Patricia González Chacín
El Comercio (I)

ICFJ / Connectas

Gabriel era el portero del equipo de fútbol “Los de Arriba” del barrio Las Orquídeas, sector Monjas de Quito, en la capital de Ecuador. Jugaba en una de las posiciones con mayor responsabilidad del campo de juego. En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) también tenía una posición de peso: era líder de Talento Humano (designado el 4 de septiembre de 2015) de la Subdirección Provincial de Servicios Corporativos de Pichincha.

Desde esa área, en la que debía supervisar los procesos de contratación, Gabriel aprovechó para hacer jugadas por fuera de la Ley, según el proceso que reposa en la Fiscalía. El funcionario puso precio a los puestos en la institución: entre noviembre del 2016 y abril del 2017, nueve personas ingresaron al IESS tras haberle pagado por el cargo. Según consta en la nómina de octubre del 2019, al menos tres continúan laborando para el Seguro Social, entidad que brinda atención médica a más de la mitad de la población de Ecuador.

El exfuncionario fue declarado culpable por el Tribunal de Garantías Penales de Quito por delito de concusión (cobro de cuotas por parte de un servidor público, abusando de su cargo) con agravantes, al haber complicidad de otra persona. El pasado 15 de marzo, esa corte lo sentenció a siete años y cuatro meses de privación de libertad. Además, deberá pagar una multa de 12 salarios básicos (USD 4 728) y ofrecer disculpas públicas al IESS.

La jugada de Gabriel no era tarea difícil en medio de la recesión económica que atravesaba el país en el 2016. El desempleo tocó las puertas de muchos hogares, que se vieron en situaciones desesperadas. Esa era la realidad que atravesaba una extrabajadora del IESS (quien pidió reservar su identidad).

Su marido y Gabriel jugaban juntos en las canchas de Las Orquídeas. En ese entonces, ella se encontraba desempleada y estaba cerca de dar a luz a su segundo hijo. En casa, el único ingreso (USD 500 al mes) era el de su esposo.

Gracias al fútbol también se conocieron años atrás Gabriel y Marco, quien no laboraba en el IESS y, según la Fiscalía, fue su cómplice para la venta de puestos en la entidad. Entre familiares, amigos y la camaradería del fútbol, Marco consiguió personas necesitadas de empleo, a cambio de recibir un 20% del valor que se exigía por cada puesto.

Por intermedio de él, la exempleada contactó al entonces funcionario del IESS para acceder a un empleo en el Seguro. Por un mensaje de WhatsApp, el exlíder de Talento Humano de Pichincha dijo que le ayudaría, pero que eso tenía un costo: USD 1 000, que debía depositarle en su cuenta personal.

Un familiar le prestó el dinero y ese mismo día hicieron el depósito. Envió por correo los documentos requeridos, le hicieron una entrevista e ingresó el 1 de diciembre del 2016. Según contó, Gabriel, personalmente, la acompañó ese día al área de Cartera y Coactiva de la Dirección Provincial, en la matriz del IESS en Quito, donde comenzaría a trabajar para el ‘call center’, realizando llamadas de cobranza a empleadores en mora.

Junto a ella ingresó otra persona al mismo departamento, quien también habría pagado USD 1 000 por el cargo y quien todavía trabaja para el IESS.

La investigación de Fiscalía detectó que, al menos, ocho personas ingresaron al ‘call center’ del área de Cartera y Coactiva de Pichincha y otra al Centro de Salud de Machachi, un cantón del centro del país, tras haber hecho un pago.

Los cargos vendidos fueron de oficinista, asistente administrativo y auxiliar de contabilidad, con salarios de entre USD 817 y USD 1 287. La promesa era una renovación de los contratos ocasionales por tres años.

Según declararon los implicados, algunos firmaron contratos meses después y, al menos, una persona nunca lo hizo, a pesar de haber laborado ocho meses para el IESS.

Las tarifas por puestos fueron desde USD 750 hasta 2000. Debido a las condiciones económicas de los interesados, algunos cancelaron una parte del monto exigido antes de ingresar y el saldo luego de cobrar el primer mes de sueldo. En total, Gabriel recibió pagos por USD 10 750, según la investigación.

El negocio de Gabriel se acabó cuando las autoridades detectaron irregularidades en los procesos de contratación de cinco personas, todas de Cartera y Coactiva.

Con la colaboración de algunos de los funcionarios que pagaron, el IESS presentó una denuncia ante la Fiscalía el 4 de agosto del 2017, en contra de Gabriel, como máximo responsable de las supuestas ventas.

Paradójicamente, tres días después de haber hecho la denuncia en su contra, el IESS le renovó el contrato de servicios ocasionales, aunque por un salario menor al que venía recibiendo. Se le desvinculó definitivamente el 13 de diciembre del 2017.

El IESS también denunció como cómplices a Marco y otra exservidora, a quien finalmente no se le comprobó su colaboración.

Tras la denuncia del IESS, la Fiscalía concluyó que en nueve casos, además de existir un pago previo, se omitieron los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público y las normas de reclutamiento y selección del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, en los expedientes laborales faltaban documentos clave como el informe técnico de Talento Humano que justificara la contratación.

En algunos casos incluso se fijaron salarios por encima a los establecidos para el perfil. La Fiscalía también indicó que se debió realizar concursos de méritos. Solo el 23% de los 7 525 empleados del área administrativa del IESS al cierre del 2018 cumplió con ese proceso.

Los casos denunciados no son aislados. Un examen de la Contraloría, publicado este 2019, determinó que 324 expedientes de servidores que ingresaron a trabajar al IESS, a partir de octubre del 2016, no contaban con la documentación habilitante para laborar en la entidad.

El Seguro reconoció ante Fiscalía que estas contrataciones generaron un aumento del personal administrativo, a pesar de que la Resolución 482 del IESS, de abril del 2015, prohíbe contrataciones ocasionales que aumenten el personal en las unidades administrativas.

Rodrigo Mendoza, subdirector nacional de Gestión de Talento Humano de entonces, justificó ante el organismo que firmó los contratos por pedidos urgentes de Gabriel, quien le señalaba que de lo contrario el proceso se retrasaría unos cinco días y el trabajo en Cartera y Coactiva se congestionaría. El exlíder de Talento Humano negó esa versión.

Las primeras pruebas en su contra aparecieron en sus cuentas bancarias. La Fiscalía detectó un posible ingreso no sustentado por USD 13 638 en las cuentas de Gabriel.

Además de la denuncia, el IESS llevó a cabo dos sumarios administrativos en el 2017 en contra de los servidores involucrados en el caso. En uno se resolvió la destitución del implicado y en el otro una suspensión sin remuneración, aseguró la entidad.

Geovanna León, directora provincial de Pichincha (entre 2014 y 2016) y posteriormente directora general de la entidad, reconoció a EL COMERCIO, que “hay, hubo y sigue habiendo funcionarios que de pronto transgreden sus obligaciones. Fue un caso que se dio y enseguida se tomaron las acciones legales”.

En septiembre del 2018, el IESS presentó otra denuncia ante la Fiscalía, contra dos ex servidores de la Dirección Provincial del Carchi, también por presunta venta de cargos. La causa aún se investiga.

Tras estos casos, el Seguro Social realiza controles aleatorios a los expedientes personales de los servidores con el fin de verificar que se cumpla con el procedimiento establecido.

La venta de cargos no fue la única irregularidad que reveló el expediente de la Fiscalía. Las personas involucradas aportaban al mes entre USD 10 y 20, que se descontaban de los roles de pago, para el partido Alianza País y el CRC (Comité de la Revolución Ciudadana) Cambio Generacional. Los CRC eran los organismos de base del partido oficialista.

Esto lo corrobora una exfuncionaria. “Era obligatorio. Nos compraron camisetas y, adicionalmente, teníamos que asistir a sabatinas de Correa (presidente de la República de entonces)”. Las sabatinas eran cadenas radiales que se hacían cada sábado.

La extrabajadora afirmó que, incluso, las afiliaciones del personal a Alianza País se llevaron a cabo en las oficinas de Cartera y Coactiva. “No tenías opción a decir que no”, señala.

Siete de las nueve personas que pagaron para ingresar a trabajar al área de Cartera y Coactiva del IESS están afiliadas al partido, al igual que Gabriel.

Un informe de la Contraloría del Estado, aprobado este 2019, determinó que el IESS realizó descuentos por USD 378 932 a un total de 533 servidores públicos. De ese monto, USD 363 319 fueron contribuciones a esos dos movimientos políticos. En ciertos casos, indica el informe, no se contaba con la autorización de los trabajadores. El examen analizó un período entre enero del 2013 y mayo del 2018.

El IESS recordó que, conforme dispone la Ley Orgánica del Servicio Público, cualquier acto de proselitismo político está prohibido en las entidades públicas. “Durante la administración actual no se ha recibido denuncias sobre el particular; lo cual en caso de suceder será sancionado”, aseguró.

El caso en contra de Gabriel aún no se ha cerrado. La defensa apeló el fallo ante la Corte Provincial. Este momento, cumple medidas cautelares como el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, presentación periódica ante el Juez y prohibición de salida del país.

Este Diario contactó en varias ocasiones a Gabriel, a través de su abogado, para conocer su versión del caso. Pero, hasta el cierre de esta nota, no dio declaraciones.

Marco decidió acogerse al proceso abreviado, admitiendo su participación en el caso. Se le impuso una pena privativa de cuatro meses de prisión, que cumplió en 2018. “Le sugerí acogerse al abreviado. Las pruebas eran contundentes”, señaló su abogado John Cueva, quien aseguró que hubo más personas que pagaron por un cargo, que no formaron parte de la investigación. “Estamos en una sociedad corrupta a todo nivel”, afirmó.

La exempleada del IESS también lo afirmó: “Hubo gente que no fue llamada a juicio y pagó”. Solo a tres se les notificó de la terminación de su contrato, al poco tiempo de haber iniciada la investigación. Otros lograron permanecer, incluso hasta ahora.

El caso aún perturba a la extrabajadora, quien conversó con EL COMERCIO una tarde de finales de julio del 2019 en su receso de almuerzo de su nuevo empleo. “Salí del IESS y me quedé sin trabajo alrededor de nueve meses. Económicamente, nos hicimos pedazos. Fue duro porque mucha gente te juzga. Pero, salimos adelante. Moralmente, me siento destruida”, confiesa entre lágrimas.