Esta investigación realizada en Ecuador y China revela la trama. Arranca con la compra de cien mil pruebas Covid-19 por parte del Municipio de Quito. El contrato es investigado penalmente; por lo pronto un juez obligó al alcalde Jorge Yunda a portar un grillete electrónico. El empresario que vendió los insumos es Juan Alejandro Vinelli, quien gerenciaba Salumed, y a quien entrevistamos, en exclusiva. Vinelli fue el hombre clave en los negocios de la farmacéutica china Sinopharm, que empezaron en el gobierno de Rafael Correa. La transnacional es la sexta del mundo y tuvo contratos en Ecuador por 150 millones de dólares, atados a un crédito del Banco de Desarrollo de China por $1.700 millones. Destapamos los negocios ocultos de Sinopharm en Ecuador.

Por: María Belén Arroyo, Arturo Torres y Kris Cheng

Tiene 34 años. En la pandemia cerró lo que describe como el peor negocio de su vida. Juan Alejandro Vinelli está en algún lugar del mundo, a buen recaudo de la justicia ecuatoriana, que lo busca por haber pactado la venta de cien mil pruebas Covid-19 al Municipio de Quito.

Es la primera vez que habla con la prensa. Desde la clandestinidad lamenta su situación: “Dios sabe que fue una transacción limpia, los insumos tienen garantía de fabricación coreana; no hubo padrinos y no tengo amistad con el alcalde Jorge Yunda, sin embargo, no puedo ver la luz del día”.

El empresario Alejandro Vinelli defiende la eficacia de las pruebas de detección Covid-19 que vendió al Municipio, en entrevista exclusiva para esta alianza periodística integrada por Código Vidrio y revista Vistazo, como parte de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

La Fiscalía investiga si se cometió el delito de peculado; por posible abuso de fondos públicos. El contrato superó los 4,2 millones de dólares. A mediados de febrero, el expediente fiscal vinculó al alcalde Yunda, para determinar si favoreció a la firma proveedora, si conoció que las pruebas tenían baja precisión y si, a pesar de esto, insistió en que debían ser usadas para detectar el avance de la pandemia.

El Fiscal provincial pidió a la autoridad judicial dictar prisión preventiva contra el alcalde; el juez de Pichincha ordenó que, de momento, usara un grillete electrónico.

Cuando le colocaron el dispositivo el tercer viernes de febrero Yunda ironizó. “Es una presea por salvar más de 50 mil vidas”, trinó ese día en Twitter. El alcalde proclama su inocencia; además, dice ser víctima de persecución.

Llegó a la Alcaldía en 2019 con el aval de una organización política de poca trascendencia, Unión Ecuatoriana, pero su trayectoria pública empezó con el correísmo, en 2007. Médico por formación, músico por vocación. Radiodifusor por negocio y alcalde por votación. Tiene mayoría en el concejo metropolitano, que es el órgano que fiscaliza la gestión de la alcaldía.

En abril de 2020, la capital le aplaudía su gestión, cuando anunció la llegada de las pruebas PCR (moleculares) desde Corea del Sur. En realidad, no usan ese método de detección del coronavirus, sino una variante llamada LAMP, por las siglas en inglés del procedimiento que usan, que consiste en amplificar ácido nucleico. En suma, no son pruebas moleculares, aunque las bases del proceso contractual así lo especificaban. Es uno de los elementos que analiza la investigación fiscal.

Vinelli tiene orden de prisión preventiva, dentro del mismo expediente, desde noviembre pasado. Él gerenciaba la empresa Salumed S.A., que vendió al Municipio los tests.

El cargamento llegó desde Corea, sin la infraestructura para procesar los reactivos. Algo así como haber importado una locomotora, sin tener la vía férrea.

Vinelli se defiende. “Vendí reactivos y entregué equipos, pero el municipio debía tener un laboratorio con permisos de funcionamiento. Al inicio de la pandemia se conocía poco del virus; desde febrero tenía registrada la marca de una prueba de detección más ágil que la molecular y mantenía un stock disponible para importación; eso ofrecimos y cumplimos”.

La autoridad municipal es responsable porque no definió “el número de pruebas a aplicar y la capacidad de procesamiento de resultados”, según el informe con indicios de responsabilidad penal, de Contraloría.

Según las especificaciones, debían adquirirse 200 mil pruebas mediante la técnica PCR-polimerasa. El contrato se firmó con Salumed, que ofrecía la mitad de lo fijado en las bases.

Cuando los problemas trascendieron, a mediados de año, la administración municipal destituyó a los involucrados; reemplazó funcionarios y contrató laboratorios privados.

Este enero aparecieron nuevos indicios. Sugieren que la autoridad fue informada sobre la inefectividad de los insumos, los cuales “no tendrían el 99 por ciento de sensibilidad declarada por el proveedor”. Eso consta en una investigación independiente, realizada por la Universidad de las Américas.

Yunda insiste en que hay un matiz político para desvirtuar su gestión durante la pandemia. En Twitter escribió: “Nada tengo que ocultar, no (he) incurrido en ningún ilícito en toda mi vida, luchamos contra esta pandemia y la tasa de mortalidad nos dice que salvamos miles de vidas, estaré presto para colaborar con la justicia”.

Las irregularidades en las compras públicas de pruebas Covid-19 en la pandemia también salpicaron a otras autoridades y políticos. El expresidente Abdalá Bucaram está enjuiciado por la venta de tests rápidos, transacción en la que participaron los israelíes Shy Dahan y Oren Sheinman. Dahan fue asesinado en la cárcel de Guayaquil. También fue sindicado, por supuestos sobreprecios en adquisiciones de pruebas serológicas y otros insumos, el prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales. Falleció en junio de 2020, mientras era investigado.

Sinopharm entra en la receta

Salumed S.A., constituida en 2005, provee de suministros médicos al Estado. Durante la emergencia por Covid-19 ganó nueve contratos para importar pruebas rápidas de anticuerpos, de origen chino, a entidades públicas. Entre ellas, tres municipios, dos hospitales y tres centros públicos de salud. Ante la autoridad sanitaria ecuatoriana, obtuvo registros para importar pruebas de anticuerpos de las marcas chinas Shangai Eugene Biotech y Zybio. Al Municipio de Quito, le vendió los tests de origen coreano.

El gerente de Salumed es Juan Alejandro Vinelli Ayala. Este empresario fue el hombre clave en los negocios de la mayor farmacéutica nacional de China, Sinopharm, en Ecuador. Él no lo niega: afirma que aún no recibió pago alguno por los servicios que prestó en 2014 y asegura que ahora representa a Sinopharm en otros países, que prefiere no nombrar por razones de confidencialidad.

Sinopharm, constituida en febrero de 1989, está inscrita en los registros oficiales chinos como una corporación limitada. Domiciliada en el distrito Chaoyang, de Beijing. Su capital registrado es 3.700 millones de yuanes, unos 571 millones de dólares, según documentos clasificados a los que accedimos.

Tiene 1.400 subsidiarias, 6 compañías filiales y 150 mil empleados. En 2019, sus ingresos representaron casi 500 mil millones de yuanes. Equivale a 77 mil millones de dólares, más de las tres cuartas partes del Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano.

Fortune Global 500 la ubicó en el puesto 169 del ranking general; es la sexta compañía en el listado de las farmacéuticas del globo.

Aterrizó en Ecuador durante el gobierno de Rafal Correa (2007-2017), período en el cual empezó la dependencia económica hacia China. El mecanismo es simple: el crédito llega atado a la obligación de comprar insumos manufacturados por empresas de ese país. Así, China se asegura el cobro del préstamo, de los intereses y el mercado para su producción industrial.

En esta investigación, realizada en Ecuador y China, accedimos a documentos sobre cuatro contratos entre el Ministerio de Salud Pública y Sinopharm. Los dos primeros, firmados en 2014 y 2016, corresponden al gobierno de Correa. Ambos superan los 120 millones de dólares. El financiamiento está cubierto por un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo de China (China Development Bank Corporation), por 1.700 millones. Es la primera vez que se revelan estas cifras, hasta ahora blindadas tras una muralla oficial.

Tras la muralla de negocios chinos

El emporio farmacéutico tiene sus propios trapos sucios. Se lavan casa adentro; silenciados por la censura. La reportería en China halló que en 2014 uno de sus exvicepresidentes (Shi Jinming) fue sentenciado a 12 años de prisión por actos irregulares. En 2015, Xu Yizhong, exdirector del Centro de Distribución, recibió una pena de 13 años por corrupción. Ambos procesos se relacionan con hechos ocurridos en ese país.

Vinelli confirmó, en la entrevista exclusiva, haber sido “el representante, pero no el lobbysta de Sinopharm en Ecuador”. Explicó que inspeccionó decenas de hospitales y centros médicos públicos, luego de 2014, como parte de un convenio de consultoría para la ejecución del contrato de provisión de mobiliario y equipo biomédico, de fabricación china y vendidos a través de Sinopharm.

El acuerdo con Sinopharm se pactó con Megarmi, empresa vinculada al grupo familiar Vinelli. Fue constituida en 1997 por los padres de Juan Alejandro. Su actividad es la importación de productos, desde farmacéuticos hasta juguetes. Recientemente amplió su objeto social, para incluir la explotación de minerales preciosos. Como socios y directivos constan cuatro miembros de la familia.

Megarmi y la familia Vinelli estuvieron en el banquillo de acusados entre 2016 y 2017. Una investigación fiscal reservada arrancó tras la denuncia de una unidad policial adscrita a la Presidencia de la República. Según la denuncia, esta firma era el ingrediente clave en una receta de sobornos a funcionarios del Ministerio de Salud Pública.

La Fiscalía inició varios procesos por posibles delitos -cohecho y tráfico de influencias- que llevaron dos veces a Vinelli a la cárcel. Para este empresario, fue una persecución orquestada desde el mismo entorno gubernamental, con aliados empresariales que no identifica. Uno de los juristas que la familia contrató fue Caupolicán Ochoa, defensor del entonces presidente Correa. Es uno de los tres abogados que contactamos en esta reportería. “Buscaron cuentas de mi familia en todo el planeta, terminaron con mi vida privada, pero no hallaron nada”, asegura el empresario.

En la entrevista, el empresario no pudo explicar el contenido de los misteriosos cuadernos que constan en el expediente judicial. Uno de ellos tenía en la carátula un logotipo de Lamborghini. Los uniformados lo encontraron durante un allanamiento a las propiedades de su familia.

Las anotaciones a mano contenían referencias al primer contrato entre Sinopharm y el Ministerio de Salud, nombres de funcionarios, cifras y porcentajes. Vinelli aseguró que “eran datos que le dictaban los chinos a mi padre, él solamente tomó nota, no le explicaron de qué se trataba”.

Radares, medicamentos y vacunas

Juan Oswaldo Vinelli (padre de Juan Alejandro) constituyó en Panamá la firma Magson Portfolio, según se reveló en la investigación transnacional Panama Papers, del International Consortium for Investigative Journalism (ICIJ). Fue en 2009, cuando era funcionario de la Corporación Financiera Nacional.

Su socio en Magson Portfolio fue Zang Jiayong, representante de la firma tecnológica CETC, que vendió radares chinos inservibles al Gobierno ecuatoriano, justamente en 2009, por 60 millones según publicó en 2016 Diario El Universo. Vinelli hijo afirmó que Magson fue constituida para importar juguetes en Navidad.

Jiayong vendió sus acciones en Magson en 2014: Vinelli padre transfirió la participación accionaria a sus hijos.

Desde Magson la familia negoció con corporaciones panameñas la intermediación para la venta de medicamentos de difícil acceso a la farmacéutica estatal ecuatoriana, Enfarma.

Enfarma, empresa creada por Correa, buscaba impulsar la “soberanía farmacéutica del Ecuador”, rompiendo el oligopolio de las transnacionales.

En febrero de 2016 Sinopharm anunció la apertura de plantas productoras de vacunas, en operación conjunta con Enfarma. La inversión estimada sería de 53 millones. Vinelli confirma que representó a la farmacéutica china en este proyecto.

No se concretó, advierte, por boicot interno, pero hay fotos del evento oficial que confirman que él estuvo en la mesa de autoridades. El exministro de Producción, que aparece en las fotos, declinó pronunciarse. Vinelli aparece como representante comercial de Sinopharm, junto a funcionarios de esa compañía. En su versión, tras este anuncio empezó la persecución en su contra, por parte de grupos opuestos a la apertura de plantas de vacunación con capital chino. A mediados de 2016, el mismo Correa anunció el cierre de Enfarma. “Una enorme pérdida, ahora produciríamos vacunas anti-Covid en el país”, asegura Vinelli.

Compras relámpago en la pandemia

Para esta investigación, accedimos a dos mil documentos clasificados sobre las negociaciones entre Sinopharm y el Ministerio de Salud, atadas a préstamos del Banco de Desarrollo de China, durante el gobierno de Lenín Moreno, en la pandemia. El 4 de mayo se firmaron dos contratos, por 7,5 y 20,9 millones respectivamente, para la compra de insumos de proección y equipos especializados, entre ellos, desfibriladores y respiradores.

El 14 de mayo de 2020, el reporte oficial de fallecidos por el virus subía a 3.899. Cuatro minutos antes de la medianoche, el responsable financiero insistía en que se emitiera la orden de pago a favor de Sinopharm.

Sin embargo, funcionarios de nivel medio de ese Ministerio objetaban errores de fondo: los contratos estaban redactados en castellano, inglés y mandarín; las controversias serían dirimidas en inglés, que no es el idioma oficial. No se determinaba con claridad el lugar para resolver una posible disputa judicial.

Y lo más grave, no llegaban aún los insumos al país, de modo que no había garantía suficiente de cumplimiento por parte del fabricante. Entre los bienes adquiridos se encontraban trajes de protección para el personal médico, en primera línea de combate al virus.

Las autoridades de Salud investigan estos contratos. Sin embargo, al cierre de esta edición el ministro Juan Carlos Zevallos renunció, en medio de acusaciones por favorecer a sus familiares y amigos del gobierno con la aplicación de vacunas contra el coronavirus.

Documentamos que el principal responsable de la negociación con Sinopharm es investigado penalmente por otro proceso, relacionado con la fallida compra de mascarillas y respiradores para el personal médico.

Buscamos la versión de Sinopharm, pero no contestó nuestros requerimientos. Esta farmacéutica vendió 38 millones de vacunas al vecino Perú, país con el segundo nivel más alto de muertes por el virus, después de Brasil. Como parte de las negociaciones, el gobierno peruano permitió que 12 mil voluntarios participaran en un estudio clínico con Sinopharm. Sin embargo, la cláusula no escrita era el “regalo” de dos mil vacunas para allegados al gobierno. La ministra de Salud de ese país, Pilar Mazzeti, y la canciller, Elizabeth Astete, fueron dos de las beneficiarias de “vacunas de cortesía”. Ambas renunciaron al conocerse estos hechos.

El gobierno de Ecuador, antes de la dimisión del ministro Zevallos, anunció la compra de dos millones de dosis de la fabricante china Sinovac.

América Latina, con 15 millones de casos confirmados y más de medio millón de muertos hasta mediados de febrero, es una región devastada. La pandemia ha golpeado fuertemente a los países; mientras que para muchos ha significado dolor, para otros, los grandes negocios se mezclan con el poder político, en detrimento de la salud pública.

El Ministerio de Salud promocionó la importación de casi un millón de pruebas rápidas de anticuerpos, de una farmacéutica de EE.UU. Esta investigación desde Ecuador y China destapa la realidad: solo llegaron 430 mil kits, fabricados por el laboratorio chino Wondfo, con la marca Abbott. Los productos de la casa fabricante china fueron cuestionados por sus fallas, en Inglaterra, India y España. Los insumos no tenían la precisión requerida, del 99%. No especifican si la persona desarrolló anticuerpos por reciente contagio, o por una infección ya superada.

Por la contradictoria política pública sanitaria en Ecuador, la población confundió este insumo como un método de diagnóstico. En China, según esta reportería, las pruebas rápidas de anticuerpos tienen uso restringido, complementario a las moleculares. Sirven para saber si la persona tiene inmunidad contra el virus.

Por Arturo Torres, María Belén Arroyo, Kris Cheng, Christian Torres y Alejandro Pérez

No ocultaba la emoción: “Son las pruebas de mayor garantía en el mundo, las que nos darán la certeza de cómo volver a la normalidad”, exclamaba Juan Sebastián Roldán, entonces secretario de la Presidencia, frente a las cámaras de televisión en el aeropuerto de Tababela, al nororiente de Quito. En un vuelo privado acababa de llegar un cargamento de 430 mil pruebas rápidas de anticuerpos del coronavirus. Era el 16 de mayo de 2020.

En esa improvisada conferencia de prensa también aparecían el canciller de la época, José Valencia; y el entonces flamante ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, usando sendas mascarillas, que apenas ocultaban la alegría de sus rostros. El presidente Lenín Moreno, desde la distancia, trinaba desde Twitter: “Llegaron al país 430 mil pruebas rápidas cuyos resultados se procesan en 15 minutos. Serán aplicadas por brigadas médicas de @Salud_Ec a nivel nacional. Avanzamos en nuestra lucha contra el coronavirus”.

Un reporte del Ministerio de Salud elogiaba las virtudes de los insumos, pero omitía su procedencia. “Las pruebas rápidas, Base Point de Abbott, son de flujo lateral que detecta anticuerpos generados en contra del Covid-19, son de fácil uso y no se necesita equipo especializado”.

Según la información oficial, era el primero de dos embarques. La importación total bordearía el millón de tests. Ésa fue la expectativa. Otra la realidad.

Esta investigación fue realizada en Ecuador y en China, por el portal Código Vidrio y revista Vistazo, en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

Desentraña los problemas del mayor contrato público de pruebas rápidas de anticuerpos en Ecuador y las razones por las cuales esta adquisición tuvo poco efecto en la contención de la pandemia. Una política sanitaria contradictoria facilitó la proliferación de pruebas de anticuerpos, de origen chino y baja precisión.

Las alertas desde abril

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio la voz de alerta a inicios de abril de 2020. “Las pruebas rápidas inadecuadas pueden pasar por alto a los pacientes con infección activa o categorizar falsamente a personas que no padecen la enfermedad, lo que podría dificultar aún más los esfuerzos de contención de la pandemia”.

Por esos días ya se conocían denuncias en varios países, entre ellos, Inglaterra, España e India, sobre las deficiencias de los insumos del laboratorio Guangzhou Wondfo Biotech, de China. El laboratorio, por el contrario, ha emitido comunicados en los cuales defiende las bondades del test, aduciendo que fue el primero en obtener la aprobación oficial en China. En esencia, no admite las limitaciones del insumo.

Ecuador firmó el contrato para comprar 900 mil pruebas rápidas de anticuerpos el 20 de abril de 2020. Por el gobierno la entidad contratante es el Ministerio de Salud. La ganadora del contrato es la empresa privada Suministros Manosalvas Villagómez, que importó los insumos bajo la marca Abbott. No obstante, los kits fueron manufacturados en China, por Wondfo. La información consta en la inscripción en las cajas del producto, revisadas en el curso de esta reportería. Además, tanto el Ministerio de Salud como la casa Abbott corroboraron, en entrevistas por separado, la veracidad de este dato.

La oficina de Abbott en México, donde funciona la sede para Latinoamérica, delegó un vocero, quien compartió la versión oficial a condición de no citar su nombre. Admitió que el laboratorio fabricante de las pruebas vendidas a Ecuador está en China. “Es una práctica común en muchas industrias manufacturar a través de terceros, que es el caso de este producto específico”. El portavoz admitió que en la actualidad, Abbott manufactura a través de laboratorios localizados en Corea, pero no explicó las razones por las cuales dejó de producir con el mencionado laboratorio de China.

Los anticuerpos son la respuesta que genera el organismo cuando un virus lo ataca. Los tests rápidos analizan una pequeña muestra de sangre, frecuentemente obtenida del pinchazo en un dedo; se procesa en menos de 20 minutos, en un pequeño dispositivo descartable. Similar a un test de embarazo.

Luego de siete días del contagio, aparecen los primeros anticuerpos. Se colorea la banda IgM. Después de dos semanas, el organismo genera anticuerpos de larga duración, los cuales pueden permanecer activos durante seis meses. Este indicador es el IgG: indica que la persona en cuestión tiene inmunidad, al menos temporal, tras haber superado la infección por el coronavirus.

Las pruebas rápidas de anticuerpos contra SARS-CoV-2 no son útiles como un método para diagnosticar la enfermedad, advierte Enrique Terán, PhD en Farmacología y profesor de la Universidad San Francisco de Quito, quien fue el asesor científico de este reportaje.

“Las pruebas rápidas de anticuerpos miden una respuesta ‘tardía’ frente al virus”, insiste Terán. “Los anticuerpos tipo IgM, que denotan infección reciente, se elevan desde el día 9-10 post infección y bajan desde el día 18 ó 20. En cambio, los anticuerpos tipo IgG se elevan desde el día 14-15 y persisten por largo tiempo. Pero lo más importante, el resultado va a dar negativo en los primeros 7 días de contagio, creando falsa seguridad e incrementando las posibilidades de infectar a otras personas”.

Las pruebas compradas por el Ministerio de Salud no precisan si la persona tiene anticuerpos desarrollados por una infección reciente (IgM) o pasada (IgG). Al pintarse una sola banda, no se distingue cuál de los dos tipos de anticuerpos está presente en el organismo.

“Entonces, si esta prueba da un resultado ‘positivo’, pregunta Terán, ¿Cómo se la interpreta? ¿Es una infección reciente o una infección antigua?”.

El vocero de Abbott reconoció que los kits vendidos a Ecuador “tienen una sola banda de resultados para anticuerpos IgG e IgM, lo cual significa que, si cualquiera de estos anticuerpos se encuentra en la sangre del paciente, la prueba resultará positiva”. Insistió que “ésta es una característica técnica de las pruebas, pero no tiene que ver con su calidad”. Y recalcó que “todas las especificaciones fueron entregadas en su momento al gobierno ecuatoriano, incluyendo el inserto del producto, que detalla cómo funciona”. Por tanto, resaltó que el Ministerio de Salud tenía pleno conocimiento de la calidad del insumo que estaba comprando.

El médico Leonardo Viteri (asambleísta en el período 2009-2013) fue uno de los primeros en alertar sobre la baja la calidad de los insumos. En 2009 investigó las compras públicas en la epidemia de la gripe porcina.

El monto total del contrato supera los 6,4 millones de dólares. Se terminó por mutuo acuerdo en junio de 2020. Nunca llegaron las 470 mil pruebas restantes. Dos voceros del Ministerio de Salud Pública explicaron el uso que les dieron a esos dispositivos.

Rafael Tamayo, coordinador de esa cartera, insistió en que se empleó el 92 por ciento del producto, en estudios de poblaciones específicas.

Sin embargo, Carlos Jaramillo, subsecretario de Provisión de Servicios del Ministerio, reconoció que las pruebas tenían “máximo un 80% de sensibilidad”, y admitió que este porcentaje está por debajo de los parámetros del Ministerio, que son del 99%. Explicó que terminar el contrato no fue perjudicial para el país, porque a esa fecha varios municipios recibían donaciones o compraban los insumos directamente.

Cuando suscribió el contrato, el ministerio de Salud era liderado por Juan Carlos Zevallos. A fines de febrero de 2021, Zevallos renunció tras el escándalo de vacunas anticovid aplicadas a personajes allegados al gobierno. El Legislativo anunciaba un juicio político en su contra.

La empresa distribuidora Suministros Médicos Manosalvas Villagómez, una entidad privada con 22 años en el mercado y 12 como años proveedora del Estado, fue la contraparte de la negociación, en representación de Abbott.

La firma aseguró que no ha recibido del Gobierno un solo centavo por las pruebas entregadas, a pesar de que pactó un precio de 7,15 dólares por cada kit. Para esa fecha, según el principal de esa firma, Polivio Manosalvas, el insumo era difícil de conseguir y ciertos distribuidores especularon con los precios. “China puso restricciones a la exportación de insumos, nosotros pudimos conseguir ese embarque, pero fue imposible completarlo, por eso se terminó el contrato”.

Abbott, según explicó su vocero, entregó el producto a satisfacción del comprador; pero, no recibió nuevos pedidos de esos insumos.

Una confusa política sanitaria

Entre marzo de 2020 y febrero de 2021, en plena crisis sanitaria, Ecuador tuvo dos ministros de Salud. Ambos enviaron señales contradictorias respecto al uso de pruebas rápidas de anticuerpos del coronavirus.

El sábado 21 de marzo de 2020, al borde del brote pandémico, la ministra de Salud de Ecuador, Catalina Andramuño, se veía nerviosa. Ante las cámaras informó que estaban por arribar dos millones de pruebas contratadas en Corea. Aclaró que no serían las rápidas de anticuerpos, sino moleculares (PCR).

La funcionaria fue una de las primeras en alertar sobre las deficiencias de las rápidas de anticuerpos. “Estas (pruebas) no tienen una sensibilidad específica y pueden dar falsos negativos”. Repentinamente, tras ese anuncio, Andramuño dejó ese Ministerio. La reemplazó Juan Carlos Zevallos. En su gestión se firmó el contrato de las pruebas rápidas de Wondfo que, según sus colaboradores, no tuvieron la sensibilidad esperada.

Zevallos explicó que en los primeros meses de la pandemia hubo problemas en las compras de tests rápidos: todos los países las demandaban para conocer la incidencia del virus; no había suficiente disponibilidad de pruebas moleculares o PCR.

“Era una situación dramática, buscábamos esos y otros insumos a cualquier precio; sin embargo, no hicimos compras por emergencia, sin concursos, fuimos ortodoxos para evitar cualquier riesgo de negociados”, según Zevallos.

En abril, Salud emitió un protocolo de uso de pruebas rápidas. El documento especifica que este test no sirve para diagnóstico. Además, recomienda que tras un resultado negativo se realice una prueba molecular confirmatoria. El instructivo no se hizo público ni se plasmó en campaña de difusión masiva.

Las autoridades fallaron al no aclarar que las pruebas rápidas de anticuerpos, o serológicas, no sirven para diagnosticar pacientes con coronavirus. En la práctica, la población recurrió a ellas por la facilidad de acceso, rapidez y costo.

El Ministerio de Salud dispuso que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) supervisara que se comercializaran las marcas de pruebas certificadas. En paralelo, pidió que estos registros se emitieran “en forma rápida y oportuna”.

Mientras tanto, crecía la importación de estos kits, en los sectores público y privado. Ni siquiera las advertencias de la Asociación Ecuatoriana de Importadores de Insumos Médicos, Asedim, surtieron efecto. Su directora, Cristina Murgueitio, afirmó que el gremio alertó en varias ocasiones al gobierno sobre el ingreso de insumos sin registro sanitario, en los primeros meses de la pandemia.

China, la otra cara

En China, si una persona presenta síntomas, las autoridades sanitarias le practican un test molecular de diagnóstico o PCR. Para realizarlo se introduce un hisopo de algodón por la nariz, el procedimiento dura varios segundos. La muestra se analiza en un laboratorio. El procesamiento demora un par de horas en China, pero en países de América Latina puede tardar hasta tres días.

Cantón, Guangzhou en mandarín, es la capital de la provincia de ese mismo nombre. Ubicada al sur de China, tiene unos 26 millones de habitantes. Aquí se encuentra la casa fabricante Wondfo.

Cada cantonés se practicó, en promedio, una decena de pruebas moleculares desde el inicio de la pandemia. Un resultado, negativo y reciente, es el requisito para entrar en ciertos espacios públicos, incluidos parques de diversiones.

El resultado del test llega al teléfono celular y permanece registrado en un código QR, accesible para las autoridades, confirmó un empresario entrevistado. “Si uno está sano, esa información se guarda en el celular. Esos datos se consideran públicos. Si alguien de mi entorno familiar se contagia, todos somos sometidos a confinamiento obligatorio, tengamos o no los síntomas”.

China restringe el uso de las pruebas rápidas: las considera complementarias. Los controles son tan rigurosos, que solo cinco laboratorios tienen registro para comercializarlos dentro del país. Uno de ellos es Wondfo.

Sin embargo, las pruebas rápidas que miden los anticuerpos producidas en China se propagaron rápidamente por Ecuador y otras naciones de la región. Ante la falta de información oficial, la población las usó para diagnosticar el coronavirus. Esto dificultó el control de la pandemia.

La autoridad sanitaria ecuatoriana facilitó la llegada masiva de pruebas rápidas de anticuerpos en la pandemia: entre marzo y octubre el país invirtió 57 millones de dólares en este insumo, frente a 3 millones para pruebas moleculares, que sí sirven para diagnóstico. El 80% de tests rápidos vino de China; el 49% de marcas que importó Ecuador fueron retiradas de EE.UU. El gobierno permitió la venta libre de esos productos, que se usaron equivocadamente para diagnosticar el coronavirus. En medio de la desinformación generalizada, personas infectadas por coronavirus creían estar sanas. Y personas no contagiadas se aislaron, por miedo a estar enfermas.

Por Arturo Torres, María Belén Arroyo, Christian Torres y John Machado. Videógrafa: Doris Olmos

“Es una cadena de cosas desgastantes, te matan casi de un infarto” comenta Sofía P., funcionaria municipal, quien recibió un falso positivo en una de las pruebas rápidas de coronavirus hechas por el Municipio de Cuenca desde mediados de 2020. No es la única.

Miriam Y. se practicó las pruebas municipales. Durante ocho días guardó reposo, pero optó por pagar una prueba molecular en un laboratorio privado y dio negativo para coronavirus.

Cuenca es la tercera ciudad del Ecuador. La autoridad compró diez mil pruebas rápidas de anticuerpos de Wondfo, a través de un concurso público. El contrato totalizó cien mil dólares.

En el curso de esta investigación, la alianza periodística formada por el portal Código Vidrio, revista Vistazo y la plataforma CONNECTAS descifró las razones por las cuales el país fue inundado de pruebas rápidas de anticuerpos Covid-19, que fueron usadas erróneamente para diagnosticar el coronavirus, ante la falta de una política sanitaria clara. La equivocación impidió contener el avance de la pandemia.

El investigador David Acurio fue parte del equipo que hizo un estudio académico para medir la prevalencia del virus SARS-CoV-2 en Cuenca. Explica los problemas de los falsos diagnósticos de coronavirus, a partir de pruebas rápidas de anticuerpos. “Si bien los positivos falsos significan una afectación económica, más grave es haber dejado que personas contagiadas siguieran con sus actividades normales, estos son los falsos negativos”.

Xavier C. se realizó dos pruebas de coronavirus con los kits rápidos, con resultado negativo. Presentaba síntomas parecidos a los de una gripe, pero al no tener confirmación sobre su contagio no se aisló. Los síntomas aumentaron mientras su esposa e hijas presentaban tos, fiebre y pérdida del sentido del olfato y el gusto. Se practicó una prueba independiente PCR que confirmó el contagio. Algo similar le sucedió a Cristina Guachichulca, quien confiando en un resultado negativo de un test rápido, no tomó previsiones, pese a que estaba infectada.

Desinformación y falsos positivos

138 instituciones públicas ecuatorianas compraron estos insumos en la pandemia. Las pruebas que adquirió Cuenca llegaron en mayo de 2020. El contrato se firmó con un distribuidor acreditado por la agencia de control sanitario, ARCSA. El estudio de mercado, que recomendó la compra de este insumo, especifica que el test no diferencia entre los valores de IgM e IgG. En síntesis, no distingue entre los dos anticuerpos.

La epidemióloga Andrea Gómez Ayora explicó que al no diferenciar entre ambos indicadores, estas pruebas “no nos dicen si la infección es reciente o pasada”.

“Se pueden dar falsos negativos y una idea errada de lo que está sucediendo. La precisión mejora a los siete días, pero en ese tiempo la persona pudo haber contagiado a alguien más”.

Las especificaciones técnicas del producto, incluidas en el contrato, explican que “la prueba proporciona resultados preliminares y los resultados negativos no excluyen la infección por el virus, por lo que no deben utilizarse como la única base para el tratamiento o diagnóstico”.

El Consejo de Salud de Cuenca definió al resultado negativo en las pruebas rápidas como un requisito para que los mil conductores de buses urbanos de Cuenca reiniciaran sus labores. El mismo resultado se aplicó para los comerciantes de las plataformas itinerantes (mercados) de cuatro parroquias rurales.

Miriam Silva, directora del Consejo de Salud de Cuenca, defendió las decisiones de esa entidad. Dijo que las acciones tuvieron el aval de médicos y especialistas. La funcionaria aseguró que en Cuenca hubo un control epidemiológico oportuno.

Durante el proceso de compra, las autoridades solicitaron una lista de pruebas avaladas por la autoridad de control (ARCSA), así como estudios de las agencias de regulación sanitaria de China.

“Todos empezaron pensando en (comprar) las PCR, pero cuando se liberalizó la venta de pruebas rápidas, se optó por las más baratas”, según Acurio.

Juan Pablo Galán, director de compras del Municipio de Cuenca, explicó que parte del análisis para la compra de este insumo fue obtener el mejor costo posible. Un informe de la Contraloría, de diciembre de 2020, no detectó irregularidades en el proceso.

Pruebas chinas al por mayor

China inundó con pruebas rápidas de anticuerpos el mercado ecuatoriano. El 80% de los insumos importados a Ecuador llegó del gigante asiático.

Esta investigación construyó una base de datos propia, con 600 registros de importaciones de esta prueba en específico, la rápida de anticuerpos, entre abril y octubre de 2020. Para ello, contrastó cuatro fuentes distintas: la primera es el reporte de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim). La segunda es la información del Servicio de Contratación Pública, Sercop. El listado oficial de empresas privadas y personas naturales autorizadas por el organismo de control sanitario (ARCSA) para importar este insumo es la tercera. Finalmente, se contrastó con los registros de la autoridad farmacéutica estadounidense.

El 49% de pruebas que ingresó en Ecuador fue retirado de Estados Unidos, al cotejar con la base de datos pública de la FDA.

Desde marzo hasta octubre, Ecuador destinó 57 millones de dólares para la compra de este insumo: 12 millones en el sector público y 43 millones en el privado. En contraste, en el mismo período apenas invirtió 3 millones en la compra de reactivos para pruebas moleculares (PCR).

Traer los kits rápidos al país fue un buen negocio. Entre los importadores hay empresas inmobiliarias, casas ferreteras, empresas de computación, cosmetólogos, firmas organizadoras de eventos, centros de educación privada; además de laboratorios y distribuidoras de suministros médicos.

A fines de abril, China liberalizó la exportación de estos insumos, al eliminar el requisito equivalente al registro sanitario. Eso explica la razón por la cual el grueso de las importaciones hacia Ecuador (77% del total) se concentró en mayo.

La autoridad sanitaria en este país sudamericano abrió las puertas para que cualquier persona o entidad importara los insumos. Según los reportes oficiales, la primera semana de abril eran 38 autorizados. A fines de ese mes, 107. A mayo, 180. Para junio, 250. En octubre eran 439 y a fines de noviembre, 470 entidades o personas naturales tenían permiso para importar estos productos. Acceder a estos dispositivos es tan fácil, que basta con buscar por redes sociales.

Sin control de calidad

Normalmente, obtener un certificado sanitario toma hasta dos meses, pero el tiempo se redujo a tres semanas, en promedio. Daniel Sánchez, director de Control Sanitario de ARCSA, explicó que se flexibilizaron los requisitos.

Sánchez fue parte del relevo de las autoridades de la Agencia en julio. “No pretendo justificarnos. Nuestra administración entró en julio y antes de esa fecha se había emitido prácticamente la mayor parte de registros para mascarillas y otros dispositivos médicos. Nosotros sí estamos realizando un control exhaustivo. Hacemos un barrido de todos esos procesos para ratificar cuáles en verdad cumplen con las normativas sanitarias”.

El control se realiza en dos niveles: primero se verifica que los productos tengan aval de agencias de referencia en el mundo. Luego, se confirma si esos certificados son auténticos. El país, sin embargo, no tiene infraestructura para investigar en laboratorios propios la calidad de los insumos.

ARCSA prohibió la comercialización de varias marcas de pruebas rápidas que llegaron desde China y fueron rechazadas por las autoridades estadounidenses. “Hemos realizado 1.057 operativos a escala nacional, en conjunto con las autoridades de salud y autoridades aduaneras”.

Sin embargo, la Asociación Ecuatoriana de Importadores de Insumos Médicos, Asedim, cuestiona que los controles no fueron suficientes. El problema es estructural y empezó antes de la pandemia. Aduanas no verifica que las importaciones cuenten con el certificado emitido por el control sanitario, por una disposición vigente desde 2017. “No existe el control en Aduana del registro sanitario, siguen llegando sin ese requerimiento a pesar que debían hacerlo en marzo de 2019”, puntualiza Cristina Murgueitio, directora de ASEDIM.

El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, sufrió las secuelas por la errada aplicación de kits de pruebas serológicas.

Álvarez y su familia acudieron a un hospital privado para someterse a la evaluación, en Quito. Inicialmente les dijeron que él y su hija eran positivos para covid-19, pero su otro hijo salió negativo. El médico desconfió de los resultados y pidió que le dieran una explicación, pues lo lógico era que los tres estuvieran contagiados.

Horas después, en ese centro le dijeron que el paquete de pruebas era defectuoso y sus resultados no servían. Por eso, Álvarez reclama por la falta de control de calidad de las pruebas que ingresaron al país. “Podías comprar las pruebas chimbas en mercadolibre.com. Estos productos no son confiables, han generado una avalancha de falsos negativos y falsos positivos, desde el inicio de la pandemia”.

Buena parte de la población confía en que las pruebas rápidas son un método de diagnóstico, barato y accesible. Tienen un costo hasta ocho veces menor que el de las pruebas moleculares de tipo PCR.

Samanta R. de 23 años, que vive en Quito, sintió los primeros síntomas, pero descartó la infección por el virus, porque un test rápido mostró un resultado negativo para anticuerpos. No se aisló. A los pocos días, con más síntomas y con consejo médico, tuvo que repetir el examen, esta vez costeó la prueba molecular. “Casi me muero del susto, estaba contagiada”, según un testimonio recogido por Enaim Paredes, estudiante de Comunicación de la Universidad San Francisco de Quito, que apoyó en esta reportería.

Carlos Campoverde recuerda que se hizo la prueba rápida, en Gualaceo (provincia del Azuay), “salió negativa, pero yo sentía que me estaba muriendo”. Finalmente optó por el hisopado (PCR), que le costó 110 dólares, y solo ese resultado positivo permitió que fuera a un hospital público en Cuenca, donde estuvo intubado durante 34 días. Afortunadamente, vive para compartir su testimonio, recogido por estudiantes de la misma carrera.

Hay desinformación. Algunas empresas privadas exigen a sus colaboradores una prueba rápida de anticuerpos con resultado negativo, para volver a labores presenciales. La confusión explica, en parte, el fracasado intento para contener la pandemia.

*En la recolección de testimonios apoyaron estudiantes de Periodismo de la Universidad San Francisco de Quito, dirigidos por Tania Orbe.

Mientras el letal coronavirus se regaba por el planeta, una flota de 164 laboratorios chinos vendió y donó pruebas rápidas de anticuerpos Covid-19 en 70 países. Los fabricados por la empresa Wondfo fueron cuestionados y retirados del mercado en Inglaterra, España e India. No obstante, cientos de miles de pruebas de ese laboratorio se comercializaron o donaron y obtuvieron registros en Ecuador, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú y Cuba. Pese a sus fallas de sensibilidad, en la mayoría de países se usaron como pruebas de diagnóstico.

En esta investigación transnacional participaron María Belén Arroyo, Arturo Torres, Christian Torres, Alejandro Pérez y John Machado, desde Ecuador; Kris Cheng (China), Gabriela Henríquez (Venezuela), Gloria Correa (Colombia) y Paola Ugaz (Perú). Videógrafa: Doris Olmos

El ataque es exitoso cuando el enemigo descuida las defensas, escribió hace 2.500 años el general Sun Tzu, en el Arte de la Guerra. Luego de sufrir el primer azote por el coronavirus, China aplicó una estrategia de defensa en el frente sanitario y de ataque en el campo comercial a escala planetaria.

Mientras el virus se regaba galopante, una flota de 164 laboratorios privados chinos desembarcó en varios continentes con pruebas rápidas para detectar anticuerpos del Covid-19, muchas de ellas, imprecisas.

Latinoamérica no fue la excepción: 80 compañías distribuyeron tests serológicos a gobiernos, empresas y proveedores privados.

Una de las naves nodrizas de la avanzada china es Guangzhou Wondfo Biotech, que comercializa sus pruebas en 70 naciones, según reportes oficiales obtenidos para esta reportería en China.

Wondfo se fundó en 1992; su mayor accionista es el gobierno local de Guangzhou y cotiza en la bolsa en la Bolsa de Valores de Shenzhen, China.

La compañía informó, en un comunicado difundido en su sitio web, que ha recibido certificados de la Unión Europea, la FDA de EE.UU. y MDALL, de Canadá. Y es uno de los cinco laboratorios que tiene registro de la Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA).

La NMPA aprobó dos kits de prueba COVID-19 de esta marca: el primero, el 22 de febrero de 2020, para analizar anticuerpos y otro, el 3 de noviembre, para detectar antígenos.

Pese a contar con esas autorizaciones, los productos de Wondfo son cuestionados por su imprecisión.

El primer campanazo sonó en Inglaterra, luego en España y en India. En marzo pasado, Reino Unido compró 500.000 tests rápidos a Wondfo. Tras denuncias, dejaron de usarse. La empresa china culpó a los funcionarios británicos por malinterpretar su aplicación. En su sitio web, Wondfo difundió un comunicado destacando que su producto solo debe ser usado como un complemento para los pacientes que ya habían dado positivo por el virus, con una prueba PCR. Además, “la prueba de anticuerpos es solo para uso profesional, no está diseñada para uso doméstico”.

En Cataluña, el Instituto Catalán de la Salud (ICS), suspendió la distribución, tras detectar que su precisión era inferior al 64%. A finales de abril, otro escándalo surgió en India. El Consejo Indio de Investigación Médica dejó de usar los kits de pruebas rápidas de esta casa. El laboratorio argumentó que una aplicación errónea pudo provocar resultados inexactos.

Borra y va de nuevo

Luego de la avalancha de denuncias, el primero de abril el gobierno chino impuso un nuevo requisito para los laboratorios y farmacéuticas. Dispuso que la exportación de suministros médicos relacionados con la pandemia debía tener la aprobación de la NMPA de China.

Sin embargo, la medida duró pocos días. El 25 de abril, China eliminó esa obligación: los productores de esos kits no requieren la aprobación de la NMPA para vender en el exterior. Solo necesitan la certificación de los países importadores para suministros médicos, además de una declaración de cumplimiento.

Al 11 de mayo de 2020, 164 empresas chinas recibieron la aprobación en el extranjero para vender sus kits de pruebas serológicas. 154 obtuvieron la marca CE de la UE, 7 el certificado de Autorización de Uso de Emergencia de EE.UU. y 3 el de la Administración Australiana.

¿A qué se debió la vertiginosa y masiva venta de pruebas chinas en varios continentes? Al originarse el virus en China, en diciembre de 2019, los laboratorios y compañías de ese país fueron los primeros en desarrollar pruebas rápidas y otros insumos en grandes cantidades. Los chinos sacaron gran ventaja del conocimiento adquirido, que también les sirvió para desarrollar y probar vacunas, que ya se están comercializando en el planeta.

Cientos de esos laboratorios operan desde hace más de 10 años en China, según reportes y registros oficiales consultados para este reportaje. Por lo tanto, esas firmas saben cómo obtener certificados extranjeros para vender sus productos.

En la nación asiática esas compañías funcionan como empresas privadas; pero algunas tienen capitales de gobiernos locales, y otras son estatales. En buena parte de los directorios de las compañías hay delegados del Partido Comunista Chino.

El desembarco en Latinoamérica

Ante la imposibilidad de acceder a tests PCR diagnósticos, que analizan en laboratorios a nivel molecular el virus, la mayoría de países latinoamericanos optó por adquirir los métodos rápidos que detectan anticuerpos.

Así, los laboratorios chinos encontraron en América Latina un mercado amigable, receptivo y poco exigente.

En esta región los laboratorios chinos, con Wondfo a la cabeza, obtuvieron registros y vendieron o donaron pruebas rápidas en Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Cuba, según corroboramos en nuestra reportería regional.

En ciertos lugares esos productos se usaron como si fueran de diagnóstico. En Perú y Ecuador su venta no tuvo restricciones, sobre todo en el sector privado que todavía los comercializa libremente. En otros países, como Brasil y Colombia, su distribución fue regulada por las autoridades, que aplicaron protocolos y normativas sistemáticas, estableciendo su empleo con fines epidemiológicos, complementarios a las pruebas moleculares, de tipo PCR.

En Ecuador, ante la falta de una directriz clara y campañas de información, las pruebas rápidas se venden libremente, tanto en locales comerciales como por Internet. Hasta inicios de 2021 entidades públicas y empleadores del sector privado exigían a sus colaboradores realizarse tests rápidos como requisito para reincorporarse a la jornada presencial, generando una falsa sensación de seguridad.

Inclusive, desde enero de este año se ofrecieron con fines proselitistas, por candidatos para la Asamblea Nacional en espacios públicos. Una imagen muestra que los postulantes auspiciados por la alianza UNES, que auspicia la candidatira presidencial de Andrés Arauz, practicaban este test. Otra, muestra a seguidores de la organización política CREO en un evento al norte de Quito, aplicando la prueba rápida covid-19.

Ecuador, pese a ser el país más pequeño y menos poblado de la región andina (18 millones de habitantes), fue el que más adquisiciones hizo, al compararlo con Perú, Colombia e incluso Brasil. Desde marzo hasta octubre, el país compró 57 millones de dólares de estos productos: 12 millones en el sector público y 43 millones en el privado. El sector estatal adquirió 1,3 millones de tests en el sector estatal y unos 15 millones en el sector privado. 5 millones adicionales entraron de contrabando, sin registro ni permisos, según la agencia de regulación y control sanitario Arcsa.

En Brasil, la empresa minera Vale adquirió 5 millones de kits a Wondfo. El Gobierno brasileño recibió esa cantidad como donación y las usó para estudios epidemiológicos en poblaciones específicas. Venezuela también recibió dos millones de estas pruebas como donación de China.

En Perú, las compras de esas pruebas llegaron a 31,3 millones. Hasta noviembre, se adquirieron 5,2 millones de pruebas en el sector público. En ese país Wondfo también tuvo permiso para comercializar sus insumos. En Colombia se estima que ingresaron 2 millones de tests, incluidos los de Wondfo, que contaron con autorización.

La adquisición de pruebas PCR de diagnóstico fue muy inferior a la de anticuerpos en toda la región. Dos botones de muestra: hasta diciembre pasado, en Ecuador el sector público compró 850 mil tests moleculares, mientras Perú adquirió 1,4 millones.

De China con amor: Pruebas Wondfo se donaron a Venezuela

Venezuela también abrió las puertas a las pruebas rápidas chinas, especialmente de Wondfo, que China donó al gobierno de Nicolás Maduro. En este país cuatro marcas son las más usadas.

A comienzos de la segunda ola de contagios del Covid-19 en Venezuela, Ernesto B., de 50 años, residente de Caracas, que pidió mantener su identidad en reserva, estuvo en contacto con un familiar con síntomas de coronavirus en víspera de la Nochebuena. El 23 de diciembre de 2020 inició su odisea para encontrar un centro de salud para practicarse una prueba.

Se acercó a un Centro de Diagnóstico Integral (CDI), institución médica parte del programa Misión Vivienda, en el oeste de Caracas, y no tuvo suerte. El personal médico le indicó que tampoco se podría realizar una prueba en el Hospital de Campaña, en el Poliedro de Caracas, designado por Nicolás Maduro como una instalación para atender a pacientes con sintomatología de coronavirus.

Ante esto, debió recurrir a un centro privado en el este de Caracas para realizarse la prueba. Al llegar, encontró una oferta de cuatro tipos de pruebas: hisopado para PCR Covid-19, por 80 dólares; serológica (rápida), por 40 dólares; perfil de Laboratorio de factores de riesgo cardíacos y respiratorio, por 150 dólares; y la prueba de antígeno, de diagnóstico por hisopado, por 40 dólares.

Ernesto llegó a este sitio por una información que le llegó a través de Whatsapp. Como cualquier bien o servicio que se presta en Venezuela, los tests se cotizan en dólares como uno de los efectos de la hiperinflación que atraviesa el país desde 2016. Estos precios son poco accesibles para el venezolano que recibe un salario mensual mínimo inferior a un dólar.

El manejo de las pruebas PCR está centralizado desde marzo de 2020, en cinco laboratorios manejados por el gobierno de Maduro. Solo algunos centros privados de salud, sin autorización oficial, ofrecen esta prueba, a precios que varían entre 40 y 80 dólares.

Hasta la fecha, al menos cuatro marcas de pruebas rápidas son utilizadas en el mercado venezolano. La más comercializada es de la empresa Wondfo, específicamente las Wondfo SARS-CoV-2 Antibody Test (Lateral Flow Method). También se encuentran las manufacturadas por Edan Instrumental y Nantong Egens Biotechnology, y de la compañía surcoreana Genbody. Todas se encuentran, además, en canales de distribución alternativos como Mercado Libre y por medio de cadenas de Whatsapp.

Calidad importada de China

Una revisión a las transmisiones del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), entre marzo y diciembre de 2020, da cuenta de al menos nueve donaciones (274 toneladas) realizadas de China a Venezuela con kits para la protección del personal médico y más de 2 millones de pruebas rápidas, para la detección de nuevos casos. Ninguna fuente oficial confirmó cuántas corresponden al laboratorio Wondfo.

La última donación de la que se tiene información corresponde al 22 de diciembre de 2020, en el marco del puente aéreo entre ambas naciones, tendido con la aparición de los primeros contagios de Covid-19.

Venezuela y China tienen alianzas político-económicas estrechas desde la llegada al poder de Hugo Chávez, que se han mantenido con Nicolás Maduro.

Entre 1999 y 2019 el país asiático invirtió en Venezuela más de 68 mil millones de dólares, según la información recolectada por Transparencia Venezuela. Eso equivale a 45% del total entregado a la región entre los años 2000 y 2019.

De manera similar, Cuba y China mantienen relaciones estrechas con Venezuela, que se fortalecieron en el marco de la pandemia, usando la diplomacia médica como puerta de entrada. Venezuela distribuyó parte de las pruebas Wondfo a su par de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la isla Granada, ubicada en el Caribe, a unos 150 Km. de distancia. Y Cuba reportaba el uso de las cien mil pruebas Wondfo, en abril, en el municipio especial Isla de la Juventud.

El uso de pruebas rápidas Wondfo para la detección de nuevos casos forma parte de la estrategia epidemiológica del gobierno venezolano. Los protocolos establecen como requisito para tomar las muestras PCR un resultado positivo en las pruebas rápidas, a pesar de que con este método se pueden dar falsos negativos.

Si una persona da negativo en la prueba rápida, debe permanecer aislada y a los 5-7 días se le realiza una segunda prueba. Si esta segunda resultara negativo, el paciente debe seguir en aislamiento hasta el día diez, cuando se realiza un tercer test, sin acceso aún a una prueba PCR.

Colombia no se comió el cuento de las rápidas

Los primeros escándalos por las deficiencias de las pruebas rápidas chinas obligaron a las autoridades colombianas a restringir su comercialización. Sin embargo, los insumos de Wondfo sí consiguieron autorización para su venta, aunque no se conoce en qué cantidades.

Agobiadas por la escalada de contagios por el coronavirus, el 8 de abril del 2020 las autoridades de Salud de Colombia anunciaron la llegada del primer lote de 47.500 tests rápidos chinos.

“Permiten la optimización de recursos ayudando a la toma de decisiones en cuanto al aislamiento, realización de prueba diagnóstica confirmatoria y tratamiento”, destacaron los funcionarios.

Días más tarde sobrevino la frustración. El ministro Fernando Ruiz reconoció en el Congreso que esas pruebas eran defectuosas. “Hay muchos engaños en las pruebas disponibles. Se han presentado tests con una buena efectividad; pero en la práctica, cuando ya llegan los kits para la aplicación de la prueba específica, resulta que han sido cambiadas por insumos de mala calidad”, dijo Ruiz, consternado.

Para entonces, 45 tipos de pruebas rápidas tenían autorización del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y circulaban en el mercado. Nueve provenían de China, 5 de Estados Unidos (de compañías como Abott y Siemens) y el resto de Austria, Alemania y Corea del Sur. Una de las pruebas registradas fue de la china Wondfo.

Luego de descubrir las fallas del primer lote, las autoridades ordenaron que cuatro comercializadores detuvieran la venta de esos dispositivos. También ordenaron a Mercado Libre Colombia el retiro de las publicaciones que promocionaban la venta de esos productos.

La confiabilidad de los insumos empezó a ser cuestionada y derivó en controles y regulaciones. Las autoridades de salud enfatizaron que no se utilizarían como método diagnóstico. Era claro que no detectaban la presencia del virus sino solo anticuerpos. Además definieron que estos marcadores debían garantizar mínimo una sensibilidad del 85% y una especificidad (confirmación de que una persona no está contagiada) del 90%, con un margen de error del 5%. Paralelamente, el gobierno decidió que ninguna de las pruebas era de venta libre.

La academia se sumó a las advertencias. La doctora Lucy Delgado, profesora de la Universidad Nacional y asesora del secretario de salud de Bogotá, comentó que pese a la regulación del uso de esas pruebas, ingresaron ilegalmente cerca de dos millones de unidades, “eso sin contar las que están vendiendo de forma clandestina”.

El 80% de lo que ha llegado y también de lo que hay en el mundo -advirtió- es de pésima calidad. “Empezamos a tener problemas de sensibilidad”, reconoció Delgado.

Pedimos datos consolidados de la adquisición de estos productos en el sector público y privado al Ministerio de Salud. “El Ministerio no ha adquirido pruebas para Covid-19, ni de anticuerpos ni de antígeno. No sabemos cuántas haya adquirido el sector privado. Este tipo de estadística no se lleva. Tampoco sabemos si otras entidades públicas las hayan adquirido”, respondió el Ministerio.

Ninguna entidad pública tiene o ha transparentado un dato global sobre todas las pruebas rápidas compradas y aplicadas en Colombia durante la pandemia.

Perú sigue diagnosticando con rápidas

El manejo del diagnóstico fue el mayor error estratégico del gobierno peruano, que para combatir la pandemia empleó pruebas rápidas en reemplazo de las PCR. En eso coinciden médicos, científicos y académicos consultados. Más del 80% de los tests, buena parte defectuosos, provino de laboratorios chinos, incluido Wondfo.

El 6 de marzo se descubrió la primera víctima de Covid-19 en Perú. Desde ese momento, el gobierno buscó contener la pandemia.

Entonces era vital mapear los contagios, que llegaron en olas sucesivas en varias ciudades, poniendo al descubierto el precario sistema de salud y su lenta respuesta.

Para septiembre de 2020, Perú era el país con más víctimas de Covid-19 por cada 100 mil habitantes en la región.

La autoridad de Salud confirmó que de las pruebas aplicadas en el país, el 75% era rápida de anticuerpos y solo el 25% moleculares. “La intención era que se detecte en las primeras semanas a las personas; para ello, necesitamos la prueba molecular, PCR, pero no la hemos tenido por múltiples razones”, explicó la ministra Pilar Mazzeti. En febrero, la funcionaria dimitió por el escándalo relacionado con las vacunas de cortesía que entregó el laboratorio chino Sinopharm.

La razón de la escasez, según el biólogo Patrick Wieghardt, miembro de OpenCovid-Perú, era la demanda desbordada de esas pruebas y sus complejos equipos en Europa, Asia y EE.UU. Para entonces, la única forma de contener el brote era la cuarentena, que se decretó cuando se confirmaron los primeros 71 casos.

Entonces se decidió comprar pruebas rápidas, desarrolladas en China y Corea, como complemento de los escasos tests moleculares disponibles. Aunque el Ministerio de Salud anunció que serían usadas para vigilar el movimiento del virus, la estrategia sobre su aplicación suplementaria no se conoció ni se aplicó adecuadamente.

Mientras la pandemia se multiplicaba, el aumento de tests moleculares no se concretó. Entonces, el uso de kits rápidos se volvió el estándar nacional de diagnóstico.

“Entre el 5 y 10 de julio, en la sede del centro médico AUNA, dentro de un auto en Lima, me hice la prueba rápida y me costó cerca de 40 dólares. Me la hicieron porque sospechaba haberme infectado de Covid-19, al tener fiebre y escalofríos el día anterior”, cuenta Diana GCF, de 26 años, quien estaba convencida de que así le estaban diagosticando si estaba o no contagiada. Aunque salió negativa decidió aislarse en su domicilio por 14 días, ya que trabaja en una oficina con aforo mínimo.

La toma de estas pruebas se volvió una práctica generalizada en las empresas públicas y privadas. Tras declararse el fin de la cuarentena estricta, a fines de junio, Elvira G., de 32 años, se hizo la prueba rápida, junto a 30 a 40 personas que regresaban a sus trabajos, que eran sobre todo manuales. “Trabajo cuidando un niño y regresaba a la casa donde vive su familia, luego que el gobierno diera fin a la cuarentena. Salí negativa”, contó.

Durante los meses más críticos de la pandemia, el 85% de las pruebas eran rápidas mientras las moleculares se concentraron netamente en Lima, la ciudad más poblada, con 8,5 millones de habitantes.

Al ser consultado para esta investigación sobre la política aplicada, el Instituto Nacional de Salud (INS), informó que “las pruebas rápidas eran una tecnología disponible dentro de una estrategia de vigilancia de casos de Covid-19 y también permitía identificar casos sospechosos según el cuadro clínico y los antecedentes epidemiológicos”.

“Al haber pasado varios meses de la pandemia, se conoce que los anticuerpos, tanto IgM como IgG, pueden persistir por algunas semanas en las personas infectadas; esas pruebas ya no son útiles para identificar casos nuevos. Es por ello que en las nuevas normas de vigilancia se ha establecido el uso de pruebas moleculares”, explicó el INS. En la práctica esos insumos se siguen empleando a modo de diagnóstico, según constatamos.

Uno de los testigos del doble discurso es el epidemiólogo Fernando Mejía, del hospital público Cayetano Heredia. Él ha estado por varios meses en la primera línea de combate del coronavirus. En entrevista para este reportaje reveló que para enfrentar la pandemia se elaboró un estudio inadecuado que sirvió de "validación", con lo cual la población empleó las pruebas rápidas como si fueran de diagnóstico. “No hubo campaña alguna que orientara a la población o personal de salud sobre el correcto uso de estos productos. Por el contrario, persistieron en el error de usarlas”.

Cuando otros países trataban de asegurar compras de pruebas moleculares para contener la pandemia, Perú optó inexplicablemente por compras masivas de pruebas rápidas, observó Edward Málaga, neurobiólogo y director del laboratorio que desarrolló la prueba molecular para detectar el Covid-19 en Perú.

“La versión oficial es que era imposible asegurar la compra de pruebas moleculares en el mercado internacional pero eso no solo es falso (otros países de la región sí lo lograron) sino que tampoco apostaron por el desarrollo de pruebas diagnósticas hechas en Perú, como sí lo hizo Argentina”.

Hasta hoy, Perú sigue “diagnosticando” Covid-19 con pruebas serológicas rápidas y una cantidad insuficiente de pruebas moleculares.

Un año después del azote de la pandemia en Latinoamérica, las pruebas rápidas siguen empleándose libremente en varios países, ante la inacción de las autoridades gubernamentales, que no han podido enmendar las fallas evidenciadas en la estrategia de detección y contención del coronavirus. China sigue siendo el proveedor hegemónico de pruebas rápidas, y más recientemente de vacunas, que ahora son el insumo más codiciado.