¿Cómo continuará el caso Lava Jato ahora que el primer capítulo de esta historia de corrupción, centrada en Odebrecht, se aproxima al desenlace? Las recientes confesiones de los exejecutivos de la constructora brasileña ante la fiscalía peruana prologan el capítulo siguiente en esta investigación: pasar de la nave insignia a la flota entera. De Odebrecht sola a Lava Jato.

IDL-Reporteros fue el primer medio que reveló, en 2011, las irregularidades de los proyectos públicos adjudicados a Odebrecht en el Perú. Luego, en 2016, publicó una serie de reportajes analizando todos los contratos que ganó la corporación desde el gobierno de Alberto Fujimori hasta el de Ollanta Humala. Odebrecht se convirtió en la principal contratista del Estado en todos esos años, con sobrecostos de más de 1,526 millones de dólares. IDL-R reveló también la corrupción en el sistema arbitral, que permitió que Odebrecht ganara otros 254 millones de dólares gracias a un grupo de abogados sobornados para votar a favor de la compañía.

Si ese fue el camino que marcó la corporación líder del cartel Lava Jato, ¿actuaron igual las demás? Para entender el modus operandi del Cartel entero, IDL-R amplió su investigación a las otras empresas brasileñas que operaron en el Perú en colaboración sistemática con un cartel de empresas peruanas llamado Club de la Construcción.

Para conocer cuánto costó la corrupción del cartel Lava Jato al Perú y analizar cómo operó, IDL-R reconstruyó y verificó los montos iniciales, las modificaciones contractuales, los montos finales y sobrecostos de los proyectos públicos que ganó, junto a sus socias peruanas.

Este reportaje se basa en documentación oficial obtenida a través de 109 solicitudes de acceso a la información a 24 entidades públicas. La información analizada fue de contratos, adendas, liquidaciones finales, ayudas memoria, fichas de proyecto, resoluciones de liquidación, entre otros.

Cuando las entidades negaron el acceso a la información, se recurrió a fuentes adicionales que, de manera anónima, proporcionaron los documentos necesarios.

Las investigaciones del Ministerio Público Federal de Brasil demostraron que 16 de las más grandes constructoras brasileñas conformaron el cartel Lava Jato en ese país, que operó entre 2004 y 2014.

Estas compañías realizaban reuniones secretas antes de los concursos públicos con el fin de repartirse los proyectos. Para obtener las megaobras sobornaron sistemáticamente a altos funcionarios de la petrolera estatal Petrobras. La tarifa de coimas, en la mayoría de casos, era entre el 1% y 3% del valor de los contratos, otras veces más. Las empresas del Cartel perfeccionaron sus esquemas de lavado de dinero para asegurar el secreto de los sobornos.

Varias de esas compañías también hicieron grandes negocios con el Estado peruano. IDL-R investigó a las empresas del cartel Lava Jato que ganaron proyectos públicos en el Perú durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Estas son: Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, OAS, Engevix Engenharia, Galvao Engenharia y Camargo Correa.

En 15 años, estas 7 empresas brasileñas miembros del Cartel se repartieron 48 proyectos públicos: 36 contratos de obras y servicios (para construcciones, rehabilitaciones, mejoramientos, entre otros) y 12 contratos de concesión (proyectos financiados y administrados por estas empresas durante un plazo para obtener ganancias).

¿Cuál fue el gobierno que más contrató con el cartel Lava Jato? ¿Cómo estas compañías se repartieron las obras y concesiones públicas? ¿Para qué proyectos?

Del análisis de los contratos destaca que casi el 40% de los proyectos del Cartel fueron otorgados durante el mandato de Alan García (2006-2011). El gobierno aprista contrató con cada una de las 7 empresas brasileñas investigadas en este reportaje.

IDL-R ya había revelado la preferencia del gobierno de García por el cartel Lava Jato. En 2007 Luiz Augusto de Araujo, entonces embajador de Brasil en el Perú, contó en un cable diplomático cómo dos ministros del gobierno aprista buscaban que las empresas brasileñas (Andrade Gutierrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao y Odebrecht) consigan los tramos 1 y 5 de la Carretera Interoceánica Sur. Incluso, confirmó De Araujo, los funcionarios ofrecieron introducir “alteraciones” a esos concursos.

Si bien estos dos contratos fueron firmados con otras empresas, el Cartel, como hemos visto, no tuvo de qué quejarse durante el mandato de García.

Por otro lado, las contrataciones durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala se dividieron de manera similar: 27% de los proyectos se firmaron en el primero y 33% en el segundo. Con Toledo, Odebrecht concentró gran parte de los contratos. En los años de Humala, tres empresas —Odebrecht, OAS y Queiroz Galvao— se repartieron la mayoría de los proyectos públicos.

Para ganar la mayoría de estos concursos públicos, el cartel Lava Jato no actuó solo: 28 de los 48 proyectos analizados en este reportaje se realizaron en conjunto con otras compañías nacionales y extranjeras. IDL-R identificó que el 71% de los proyectos realizados en consorcio tuvo la participación de constructoras —algunas de ellas, las más importantes del país— señaladas en el caso del Club de la Construcción.

El Club es —según las investigaciones del Equipo Especial del Ministerio Público— un grupo de empresas nacionales y extranjeras que se repartió las obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en complicidad con funcionarios que recibieron sobornos por casi el 3% del valor de los contratos. Si bien la tesis fiscal señala que este cartel local operó entre 2011 y 2014, la reciente confesión de Raymundo Trindade —publicada por IDL-R— señala que el Club de la Construcción existe desde 1996, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

¿Cuáles son las empresas que conforman este Club? El colaborador eficaz 06-2017 testificó ante la Fiscalía peruana que 30 compañías participaron —a través de sus representantes— en esta organización. Sin embargo, según fuentes estatales, hasta febrero de este año solo las 14 primeras de la siguiente lista están bajo investigación fiscal (pese a que fuera de ella estén empresas como Camargo Correa y JJC Contratistas Generales):

¿Cómo se asociaron estas empresas del Club de la Construcción con las brasileñas del cartel Lava Jato? Las conexiones puede verse con claridad en el siguiente gráfico:

En julio del 2017, IDL-R ya había documentado la forma en la que Odebrecht y 3 constructoras peruanas —Graña y Montero, JJC Contratistas e ICCGSA— se repartieron el costo de los sobornos por el tramo 2 de la IIRSA Sur. En febrero de este año, Sergio Nogueira, exfuncionario de Odebrecht, declaró que Jorge Barata coordinó con los representantes de estas tres socias peruanas el reparto de 45 millones de dólares de “gastos ilícitos para la conquista [de los tramos 2 y 3 de la IIRSA Sur]”.

La constructora Graña y Montero es la principal socia peruana del cartel Lava Jato. Registra el mayor número de asociaciones (6) con las empresas brasileñas, sobre todo con Odebrecht y Andrade Gutierrez. Obrainsa (4), Upaca (3), Mota Engil/Translei (3), JJC Contratistas (3) e ICCGSA (3), también tuvieron vínculos relevantes con las brasileñas.

Según el informe del Congreso de la República sobre los delitos económicos y financieros cometidos entre 1990 y 2001, algunas de estas empresas también estuvieron entre las principales contratistas estatales bajo el gobierno de Alberto Fujimori: Odebrecht, Cosapi, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales, Andrade Gutierrez e ICCGSA figuran entre las 7 compañías que ganaron más dinero en contratos públicos durante el régimen fujimorista.

Desde julio de 2017 el Indecopi realizó inspecciones investigativas a casi 20 empresas del Club de la Construcción. Según fuentes con conocimiento de causa, en estas acciones se recopilaron correos electrónicos y archivos —incluso borrados— gracias a programas especiales con cuya evidencia Indecopi podría sancionar a los ejecutivos de estas compañías por los concursos arreglados.

Quien explicará con claridad y detalle la participación de las empresas peruanas en este esquema de corrupción es Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, cuando sea interrogado por los fiscales peruanos del 22 al 26 de abril.

La conexión entre el cartel Lava Jato y el Club de la Construcción no solo fue frecuente: fue, sobre todo, lucrativa.

Durante los gobiernos de Toledo, García y Humala se otorgaron proyectos a las empresas brasileñas —y sus socias locales, principalmente empresas del Club— por un monto de 15 mil 601 millones 102 mil 293 dólares.

El proyecto Gasoducto Sur Peruano —contratado durante el gobierno de Ollanta Humala— significó casi la mitad de ese monto total: más de 7 mil millones de dólares. Sin embargo, este fue un proyecto abortado; apenas se ejecutó el 38% (cerca de 1,500 millones de dólares).

IDL-R revisó los contratos firmados entre el Estado peruano y las compañías que, solas o en consorcio, consignaron los montos pactados. Cuando los precios fueron acordados en soles, se hizo la conversión a dólares, según la fecha de la firma del contrato o lo establecido en sus condiciones.

Como se aprecia en el gráfico anterior, las empresas del cartel Lava Jato ganaron la mayoría de las obras y/o servicios durante el gobierno de Alan García: pactaron más de 2 mil millones de dólares en contratos con el Estado peruano. Casi la mitad de ese monto (más de 993 millones de dólares) se concentró en los dos tramos del Metro de Lima, con 27 % y 52 % de sobrecosto en cada uno. Como reveló IDL-R, Odebrecht destinó 24 millones de dólares en coimas para conseguir este proyecto. Sin embargo, hasta ahora solo se conoce el pago de 10 millones a funcionarios de rango medio.

La segunda megaobra más costosa en ese mandato fue la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huachipa (lotes 1, 2 y 3) hecha por las empresas OTV y Camargo Correa. Según la documentación recogida por la Policía Federal de Brasil, durante la investigación Castillo de Arena, existen registros por casi 3 millones de dólares de probables sobornos a altos funcionarios del gobierno aprista.

Los proyectos del cartel Lava Jato —junto al Club de la Construcción— sufrieron numerosas modificaciones durante su ejecución, que se tradujeron en cuantiosos pagos adicionales.

En el caso de Odebrecht, las confesiones de algunos de sus principales exejecutivos —Marcelo Odebrecht, Luiz Mameri, Jorge Barata, Fernando Migliaccio y Carlos Nostre— junto con la revelación de documentos secretos de la contabilidad ilegal de Odebrecht —el Sector de Operaciones Estructuradas— demostraron la conexión entre sobrecostos en los proyectos y el pago de coimas. Se comprobó hasta ahora sobornos en 8 proyectos que, precisamente, tuvieron los mayores sobrecostos.

Aunque las modificaciones contractuales que llevan a sobrecostos debían ser una excepción, la corrupción las convirtió en regla en 40 de los 48 proyectos estudiados por IDL-R.

Se identificaron 504 modificaciones en los contratos del cartel Lava Jato y sus socias peruanas. Los cambios incluyeron, principalmente, prórrogas en la entrega del proyecto, aumentos de trabajo, rediseños técnicos, presupuestos adicionales y deductivos, entre otros.

Para determinar las modificaciones contractuales, IDL-R se basó en las adendas firmadas de los contratos. En los casos en que se nos negó el acceso a estas, se utilizaron fuentes secundarias, como informes de las empresas supervisoras o de las instituciones contratantes y fichas técnicas de los proyectos hechas por las mismas entidades.

¿Qué resultó de esos cambios? Los proyectos terminaron con altísimos sobrecostos que tuvo que pagar el Estado peruano.

Para el cálculo de estos sobrecostos, se midió la diferencia entre la inversión inicial —la oferta económica pactada entre la empresa ganadora y el Estado— y su monto final o más actual posible. Esto se basó en la revisión de las liquidaciones finales presentadas al término del proyecto, las últimas adendas firmadas, los estados financieros de las compañías contratistas y los informes de los organismos de control.

Solo se incorporó en el cálculo los proyectos que IDL-R pudo estudiar detalladamente: 8 concesiones y 32 obras. No se consigna el incremento de inversión en 7 proyectos de Odebrecht* porque no se tuvo acceso a los documentos de sus montos finales.

El sobrecosto total de 40 proyectos ejecutados por 7 compañías del cartel Lava Jato durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala es de:

US$ 3’509,114,913.26*

Tres mil quinientos nueve millones ciento catorce mil
novecientos trece dólares con veintiséis centavos

El monto del sobrecosto recibido por las compañías brasileñas y sus socias en el Perú equivale aproximadamente a:

¿Dónde fueron a parar estos miles de millones de dólares? En el caso de Odebrecht, los exejecutivos detallaron con claridad cómo esa compañía insertó el dinero en un complejo esquema de cuentas offshore para lucrar, sobornar y financiar campañas políticas en toda la región. El dinero sobrefacturado de proyectos públicos de un país sirvió para realizar más pagos ilícitos en esa u otra nación.

Marcos Grillo, empleado de Odebrecht desde 1990, fue el encargado de “generar” los recursos para la Caja 2 —donde se manejaba el dinero ilegal de la compañía— en el Perú y otros países. En febrero de este año, Grillo confesó a los fiscales peruanos que él usó contratos ficticios en por lo menos dos proyectos realizados en el Perú para desviar sus sobrecostos hacia la Caja 2, pero que quien manejó la mayor parte de la generación de esos recursos ilegales en nuestro país fue Jorge Barata.

Como Odebrecht, OAS también tuvo una contabilidad clandestina: la Contraloría de Proyectos Estructurados, dedicada al pago de sobornos. Según Alexandre Portella, exgerente del área internacional de dicho departamento, la sede de OAS en el Perú también participó de la generación de recursos para su caja ilícita.

En los proyectos estudiados para este reportaje, la empresa OAS —sola o en consorcio— ganó unos 411 millones de dólares en sobrecostos a través de 4 obras y 2 concesiones. Además, como reveló IDL-R en 2016, OAS contrabandeó por lo menos 3 millones de dólares por avión al Perú para el pago de coimas. Podemos resumir así el círculo de corrupción: más proyectos, mayores sobrecostos y más coimas que generan un nuevo y mayor ciclo.

¿Cómo clasifican los 40 proyectos con sobrecostos ganados por el cartel Lava Jato?

De los 40 proyectos con sobrecostos analizados en este reportaje, el sector Transporte, con 27 proyectos, fue el más lucrativo para cartel Lava Jato: se cobraron más de 2 mil 600 millones de dólares adicionales. Este sector, además, tiene el promedio más alto de sobrecostos, 51%. Casi la mitad de estos contratos fueron firmados durante el gobierno de Alan García.

Las dos obras que figuran en el sector Edificación fueron otorgadas a OAS durante el gobierno de Ollanta Humala. Aumentaron entre 2% y 7% aproximadamente sobre sus costos iniciales, sumando más de 10 millones de dólares adicionales. Según un reportaje de Cuarto Poder, la empresa OAS entregó casi 3 millones de dólares para la campaña de Ollanta Humala en 2011: una parte en efectivo, otra en gastos de publicidad electoral.

En Saneamiento los costos iniciales de los proyectos aumentaron en promedio en más de 15%. En total las empresas del cartel Lava Jato cobraron más de 62 millones de dólares extra por 8 proyectos entregados durante los gobiernos de Alan García y Alejandro Toledo.

En Irrigación los sobrecostos suman más de 121 millones de dólares en dos proyectos otorgados bajo el gobierno aprista más otro durante el mandato de Alejandro Toledo. Por dos de estos proyectos el Ministerio Público abrió investigaciones penales: el proyecto Alto Piura (Camargo Correa) y el proyecto Trasvase Olmos (Odebrecht), ambos bajo la sospecha de delitos de corrupción.

Por último, en el sector Energía, se concesionó la Central Hidroeléctrica Chaglla que terminó costando casi el doble del valor originalmente pactado, tuvo 667 millones de dólares de sobrecostos. En lo que, según las evidencias, fue parte de la generación de recursos para su sector ilegal, Odebrecht realizó 3 contratos con empresas controladas por Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona (la constructora brasileña transfirió cerca de 3 millones de dólares directamente a estas compañías). Como reveló IDL-R, Monteverde y Carmona participaron durante años en operaciones de lavado de dinero de Odebrecht para generación de recursos ilegales y para el pago de sobornos. Ambos tienen una orden de prisión preventiva por 36 meses, pero se encuentran en condición de prófugos de la justicia.

COSTOS Y SOBRECOSTOS DE LOS
PROYECTOS CONTRATADOS POR GOBIERNO

Este gráfico compara los costos y sobrecostos de 40 proyectos del Cartel Lava Jato en cada gobierno.
Debido a que no se tuvo acceso a la información, para este especial no se evaluó el incremento de inversión en 4 concesiones y 3 obras de Odebrecht.

El pago de los sobrecostos no se efectuó necesariamente bajo el mismo gobierno que otorgó el proyecto: en muchos casos las ejecuciones duraron más de un mandato.

¿Cuáles fueron los proyectos con mayor porcentaje de sobrecostos?

*Debido a que no se tuvo acceso a la información, para este especial no se evaluó el incremento de inversión en cuatro concesiones (Irrigación Olmos, Vías Nuevas de Lima, Gasoducto Sur y Chavimochic ) y tres obras de Odebrecht (la Carretera El Arenal - Punta de Bombón, el Corredor Vial Hualapampa Vado Grande y la Carretera Negromayo-Occoruro-Pallpata-Dv.Yauri).

Hay una característica significativa en la mitad de los 20 proyectos con más altos sobrecostos: carecieron de un Expediente Técnico Definitivo antes de ser licitados. Este estudio técnico profundo contiene los metrados, planos de obra, estudio de suelos, entre otros; y además describe con precisión cómo se hará el proyecto, cuánto costará y cuándo se terminará. Si bien no es ilegal que los proyectos se otorguen sin estudios finales, aumenta el riesgo de que el costo de la obra suba considerablemente, como fue el caso.

Por ejemplo, los millonarios contratos del Tramo 4 de la IIRSA Sur (171% de sobrecosto), del Tramo 2 del Metro de Lima (52% de sobrecosto) o de la Línea Amarilla (54% de sobrecosto) fueron firmados sin esta clase de estudios finales de ingeniería, solo con montos referenciales.

Sobre los 48 contratos investigados, IDL-R identificó al menos 20 ocasiones en las que el Estado peruano no elaboró dichos estudios. Al contrario, los hicieron las mismas empresas del Cartel que ganaron los proyectos. Odebrecht, por ejemplo, demandó arbitralmente al Estado por fallas técnicas en cerca de 17 proyectos, pese a que fue la misma empresa la que hizo los expedientes. Sin embargo, la constructora brasileña consiguió cerca de 114 millones de dólares de más.

¿Quiénes fueron los principales representantes que se comprometieron en esta clase de proyectos? Según información de la Fiscalía peruana, la mayoría de los representantes que firmaron los contratos más costosos han sido investigados penalmente.

INVESTIGACIONES FISCALES DONDE APARECEN
LOS PRINCIPALES FIRMANTES DE LOS CONTRATOS

Para esta gráfica se tomó en cuenta todos los casos fiscales que no hayan sido archivados definitivamente hasta finales de diciembre de 2018.

*Entre los personajes que suscribieron los contratos más altos destaca Jorge Barata, quien firmó 7 proyectos de los cuales 5 son investigados por corrupción. A diferencia de los otros casos, Barata se encuentra hoy comprendido dentro del acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Ministerio Público peruano.

Desde el sector estatal, Raúl Torres y Néstor Palacios fueron quienes firmaron la mayoría de los contratos con el cartel Lava Jato. El primero dirigió Provías Nacional durante 10 años, incluido el periodo en que, según la Fiscalía peruana, las empresas del Club de la Construcción se repartían los contratos supuestamente arreglados. El segundo fue viceministro del MTC cuando firmó los 4 contratos de las carreteras interoceánicas otorgados al cartel Lava Jato. Luego, ya en el sector privado, Palacios fue representante legal del Consorcio Supervisión Gambetta, que vigiló la ejecución del mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta en el Callao (hecha por Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao), obra que terminó costando casi el doble de su valor inicial.

El empresario José Graña Miró Quesada, expresidente del directorio de Graña y Montero, la principal constructora peruana socia del cartel Lava Jato, está investigado por la presunta complicidad en el pago de 20 millones de dólares en sobornos a Alejandro Toledo a cambio de los tramos 2 y 3 de la IIRSA Sur. Pasó 4 meses en prisión preventiva hasta que el Poder Judicial decidió que enfrentara las investigaciones en libertad.

Esta investigación demuestra que en el escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica, el caso Odebrecht es el primer capítulo, todavía inconcluso, de la larga historia de Lava Jato, que recién empieza en nuestro país. Los sobrecostos que han podido conocer al leer esta nota indican que para las otras compañías el camino de la confesión, colaboración y reparación será largo y las revelaciones, sorprendentes.

Si los círculos al servicio de la corrupción no logran sabotear las investigaciones, el procesar culpas, confesiones, indemnizaciones, reformas corporativas monitoreadas, castigos atemperados por delaciones, despidos de corruptores; junto con el arresto, procesamiento, juicio y sentencia de los funcionarios venales, pondrá a prueba toda la capacidad de instituciones (como la fiscalía, el Poder Judicial) todavía severamente penetradas por su propia corrupción. Será un gran desafío para la sociedad entera, con etapas no solo contenciosas sino tóxicas mientras los culpables mantengan fuerza e influencia.

¿Vale la pena? Regresen al monto total de sobrecostos que se perdieron en el hoyo negro del dinero ilegal. Vean cuánto menos se debió haber pagado por lo mismo que tenemos. Lean de nuevo el cálculo de lo que pudo hacerse con el dinero que se perdió y digan entonces si no vale plenamente la pena llegar hasta el final del caso, de esta historia que, si termina bien, será la ruta a un país mejor.