de estas medidas, según se constató en la visita, no existen otras y mucho menos para los distintos accesos no oficiales al cerro.

Las medidas de seguridad externa hasta agosto de 2018 eran asumidas por personal del Ejército que se mantuvo por años, pero su presencia tampoco redujo el juqueo. La policía tenía despliegue en operativos y rastrillajes esporádicos y hacía más seguridad interna, hasta que se decidió ya no renovar el contrato cuando fueron encontrados dos funcionarios sacando mineral entre sus prendas. Los efectivos siempre fueron acusados por los trabajadores de ser cómplices del robo.

Tanto el Ejército como la Policía eran pagadas por la empresa que gastó casi un millón de dólares al año, en promedio, durante los últimos 10 años. A éstos se sumaba el equipo de seguridad de la empresa. Sin embargo, pese a estas medidas de seguridad, el juqueo fue en aumento.

Mina Huanuni.

Dalence apostó a trabajar solo con los militares y aumentar los efectivos de 80 a 250 y ejecutar un plan integral de seguridad con la instalación de puntos de vigilancia a lo largo del Posokoni, la compra de cámaras infrarrojas, drones, intercomunicadores y hasta autos livianos, pero reconoció que la puesta en marcha del proyecto tomaría tiempo. Un mes después del trabajo solo con los militares, la dirigencia de los trabajadores pidió la renuncia de Dalence, y con el nuevo gerente, Mario Felipez, la policía regresó a la mina y el Ejército se fue.

La policía ofreció un plan similar al que se intentaba conformar con los militares, pero hasta el momento no se firmó el contrato. A los pocos días del ingreso de los funcionarios policiales, los trabajadores denunciaron a los efectivos de estar implicados en el robo de mineral. El saqueo a la empresa continúa.

Ingresos sin control

Mina Huanuni.
Un ingreso sin custodia en el cerro Posokoni. Foto: ANF
Mina Huanuni.
Ingreso Harrison. Foto: ANF

El cerro Posokoni del que la empresa extrae el estaño de alta calidad y es fuente de sus ingresos, se encuentra totalmente descuidado. La gerencia ignora la cantidad de accesos no oficiales que existen: la empresa habla de al menos 20, los jucus dijeron que conocen más de 50.

En una inspección junto a los trabajadores y autorizada por Dalence, se evidenció el descuido en que se encuentran estos lugares y la imposibilidad de seguir a los jucus por las empinadas cuestas del Posokoni, que exige un físico de atleta.

Muchos de los accesos fueron hechos por la propia empresa en el pasado y ahora están abandonados. La minoría fue hecha por los jucus, principalmente por los que vienen del Norte de Potosí, departamento colindante, que destapan ingresos ya sellados o vuelan con dinamita puertas clausuradas.

Estando ya el cerro bajo control exclusivo de los militares, y en el proceso de aplicar el plan integral de seguridad, centenares de jucus seguían recorriendo el cerro sin que los uniformados puedan impedirlo. Rumbo a la inspección de ingresos, los trabajadores recibieron la alerta de que una columna de jucus iba cuesta arriba hacia el Embudo, un conocido ingreso.

Al llegar cerca del lugar, 20 metros abajo, solo había dos militares. El suboficial Quispe contó que una columna de ladrones de mineral, de más de 50, ingresó por el acceso abandonado. Eran las 14.15 de un viernes de agosto.



Similar situación ocurre actualmente con la policía. Los trabajadores cuentan que cerca de las 2 de la madrugada se ven por las laderas del cerro columnas de puntos de luz, como si se tratara luciérnagas. Son los jucus que se retiran del Posokoni con sus cargas de mineral.

En un primer megaoperativo realizado el 16 de abril, tras la explosión en Huanuni, ingresaron más de 1.200 policías a las 04.00 de la madrugada para “erradicar el juqueo”.

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, a cargo de un equipo de militares, anunció el cierre definitivo de ingresos clandestinos, ya sea por demolición, con material de construcción o colocado de rejas. Pasaron cinco meses y los jucus continúan ingresando.

Un jucu contó para este reportaje que los ingresos están hasta en la cima del cerro, así como por las partes posteriores por donde nunca llegó la vigilancia militar ni policial. Pero uno de los ingresos habituales, por donde incluso llegan buses repletos de jucus, es Cataricagua, antiguo campamento de la mina Huanuni, a 10 kilómetros del pueblo, a la falda del cerro, que con el tiempo se constituyó en un pequeño pueblo, donde actualmente la mitad de las casas están abandonadas, ante la ausencia de un futuro, y éstas sirven como base a los ladrones de mineral que llegan principalmente de Llallagua, Norte de Potosí.

Algunos puntos de ingreso por Cataricagua son Pullman, que es un conocido acceso detrás de una iglesia que mantiene sus puertas cerradas; Quinta Vieja, Cuarta Vieja, Minchin, San José, entre otros. Por Huanuni se incluyen Embudo, Carnavalito, Tani Tani (arriba), Tani Tani (abajo), Calicho (pelado), Patacalichi (Patapelada), Patacasta, Uracasta, Casta Central, El Cable, Gallina Muerta, Yerba Mate, Caracolito y Boca Grande.

Mina Huanuni.
Algunos puntos de ingreso de los Jucus Foto: Google Earth.

Sin entidad contra el comercio ilegal

El sindicato de trabajadores de Huanuni de la gestión 2015 informó al ministro de Minería, César Navarro, sobre el aumento preocupante del robo de mineral, el modo de operar, las rutas y las entidades sospechosas de complicidad, pero no hubo acciones concretas de parte del Gobierno para cambiar esta realidad, a excepción de algunos operativos policiales y militares, dice el exdirigente Javier Canchari.

Mina Huanuni.
Director del Senarecom, Víctor Maldonado. Foto: Senarecom

Desde entonces, la propuesta de la dirigencia de elaborar una ley específica contra el juqueo se materializó tres años después. El 29 de agosto de 2018, el presidente Evo Morales promulgó la ley 1093 para castigar el robo de mineral y auguró una nueva etapa para que “organizados” con los mineros se combata el robo de mineral. El paso de los días evidenció que se trata de una norma más.

La ley modifica el Código Penal y endurece las penas con cárcel de hasta 10 años e incluye a quien roba, quien ayuda y quien compra mineral robado, pero no establece nuevas formas de control, solo aumenta las penas y apela al temor de los jucus a pasar más años de cárcel de ser sorprendidos.

Los especialistas consideran que endurecer los castigos solo significa atacar al eslabón más débil, el jucu, y no a las estructuras organizadas que se benefician del robo. Creen que el Gobierno sacó a relucir el tema del juqueo para encubrir la incapacidad administrativa que hay en la mayor empresa minera estatal del país.

Una entidad con atribuciones para controlar el comercio interno de minerales es el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom). La entidad estatal tiene como atribución el “registro y verificación de la información de las exportaciones mineras, y de la comercialización interna de minerales y metales”, pero carece de la fuerza para intervenir en el robo de mineral y corroborar si las empresas comercializadoras, sospechosas de comprar estaño robado, están implicadas.

Jhonny Maldonado, director del Senarecom, consultado sobre si existen operativos contra el robo y comercialización ilegal de mineral, respondió: “No tenemos un reglamento” para actuar.

En la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial de 2018 realizada en junio, Maldonado expuso que la entidad no cuenta con un reglamento de sanciones  que permita “controlar a las comercializadoras y operadores que contravengan la normativa sectorial vigente y además establecer sanciones administrativas y (…) denunciar ante las instancias pertinentes la comercialización ilegal producto del juqueo, avasallamientos y otros”.

Dijo que en enero de 2018 se inició el trabajo de su elaboración y está en proceso de aprobación por exigencia de las gobernaciones y municipios.

El ministro Navarro apuesta a una solución integral para el robo de mineral con la adecuación de contratos mineros, es decir “para que ya tengamos los titulares definidos en áreas y el tipo de mineral que explotan”. Y otro punto es que las comercializadoras estén autorizadas solo a comprar a quienes son los titulares del área. La nueva ley no contempla la buena intención del ministro.

“Cumplidos estos dos últimos requisitos, la sanción penal es la excepción para impedir que exista robo y comercialización de mineral”, dijo. La solución al juqueo sigue siendo quimérica.

En mayo de 2014 el Ejecutivo promulgó la Ley 535 de Minería que instruye la migración a los operadores mineros de concesiones a contratos, sin embargo, hasta junio solo unas 500 cooperativas mineras actualizaron su operación y más de 1.100 se mantienen al margen. Las autoridades sospechan que en las cooperativas del Norte de Potosí se lava una parte del mineral robado en Huanuni.

En la nueva ley 1093 contra el robo de mineral, los propietarios o gerentes de las comercializadoras, consideradas por las autoridades como las principales responsables y alentadoras del robo de mineral, solo tienen una sanción de 3 a 5 años de privación de libertad y el decomiso de los bienes producto del ilícito, pero es más drástica con los jucus con penas de hasta 10 años de cárcel.

Muchas de las leyes aprobadas por el Gobierno quedaron por lo general sin aplicación. La alarmante denuncia de las autoridades de que el juqueo o robo de mineral afecta de manera drástica a la empresa Huanuni y la amenaza con la quiebra parece ser solo un justificativo para su mala gestión, que en más de 12 años no ha podido concretar sus principales proyectos para hacerla una entidad estatal de primer nivel.

La gran inestabilidad de los gerentes es otro motivo para que no exista una política continua contra el juqueo y una buena administración en la empresa de estaño más importante del país. Desde la nacionalización de la empresa Huanuni, en 2006, hasta la fecha, 11 gerentes en 12 años estuvieron a cargo, un indicador de inestabilidad empresarial.

Según el expresidente de Comibol, Héctor Córdova, la parte técnica de la empresa tiene muchas dificultades en aplicar los planes por la intervención de los trabajadores que en los hechos son los que ponen y sacan gerentes. La empresa al ser autogestionaria, desde 2008 declarada empresa pública estratégica, incluye en sus decisiones a los trabajadores, que participan con dos de los cinco delegados que tiene el directorio.

El precio del estaño, otro incentivo

Mina Huanuni.
Un trabajador muestra estaño puro del ingenio Santa Elena. Foto: ANF

Pese a que el Gobierno dice que es muy grande el daño que causa el robo de mineral a Huanuni y que pone en riesgo su estabilidad, este dato no aparece registrado entre sus objetivos a cumplir y prioridades, ni se informa del mismo en las audiencias de rendición pública de cuentas ni en las memorias de la empresa, de la Comibol ni del Ministerio de Minería. En los últimos 30 años no hay registro de robo de mineral en Huanuni, según una revisión en el Centro de Documentación de Comibol.

Tampoco hay un estimado por año sobre el daño económico ocasionado a la empresa. Solo distintas versiones de los actores.

El expresidente de Comibol, José Pimentel, explica este fenómeno, señalando que el gran incentivo para que prolifere el robo de mineral es “el precio del estaño que es bastante atractivo y la gente cree que los riesgos que corre compensa las ganancias que va a tener”. Agrega que los agotados yacimientos de estaño de otras regiones empujan a trabajadores a que busquen en el robo de mineral un ingreso extra a la actividad legal que realizan.

No ve a los trabajadores exentos del robo de mineral y dice que cada vez se descubre a uno y otro trabajador. “Es un hecho real que algunos trabajadores también se dedican al robo de mineral”, apunta.

El actual precio del mineral (8,6 dólares la libra fina) no solo seduce a los jucus y personas desempleadas, sino también a obreros de la empresa y hasta a los custodios.

Los trabajadores cuentan que el robo de mineral se intensificó desde 2010, pero nadie lo ponderaba porque el precio del estaño era bueno y había yacimientos para explotar, pero con la caída estrepitosa en 2015, cuando el precio internacional de la libra fina bajó hasta 6,54 dólares, se hizo insostenible cubrir el gasto de 5.000 trabajadores.

En 2010 “nadie decía nada porque había bastante mineral, esa carga ha ido saliendo y saliendo y la producción era más porque había carga acumulada, pero con el tiempo se ha ido reflejando falencias en la empresa y ha ido afectando el robo de mineral”, refiere un exdirigente.

Dos abogados para 170 casos

La Empresa Minera Huanuni pese a su millonaria pérdida mensual por el juqueo, solo cuenta con dos abogados para atender 170 casos en la vía penal, de un total de 216 procesos judiciales, según un documento de la Procuraduría General del Estado de enero de 2017 dirigido a la gerencia de la estatal.

Cristian Ojeda, responsable de la Unidad Jurídica de la minera, informa que dos abogados se encargan de más de 50 casos de juqueo, además de otros por delitos diferentes. Reconoce que la situación es muy desfavorable para defender a la empresa.

“Son dos abogados que se encargan del área penal y no abastece porque las audiencias tanto de cesación, de juicio oral, de algún incidente, de apelación son a diario”, expresa.

La Procuraduría, luego de una evaluación a las acciones de defensa de la Unidad Jurídica, identificó varias falencias, entre ellas la insuficiencia al realizar la fundamentación fáctica y jurídica en los procesos penales; negligencia en la solicitud y materialización de medidas cautelares para precautelar los intereses de la empresa; y, negligencia en el cumplimiento de plazos procesales.

El juqueo, lejos de ser debilitado, se robustece cada día por las falencias administrativas, legales y políticas, y por la corrupción que ampara al robo de mineral, una actividad ilícita que continúa socavando sin descanso las entrañas de Huanuni: la mina estatal más importante del país.


Año Monto (Bs) Monto ($us)
2008 0 0
2009 0 0
2010 0 0
2011 0 0
2012 100,000 14,368
2013 0 0
2014 40,000 5,747
2015 30,000 4,310
2016 5,679,358 816,000
2017 24,000 3,448
2018 36,000 5,172
Gastos judiciales de la Empresa Minera Huanuni

Así saquean a la principal mina de Bolivia

El saqueo a la mina estatal de estaño más importante de Bolivia, continúa. La presencia del Estado mediante leyes y policías no consigue pararlo porque los responsables de su custodia y los funcionarios de la mina están implicados. Grupos de jucus y sus jefes asolan el cerro Posokoni todos los días y las denuncias son que más de dos millones de dólares pierde la minera al mes.

Víctor está cansado de denunciar y que nadie le haga caso. Cada vez que baja a su paraje, al nivel 280, en el cerro Poskoni, de la mina estatal de estaño más importante del país, encuentra decenas de jucus embolsando el mineral de alta calidad. Reportó a la gerencia, reportó a la policía y no obtuvo respuesta. Los controles no funcionan. “Nunca llega nadie”, dice decepcionado.

Toneladas del metal siguen siendo extraídas ilegalmente por las diferentes salidas clandestinas y abandonadas del cerro, e incluso oficiales. Ello ocasiona a la Empresa Minera Huanuni, según diversos cálculos, un daño mensual de al menos 2 millones de dólares.

Según la presente investigación realizada por la Agencia de Noticias Fides, con apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, la actividad ilícta del juqueo en la estatal minera compromete a distintos actores y niveles de responsabilidad de la empresa como trabajadores de interior mina, que sacan para la venta y también ofrecen el mineral a jucus organizados en grupos; funcionarios de seguridad interna de la empresa, que tienen contacto con jefes de grupos de ladrones de mineral; y, personal de supervisión que retiene los reportes sobre el robo y no los transmite a niveles superiores para la adopción de las acciones correspondientes.

El saqueo también incluye el pago a policías, de parte de los jucus, para ingresar al cerro sin dificultad y sin temor a ser reprimidos; y la actuación de los rescatiris o rescatadores de mineral que son en muchos casos parte de las cooperativas y compran, acopian y venden el mineral robado, que tiene como destino final a algunas comercializadoras de Oruro.

Hasta el momento las investigaciones de las autoridades no han golpeado el núcleo de las redes organizadas y solo han ido por casos aislados. En 2017, la Procuraduría analizó 14 procesos judiciales de grupos de presuntos ladrones de mineral que había iniciado la Empresa Minera Huanuni contra 58 personas. En el primer semestre de 2018, el Ministerio Público de Huanuni procesó más de 100 denuncias contra jucus y al menos 30 casos de trabajadores de la empresa implicados en robo de mineral. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo en abril de este año que unos 30 clanes familares operan en Huanuni, pero ningún jefe de clan fue detenido.

Los nombres de los que controlan el negocio se saben en las calles de Huanuni, pero son supuestamente ignorados por la policía. Esta investigación, por ejemplo, confirmó que suelen detenerse a trabajadores con mineral que salen en libertad; a rescatiris con cargas de estaño y no duran mucho tiempo en la cárcel. Al principio de la cadena están los jucus, que son a los que la policía dirige sus golpes y quienes muchas veces son personas de bajos recursos y sin empleo de los que las redes organizadas sacan provecho. Con ellos la ley es más drástica. Al final de la cadena están algunas comercializadoras, que finalmente con la compra fomentan el juqueo. A ellas es difícil comprobarles el delito; una reciente legislación no establece mayores y mejores controles contra ellas.

Dentro de la mina, los supervisores no llevan los informes sobre los hechos, como reporta Víctor, a los altos niveles de la gerencia de la empresa, pese a que tiene una de las cadenas de mando con más niveles de control del sector en toda Bolivia. Las denuncias quedan represadas, como si no ocurrieran, según afirmó Guillermo Dalence, exgerente de Huanuni, entrevistado en julio de 2018 cuando estaba al frente de la empresa.

Ello es un ejemplo de cómo funciona el juqueo dentro de la principal mina estatal de Bolivia. ¿A quiénes beneficia la actividad? La investigación periodística apunta que toda la cadena de extracción y comercialización del mineral está dirigida por jefes de grupo, antiguos excooperativistas que han visto en organizar jucus una forma de vida muy rentable.

La participación policial

Mina Huanuni.
Operativo policial en Huanuni. Foto: Facebook La Resistencia

Las versiones de que efectivos de la policía son cómplices del juqueo y hurtan mineral, vienen desde antes. Previo a que el cerro Posokoni pase en su integridad a la administración del Estado en 2006, los jucus pagaban a los policías para ingresar a los lugares de explotación y sacar mineral.

Un exjucu contó para este reportaje que hace 25 años ellos pagaban por persona 50 bolivianos al policía para que les deje sacar mineral. “El jefe del grupo coordina con el policía que está de ronda, y éste avisa cuando los trabajadores están por hacer el disparo (voladura de la roca mediante explosivo). Tras la explosión, los trabajadores se apartan por el polvo y el humo, y en esas condiciones los lobos (jucus) tienen 15 minutos para sacar el mineral, tenemos que hacerlo rápido porque hay otro grupo esperando”, refirió. Los grupos son de al menos 70 personas. El policía por grupo recibía unos 3.500 bolivianos (500 dólares al tipo de cambio presente).

Otros antecedentes encontramos en 2007 cuando el teniente Simar Montaño y el policía Fabio Avila Ibarbe, personal de resguardo de la mina, fueron sorprendidos sacando en una camioneta 500 kilos de estaño. Tres horas después fueron puestos en libertad por un juez.

Habitualmente la mina era resguardada por personal militar acantonado en el lugar y con la participación operativa de la policía que ingresaba al interior para realizar rastrillajes. Esta situación fue interrumpida cuando el 14 de mayo de 2018 dos policías fueron sorprendidos sacando 45 kilos de estaño en sus cuerpos. Las incontables denuncias de los trabajadores tuvieron asidero. El entonces gerente Guillermo Dalence decidió en junio de este año no renovar el contrato con la policía y apostar solo por el Ejército para la seguridad de Huanuni. Algo similar ocurrió en 1998 cuando los policías fueron desalojados de Huanuni porque estaban seriamente comprometidos con el juqueo.

La decisión de Dalence no fue vista con buenos ojos por el comandante departamental de la Policía de Oruro, coronel Rommel Raña, quien reclamó, en base a la Resolución Suprema 228591, el derecho de la institución verde olivo a cuidar la empresa por ser estratégica. Recurrió incluso al presidente Evo Morales para explicar esta situación, a quién le planteó un Plan Integral Policial que reduciría el juqueo hasta un 99 por ciento. En julio Dalence fue destituido a pedido del sindicato de trabajadores. En septiembre regresó la Policía y se fue el Ejército.

A los pocos días de su retorno a Huanuni, en septiembre de 2018, para encargarse del resguardo de la empresa, los efectivos de la policía fueron blanco de denuncias por parte de los trabajadores. El actual gerente, Mario Felipez, dice que la policía solo trabaja bien dos días, y después hay quejas.

“Sin tener todavía firmado el convenio ni nada hemos hecho notar que algunos policías estuvieran involucrados en el robo de mineral, se hizo conocer la denuncia al comandante general y al subcomandante y a raíz de eso se ha cambiado al Jefe del Batallón de Seguridad Física de Oruro, coronel Zeballos”, señala.

Felipez indica que optaron nuevamente por la policía porque el comandante departamental se comprometió a cambiar la imagen de la institución y tener una gestión transparente; y también porque los efectivos son los únicos que pueden aprehender a los jucus en interior mina y enviarlos a la cárcel, lo que no pueden hacer los militares.

Sin embargo, pese a la policía acantonada en el lugar, “todos los días tenemos presencia de jucus”, refiere Felipez, quien está esperanzado en la implementación de un Plan Integral de Seguridad, propuesto ahora por la policía, antes por los militares, que considera altas medidas de seguridad y tecnología, pero eso será cuando consiga los más de 2,3 millones de dólares que requiere el plan. Mientras tanto, el futuro sigue incierto.

Una reunión obscura que arroja luces

Mina Huanuni.
Calles de la población de Huanuni. Foto: ANF

Los jucus continúan ingresando al cerro Posokoni pese a la nueva ley que sube la pena de 6 a 10 años de cárcel. Las autoridades confiaban en que los jucus iban a ser disuadidos, pero no hay temor. ¿Qué es lo que pasa?

La tarde de un viernes de octubre, una reunión secreta en una vivienda en cercanías de Huanuni reveló por qué los jucus no le temen a la drástica ley ni a los continuos operativos policiales que despliega el coronel Raña.

Julio y Rodrigo esperan en la pequeña sala de una casa de adobe humildemente amoblada con muebles desmontables. Llevan lentes oscuros y gorras de viseras anchas para no ser identificados. Ambos son jucus y operan desde hace años en el cerro Posokoni, al que consideran parte de su derecho. “No estoy robando, soy huanuneño, es nuestro cerro”, dice uno de ellos.

Al ser preguntados por qué no tienen temor de seguir juqueando con una ley mucho más drástica y con la presencia policial permanente, Julio responde lo siguiente: “Porque tenemos contraseña”.

La contraseña es el permiso que se obtiene de la policía mediante un pago. “El charle se hace directamente con el policía de mayor rango en la empresa, o en el comando departamental, desde ahí viene la contraseña”.

Julio asegura “si tienes la contraseña ya no te arrinconan ni te disparan ni te gasifican, es la gran realidad, los que teníamos contraseñas hemos entrado normal, no importa que haya 50 policías dentro de la mina, no te dicen nada, es garantizado, y los que no tenían contraseña han sufrido las consecuencias” de la Policía.

Por grupo de jucus, sin importar la cantidad, cobran hasta 6.000 bolivianos ($us 862). “Ahí el coronel te dice: ‘muy bien, queda con el sargento directamente’”, refiere Rodrigo.

Ambos indican que el juqueo nunca se va a acabar porque el oficial que se va presenta al nuevo jefe a los jucus para que coordinen.

La mayor cantidad de jucus, al menos un 90 por ciento, proviene de Llallagua, Norte de Potosí, departamento adyacente a Oruro. Son conocidos por ser agresivos, portan granadas de gas y hasta armas de fuego.

Se estima que, por día, en el menor de los casos, ingresan al cerro Posokoni cuatro grupos, unas 200 personas, que pagan en total 24.000 bolivianos ($us 3.448). 672.000 bolivianos ($us 96.552) en un mes. Y en un año llegaría a 8.064.000 bolivianos ($us 1.158.621). En este cálculo no se considera a los jucus de Huanuni que están conformados por grupos más pequeños.

Las alertas llegan antes

Mina Huanuni.
K’epirinas de estaño y granada de gas decomisados a los jucus. Foto: ANF

Julio dice que por el vínculo que tienen con la policía, algunos jucus gozan de información privilegiada y los operativos se conocen con anticipación. En el primer gran operativo en Huanuni ocurrido el 16 de abril de 2018, que movilizó a más de 1.200 policías, los jucus se enteraron 10 horas antes y solo hubo tres aprehendidos y decomiso de mineral y equipos.

En el segundo megaoperativo, realizado el 13 de agosto de 2018, la alerta les llegó tres días antes y la policía no detuvo a nadie en Huanuni. Quienes más sufrieron fueron los pobladores de Cataricagua, tachada de base de los jucus.

“Los grandes oficiales de la policía están metidos en la juqueada”, afirma Julio. Pero no son solo los jucus, los rescatiris o compradores de mineral también tienen contacto con los oficiales porque “de Huanuni salen camionetas con sacos de mineral rumbo a Llallagua y en la mayoría de casos no les pasa nada”.

Compradores de mineral o rescatiris que son detenidos en los operativos, no duran mucho sin libertad. Rodrigo dice que la Flora, la Avelina y el Beto, conocidos rescatiris de Huanuni, fueron detenidos con 15 sacos de mineral. Fueron llevados a Oruro, pero no llegó el mineral. Solo estuvieron detenidos dos semanas, cuando la nueva ley señala proceso penal y cárcel por este hecho.

En otro caso, doña Belena, otra rescatiri, cuando salía con carga de Huanuni hacia Oruro fue detenida cerca de Aguas Calientes. “Ahí también se perdió carga. Eran 26 sacos que llevaba y el oficial de la policía solo informó de 15, se quedaron con 11 sacos los policías”.

Pese a toda esta situación, la policía dice que hasta el momento no se ha podido establecer cómo están organizados los jucus, a qué intermediarios venden el mineral y qué comercializadoras están implicadas.

“Nosotros creemos que obedecen también a un grupo que quizá los mande a trabajar o que vayan con ese propósito hasta el cerro Posokoni, estamos investigando para que a través del DACI (Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia) se pueda determinar cuál es el destino final del mineral que está siendo sustraído del cerro Posokoni”, señaló el coronel Raña entrevistado en su oficina de Oruro.

Tres meses después Raña fue relevado del cargo, está acusado de ser el líder de una red de contrabandistas, ahora está el coronel Freddy Betancourt como comandante de la Policía de Oruro, y manifiesta que la lucha contra el juqueo es muy sacrificada, y en defensa de sus camaradas, acusados de complicidad, brinda una reveladora declaración: “Esas denuncias están sujetas a confirmación, evidentemente siempre va a existir algún mal policía que quizá esté comprometido con este tema, pero no solamente están comprometidos (los policías) como dice algún compañero minero. No. Parecería que están comprometidos todos los que trabajan al interior de la mina”.

En el primer semestre del año, la Dirección de Régimen Penitenciario de Oruro registró la detención en el penal de San Pedro, de esa ciudad, de 82 jucus. Betancourt señala que 90 policías deben cuidar el cerro Posokoni de unos 1.000 a 1.500 jucus que asolan el lugar: unos 300 de Huanuni y Cataricagua y 1.200 del Norte de Potosí.

El 1 de enero de 2019, la policía dejó la Empresa Minera Huanuni. La gerencia de la empresa y la dirigencia de los trabajadores finalmente expresaron su total desconfianza a la policía, y apostaron por contratar a una empresa de seguridad privada de Oruro, que con 88 centinelas, para hacer los controles y patrullajes, ya expresó sus limitaciones para combatir el juqueo, que persiste. Los centinelas no cuentan con autorización para usar granadas de gas ni armas de fuego y se ven rebasados por los jucus. Piden el auxilio de la policial.

Los trabajadores

Mina Huanuni.
Trabajadores de Huanuni. Foto: Facebook La Resistencia

El personal de Huanuni, así como también sospecha Betancourt, es otro de los principales señalados por las autoridades, por otros obreros que repudian el juqueo y por pobladores de Huanuni y de Cataricagua. Algunas autoridades reconocen que hay complicidad de los trabajadores con el juqueo, otras señalan que los comentarios son generalizados y que hasta el momento no se ha podido comprobar esa versión, aunque algunos operarios se vieron involucrados en robo de mineral. Sectores de la población dicen que en Huanuni no hay robo de mineral sino una “sociedad” entre trabajadores y jucus.

Mineros fueron sorprendidos sacando estaño de la empresa en pequeñas cantidades, en sus prendas, y hasta sacos en volquetas; en la venta directa de mineral a los jucus; dejan mineral embolsado y listo para ser sacado por familiares de jucus; y los niveles superiores que no reportan lo que ocurre dentro de la mina pese a las constantes denuncias de los trabajadores.

El exgerente de la Empresa Minera Huanuni, Guillermo Dalence, denunció en su momento que la indisciplina de al menos 500 trabajadores fomenta el juqueo, y sospecha que este ilícito “involucra a varios niveles de la administración”.

Cuando fue posesionado como gerente, en septiembre de 2017, solicitó informes a los técnicos y supervisores sobre la producción y el robo de estaño, y hasta que fue destituido, 10 meses después, no recibió ninguno. Él alertó que la tercera parte de la producción o hasta 2 millones de dólares al mes pierde la empresa por acción del juqueo. Dalence estima que unos 200 jucus ingresan por día al cerro Posokoni y cada uno saca al menos una k’epirina con 25 kilos de mineral, una cantidad ideal para poder movilizarse. Unos 5.000 kilos de mineral al día, lo que a precios actuales representa 94.700 dólares y al mes más de 2 millones de dólares.

“Es posible que esto (el robo de mineral) abarque incluso a otros niveles, porque desde que yo estoy acá he exigido que haya informes de dónde, cómo y cuánto podría ser el mineral extraído, y tampoco hay informes de la parte de supervisión y de la parte técnica, entonces me hace pensar que realmente hay varios hilos de compromiso en el personal de la empresa”, dijo en su oficina de Huanuni cuando aún era gerente.

Remarcó que Huanuni, a diferencia de otras minas como Matilde donde trabajó, tiene una cadena con mayores niveles de control, al menos seis -Jefe de punta, subseccional, seccional, regente de mina, asistente de mina y superintendente de mina-, sin embargo, no hay reportes de lo que sucede al interior.

El exfiscal de materia de Huanuni, Francisco Rodriguez, que trabajó de enero a julio de este año en el municipio, indica que atendió 30 casos de trabajadores involucrados. El responsable de la Unidad Jurídica de la Empresa Minera Huanuni, Cristian Ojeda, solo reconoce cuatro.

“Nosotros hemos tenido como aprehendidos a los mismos trabajadores, pero eso ha sido en la puerta, no sabemos cómo sacan mineral de otras formas, fueron al menos 30 trabajadores aprehendidos en seis meses, sacaron mineral en sus chalecos, pegado a su cuerpo, en sus correas, en mínimas cantidades, pero el delito no dice cuánto”, refiere Rodríguez.

También se sospecha de los trabajadores porque en varias ocasiones los jucus ingresaron por la puerta principal y en volquetas junto a los demás mineros. Para esto usan el uniforme de la sección y pasan desapercibidos, y para no ser reconocidos utilizan pasamontaña por el frío.

Según el análisis de los reportes de vigilancia de la gestión 2015, en parajes asignados a algunos trabajadores se encuentra con frecuencia mineral embolsado y listo para ser llevado por los jucus; hay funcionarios e ingenieros que son indiferentes a lo que pasa en la mina; hay jucus que usan chalecos que son asignados solo a jefes de galería o de punta; los trabajadores identifican y conocen a los cabecillas o jefes de grupo por sus nombres de pila; los funcionarios de vigilancia conocen a los trabajadores que trafican con estaño dentro de la mina, entre otros.

Los “negociados” de estaño se realizan incluso en la misma plaza de Huanuni, a unos 300 metros de la empresa. “Ahí se hacía la entrega de dinero por la sustracción de mineral, pero con el tiempo esta modalidad ha evolucionado, ahora el pago es por transferencia bancaria”, indicó un exdirigente que pidió el anonimato.

Según los registros, fueron varias las ocasiones en que se intervinieron volquetas de la empresa con sacos de estaño escondido bajo mineral de desecho o basura que fueron llevados a Huayrapata, zona roja de los jucus en Huanuni, para ser botado. Para el exdirigente, “están metidos ahí los choferes de la sección de transporte”.

El personal de seguridad interna de la empresa, conocido como K’enchas (personas de mal agüero, en aymara), también es señalado de negociar el estaño. Durante el tiempo en que la policía abandonó la compañía, tras la ruptura de contrato que hizo Dalence, los trabajadores de seguridad interna “tomaron el negocio y vendieron la mina a los jucus”, refiere un trabajador.

El exdirigente Javier Canchari indica que los gerentes que pasaron por Huanuni conocen cómo opera el juqueo y el daño que ocasiona, pero no hacen nada, por lo que sospecha que hay niveles superiores implicados.

Un jucu entrevistado para este reportaje señaló que tal es la dimensión del juqueo dentro de la mina que cada vez que él ingresa “adentro parece un gran mercado” donde los trabajadores ofrecen la carga (100 libras de estaño) a 500 bolivianos ($us 71,8).

Según el exfiscal Rodriguez, el 90 por ciento de ladrones de mineral proviene de Llallagua y son grupos grandes, mientras que los jucus de Huanuni tienen grupos de unas 10 personas. Otros jucus ingresan por su cuenta. La mayor cantidad del mineral robado se va hacia el Norte de Potosí, según las autoridades, pero el exfiscal no da fe de eso.

Actualmente la policía hace el control de la mina y grupos de jucus continúan caminando dentro del cerro Poskoni como Pedro por su casa sin temor a nada para apoderarse de mineral de alta pureza, ya sea por las buenas, comprando a los trabajadores, o por las malas, enfrentándolos, como ocurrió en varias ocasiones.

Encubrimiento del sindicato

Hay denuncias de que trabajadores sacan incluso mineral en volquetas de la empresa, pero no son sancionados porque tienen vínculos o compadrazgo con el sindicato, pero todo lo contrario ocurre cuando el trabajador infractor no tiene amigos entre los dirigentes.

De acuerdo a los registros, el chofer de la volqueta 27 fue sorprendido sacando mineral junto a dos trabajadores. Los trabajadores en lugar de ser sancionados recibieron el apoyo de un dirigente que amenazó al administrativo que presentó la denuncia.

La nota de queja presentada por el subgerente Mario Lima en abril de 2016 a la Corporación Minera de Bolivia, da fe del poder que ejercen los dirigentes. El secretario de relaciones del sindicato “me amenazó diciéndome que me iría de la empresa”. “Lamentablemente creo que mi único delito fue hacer lo correcto” al denunciar el juqueo, escribió Lima.

Tras la denuncia del exgerente Dalence, de que unos 500 trabajadores fomentan la corrupción y genera un espacio adecuado para el robo de mineral, el secretario de conflicto del sindicato de esta gestión, Juan Carlos Trujillo, rechazó las aseveraciones, lo llamó incompetente y lo conminó a presentar pruebas.

Para algunos exdirigentes, la dimensión del juqueo es conocida, y hasta permitida, por las más importantes autoridades del sector minero del Gobierno, pero no es abordada como se debe para no tener problemas con los trabajadores, que representan un importante caudal de votos para el partido de Gobierno y para el presidente Evo Morales que apunta a una nueva repostulación.

“El ministro de Minería César Navarro sabe la gran realidad de lo que está pasando Huanuni, pero como los trabajadores están con el ‘proceso de cambio’, se le informa a Navarro y no hace nada”, refirió un exdirigente cooperativista.

El exdirigente Javier Canchari dijo que en 2015 Navarro fue informado sobre cómo opera el juqueo en Huanuni, sus conexiones y destino del mineral robado, pero casi nada hizo al respecto.

Los jucus y sus jefes poderosos

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Jucus aprehendidos en Huanuni. Foto: Facebook La Resistencia

Un documento de la Procuraduría General del Estado dirigido a la gerencia de la Empresa Minera Huanuni da cuenta de los nombres de las personas implicadas en el robo de mineral, y entre ellos se encuentran algunos jefes del subterráneo mundo del juqueo.

El documento de 2017 evalua 14 procesos e involucra a 58 personas por robo de mineral y destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional. Muchos de ellos acusados de asociación delictuosa y organización criminal.

Los jefes conforman grupos de hasta 80 personas que vienen del Norte de Potosí. Tienen los contactos con la policía y los trabajadores. Cobran a cada jucu que llevan 500 bolivianos ($us 72). Recaudan un total aproximado de 40.000 bolivianos por cada entrada ($us 5.747) y de este monto destinan 6.000 bolivianos ($us 862) para el pago de la contraseña y el resto es para el jefe ($us 4.885), reveló un jucu entrevistado para esta investigación.

Cinco días después de la explosión en Huanuni, el 16 de abril, tras un operativo policial y militar de más de un millar de efectivos, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que 30 clanes familares de jucus operan en la localidad de Huanuni, que hay nombres, y que los daría a conocer en su momento.

“Son clanes familiares que conocen bien la zona, conocen bien el cerro Posokoni, sus ingresos y se mueven en este lugar para vivir del robo del mineral (…). Sí hay nombres, hay una treintena de estos grupos de clanes. Los tenemos identificados por categoría, pero los vamos a dar a conocer en su momento”, dijo. Seis meses después no se sabe quiénes son.

Muchos creen que solo fue una estrategia más del gobierno para mostrar efectividad y recibir aplausos. O si sabe quiénes son, no los quiere detener.

En las indagaciones realizadas para este reportaje se pudo identificar al menos 15 grupos y sus jefes que operan en el cerro Posokoni.

El exfiscal de Huanuni, Francisco Rodriguez, como resultado de sus investigaciones refiere que los jefes de los jucus son personas que se han dedicado bastante tiempo al juqueo, muchos son extrabajadores de la empresa y excooperativistas, y utilizan a otras personas, sobre todo a jóvenes, para que saquen el mineral a cambio de un pago. “Son del mismo Huanuni, se aprovechan de la necesidad de la gente y de lo insegura que es la empresa”.

Con el tiempo, estos jefes han devenido en poderosos y temibles que vieron en organizar grupos de personas un negocio millonario. Éstos son los que manejan los contactos con las autoridades y trabajadores y las rutas, y para quien el jucu solo constituye una pieza sustituible.

En su corta gestión, RodrÍguez detuvo a más de 100 jucus y encontró grupos de hasta 30 personas. Muchos de ellos salen libres porque “nadie quiere ser testigo” pese a que los hayan visto con las manos en la masa. Los trabajadores si bien conocen y denuncian estos hechos, no se atreven a hacerlo de manera formal. Dentro de la mina nadie les garantiza su seguridad.

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Iglesia de Cataricagua, detrás hay un ingreso clandestino al cerro Posokoni. Foto: ANF

En el mundo policial y de la fiscalía no se habla de jefes, solo sospechan de algunos, pero en Huanuni la gente se conoce y en sus polvorosas calles todos saben quién es quién. El manto de silencio que se cierne en estos casos se debe a las amenazas que existen. Es preferible no decir nada. Hasta el secretario del sindicato de los trabajadores de Huanuni, Adolfo Villca, prefiere colgar el teléfono antes de decir algo. En las cárceles los jucus presos callan.

El responsable de la Unidad Jurídica de la Empresa Minera Huanuni, Cristian Ojeda, dice que en varios años que asiste a casos de robo de mineral, ningún jucu reveló quién dirige los grupos ni a quiénes venden el mineral. “Prefieren acogerse al silencio”.

En la mayoría de los casos los jucus fueron aprehendidos con 25 a 30 kilos de mineral con una pureza de hasta el 70 por ciento, lo que evidencia que “hay alguien dentro de la mina que les informa”. “Presumimos eso porque la mayoría de ellos son familiares, entre el que trabaja y el que juquea”, dice Rodriguez.

La lucha contra el juqueo en Huanuni es complicada porque el Ministerio Público solo cuenta con dos fiscales y dos policías investigadores. Rodríguez en su gestión no atrapó a ningún jefe, descarta clanes, pero dice que las mayores evidencias apuntan a algunas familias, pero no lo pudo comprobar. La fiscalía carece de información de inteligencia policial y no puede actuar sin tener la certeza.

Las indagaciones realizadas para este reportaje dieron como resultado los nombres de pila o apodos de algunos jefes que pasan como uno más entre los habitantes de Huanuni. Algunos de los nombres incluso figuran en los expedientes policiales, pero no son reconocidos como tales.

Los jefes identificados en Cataricagua y que se esconden con seudónimos son el Gato, el Camba, Richard, Tractor, Drogo, el Viejo y hasta un corregidor.

Algunos de los jefes de Huanuni son el Tinti, Choco Belén, el Loro, el Gudi, el Chavo, el Chapi, Janco 1, Janco 2, el Mostaso y el Cheroqui.

Los integrantes de los grupos son diversos. Un exjuqu contó para este reportaje que quienes ingresan a la mina son personas comunes y corrientes: algunas dedicadas a labores agrícolas, desempleados, familiares de trabajadores, excooperativistas y hasta universitarios.

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Llallagua, adonde llega el mineral sustraído de Huanuni. Foto: ANF

Las comercializadoras y rescatiris

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Exfiscal de Huanuni Francisco Rodriguez. Foto: ANF

El exfiscal Rodríguez explica que nunca se ha podido probar nada contra las comercializadoras por la compra del mineral robado de Huanuni porque no existen controles cuando éstas adquieren el estaño.

La nueva ley 1093 que endurece las sanciones contra el juqueo no dice nada sobre implementar mayores y mejores controles a las comercializadoras de mineral, pese a que por este canal se estaría lavando al menos el tercio de la producción de estaño robado a la Empresa Minera Huanuni, como denunció Dalence.

“No hemos podido probar nada porque las comercializadoras de Oruro no tienen un control obligatorio para exigir a los vendedores de dónde traen el mineral; son diferentes cooperativas que trabajan en diferentes lugares y ellos rescatan, y no se los puede atacar a ellos porque finalmente la comercialización que realizan sería legal”, refiere Rodrigez.

Para el exfiscal, la nueva ley “parece que es una sanción solo para esas personas que no tienen trabajo estable y buscan la subsitencia explotando hasta parajes abandonados porque el Estado no facilita fuentes de empleo”.

El Estado no cuenta con un brazo operativo para controlar el mineral robado que ingresa a las comercializadoras, que desde hace años son vistas como sospechosas: nada concreto se hizo ni se hace.

El gobierno dejaba a la policía el control del juqueo, que lo hacía en interior mina y fuera de ella, y con un puesto fijo camino a Oruro, unos cuantos kilómetros más allá de Huanuni. No hay más control, ni en la ciudad de Oruro, donde se supone que llega todo el mineral robado.

Rodríguez dice que su asiento de investigación solo es en Huanuni y lo que pase más allá de la tranca de control no es de su conocimiento. Tampoco existen operativos en la ciudad de Oruro para detectar e intervenir cargas de mineral que van a las comercialziadoras.

Una forma de control para saber si el mineral que venden las comercializadoras y las cooperativas a la metalúrgica Vinto procede de Huanuni, es someterlo al análisis de laboratorio. El expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, dice que los minerales tienen una especie de “huella digital” que los hace únicos, y de esta forma se puede establecer su procedencia.

La Empresa Minera Huanuni es la única autorizada en vender su mineral, y lo comercializa directamente a la Empresa Metalúrgica Vinto. De identificarse mediante laboratorio que hay mineral de Huanuni en las cooperativas o comercializadoras que venden a Vinto, quiere decir que lo adquirieron de forma ilegal. Las autoridades hasta el momento no han ejecutado una medida de control así.

Según el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), existen 60 comercializadoras en Oruro que compran estaño; de éstas, los jucus reconocen que venden, mediante los rescatiris, a al menos tres.

Los rescatiris, en el caso de Huanuni, son compradores intermediarios de mineral que obtienen el estaño de los jucus para venderlo a algunas comerciliazadoras con asiento en Oruro. Algunos rescatiris son coopetivistas y tienen autorización para comprar y acopiar mineral de las mismas cooperativas, pero también lo hacen con el mineral adquirido de los jucus, que ya estando en sus manos se legaliza.

La mayoría de rescatiris procede de Llallagua porque en esa región aún hay cooperativas mineras, aunque ya en declive. Los rescatiris también van a Huanuni por el contacto que tienen con el jefe de grupo.

Constantino Mena, excorregidor de Cataricagua, lugar considerado por la policía como un campamento jucu, cuenta que rescatiris con camionetas se aparecen por el lugar para comprar estaño, pero dijo que no revelaría los nombres.

El rescatiri no paga el precio oficial, los jucus deben vender el mineral muy por debajo del valor del día.

Uno de los jucus entrevistados cuenta que el rescatiri paga por carga (100 libras) 2.000 bolivianos ($us 287), la tercera parte, ya que esa cantidad vale 860 dólares (a 8,6 dólares el precio de la libra fina). El rescatiri vende a la comercializadora en 3.000 bolivianos ($us 431). La comercializadora tiene mayor margen de ganancia al entregar a la metalúrgica Vinto o al exportar. “Ese es el gran incentivo que tienen las comercializadoras para comprar robado”, dice Córdova.

“Estas personas que sacan el mineral tengo entendido que lo venden a diversas empresas de comercialización y no hay un control de parte del Estado para que estas empresas adquieran de cooperativas legalmente autorizadas, no hay ese control, ellas solo dicen ‘traigan el mineral’, claro que obviamente compran a precios bajísimos, pero ese precio aún a ellos (a los jucus) les favorece porque solo entran y sacan el mineral”, remarca el exfiscal Rodriguez.

Las rutas sin control para el mineral robado

Son varias las rutas por donde circula el mineral robado y por donde el control es deficiente o corrompible.

El expresidente de Comibol, José Pimentel, identifica tres rutas que utilizan los jucus para el transporte de mineral: la antigua ruta a Llallagua, donde no hay ningún control policial ni militar; y dos vías hacia Oruro: por la carretera Panamericana, donde hay un puesto ahora controlado por la policía, en Viluyo; y la ruta por las minas de Santa Fe en Morococala.

En cualquiera de los tres casos, el mineral sigue fluyendo.

El secretario general de la Federación de Cooperativas Mineras del Norte de Potosí, Eloy Puente, rechaza que el mineral robado en Huanuni vaya hacia Llallagua y se legalice en las cooperativas por medio de los rescatirtis.

Dice que si alguno de sus afiliados se ve involucrado en el robo de mineral, es un problema personal, y no de las cooperativas.

Pero esta aseveración es contraria a la del exalcalde de Llallagua, Héctor Soliz, quien está convencido de que el mineral robado en Huanuni dinamiza la economía en esa región, ya que los yacimientos de estaño que antes llegaron a ser los más ricos del país, están agotados. “Es una verdad que es subterránea porque nadie quiere hablar claramente de esto, pero es una verdad”, remarca en su oficina en Llallagua.

Soliz reflexiona y dice que luego de la explosión de abril en Huanuni, el control policial se intensifició y los jucus dejaron de traer mineral casi por un mes para que no se los relacione con la muerte de los mineros.

“Entonces han dejado de traer mineral a Llallagua, y el movimiento económico ha mermado en lo que a diario se moviliza, este es uno de los datos que nos permite analizar que el tráfico es fuerte”, concluye.

Pese a lo agotado de los yacmientos, gran parte de las familias de Llallagua siguen siendo mineras porque es lo único que saben hacer, y se ven involucradas en el juqueo por necesidad.

“El hecho es que de la Empresa Minera Huanuni se roba bastante mineral que se trae a Llallagua para que después a través de los rescatiris y las mismas cooperativas que comercializan su mineral en Oruro pueda salir de Llallagua como mineral producido en esta mina, esa es la forma de llevar adelante este tráfico de mineral”, dice Soliz.

Pese a esta gran realidad del robo de mineral, en Llallagua “no existe ningún tipo de operativos policiales ni militares ni investigaciones”.

La población de Llallagua se ve más desarrollada que Huanuni y con más movimiento económico. Aparte de la actividad minera, el comercio es el segundo motivo de flujo, seguido del que genera la Universidad Siglo XX, el turismo y la actividad agropecuaria.

El análisis del valor de la producción del mineral generado en Llallagua da cuenta de un crecimiento sospechoso, ya que se trata de un centro minero en agotamiento donde solo se explota para la sobrevivencia.

En 2007 el valor de la producción minera fue de 38,1 millones de bolivianos ($us 5,4 millones); en 2015 subió a 81,6 millones ($us 11,7 millones); y en 2017 se marcó un récord con más de 120 millones de bolivianos ($us 17,2 millones). El valor de la producción en lugar de bajar, sube.

Los trabajadores de Huanuni pidieron en varias oportunidades que se instale un puesto de control en la carretera antigua a Llallagua, por donde fluye la mayor cantidad de mineral robado, pero hasta el momento no existe ninguno. Solo hay operativos ocasionales. Mientras tanto, la sangría de la mayor empresa estatal de estaño del país continúa sin que se vea un interés real de las autoridades por detenerla.