En las elecciones, existe un fraude previo en la fase de constitución de las organizaciones políticas que se denunció masivamente ante la Justicia en 2012 y se sigue repitiendo. Los perjudicados son miles de ciudadanos cuyas firmas falsificadas dan vida a nuevos partidos, ante la inoperancia de un Consejo Nacional Electoral que emplea a bachilleres de colegio para verificar las rúbricas, ejecuta el proceso en medio de inconsistencias y se reconoce incapaz de detener el fenómeno. Así está la democracia en Ecuador.

Ecuador vive un boom de nuevos partidos y movimientos. Hasta las últimas elecciones seccionales celebradas en marzo pasado se contaban 278, mientras que hace cinco años, bordeaban los cien. Se supone que más de seis millones de ecuatorianos han dado sus firmas para estas organizaciones según el cálculo de la titular del máximo organismo electoral, pero no siempre ha pasado así. 

Lenin Saguay es un joven profesional de Riobamba, provincia de Chimborazo, que decidió participar como candidato en las últimas elecciones para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social -también llamado Quinto Poder-. El principal requisito que se exigía era que los postulantes no se hubiesen afiliado a ningún partido o movimiento político durante los últimos cinco años. Saguay se inscribió porque estaba seguro de su apoliticismo pero se llevó una sorpresa cuando el CNE le informó de su descalificación. Él aparecía afiliado al movimiento Justicia Social sin saberlo. Habían tomado su firma. Saguay apeló, presentó la denuncia por falsificación de firma en la Fiscalía y esperó que su caso fuera revisado para ser parte del proceso electoral que se desarrolló el pasado 24 de marzo. 

La entidad a la que apeló Saguay fue el Tribunal Contencioso Electoral, que es el ente litigioso en material electoral, pero este rechazó su recurso. Al igual que él, 85 postulantes al mismo Quinto Poder fueron descalificados porque aparecían afiliados a un partido. Todos ellos aseguraron que no lo habían hecho, que sus firmas habían sido falsificadas, según el seguimiento que hizo el Observatorio de Servicios Públicos a cargo de César Cárdenas, quien también integra la Comisión Anticorrupción en la provincia del Guayas. Fueron descalificados 85 de un total de 201 candidatos que se presentaron. “Eso nos da el porcentaje de un 40%, que es lo que nosotros calculamos que es la cantidad de la población que está afiliada fraudulentamente a un partido o movimiento político. Casi la mitad”, dice Cárdenas en conversación con La Historia.

El principal requisito con el que debe cumplir una nueva organización política para ser reconocida ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), es reunir una cantidad de firmas de respaldo. El porcentaje es del 1,5% del padrón electoral: si es movimiento o partido nacional ese porcentaje es sobre el total del padrón; si es provincial, cantonal o parroquial se aplica para la cantidad de empadronados en cada jurisdicción.

La cantidad de organizaciones políticas reconocidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) alcanzó una cantidad nunca vista en la historia política del país. Todas esas 278 organizaciones, más otras que están en proceso de constitución, tienen comprometidas las firmas de 6.2 millones ecuatorianos que las habrían respaldado según el cálculo de la presidenta del CNE, Diana Atamaint. Esto es prácticamente la mitad del total de votantes que hay en Ecuador, trece millones. “Pero el nuestro es un país en el que históricamente la mitad de su población siempre ha manifestado que jamás estaría dispuesta a pertenecer a un partido político. Y eso no ha cambiado”, dice Néstor Marroquín, un ingeniero programador con una larga experiencia como técnico y veedor en temas electorales. “Por lo tanto, si es cierto que seis millones ya han firmado, quiere decir que ya no hay más gente dispuesta a firmar. Ya no hay firmas disponibles”, es su conclusión. Muy distinta a la de Atamaint: “Nos queda la mitad de la población que podría comprometer su firma a nuevos movimientos y partidos políticos. Ese es el escenario. Sí hay firmas todavía disponibles”.

Si usted quiere saber, necesita tiempo

Para enterarse en Ecuador si uno está o no afiliado a un partido político, primero hay que tener tiempo. Tiempo para acercarse personalmente a la delegación provincial del CNE, hacer fila en ventanilla y preguntar qué debe hacerse. La respuesta que le dan los adiestrados funcionarios es como sigue:

-Llene este formulario. Firme y regrese después de cuatro días laborables para darle la respuesta. 

-Señora, pero este formulario dice que voluntariamente me estoy desafiliando de un partido político, pero lo que primero quiero saber es si estoy o no afiliado. Luego ya veré si me quiero desafiliar o si prefiero presentar una denuncia en la Fiscalía. 

-Ese es el formulario que tenemos por ahora. No hay más. 

La tajante respuesta no da espacio para más opciones. El ciudadano o lo toma o lo deja. Normalmente, lo toma. Así que sin que sea su voluntad inicial, termina aceptando un procedimiento que lo desafilia voluntariamente de un partido político en el que nunca dio su firma para afiliarse. 

Es una manera tácita de validar una afiliación fraudulenta y renunciar al derecho de presentar una denuncia para intentar averiguar cómo fue posible que su nombre apareciera como parte de un partido político y, sobre todo, quiénes son los responsables. Aunque en la actualidad no existe una Ley de Protección de Datos, la falsificación de firmas es un delito en Ecuador de acuerdo con el Código Integral Penal y está sancionado con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Hay quienes no renuncian a su reclamo en la Fiscalía. Fue el caso de Lenin Saguay, el candidato de Chimborazo, quien presentó su denuncia el 15 de noviembre de 2018. La justicia se tomó seis meses para fijar fecha para la pericia grafológica en el Consejo Electoral que pueda determinar si efectivamente se dio o no la falsificación. El día señalado, 27 de mayo de 2019, pasó lo inesperado: el CNE informó por escrito al perito grafólogo designado por la Fiscalía que los formularios originales -en los que consta la firma objeto de esta investigación- habían sido devueltos a fines del año pasado al partido Justicia Social que los había presentado para su legal aprobación. De manera que la pericia no se pudo hacer y en ese estado de paralización permanece la indagación fiscal, “que avanza a paso de tortuga”, se queja Saguay. “Ahora resulta que yo como denunciante debo encontrar el domicilio del partido político que presentó mi firma falsa. Y ese partido está en Guayaquil, yo vivo en Riobamba, y debo correr con los gastos para notificar”. Saguay siente que está en completa indefensión y que su caso quedará en la impunidad. 

Otro caso similar sufrió Sara Roque Ocampo, médica de profesión que también intentó ser candidata al Quinto Poder. En primera instancia, el CNE de la provincia del Guayas certificó que no estaba afiliada a ningún partido. Pero el CNE nacional le sacó a relucir una afiliación al partido Izquierda Democrática, que ella niega totalmente. “Imagínese, me sacan una ficha de afiliación con fecha 1 de mayo de 2016, que era día feriado, en que yo estuve de viaje fuera del país y me ponen en la ficha de afiliación una firma que ni siquiera se parece a la mía”. Esta médica presentó reclamos en todas las instancias, en donde siempre fueron rechazados. También acudió a la Fiscalía, puso la denuncia y de lo que sabe, la investigación no ha avanzado en lo absoluto. 

Que las firmas que constan en los formularios presentados por los partidos y movimientos políticos para su aprobación deben ser devueltas a ellos mismos, es lo que dicta la ley “y que hay que cumplir”, confirma la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. Pero aquello le parece una barbaridad al vicepresidente del mismo Consejo, Enrique Pita: “Esto es igual a que la Justicia devuelva al asesino el cuchillo con el que asesinó a su víctima. Es un absurdo”. El hecho es que para una pericia grafológica se necesita el papel donde se estampó la rúbrica y que el CNE recibe las firmas de los partidos políticos, las revisa, las aprueba -o desaprueba- y las retorna. Luego, encontrar esas firmas es un problema que recae sobre los hombros de los perjudicados.

Para las personas comunes, que no tienen intención de llegar a un cargo de elección popular, les indigna que se hayan tomados sus nombres para legitimar partidos políticos que se usan para perseguir intereses particulares y espacios de poder que terminan en corrupción. Es por eso que en 2012 se presentaron decenas de miles de denuncias. Ese rechazo ciudadano, reflejado en los reclamos presentados la Fiscalía, se detuvo cuando dieron de baja el sistema para verificar la afiliación en línea.

El CNE cuenta con un departamento de Organizaciones Políticas que en palabras de la presidenta Atamaint, debe darle seguimiento a su funcionamiento y mantener un directorio actualizado. Pero eso no sucede según pudo comprobar un equipo periodístico que se trasladó a Huaquillas, provincia de El Oro, una localidad de cuarenta mil habitantes que concentra la mayor cantidad de movimientos cantonales del país. Seis en total, cinco de los cuales fueron creados recientemente. En un inicio, los periodistas acudieron a la delegación provincial del CNE en la cabecera provincial, Machala, y tras obtener los domicilios registrados por las organizaciones políticas, se desplazaron hasta el cantón fronterizo con Perú para visitar cada una de las sedes. Pero para sorpresa de los reporteros, la tarea se convirtió en una misión imposible porque en ninguna de las direcciones declaradas encontraron rastros de organizaciones políticas.

En la dirección registrada por el Movimiento Bolivariano Restauración Fronteriza, el único que se conformó para las elecciones seccionales de 2014, no se encontró ninguna sede y aunque los vecinos informaron que efectivamente allí funcionó, también añadieron que se marcharon hace varios años. En los casos de los movimientos: Renovación y Cambio Huaquillas, Integración por un Gobierno Alternativo (MINGA) y Solidaridad, Esperanza y Renovación (SER), en las direcciones se encontraron locales vacíos. Mientras que en el caso del Movimiento a Huaquillas Orden, Respeto y Amor (AHORA), que ganó la Alcaldía del cantón en marzo pasado y el Movimiento Decide Huaquillense (DH), las direcciones correspondían a casas donde nadie respondió.

“Si es que el partido político no está, los representantes no asoman, ahí habría que haber un mecanismo porque la ley también dice: hay requisitos, para que la organización política dé cuenta de que existe, de que funciona y cumple con sus objetivos, no solamente tener el membrete y asomar en las elecciones. Tienen obligaciones como mantener habilitada una página web, sus números de contacto, actualizados sus dirigentes y las directivas que tiene…”, asegura la presidente del Consejo Nacional Electoral. Nada de eso se cumple en la práctica.

Avalancha de denuncias quedaron impunes

¿Cómo saber cuántas firmas de ecuatorianos han sido fraudulentamente utilizadas para dar vida a tantos partidos y movimientos políticos? Hasta el año 2012, era más sencillo. En la página web del CNE estaba habilitado un buscador en el que había que ingresar el número de cédula y de certificado de votación para salir de dudas. El problema fue que a partir de abril de ese año comenzó una avalancha de reclamos por afiliaciones irregulares. Muchos se llevaban la desagradable sorpresa: sí estaban afiliados y no lo sabían. Se presentaron cientos, luego miles de denuncias en la Fiscalía por falsificación de firmas. 

Vale recalcar que en julio de 2012 se cumplía el plazo para la reinscripción de todos los partidos y movimientos políticos del Ecuador. Así lo había dispuesto el Código de la Democracia expedido tres años antes. Pero entre finales de 2011 e inicios del 2012 las organizaciones políticas comenzaron una carrera contra el tiempo para cumplir con los requisitos, que incluían la presentación de firmas de apoyo. 

Volviendo a la avalancha de quejas por falsificación de firmas, el Ministerio Público estuvo a punto de colapsar. Para agosto de 2012, el entonces fiscal General Galo Chiriboga daba cuenta de 73.000 denuncias. Pero también hubo miles de ciudadanos perjudicados que prefirieron no acudir a las instancias judiciales. La mayoría de los que no denunciaban alegaban que no valía la pena y que todo seguiría igual. 

Mientras la Fiscalía sufría una crisis por exceso de trabajo, los partidos políticos atravesaron su propia crisis de credibilidad ante sus votantes. Sería por eso o por otras razones -nunca se dio una explicación oficial en su momento- que el Consejo Nacional Electoral decidió ese mismo 2012 bajar de la web el buscador. El motivo, en palabras de la actual presidenta del CNE Diana Atamaint, fue un recurso interpuesto por organizaciones políticas ante el Tribunal Contencioso Electoral, en el que aludían que la Constitución garantiza reserva sobre aspectos como la afiliación política. A partir de ahí, el procedimiento volvió a la vieja práctica presencial de mediados del siglo XX. Desde entonces, en las ventanillas del organismo electoral se ven a diario pocas personas dispuestas a sacrificar su tiempo por esta información.

Pero ¿qué pasó con las más de 70.000 denuncias que se presentaron en 2012 en la Fiscalía? Pasado el escándalo mediático se llevó adelante una larga investigación que se desarrolló principalmente en Guayaquil, a pesar de que el escándalo fue a nivel nacional. Cerca de treinta personas fueron investigadas, doce fueron procesadas y, finalmente, siete años después, cuatro fueron sentenciados en última instancia a seis años de cárcel por el delito de falsificación de documentos. 

Los cuatro sentenciados por el caso de las firmas falsas fueron ubicados por el equipo que hizo este reportaje. Dos son hermanos y recogieron firmas en las calles para el movimiento Equipo, otro fue el responsable del procesamiento de las firmas para ese mismo movimiento fundado por Fabricio Correa Delgado, hermano del expresidente Rafael Correa; y el cuarto fue recolector de firmas para el movimiento Integrador Nacional que no llegó a constituirse. Al frente de ese último movimiento estaba Luis Alvarado Buenaño, el único dirigente político que estuvo procesado en el caso y detenido por un corto tiempo. Alvarado era afín al presidente Correa y había hecho actividad política como representante de los pueblos montubios. Finalmente el juez del caso no dictaminó acciones en su contra. Fabricio Correa nunca fue judicializado y eso que él asegura que todo este escándalo fue armado por el gobierno de su hermano para perjudicarlo. “Si el movimiento del que él es responsable envió las firmas, debía de ser procesado y no los demás”, asegura el abogado de uno de los condenados, Robert Guevara. “Imagínese, ¿qué juez o fiscal se iba a meter con el hermano de Rafael Correa?”, pregunta por su parte la abogada Guisella Padovani, defensora de otro de los sentenciados. 

El caso de las firmas falsas que conmocionó al país terminó con cuatro sentenciados de un bajo perfil público. “Los cuatro más pendejos”, en opinión del letrado Guevara, quien añade que en el juicio nunca compareció ninguno de los afectados por la falsificación de firmas ni se expusieron pericias grafológicas válidas. La figura del delito fue: uso de documento falso. “¿Cómo pudieron haber hecho uso de documento falso si ellos no presentaron al tribunal electoral esas firmas? En el peor de los casos el responsable era el representante del movimiento”, insiste Guevara. En agosto de este año, ellos solo esperaban que se hiciera efectiva la sentencia y se emitiera la orden de detención correspondiente. A la fecha actual, siguen en libertad.

El principal señalado por la Fiscalía es Fernando Morla Paredes, a quien acusó de acceder al padrón del CNE, transmitir por internet esa información a dos intermediarios en Guayaquil y estos a su vez a otras personas que copiaban los datos de filiación, adulteraban las firmas e incluso las huellas dactilares de los ciudadanos. Él se confiesa inocente e insiste en que fue el chivo expiatorio en una trama para evitar que Fabricio Correa formara su movimiento político. Morla formó parte de la empresa Ecuasistemas que tuvo contratos con el Consejo Electoral para el escaneo y transmisión de actas con los resultados electorales. Eso ocurrió en 2006, cuando el sorpresivo ganador fue el impetuoso debutante Rafael Correa. Ecuasistemas era una empresa familiar, a la que también perteneció Julio Morla Paredes, hermano de Fernando, quien aparece como aportante con USD 70.000 a la campaña presidencial para la reelección de Rafael Correa, en el año 2013. Esos aportes ahora son investigados por el consejero del CNE Luis Verdesoto, que los considera irregulares.

Otros sentenciados son Francisco Jerez y su hermana, quienes confesaron que habían falsificado firmas para llenar formularios. Pero ahora, ya condenados, Francisco dice que aquella confesión fue producto de un acuerdo con representantes del gobierno de Rafael Correa, que le ofrecieron trabajo y la seguridad de que no sería sentenciado. Como su prueba, tiene fotos sentado dentro del avión presidencial en el que fue embarcado para ser trasladado de Quito a Guayaquil, con el objetivo de presentarse voluntariamente a testificar en el proceso. Después, asegura que fue abandonado a su suerte, a tal punto que tuvo que esconderse durante seis años en esa provincia oriental y sobrevivir vendiendo comida chatarra y trabajando como chofer informal. Ni siquiera tuvo dinero para contratar un abogado y su caso fue llevado por un Defensor Público del Estado que hizo lo que pudo y no fue mucho. “¿De qué estamos hablando?, de cuatro giles que hay que buscar para tapar todo”, asegura Jerez, quien solo esperaba el momento de que se le acerque un Policía y le informe que está detenido.

Pasó antes y sigue ocurriendo

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, ex asambleísta por el movimiento indígena Pachakútik y también integrante del Consejo Nacional Electoral transitorio, que estuvo en funciones antes del actual, reconoce que existe un problema sobre la existencia de firmas falsas para la constitución de los partidos y movimientos, pero intenta no causar alarma. Según sostiene, también hay casos de personas que, efectivamente, dieron su firma para apoyar un partido y después, sencillamente lo niegan. Así mismo ve normal la cifra de 6.2 millones de ciudadanos que en teoría han firmado para apoyar a una organización política, lo que se traduce en que uno de cada dos ecuatorianos están habilitados para votar. Eso tomando en cuenta que el padrón electoral aprobado para las últimas elecciones fue de 13’261.994 personas. Con ese promedio, Ecuador debe ser uno de los países con más alta participación política. De no creer para varios expertos consultados, pero absolutamente normal para la presidenta del organismo electoral. Por citar las últimas elecciones, a pesar de la multa de cuarenta dólares por no acudir a votar, 2.5 millones de personas no se presentaron, es decir, el 19% de los empadronados.

Atamaint justifica que, con el objetivo de proteger la información personal de los ciudadanos respecto a su afiliación política, se haya deshabilitado el buscador en la web. Pero añade que, de todas formas, intentará volverlo a poner al aire para que las personas sepan de una forma rápida si han sido o no afiliadas arbitrariamente. Además rescata el trabajo de verificación de firmas que hace el CNE y también la idoneidad de sus funcionarios. “Hasta que no se demuestre lo contrario, respaldo lo que lo hacen los empleados electorales”. La presidenta del organismo autorizó un recorrido a este equipo por las oficinas en donde trabajan los verificadores de firmas.

El centro de verificación de firmas del CNE funciona en el espacio de un complejo militar abandonado a su suerte, en el norte de Quito. Allí funcionaba hasta hace algunos años el conocido Comisariato de la Fuerza Aérea, desmantelado por el anterior gobierno. Desde entonces, esos amplios terrenos y edificios comenzaron a sentir los efectos del abandono. Es una zona desierta y alejada de las miradas, donde los funcionarios del CNE pueden trabajar en paz.

Allí, el CNE adecuó unas oficinas para instalar el centro de verificación de firmas. Hasta este lugar llegan los miles de formularios con firmas que recogen en todo el país los políticos que arman sus nuevos partidos y movimientos. Aquí trabajan de forma permanente veinticuatro, que cumplen con el único requisito de haber terminado la secundaria. Sobre sus hombros recae la inmensa responsabilidad de verificar si las firmas que llevan los políticos efectivamente fueron estampadas por sus legítimos dueños. Pero no lo hacen directamente en el formulario de papel. El proceso incluye que los formularios sean escaneados y se creen archivos digitales, sobre los que se hace la verificación. Los formularios de papel originales retornan a las organizaciones políticas posterior a ser escaneados.

Cuando existe más ajetreo, normalmente en víspera de un proceso electoral, se contratan verificadores de refuerzo, que pueden llegar a cien, según el encargado del departamento Arturo Moreno. Pero en épocas como la actual, se mantienen los veinticuatro, más un grafólogo que es el único experto de planta que trabaja en el CNE. El grafólogo solo asesora, no aprueba firmas. La aprobación está en manos de los jóvenes. 

La parte medular del proceso de verificación funciona así: se abre en la computadora el archivo digital con el formulario escaneado y se recorta la imagen donde está la firma, misma que se ubica a un lado de la pantalla. En el otro lado se abre otro archivo con las imágenes de las tres últimas firmas que los ciudadanos estamparon en los últimos procesos electorales, después de haber votado en las Juntas receptoras respectivas. Es decir, son las firmas que constan en los padrones. Ahí viene la comparación visual. Establecer a simple vista, si la firma del formulario y las del padrón se parecen o no. Que sean similares, establece con mucha apertura el Código de la Democracia. Entonces viene la aprobación. Si hay dudas, esa firma pasa a un segundo filtro, integrado por otros cuatro verificadores, asesorados por el único grafólogo profesional. En esta segunda instancia en la que se decide si la firma pasa o no, lo único que se hace es volver a ver las firmas.

Arturo Moreno es el responsable del Departamento de Verificación de Firmas del CNE y hace notar un detalle importante: hay un alto número de firmas que no pueden ser comparadas con nada porque el sistema no registra ninguna rúbrica del ciudadano por algunas razones, entre ellas, que se trate de un joven de 16 años que nunca había votado. En ese caso, las imágenes que sirven para la compasión aparecen en blanco y la firma del formulario queda como única referencia. Antes, aseguró Moreno, cuando no había posibilidad de cotejarlas, esas firmas eran rechazadas. Pero a partir de una sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en septiembre de 2013 se dispuso al Consejo Nacional Electoral a que, en esos casos, las firmas sean aceptadas. Y sí se cumple. ¿De qué porcentaje se está hablando? “De un 20% a 30% de firmas que presenta cada nuevo movimiento”, indicó Moreno. Es decir, que de los seis millones de firmas que han sido presentadas como parte de los partidos y movimientos políticos, alrededor de un millón y medio ni siquiera fueron objeto de una comparación visual, porque el sistema no arrojó esa opción. Sencillamente se aprobaron, porque así lo dispuso el TCE en una sentencia, asegura Moreno.

Lo que sí defiende el funcionario es el trabajo de los verificadores al momento de hacer las comparaciones: ellos cumplen con aprobar las firmas que guardan similitud. Y si alguien que no firmó, aparece afiliado, es porque otra persona le hizo su firma con gran parecido. En eso, dice, el CNE ya no tiene nada que hacer. 

A esto se suma el hecho de que no existe un doble factor de verificación de las afiliaciones a través de las huellas dactilares, que se incluyen en los formularios, pero no se toman en cuentan en el proceso de revisión. De forma que los formularios que incluyen a analfabetos o adultos mayores que firman con su huella, no se revisan y son aprobados directamente.

¿Quién gana? ¿Y quién pierde? 

Casos de ciudadanos que fueron afiliados sin su consentimiento los hay en todos los puntos del país. Al sur, en la provincia de Loja, está el caso particular de Bolívar Loján Fierro, un fuerte opositor del exalcalde de Loja, Bolívar “El Chato” Castillo, al punto que impulsó la recolección de firmas que dio paso a la consulta popular que revocó el mandato municipal de Castillo, despedido anticipadamente de sus funciones por votación popular. Con todo eso de antecedente, resulta que Loján Fierro apareció afiliado al movimiento ARE, fundado por el mismo Castillo. Un sinsentido político que Loján dejó pasar y no denunció en la Fiscalía en el momento oportuno. 

¿Por qué se crearon tantos partidos en Ecuador? Una respuesta la da Néstor Marroquín, programador y técnico especializado en temas electorales: “Vemos que la función pública se ha convertido en un negocio. Que bonito se ha vuelto llegar a ser presidente, alcalde, asambleísta, cualquier cosa, porque no es mentira que luego de eso aparecen nuevos ricos. La motivación es hacerse millonario de la noche a la mañana, utilizando la carrera política y gozar del poder, consiguiendo beneficios económicos. Y la vía es tener un partido político para poder participar. Por eso los partidos tienen dueños”. Además está la posibilidad de usar el fondo de promoción electoral.

En Ecuador, la política es como un negocio. Así lo ratifica Daniela Chacón, ex-vicealcaldesa y concejal de Quito, que intentó participar en las elecciones pasadas como candidata a la alcaldía. Y se acercó al movimiento Justicia Social, lista 11, de Jimmy Salazar, presidente del gremio de Abogados del Guayas y exdirector nacional del Registro Civil. “Me dijeron que sí podía ser la candidata con ese partido pero que debía aportar con 150.000 dólares. Así de simple”. Chacón no aceptó, no participó en las elecciones y, de remate, hace poco descubrió que hubiese tenido problemas si lograba postularse porque también fue afiliada fraudulentamente a otro partido político llamado Adelante Ecuatoriano Adelante, lista 7, del empresario Álvaro Noboa. En su caso pidió la anulación de su afiliación, además del archivo digital de la firma fraudulenta que presentaron como suya. Para su sorpresa, la rúbrica falsa parecía una mala imitación de la real. Ahora ha preferido retirarse de la política. 

¿Dónde se consiguen las firmas falsas? “Hay una mafia y un mercado negro corrupto de firmas para aquellos interesados en hacer un proyecto político. Yo quise hacer un partido. Pero era carísimo y en un mes aparecía el que te vendía las firmas, el que te ofrecía la base de datos del Registro Civil porque esto es una mafia y un tema oscuro”, relata Juan Carlos Holguín, quien fue candidato a la alcaldía de Quito. “¿Quiénes tienen partidos nuevos? Iván Espinel, un delincuente que está preso y ahora en su partido participan los correístas. Los hermanos del presidente de la República Lenín Moreno tienen un partido cada uno y lo tuvieron un mes antes de las elecciones. Esas aberraciones hay que corregir”, se queja Holguín que participó por el movimiento CREO de Guillermo Lasso, cuando declinó la posibilidad de tener su propia organización. 

El político Fernando Balda, quien analiza crear su propio movimiento, apunta al Consejo Nacional Electoral, “en donde hay un mercado de firmas”, dice. Y esto se trata de “una corrupción sistémica de toda la vida”, sostiene. “Es sabido que existen los llamados laboratorios, que así los llaman, de expertos en falsificar firmas. Y la primera responsabilidad, según la ley, está en el CNE que no puede aprobar esas firmas falsas. En segundo lugar están los partidos políticos porque no pueden nacer de entrada haciendo trampa, poniendo el mal ejemplo”. Por eso, dice Balda, si es que finalmente da el paso de recoger firmas para su nuevo movimiento GANA, tendrá que hacerlo en zonas que no hayan sido explotadas anteriormente, como las áreas rurales. Eso le costará más dinero, calcula. Según sus cuentas, en recoger cada firma se gasta tres dólares. Si se necesitan 200.000 para ser aprobado, el monto es de 600.000 dólares. Pero su objetivo sería presentar al CNE un millón de firmas, lo que costaría tres millones de dólares. “Conseguir ese monto es complicado”, afirma Balda y por eso está entre sus opciones finalmente terminar aliado a un movimiento que ya esté constituido. 

Por su parte Néstor Marroquín recomienda poner los ojos en el CNE, que es la institución que finalmente tiene la última palabra en la aprobación de los partidos. “En arca abierta hasta el justo peca”, trae a colación. Mientras que la presidenta del CNE Diana Atamaint se alarma al escuchar que podría existir un mercado negro de firmas y gente que esté lucrando con eso. “Esas afirmaciones son gravísimas”, dice y añade que si alguien se ofrece a venderte firmas, lo ético y legal es denunciar. Consultada sobre la posibilidad de que funcionarios del organismo electoral estén involucrados en la aprobación de partidos con firmas falsas, asegura que puede dar fe del trabajo correcto de los funcionarios de su administración, pero que tampoco pone las manos al fuego por nadie.

La Contraloría General del Estado decidió también investigar. Y los resultados de su informe preliminar daban cuenta de que cuatro partidos se habrían aprobado presentando firmas irregulares: Justicia Social, Libertad es Pueblo -de Gary Moreno, hermano del presidente Lenín Moreno- Podemos y Fuerza Compromiso Social de Iván Espinel, nuevo bastión de los correístas. Entre las anormalidades detectadas se encontraron 1527 firmas de niños adolescentes afiliados, 6648 firmas de fallecidos y 118.802 firmas con números de cédula que debieron ser eliminadas del padrón. Lo que debería pasar con este informe y una investigación a fondo, según Néstor Marroquín, es que los partidos y movimientos aprobados con firmas falsas, deberían ser inhabilitados. Desaparecer, “así hayan presentado una firma falsa”, dice radical. Mientras tanto, el vicepresidente del CNE Enrique Pita propone un tiempo de moratoria en el que no se apruebe ningún otro movimiento o partido político más, mientras no se resuelva la verificación ligera de las firmas.

Lo urgente, y en eso coinciden todos los actores de este tema, es que los ciudadanos puedan acceder de forma ágil y por la web, a la información de si están afiliados a una organización política sin haber firmado nunca. Ese es el ofrecimiento de las autoridades del CNE. El último ejercicio al respecto se hizo con los dos autores de este reportaje: Marlon Puertas no estaba afiliado a ningún partido. Daniela Aguilar está afiliada al partido FE que lideran los Abdalá Bucaram, padre e hijo. Pero eso no es todo. Tras sospechar que su firma había sido falsificada por más de una organización política, como mencionaron algunos de los expertos consultados, hizo un requerimiento adicional al Consejo Nacional Electoral. La respuesta la sorprendió: cinco organizaciones políticas presentaron su firma falsificada para respaldar sus inscripciones. Además del FE está el Movimiento Suma, el Partido Concentración de Fuerzas Populares CFP y el PRIAM que luego se transformó en el partido Adelante Ecuatoriano Adelante. Estos dos últimos partidos del empresario Álvaro Noboa, presentaron ante el ente electoral la firma falsificada de la periodista en al menos cinco ocasiones. Ahora prepara una denuncia que presentará en la Fiscalía para encontrar a los responsables.

Lea este reportaje en La Historia

Esta investigación fue realizada por Marlon Puertas y Daniela Aguilar para La Historia en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.