Las caras del “protector”

El estado andino de Táchira, región fronteriza con Colombia, es comandado desde hace cuatro años por una especie de “gobernador alterno”: Freddy Bernal. Llamado por el mandatario Nicolás Maduro para ser “protector” en la región, ha estado envuelto en episodios controversiales en lo personal y ha sido una ficha clave en la historia del chavismo en Venezuela. Su experiencia en control de delitos no ha sido suficiente para frenar las irregularidades en la frontera y, por el contrario, se le ha acusado de manejar a su antojo los recursos públicos, de tener nexos con grupos irregulares colombianos y de crear una aduana paralela.

Bernal era policía cuando participó en el golpe militar de Hugo Chávez en 1992 y fue escolta de Violeta Barrios de Chamorro, siendo presidenta de Nicaragua. Con el pasar de los años, sumó los roles de constituyente, alcalde de Caracas, diputado y ministro de la mano del chavismo a su hoja de vida. Su nombre ingresó en la Lista Clinton de EEUU por supuestas conexiones con el narcotráfico junto a las FARC, y está en todas las listas de chavistas sancionados por violaciones a los derechos humanos.

Esta es la trayectoria de Bernal, el “protector” de Maduro en la frontera y su candidato en las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre para ser gobernador de Táchira, que sigue en manos de la oposición pese a la hegemonía del chavismo en el resto del país. Este rol que no existe en las leyes venezolanas se le asignó en enero de 2018, luego de la victoria electoral de la opositora Laidy Gómez como gobernadora de este estado.

“Táchira es una zona de guerra, uno de los territorios más recalcitrantes para reconocer la autoridad del gobierno bolivariano. El presidente Maduro me pidió que convirtiera a Táchira en una frontera de paz, y lo estamos haciendo. En dos años, hemos recuperado el control del territorio, y esto la derecha no lo puede soportar”, llegó a decir el propio Bernal en 2020 en una entrevista al portal América Latina en Movimiento. 

Desde 2015 Maduro cerró la frontera con Colombia, luego de que dos militares venezolanos resultaron heridos en enfrentamientos con grupos delictivos. Los puentes que comunican ambos países desde Táchira han sido escenario de controversias. Un año después de ese cierre se permitió el paso peatonal, hasta que en febrero de 2019 nuevamente se prohibió el tránsito total luego de los enfrentamientos entre el gobierno interino de Juan Guaidó y la administración de Maduro que bloqueó el paso de ayuda humanitaria hacia Venezuela.

En junio de 2021, Colombia autorizó la apertura de su frontera pero dependía de las autoridades venezolanas que continuaron bloqueando la vía, dejando en manos de militares el paso de personas con condiciones especiales de salud. En octubre de este año, Caracas anunció el permiso para el tránsito comercial, pero hasta la publicación de este reportaje aún continuaba el impedimento para los vehículos de carga y para los particulares. Esta situación afectó y continúa afectando a los ciudadanos quienes se han visto obligados a pasar por caminos irregulares llamados “trochas”, por donde también se moviliza el transporte ilegal de productos y combustible. 

Desde hace un tiempo se instaló una especie de aduana paralela que ocasiona pérdidas al Fisco nacional. Tanto la gobernadora como otras fuentes consultadas para este reportaje presentado por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por El Pitazo, Runrunes y TalCual junto a la plataforma periodística CONNECTAS, revelaron que desde el “protectorado” se entregan autorizaciones para permitir el paso de mercancía por las trochas.

Seis meses después de ser nombrado “protector”, Bernal fue designado como presidente de Corpoandes (Corporación de Los Andes), instancia creada en 1964 que le confiere la potestad para manejar recursos públicos para dedicarlos a los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Desde un primer momento, contó una de las fuentes consultadas para esta investigación, tomó para sí el manejo de la distribución de la gasolina, del gas doméstico en bombona y todo lo relacionado con la frontera. “Las áreas más sensibles, con más deficiencias, pero donde más se mueve dinero y ahora divisas, sobre todo el peso colombiano. Para el control de estas áreas cuentan con el respaldo total de la Fuerza Armada, trabajan de la mano o como ellos dicen es una unión cívico-militar”, dijo el informante bajo condición de anonimato.

Se le involucra en los llamados “códigos del protectorado” que son emitidos por la instancia que maneja Bernal. “Los códigos representan una autorización para cruzar mercancías de manera ilícita a través de las trochas y son otorgados a los amigos del régimen”, aseguró un empresario de la región que pidió no ser identificado. 

De acuerdo a las pesquisas obtenidas para este reportaje, las personas que requieren el “código del protectorado” se dirigen, en primer lugar, a las oficinas del organismo recaudador tributario (Seniat) en la Aduana Principal de San Antonio del Táchira y cancela un monto para obtener una planilla de liquidación de impuestos. Esta cantidad representa sólo 3% del valor total de la mercancía que se importa, cuando lo correcto es declararla en su totalidad. En consecuencia, se genera un daño patrimonial a la nación.

Una de las fuentes consultadas explicó con documentos en mano (código y planilla de liquidación de impuestos) que luego de este paso “se dirigen a una trocha específica y utilizada para tal fin, donde esperan las mercancías en los vehículos de carga colombianos para hacer trasbordo a camiones de matrículas venezolanas y luego ser cruzadas a territorio nacional”. 

Para la obtención del código hay otro precio. “Varía según el grado de amistad del dueño de la mercancía con las autoridades, en especial con el protectorado y cúpula militar”. La fuente aseguró que, por cada operación, se cancela entre 5% y 8% del valor real de la mercancía, pagaderos en dólares americanos o en pesos colombianos y en efectivo.

“Durante la operación en las trochas intervienen funcionarios de la aduana, militares, protectorado del Táchira y grupos irregulares. Cada quien asegurando su cuota”, afirmó otro empresario consultado que solicitó mantener su anonimato por seguridad.

La gobernadora Gómez confirmó que con el protectorado en el Táchira se instalaron varios negocios ilícitos: entra mercancía de Colombia a través de códigos que asigna el protectorado y se maneja a través de un grupo de Telegram, lo que viene a constituir una especie de aduana paralela, ya que se paga un porcentaje por ingresar los productos por las trochas.

“Este tipo de operación comercial es totalmente ilegítima y está evadiendo tributación fiscal. Genera un enriquecimiento que no va a las necesidades de la región, sino al enriquecimiento individual para funcionarios que no tienen obligación formal con el Estado. Lo más crítico es que existe una alianza entre el llamado protectorado y las Fuerzas Armadas venezolanas que deben garantizar la soberanía en las más de 52 trochas en la frontera colombo-venezolana”, afirmó la gobernadora. 

Trochas V.I.P.

Desde el cierre de la frontera, el paso por trochas es la vía más común para ingresar o salir de Venezuela. Se trata de caminos escarpados, acondicionados con rudimentarios puentes construidos con tablas y costales rellenos de material granular para evitar sumergirse a las aguas del río Táchira. En varias de esas vías se paga una “colaboración” con un monto que depende de la carga que se transporte.

En un recorrido que se realizó para esta investigación por una de estas trochas, se pudo verificar que estos caminos irregulares están custodiados por militares del Ejército venezolano y Guardia Nacional (GN). También vigilados y controlados por civiles armados que integran bandas delictivas como El Tren de Aragua y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) quienes se identifican sin pudor.

Tales senderos son muy concurridos por los habitantes de los municipios fronterizos y por los llamados “caminantes”, emigrantes de pocos recursos económicos que huyen a pie de la crisis humanitaria que agobia a los venezolanos. En contraste, una de las formas que han surgido para pasar la frontera es “Trochas V.I.P.”, un servicio “más cómodo y seguro que un servicio puerta a puerta”, que se ofrece por montos más elevados.

Para cruzar el trayecto de 48 kilómetros que separa a la capital tachirense San Cristóbal y la zona de Juan Frío en Colombia, se paga 400.000 pesos colombianos, 108 dólares, dependiendo del cambio del día. Por cada maleta se cancela 40.000 pesos más, equivalentes a unos 11 dólares.

Este viaje estuvo a cargo de un hombre de 42 años con uniforme de campaña de la GN, portó su arma de reglamento y se hizo llamar “sargento Suárez”. El militar avisó que el traslado sería por la vía Rubio-San Antonio, ya que “por ahí molestan menos y hay menos alcabalas (puntos de control)”, dijo.

Suárez saludó con su mano izquierda a un funcionario en cada punto de control, y entregó un billete de 10.000 pesos colombianos, equivalentes a 3,7 dólares. “Cómo está hermanito”, le dijo a uno de los uniformados. “Sin novedad mi sargento”, respondió el hombre al guardar de inmediato el billete en el bolsillo del pantalón.

Llegando a San Antonio, entre las Dantas y Peracal, en plena curva se originó una cola de cinco carros, debido a un camión con mercancía que se accidentó en el camino. Varios militares que lo custodiaban tuvieron que hacer el trasbordo de los productos a otros dos vehículos más pequeños. Se trataba de leche, pasta, arroz, harina de maíz, azúcar, enlatados, papel higiénico, detergentes, cloro, entre otros, todos de marcas colombianas.

La pregunta que surgió fue ¿cómo llegó toda esa mercancía hasta esa zona si la frontera está cerrada? Militares afirmaron que esas cargas pertenecían a alguien que ostentaba el “código del protectorado”.

Son dos las trochas por las que pasan los productos que reciben la autorización de la oficina del “protector”, ambas se ubican a cada lado del puente internacional Simón Bolívar: sector Llano Jorge (antigua hacienda La Ponderosa) y vía parroquia El Palotal.

Según la gobernadora Gómez, el contrabando por estos pasos irregulares le deja al gobierno paralelo de Bernal, 3 millones de dólares semanales (12 millones de dólares mensuales). También recalcó la fuerte pérdida económica para el estado fronterizo, al señalar que en los últimos dos años se han dejado de percibir más de 288 millones de dólares en recaudación aduanera, los cuales se han podido invertir en obras públicas. Estas cifras contrastan con los recursos que recibe la gobernación, entre ellos, los 20 mil dólares al mes para la salud pública de la cual dependen 252 ambulatorios y 10 hospitales y, cuando el principal centro asistencial del estado, el Hospital de San Cristóbal requiere de 1 millón de dólares mensuales para su operatividad.

“Para nadie es un secreto esta situación. Los mismos comerciantes y productores agropecuarios vienen a mi despacho a manifestar la preocupación por pagos que no tienen ningún sustento tributario y aduanero que se deben hacer al llamado protectorado, para traer mercancía o materia prima desde Colombia”, apuntó Gómez.
Mientras, Gaby Arellano, diputada de oposición en el exilio, denunció que el “protectorado” cobra entre 5 a 25 dólares para permitir el paso entre ambos países por las trochas irregulares.

Durante el trayecto por la trocha, en una zona más cerca de Colombia se llegó a una vivienda donde se encontraba “Javier”, un militar con el que se tuvo el primer contacto vía telefónica para este viaje y al que se le entregó el pago correspondiente por el servicio prestado. Luego se debió continuar en otra camioneta para ir “hasta el otro lado”. 

El viaje continuó por un camino hacia “La Ponderosa”, una de las vías más expeditas para las negociaciones ilícitas en la zona de frontera, según afirmaron fuentes consultadas para este reportaje. Al ingresar a la hacienda que colinda con territorio colombiano, un joven soldado con fusil dejó pasar el vehículo sin requisa ni preguntas, hasta llegar a un estacionamiento a cielo abierto en donde había no menos de 50 camionetas de alta gama y camiones de carga, vigilados por hombres vestidos de civil, portando radio transmisores y botas de caucho.

“Estos vehículos son los utilizados para hacer el trasbordo de cualquier mercancía de un lado a otro de la frontera”, acotó el chofer mientras que un rollo de billetes colombianos fue puesto en las manos de otro soldado del Ejército venezolano.

La gobernadora también ha señalado a Bernal de ser el “principal promotor del contrabando de café”, de combustible y de gas doméstico en bombonas en la frontera; además de participar en el comercio irregular de chatarra o material ferroso: el nuevo negocio de exportación de la administración de Maduro. Sin embargo, Gómez no lo ha denunciado ante los órganos de justicia porque sostiene que se le hace cuesta arriba mostrar documentos, dada la complejidad del tema, el temor y astucia de los involucrados para no dejar pruebas.

Pese a solicitud de entrevista a dos de sus integrantes del equipo de prensa de Bernal, no se obtuvo respuesta a la misma, con la que se buscaba conocer sus impresiones sobre estas denuncias en su contra.

El viaje siguió, ya no había militares, ni policías, ahora quienes vigilaban eran civiles con rostros poco amigables. De ahí en adelante nadie se identificaba, todos se hacían llamar “compa” o “compita”. Abrían y cerraban con cercas las vías previo a un pago de 10.000 pesos. También sacaban entre ellos cuentas de cuánto se debía de un viaje anterior que no había sido cancelado. Eran irregulares todos los que allí estaban.

Al llegar a la margen del río Táchira se divisaron vehículos con cargas de productos que provenían desde Colombia, que al cruzar hacia el otro lado se encontraron con camiones con placas venezolanas estacionados entre los matorrales. Ahí en medio del camino hicieron el trasbordo de los productos. 

Fue lo último que se atestiguó en Venezuela; el final de un camino que era vigilado por hombres en motocicleta. Tras el cruce del río, se llegó a un amplio y esplendoroso cultivo de arroz en Colombia. Luego a otra hacienda. Aunque el lugar parecía inhóspito, se trataba del corregimiento colombiano de Juan Frío, perteneciente al municipio Villa del Rosario del departamento Norte de Santander, zona que de acuerdo a las autoridades colombianas tiene amplia presencia de la guerrilla del ELN y que ha protagonizado enfrentamientos con fuerzas de seguridad de ese país.

Desde esta zona se tomó otro vehículo para llegar hasta Cúcuta y para ello se pagó el equivalente a 11 dólares, otros 40.000 pesos colombianos. Un nuevo chofer tomó la vía que sale de esta trocha hasta un pequeño pueblo. Durante el trayecto no se vió a un solo militar colombiano. Nada. La región parecía abandonada. En Villa del Rosario se avistó un puesto de control de la Policía Fiscal Aduanera de Colombia, donde los funcionarios revisaron el maletero del carro y dieron paso “sin mayor novedad”.

Protección madurista

Como “protector”, Bernal solo iba a Táchira los viernes, sábados y domingos, pero comenzó a viajar más seguido por la campaña electoral para postularse a la gobernación. Los viernes transmite su programa de radio Reporte Bernal que dura dos horas y que dirige su jefe de prensa Yepfri Arguello, quien se autodefine en su cuenta de Twitter como “el afrodescendiente de la comunicación”.

“Bernal es una figura muy poderosa, tiene mucha incidencia en el control del estado. Una figura diferente, cuando se habla de ´protectores´. En el caso de Bernal, se puede decir que hay un punto y aparte”, sostuvo Damián Alifa, analista político venezolano.

La figura de los “protectores” se afianzó a partir de 2013 cuando Maduro, como presidente encargado de la República, creó la Corporación de Desarrollo Integral de la Cuenca del Tuy Francisco de Miranda (CorpoMiranda) y designó al entonces canciller Elías Jaua al frente de ese organismo. Entonces se refirió a él como “protector” de Miranda. Apenas tres meses antes el opositor Henrique Capriles había ganado su reelección como gobernador de ese estado.

En 2017 Maduro nombró como “protectores de estado” a los candidatos del chavismo que habían perdido en cuatro estados ese año: Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta y Zulia. Tiempo después designó a Freddy Bernal en Táchira. Analistas sostienen que la entidad fronteriza siempre ha sido para el chavismo “un problema de orden interno”, porque es de tendencia opositora. En 2014 y 2017 fue uno de los focos más fuertes de protestas.

Alifa sostuvo que en Táchira “Bernal encajaba porque es para el chavismo una figura policial, de control, de manejo de la violencia, de inteligencia, y creo que eso fue considerado para tomar el control de ese estado, que para el chavismo es muy complicado, porque hay muchos pasos fronterizos y alrededor de ellos hay de todo, grupos irregulares, acciones de diferentes tipos de contrabando, desde baja a altísimas escalas”. 

A su juicio, Bernal es cercano al grupo de Diosdado Cabello, vicepresidente del partido oficialista PSUV, pero tiene excelentes relaciones con Cilia Flores, esposa de Maduro, y goza de bastante consenso dentro de la cúpula gobernante. Quizás por ello, luego de ser una pieza importante de la gestión de Hugo Chávez, la administración siguiente lo continuó apoyando. 

“Ha tenido mucha incidencia en el enfoque policial y el nuevo esquema de seguridad ciudadana. A pesar de que el gobierno siempre se ha inclinado en el Ministerio del Interior y Justicia por un militar, él ha tenido muchísima incidencia en ese nuevo concepto de policía que se formó con el FAES (grupo calificado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de perpetrar violaciones a los DDHH)”, apuntó Alifa.

En la lista

Varios gobiernos han detectado algunas actuaciones sospechosas y tomado acciones en contra de Bernal. En 2011 fue incluido en la Lista Clinton o Kingpin por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) por haber “facilitado la venta de armas entre el gobierno venezolano y las FARC”, calificada como grupo terrorista por el gobierno norteamericano.

En esta misma designación de la OFAC se incluyó a Cliver Alcalá Cordones, hoy preso en EEUU y a la espera de juicio también por narcotráfico; además del entonces diputado Amílcar Figueroa Salazar y el jefe de la policía política Sebin, Ramón Madriz Moreno. 

Bernal también integra otras listas: la de los funcionarios del chavismo sancionados por el Departamento del Tesoro norteamericano, Canadá, la Unión Europea, Panamá, Reino Unido y Suiza. Pero aún hay más. El ex canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, lo denunció en la Organización de Estados Americanos (OEA) como el enlace estratégico del régimen venezolano con alias ‘Lenin’, miembro del Frente de Guerra Oriental del ELN.

A lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Bernal ha sido cuestionado por desplazar a los líderes chavistas de la región, al llevarse a todo su equipo de trabajo desde la capital del país, incluyendo oficiales pertenecientes al cuestionado cuerpo de seguridad FAES (Fuerzas de Acciones Especiales).

En su gestión creó una estructura interna integrada de tres áreas desde las cuales surgen directrices que se deben seguir en la región: Protectorado, PSUV y Seguridad. También formó varios gabinetes de gobierno que deben llevar las tareas encomendadas: Combustible, Gas, Transporte, Alimentación, Salud, Minería y relaciones internacionales, Zonas Económicas Especiales, Seguridad, Comunicaciones, Universitario, Comunas y Economía digital. Cada uno de ellos es coordinado por una persona de plena confianza de Bernal.

Un militante del PSUV dijo para este reportaje que la molestia por el equipo del “protectorado”, aumentó cuando desde el alto gobierno se impulsó a Bernal para las primarias realizadas en agosto de 2021, para elegir al candidato a la gobernación de Táchira. Resultó ganador en un proceso que los propios oficialistas criticaron al detectar irregularidades como ventajismo, compra de votos y manipulación de las máquinas de votación para cambiar los resultados del sufragio.

Aunque el ahora candidato a gobernador nació en esta región andina, no residía allí. Su familia –materna y paterna– vive en una barriada popular de la capital tachirense San Cristóbal. Los vecinos saben cuando él los visita por su fuerte anillo de seguridad.

“Si me atrapan, sé lo que me espera. Me muevo armado, y ellos vienen conmigo -dice señalando al grupo de funcionarios armados que lo escoltan-, no los abandonaría ni ellos me abandonarían. Si quisieran llevarme, tendrían que hacer una masacre, porque iremos hasta el final”, citan al propio Bernal en una entrevista en el portal América Latina en Movimiento en 2020 sobre el personal de seguridad que lo acompaña a todas partes.

Policía revolucionario

Freddy Bernal agregó en su entrevista con América Latina en Movimiento que, desde muy joven, sintió afinidad con “la revolución” liderada por representantes de la izquierda en la región. Algo que no estaba bien visto mientras cursaba estudios en la Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional y luego en la Escuela de Formación de Policías, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias Policiales, mención Sistemas de Seguridad.

“Estaba prohibido hablar de la izquierda (en la academia) y, obviamente, de la revolución. Sin embargo, instintivamente, estaba leyendo el Libro Verde de Gadafi, los libros del Che o La historia me absolverá de Fidel Castro. Me miraron con sospecha y estaban a punto de expulsarme a un mes de la graduación, a pesar de ser el mejor estudiante del curso”, apuntó.

De su experiencia como escolta de la presidenta de Nicaragua, Violeta de Chamorro, dijo haberse “enamorado” de la revolución sandinista y haber entendido definitivamente “de qué lado debería estar”. Para esta misión fue designado por el propio gobierno de Carlos Andrés Pérez a quien en 1992 Chávez dio un golpe de Estado.  

Tuvo a su cargo el Comando Especial Táctico de Apoyo (el temible grupo CETA), cuestionado por sus operativos irregulares y uno de los grupos que participó en la siguiente intentona que lideró Chávez el 27 de noviembre de 1992. “Participé en operaciones especiales, con francotiradores, una situación realmente complicada para mí”.

Luego de participar en el golpe de Estado, Bernal afianzó su afiliación con el chavismo y se ganó su puesto en el equipo de Chávez, luego de que lo convenciera de trabajar en los círculos bolivarianos. “Me pidió que los formara para tomar el poder”. Estos grupos se formaron para promover la “revolución bolivariana”, pero se volvieron los principales atacantes de los partidarios de la oposición durante sus manifestaciones en contra del gobierno.  

Años más tarde, en 2017, le fue concedido el cargo de comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), otro de los organismos de seguridad del gobierno que en 2020 la oficina de Bachelet responsabilizó por violaciones a los DDHH.

A pesar de todos los cargos políticos que ha tenido en estos 20 años, Bernal aún gusta de lucir en actos oficiales su uniforme de gala de funcionario policial y especialmente el de un cuerpo de seguridad al cual el chavismo intervino militarmente y luego eliminó por estar administrada por el gobierno local opositor: la Policía Metropolitana. En sus apariciones públicas también se siente cómodo al estar acompañado de sus escoltas de más entera confianza, por lo que lo llaman el “protector, protegido”. 

Ahora en campaña, es frecuente la promoción en sus redes sociales comiendo “buñuelos de yuca” en mercados municipales. El pasado 4 de octubre publicó en su cuenta de Twitter fotos de él durante el retiro de los containers en el puente internacional Simón Bolívar, que habían sido puestos por el propio gobierno en 2019 cuando cerraron la frontera para impedir el paso de la ayuda humanitaria. De esta manera, mostró su dominio en la zona. También ha participado en actividades propias de un gobernador, aún no teniendo ese cargo.

En una decisión sorpresiva, Maduro anunció que luego de las elecciones regionales en noviembre próximo, se eliminará la figura del “protector”. Como Freddy Bernal tendrá la oportunidad de medirse en las urnas, quizás podrá así ejercer en el estado fronterizo de forma legal como mandatario regional, pero con una gestión que comenzaría bajo la sombra de denuncias en su contra.