La selva del Guaviare, la otra víctima del posconflicto


La selva del Guaviare, la que alguna vez fue el refugio de las Farc, está desapareciendo.

B ebe lento su café, mientras mueve los ojos hacia los lados como buscando un rostro entre los campesinos del único establecimiento abierto a esa hora de la noche. Dice que no tiene miedo, pero se le nota en el rostro. Habla con frustración.

—No es fácil decirle a la gente que no debe talar un árbol en su finca o, incluso, multarlos por eso. Ellos están acostumbrados a hacerlo desde hace años. La situación aquí siempre ha sido complicada, pero ahora es más difícil por ellos, usted sabe.

Se refiere a la disidencia de las Farc, también conocida como frente primero o Armando Ríos, la misma que ha sido bombardeada por las Fuerzas Armadas y que secuestró a un contratista encargado del programa de sustitución de cultivos ilícitos de la ONU, que luego liberó el pasado 6 de julio. Este grupo que ya no es la numerosa guerrilla que enfrentó al Plan Patriota, la mayor operación militar contra las Farc, sigue teniendo presencia en el Guaviare a través de las disidencias del frente séptimo y primero. Este último, según campesinos consultados, estaría cobrando un millón de pesos por hectárea de bosque talada.

—‘Ellos’ —dice el funcionario, que prefiere ocultar su identidad— están en donde hacemos vigilancia.

Y son `ellos` los que le impiden a ese funcionario hacer su trabajo: evitar la tala ilegal en 16.200 kilómetros cuadrados, una superficie casi tan grande como el departamento del Huila. Es una labor complicada porque no tiene oficina y cuando se desplaza lo hace en su propia moto. Sabe que, a la selva del Guaviare que en 25 años casi ha perdido un territorio cercano al tamaño de Risaralda (3.923 kilómetros cuadrados), solo puede ingresar acompañado por la Policía o el Ejército.

Esta imagen captada en la vereda Chaparral Medio, en el municipio de El Retorno, es un ejemplo de cómo está siendo perforada la zona de reserva forestal protegida por la ley. Foto: David Arango.

Con él son al menos 70 los funcionarios de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA) encargados de conceder permisos de tala, imponer multas e incautar madera en el mismo número de municipios. Si se tiene en cuenta que solo la jurisdicción de El Retorno, el más pequeño de los cuatro, equivale a 1.017 kilómetros cuadrados —casi el tamaño de la ciudad de Bogotá— se puede dar cuenta de que se trata de una labor imposible. Además, a la lucha de estos funcionarios contra la falta de recursos se suma la de evitar que los maten.

Eso sucedió el 27 de febrero de 2014 cuando un sicario le disparó por la espalda al geólogo de 48 años, Ricardo Molina Vargas, a la salida de su oficina en la CDA, en San José del Guaviare. La justicia no ha dado con el autor intelectual de ese homicidio, pero los compañeros del funcionario creen que su muerte está relacionada con el control que hacía de los títulos mineros.

Sin embargo, él no ha sido la única víctima. El pasado 4 de abril de este año, un soldado falleció y otros tres quedaron heridos tras ser atacados con explosivos, mientras acompañaban a un grupo de funcionarios de la CDA en zona rural de El Retorno. Las autoridades responsabilizaron al frente primero de las Farc del ataque. Hoy, a pesar del acompañamiento de la Fuerza pública, el puñado de funcionarios encargados de ser la autoridad ambiental en el Guaviare solo puede hacer control en áreas cercanas a los cascos urbanos porque recorrer el territorio que deben vigilar puede costarles la vida.

De pie, en el mismo lugar en el que fue baleado Vargas, César Méndez, director de la CDA, habla de las principales causas de la tala en el departamento.

—La mayor parte de la deforestación se debe a la construcción de vías terciarias, no porque destruyan los bosques, sino porque es por ahí que llegan los nuevos colonos. Le sigue la tala y quema para ganadería, y en tercer lugar, los cultivos de coca que han aumentado en el departamento. Esto ocurre en zonas con bosques que tardaron miles de años en crecer y que son el hogar de una flora y fauna única. Si seguimos así, la meta de cero deforestación para 2020 en la Amazonía colombiana, no se logrará.

Aunque parezca extraño, si bien el tráfico de madera es una parte lucrativa del proceso de la deforestación, para César Méndez, es el menor de los males debido a que la mayor parte de la madera del Guaviare se pierde en la intemperie.

—Ya no es tan lucrativo como antes porque involucra talar y transportar el producto a capitales como Villavicencio o San José del Guaviare —dice Méndez— el negocio real está en la tala de árboles para la ganadería extensiva. Ese es el mayor problema.

Un ejemplo de que se está perdiendo la guerra contra la deforestación en el Guaviare se puede ver cuando se atraviesa el puente sobre el río Unilla, el cual conecta el casco urbano del municipio de Calamar con la Reserva Forestal de la Amazonía, protegida por la ley 2 de 1959. Esta norma, que prohíbe la ganadería y solo permite aprovechar los bosques, con permiso de la autoridad ambiental se está incumpliendo. Pues ese territorio, que en los mapas oficiales aparece teñido de verde, es en la realidad una vasta extensión de potreros en los que pastan cientos de cabezas de ganado.

Tres kilómetros adentro de esa frontera invisible, en la que la disidencia cobra 30.000 pesos por cada cabeza de ganado, un árbol del tamaño de un edificio de 10 pisos es el único recordatorio de lo que alguna vez fue selva.

De regreso, un puesto de policía custodia día y noche el puente sobre el río Unilla, pues la disidencia de las Farc amenazó con dinamitarlo. Allí, un grupo de uniformados además debe repeler los disparos ocasionales que hacen los subversivos desde el otro lado de la orilla, deben revisar que cada vehículo que transporta madera porte el salvoconducto expedido por la CDA. Los policías dicen que no saben diferenciar entre los tipos de madera y que muchas veces han pedido, sin respuesta, apoyo de esa entidad para poder identificar si se tratan de especies maderables o en vía de extinción.

Tierra barata para nuevos colonos

—Aquí, usted puede comprar toda la tierra que quiera. Nadie se lo va a impedir.

La frase es de José Ibáñez, líder campesino de la vereda Patio Bonito, en el municipio del Retorno. Lo dice mientras camina sobre el tronco de un árbol carbonizado, uno de los rastros de la tala más reciente o ‘tumba’, como le dicen los campesinos. Con la concentración de la mayor parte de las Farc en las zonas veredales de Charras y Colinas, se fue aflojando el férreo sistema de multas que penalizaba con 5 millones de pesos a quien tumbara una hectárea de bosque. Esas normas preservaron a fuerza de fusil la selva como un corredor estratégico para esa guerrilla.

Hoy, esas hectáreas siguen teniendo un precio. Según pobladores de Patio Bonito, vereda cobijada por la ley segunda, con algo más de un millón de pesos cualquiera puede comprar una hectárea de tierra, que es más costosa entre menos bosque tenga. Esto ha motivado la compra sistemática de la zona de reserva sin una titulación formal, que estarían haciendo ganaderos de Arauca, Casanare y Meta.

Estos nuevos colonos se quedan con predios en zonas protegidas de más de 300 hectáreas sin que ninguna entidad los ponga en cintura. Sin embargo, ¿qué los motiva a comprar selva en zonas de reserva y en lugares tan alejados? Ibáñez lo resume en una palabra: expectativa.

—La mayor parte de la última tala fue causada por las personas que están colonizando la zona de reserva. Ellos esperan que algún día el Gobierno les dé un título por sus predios —cuenta.

Este uso de la reserva forestal es ilegal porque para talar el bosque se requiere un permiso de la autoridad ambiental. Para el exministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra si se va talar “el bosque se debe tener un permiso para una sustracción de la reserva y no se puede hacer nada sin esa autorización. Lo que pasa es que hay todo tipo de contradicciones”, dice.

Esas contradicciones quedan en evidencia cuando se revisa el censo bovino del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Las cifras muestran que del segundo semestre de 2015 al primero de 2016 se registraron en el Guaviare 281.611 animales, mientras que para el segundo semestre de 2016 y el primero de 2017 este número se elevó a 301.224, es decir aumentó en 19.613 bovinos. Cada animal esté o no en zona protegida debe ser vacunado contra la fiebre aftosa y cada dosis cuesta 950 pesos. Es decir, la ley prohíbe tener ganado en zona de reserva forestal, pero el Estado de manera indirecta les cobra a los que sí lo hacen.

A pesar de esto, Aldemar Gavilán Reina, asistente técnico del Comité de Ganaderos del Guaviare, dice que no se reportan todas las cabezas de ganado porque esos registros los usa la guerrilla y la delincuencia común para hacer extorsiones. No obstante, aclara que el aumento en la deforestación se debe a ganaderos que no conocen métodos pecuarios más productivos.

“Siempre se busca una mayor rentabilidad y por eso algunos ocupan cada hectárea con más de 1,5 cabezas de ganado, que es lo que la tierra soporta. Al tener tantos animales se cansa el pasto y eso obliga a talar más selva para mantener la misma ganancia”, explica Reina.

Estos factores sumados a la expectativa de titulación podrían explicar por qué en el último informe del Instituto de estudios Ambientales (Ideam) la cifra de hectáreas deforestadas en el Guaviare pasó de 9.634, en 2015, a 11.456, en 2016.

-Puede costar 500 mil pesos, incluyendo mano de obra y el pasto para sembrar. Imagínese cuánta plata invierten los que tumbaron 100 o 200 hectáreas de selva ¿usted cree que ese dinero lo tiene cualquier campesino?

Para convertir la selva en pasto hay que desatar un infierno: talar y quemar dos veces la misma zona. El resultado es una capa de ceniza que cubre troncos, ramas y deja el suelo negro. No hay aves y la tierra pierde toda su humedad. Lo que era un bosque, ahora se asemeja más a un cementerio. No es un proceso barato y solo se puede hacer en temporada seca: es decir, entre noviembre y febrero.

Eso es lo que se pregunta Ibáñez desde su finca en Patio Bonito, donde teme que se frustre su proyecto de crear una granja sostenible en la que con 20 hectáreas destinadas al cultivo de Asaí, Arazá, Sacha Inchi y Cacao, evite talar las 80 de selva que le quedan. La finca La Floresta, como la bautizó, recibió apoyo del Instituto Colombiano de Investigación Amazónica (Sinchi).

Así se ven la tala en la vereda Chaparral Medio, en el municipio del Retorno. La finca La Floresta se encuentra sitiada por talas masivas como la de esta imagen. Foto: David Arango.

Esa entidad creó en tres años un programa que involucró a 400 familias que dejaron de talar selva en El Retorno, Calamar y San José. Esta iniciativa logró proteger 1.600 hectáreas de bosque a través de actividades económicas que no fomentan la deforestación. Hoy, La Floresta es a la vez un ejemplo de una finca sostenible en zona de reserva forestal y una muestra de cómo se está atomizando el bosque en pequeños parches. En esta selva sitiada por los pastos, como la finca La Floresta, existen nacimientos de agua, riachuelos y se mantiene la humedad propia del bosque tropical.

-Si usted camina bien adentro —dice Ibáñez de pie sobre una roca al lado de una quebrada— alcanza a ver animales grandes. Yo mismo he visto nidos de aves y dantas, hay muchas por acá. ¿Cuántos colombianos se pueden dar el lujo de ver esto todos los días?

Abajo, el avance del riachuelo arrastra hojas y ramas. Ibáñez se emociona al decir que su pequeña selva aún alberga jaguares. El sonido unos monos lo interrumpe. Baja la voz.

—¿Qué va a pasar en la siguiente temporada de tala? —se pregunta.

¿Quién evitará la próxima tala?

Desde la publicación en junio de las cifras de deforestación en el país se dio inicio a una carrera institucional contra reloj por controlar las zonas de presencia histórica de las Farc, involucrar a las comunidades y evitar que la siguiente temporada seca (noviembre-febrero) se lleve por delante miles de hectáreas de bosque.

Mientras tanto, en el terreno, algunos campesinos se oponen a la tala masiva. Aunque la han denunciado, dicen que no han tenido apoyo de las autoridades. Uno de estos campesinos de la vereda Chaparral Medio, en el municipio de El Retorno y que prefirió ocultar su nombre, denunció ante la CDA la tala de 200 hectáreas en este territorio, que si bien no hace parte de la zona legal de reserva, sí registra una alta deforestación.

“A pesar de la denuncia, ellos siguieron tumbando. La gente les tiene miedo porque dice que son personas que ocupan esos terrenos, pero el dueño es otro. Uno denuncia y no pasa nada”, se queja.

Las otras denuncias sobre delitos ambientales las ha instaurado el Ministerio de Ambiente ante la Fiscalía General de la Nación. Esa entidad respondió un derecho de petición para esta investigación en el que aseguró que hay 18 investigaciones activas en el Guaviare, de las cuales 8 son atribuidas a la tala ilegal. No obstante, a la fecha no se han registrado condenas por estos delitos.

Por su parte, otros habitantes de esa vereda que se acogieron a los programas de sustitución de cultivos ilícitos del Gobierno se quejan de que están a merced de los grupos ilegales. De hecho, a menos de cinco kilómetros de distancia de esa vereda se encuentra La Paz, un caserío cercano al parque nacional Nukak en el que la disidencia del frente primero de las Farc se está concentrando.

Sobre el reto de crear confianza con las comunidades en territorios de alta deforestación luego de años de conflicto armado, el ministro de medioambiente, Luis Gilberto Murillo, propone el combate de las mafias que están detrás de la compra de tierras y que amenazan a las comunidades. Por eso, la solución del Gobierno ha sido crear una mesa presidida por la Alta Consejería para el Posconflicto y el Ministerio de Medio Ambiente, en la que los Ministerios de Minas y Energía, Transporte, Agricultura y entidades de control ambiental, formulen políticas para reducir la desforestación. Según el decreto 1257 de este año, esta mesa buscará “una gestión adecuada para la protección de bosques naturales”.

Estas entidades discutirán sobre las licencias mineras en la Amazonía, la deforestación y los cultivos ilícitos, que pasaron de 96.000 a 146.000 hectáreas en todo el país, según reportó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

“La idea es hacer políticas coherentes para evitar la presión de la deforestación sobre la Amazonía. Para las zonas que ya están deforestadas hemos pensado en una pequeña titulación condicionada con miras a proteger los bosques. Así mismo, quienes ya estén asentados tendrán apoyo para proyectos silvopastoriles. En las partes más deforestadas, revisaremos la naturaleza de la tenencia de la tierra”, explicó el ministro Murillo.

25 años de hectáreas perdidas en el Guaviare

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam)

Además, el Ministro aseguró que en esa estrategia se convocará a la Gobernación del Guaviare. Dicha entidad, fue denunciada por la CDA en febrero de 2017 por usar maquinaria para ampliar ilegalmente el trazado Miraflores-Calamar. Esa vía comprende aproximadamente 104 kilómetros, que según las autoridades, fueron abiertos para el tránsito de coca desde el sur del país hace 30 años por las Farc. La CDA indicó que con la nueva apertura de esa vía se le habrían quitado a la selva más de mil hectáreas de bosque, debido a que particulares han ocupado predios en ambos lados de la vía.

Consultado sobre el tema, el gobernador del Guaviare, Nebio Echeverry Cadavid, desmintió la acusación y recalcó que el departamento necesita inversión en su malla vial.

“Si el Gobierno y los entes ambientales dejaran hacer la vía, sería una gran ayuda. Es un municipio muy grande, hay ganado, yuca, hay de todo, pero el campesino no puede sacar nada porque no tiene cómo. La CDA es la responsable de prohibir la tala. Yo soy el gobernador, pero ellos son los que manejan el tema”, dijo Echeverry y sostuvo que el control de la deforestación debe hacerse a través del Ejército y la Policía.

“Ellos son los que deben combatir al frente primero en Miraflores porque nosotros no podemos llegar allá. Desde Bogotá critican que nuestro modelo de desarrollo para el departamento sea agricultura y ganadería, ¿pero entonces el campesino de qué va a vivir?”, dice el gobernador.

La financiación para que los campesinos dejen de talar selva se hará a través del programa Visión Amazonía, que canaliza recursos de Reino Unido, Noruega y Alemania y busca reducir la deforestación a cero para el año 2020. En este 2017, esperan invertir cerca de 23 millones de dólares en proyectos para que las comunidades protejan el bosque sin retirarse de los territorios que ya ocupan.

Esa es la única solución que para las Farc, hoy en tránsito a la vida civil, reducirá la deforestación.

“El campesinado pudo haber deforestado mucho más si hubiese querido, pero no lo hizo. ¿Por qué? La selva que se ha cuidado es gracias a las comunidades. Además, hay que entender que donde no hay carreteras, no hay Estado y parar la deforestación significa pensar en bosques con gente que viva dentro de ellos”, explicó ‘José Sáenz’, miembro de las Farc, desde la zona veredal de Charras.

Una tenaza sobre el Chiribiquete

Un repaso por los mapas publicados por el Ideam muestra una curva conocida como el ‘arco de la deforestación’, que se extiende desde la frontera con Ecuador, en el Putumayo, hasta el centro del Guaviare. Esa línea de cientos de kilómetros está aislando al mayor parque nacional de Colombia, el Chiribiquete, del parque Serranía de la Macarena y Nukak. Lo que por siglos fue un corredor para especies selváticas hoy está siendo ocupado por el ganado.

Así fragmenta la deforestación a los bosques

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El Chiribiquete, con casi 3 millones de hectáreas de selva virgen, fue en la década de 1980 el lugar elegido por Pablo Escobar para poner su mayor laboratorio de cocaína, ‘Tranquilandia’. Hoy esos bosques están siendo cercados por frentes de colonización que estarían a menos de diez kilómetros del parque.

“Colombia, a mi juicio no está en la capacidad de detener solo con política ambiental la deforestación. Se debe pasar a una acción mucho más concreta, más robusta de control y vigilancia real, que es muy difícil de lograr por los costos que tienen para el país estas zonas. El Chiribiquete es un patrimonio enorme que todavía no hemos logrado visibilizar en su justa dimensión”, explica Carlos Castaño Uribe, exdirector de Parques Nacionales y quien contribuyó a la delimitación de ese parque.

La importancia del Chiribiquete, está más allá de las imágenes de montañas que se alzan en medio de la selva, vestigios del Escudo Guayanés también conocidos como Tepuyes, o del caudaloso río Apaporis, retratado en la película ‘Colombia Magia Salvaje’. Durante décadas esta enorme extensión de selva ha tenido poca actividad humana y debido a su geografía única, se presume que allí habiten especies desconocidas por la ciencia. Una revisión al Sistema de Información sobre la Biodiversidad (SIB) muestra que la mayor parte de las especies documentadas en el Guaviare se han encontrado en zonas que ya están deforestadas, mientras que en los bosques cercanos al parque estos registros son casi inexistentes.

Otra de las razones para proteger al Chiribiquete es que allí residen comunidades de indígenas no contactados que, como lo explicó el fallecido antropólogo colombiano Roberto Franco en su investigación, ‘Cariba Malo’, son grupos humanos nómadas que han tomado la “autodeterminación de evitar el contacto con la sociedad”. Esas comunidades, que serían de la etnia Karijona, corren el riesgo de desaparecer si la deforestación sigue presionando al Chiribiquete.

“Durante los últimos 700 y 800 años los karijona fueron muy numerosos. Reportes del siglo XVII hablan hasta de 40.000 indígenas. Esas poblaciones sufrieron el genocidio cauchero que casi las aniquiló y hoy solo nos quedan 18 familias fuera del Chiribiquete, mientras que adentro del parque, no sabemos cuántos puedan ser. Por eso, hay que alinear los intereses locales, regionales y nacionales. Hace falta una política de Estado para la conservación de todo el Amazonas y de estas personas”, explica Castaño Uribe.

Hoy, las reses que merodean la construcción y las avispas que hicieron sus nidos en el techo son los únicos visitantes de esta escuela, ubicada en uno de los departamentos que más han padecido el conflicto armado colombiano y en el que históricamente grupos al margen de la ley han practicado el reclutamiento de menores.

El único salón de la escuela tiene libros y cuadernos regados por el suelo. Se pueden ver instrumentos musicales oxidados por la humedad. Las ventanas están rotas y las hormigas recorren las paredes. En un estante se encuentran los trofeos de partidos de fútbol ganados y una pequeña biblioteca con libros de Shakespeare y Cervantes. En una de las paredes se encuentra colgada una vieja pancarta con el himno del Guaviare. Las estrofas describen inmensas selvas recorridas por animales y cazadores. Hablan de exuberancia y riqueza. Son imágenes que contrastan con la realidad que se puede ver a través de la ventana de la escuela, donde la mirada se pierde en una sabana infinita.

La escuela La Gaitana, en Calamar, se encuentra abandonada por falta de estudiantes. No obstante, algunos profesores aseguran que la escuela La Esmeralda, a la que hoy asisten solo siete alumnos, correrá el mismo destino.