04.El auxilio financiero que atornilla aliados

Los fondos recibidos en varios países facilitaron la exportación del llamado Socialismo del Siglo XXI y la instauración de grupos políticos que se sirvieron de cuestionados programas sociales. Pese a los multimillonarios recursos gastados, no siempre quedaron beneficios sostenibles y con la caída de los precios petroleros se expuso la fragilidad del modelo.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, escuchó complacido cuando Jorge Arreaza, canciller del gobierno de Nicolás Maduro, afirmó en Managua que los revolucionarios venezolanos estarían dispuestos a ofrendar sangre para defender la soberanía y la independencia nicaragüenses. La ofrenda, retórica o no, podía contarse como un añadido a una ayuda concreta de la que sí ha dispuesto el gobernante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la última década: los préstamos petroleros del gobierno de Venezuela que le permitieron contar con más de 3.760 millones de dólares que le permitieron impulsar proyectos sociales y socioproductivos, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN).

El flujo de los créditos, aunque menor después de los días boom de los hidrocarburos, no ha desaparecido ni siquiera cuando el país suramericano vive lo que ya es considerada la peor crisis económica y social de su historia y a propósito de la cual el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en una resolución sin precedentes urgió a Maduro a aceptar ayuda humanitaria internacional para sus compatriotas en septiembre de 2018.

Arreaza dio el discurso dos meses antes, justo después de terminado el primer semestre de ese año. En ese período el gobierno venezolano entregó 9,2 millones de dólares en préstamos a Nicaragua, cifra modesta pero que formaba parte del caudal multimillonario que hizo del gobernante un verdadero privilegiado en el trato de Maduro y su antecesor, el difunto Hugo Chávez, quienes le dispensaron de una base económica que le permitió consolidarse políticamente gracias al manejo discrecional de las ayudas sociales.

“Sepa, presidente Daniel Ortega, que si el pueblo bolivariano, los revolucionarios de Venezuela, tuviésemos que venir a Nicaragua, a defender la soberanía y la independencia nicaragüense, a ofrendar nuestra sangre por Nicaragua, nos iríamos como Sandino, a la montaña de la Nueva Segovia” — Jorge Arreaza, canciller de Venezuela

El primer empujón en el marco de esa estrategia, que permitió a los gobernantes de Caracas ganar un fiel aliado diplomático, ocurrió cuando Ortega era aún candidato a las elecciones presidenciales de 2006. El ex comandante del FSLN había ejercido presidencia de Nicaragua entre 1980 y 1990, pero no había podido retornar al cargo después de tres intentos. Siete meses antes de los comicios de noviembre, fue invitado de honor de Chávez en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas durante la firma de un convenio entre PDV Caribe, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic), controlada por el partido de Ortega. El acuerdo permitió el envío de 82.000 galones de diesel a los alcaldes sandinistas, que lo distribuyeron entre transportistas, agricultores y ganaderos a falta cuatro semanas para  los comicios.

La operación se logró a través de la empresa Alba de Nicaragua cuya constitución fue acordada en ese acto como una sociedad entre la petrolera y las municipalidades. La compañía tenía el objetivo de ser la ejecutora local de Petrocaribe, el programa estrella de cooperación mediante el cual se vende petróleo con créditos preferenciales en el Caribe y de América Central. El acuerdo fue una punta de lanza de una estrategia de apoyo que en su momento llevó al gobierno del controversial presidente nicaragüense Enrique Bolaños a denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un “desafío intervencionista” y “compra de votos” por Venezuela.

El ejemplo de Nicaragua está lejos de haber sido una excepción en la región, donde los créditos petroleros venezolanos ayudaron a catapultar o consolidar en el poder a aliados políticos de Chávez y Maduro.  La evidencia recogida en esta investigación periodística de #Petrofraude indica que los convenios energéticos y de cooperación constituidos a partir de 2005 facilitaron las campañas de gobernantes, como el nicaragüense, quienes retribuyeron a Chávez en su momento y luego a Maduro para expandir su influencia.

Así como ocurrió con Ortega y el FSLN, el fallecido Hugo Chávez activó el convenio de Petrocaribe en El Salvador en la misma reunión del palacio de Miraflores con los alcaldes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador. Con ello le dio al partido respaldo para su carrera de ascenso coronada con la victoria de Mauricio Funes en las elecciones presidenciales de marzo de 2009 y en la posterior elección de Salvador Sánchez Cerén cinco años más tarde. A las acusaciones de influir en los procesos internos, Chávez siempre respondió negativamente y acusó a los presidentes en ejercicio que lo criticaban de negarse a recibir la ayuda venezolana.

El factor de la cooperación originada en Caracas en campañas en el Caribe también ha jugado un papel. Un ejemplo ocurrió con Thimothy Harris, primer ministro de San Cristóbal y Nieves, quien prometió una inyección millonaria a un fondo de protección del gremio de los azucareros y cumplió después de ser elegido en 2014 con un desembolso venezolano. Gaston Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda, un día antes de los comicios para su reelección, en marzo de 2018,  anunció que el gobierno de Venezuela había perdonado la mitad de la deuda con Petrocaribe, lo que supuso más que un guiño a un electorado a punto de movilización.  

En sentido contrario operaron los recortes de la ayuda, como sucedió en Belice, donde el primer ministro Dean Barrow convocó a elecciones anticipadas en 2015 antes que esperar la fecha correspondiente en medio de un clima que se le hacía adverso para su tercera reelección debido a la disminución de las ayudas petroleras que le habían amparado, según reportes locales.

Grandes aliados de Chávez y Maduro como los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas, y Rooselvelt Skerrit, de Dominica, han podido mostrar una y otra vez en campaña como logros de gestión los proyectos desarrollados con el apoyo de Pdvsa, lo que ha sido una de las variables que les ha ayudado a mantenerse en el poder por períodos que han superado la década. Gobiernos que incluso comenzaron antes de la creación de los convenios energéticos que luego vinieron a darles espaldarazos.

 Esta investigación periodística de #Petrofraude logró identificar al menos 140 programas sociales en 12 países beneficiados con los acuerdos petroleros. Reparto de alimentos, animales de cría y cocinas; distribución de gas doméstico gratuito o con precios preferenciales; subsidios para ancianos y desempleados; becas escolares, microcréditos a jóvenes emprendedores; ventas preferenciales de energía eléctrica e incluso desembolsos para uso discrecional formaron parte de la lista. Nada pareció ajeno a las posibilidades de la cooperación hacia el exterior que paradójicamente hoy se niega al interior de Venezuela.

Muchos de los programas podían ser rotulados con la etiqueta de asistencialismo. En un informe de rendición de cuentas de Pdvsa de 2010, quedó plasmada la inquietud existente en la corporación por el hecho de que no todas las iniciativas vinculadas con la plataforma se orientaban a la “superación de la pobreza”. Los reportes oficiales de Petrocaribe, en cambio, han reivindicado logros sociales y económicos sostenibles y duraderos. Más allá de eso, las ayudas expandieron como virus un dilema de la Venezuela petrolera: la dependencia del bienestar colectivo a los vaivenes de la cotización del mercado de los hidrocarburos.

Beneficios selectivos

El cese del boom petrolero hizo que Nicaragua sufriera un corto circuito en las cuentas de la cooperación, pero en los días cuando llovía el maná venezolano nadie disimulaba la búsqueda de réditos políticos para Ortega. El tono proselitista, por ejemplo, predominó en un acto del programa 200.000 Cocinas y 200.000 mil Cilindros para el Pueblo celebrado el 25 de octubre de 2008 en la Casa Presidencial de Managua con presencia de Ortega y Murillo a falta de un par de semanas para los comicios municipales que eran claves para afianzar el piso político de la pareja.

“Le decimos a nuestro Presidente que confíe en nosotras y que este 52 por ciento que tenemos de mujeres lo vamos a incrementar ¡y lo vamos a demostrar este 9 de noviembre votando en la casilla 2!”, afirmó Dalila Lanzas, quien habló en nombre de las beneficiarias de la iniciativa desarrollada con cargo al Fondo Alba Caribe, de acuerdo con documentos obtenidos para #Petrofraude. El fondo había sido creado bajo la sombrilla de Petrocaribe para impulsar programas sociales y se había activado con un capital semilla de 50 millones de dólares aportados por Venezuela.

Según la documentación de Pdvsa recopilada por #Petrofraude, antes de 2010 se habían desembolsado cuatro millones de dólares de los 8,2 millones de dólares presupuestados. Los resultados, sin embargo, no hicieron honor al nombre del programa porque solo se entregaron 25.100 cocinas y cilindros entre 2007 y 2009 según balances divulgados por el BCN, institución que recibió presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacer más transparentes las cifras de la cooperación. La cantidad apenas superó 10 por ciento de la meta que se sugería en el título de la iniciativa.

Al acto de entrega de cocinas en Managua, asistió Carolina Torras, auditora del Fondo Alba Caribe, según una transcripción del evento. La empleada de Pdvsa prometió evaluar el desempeño del programa y comunicar los resultados a los “niveles correspondientes”, pero de las conclusiones de sus exámenes contables no quedaron registros públicos.

Los recursos canalizados a través de ese Fondo Alba Caribe fueron apenas una fracción de lo ejecutado en Nicaragua. Meses después de alcanzar la presidencia, Ortega firmó un nuevo convenio con Chávez en el cual acordaron que 25 por ciento de la factura petrolera sería considerada préstamo no reembolsable. La cláusula era un privilegio que no figura en el modelo de Petrocaribe. Los recursos derivados de esa disposición debían destinarse a obras sociales, que recibirían un empuje financiero inédito.

En el mundo diplomático se tomó nota de las características de la cooperación. “Los fondos venezolanos vienen sin condiciones establecidas, lo que permite al presidente Ortega distribuirlos a su discreción. Eso hace que (…) sean mucho más útiles desde el punto de vista político que los (…) tradicionales de los donantes que incluyen condiciones, supervisión y revisión”, se consignó en un cable oficial del 3 de diciembre de 2008 y que quedó en evidencia tras la filtración divulgada por Wikileaks.

“Los fondos venezolanos vienen sin condiciones establecidas, lo que permite al presidente Ortega distribuirlos a su discreción. Eso hace que (…) sean mucho más útiles desde el punto de vista político que los (…) tradicionales de los donantes que incluyen condiciones, supervisión y revisión” — Wikileaks.

El convenio de Ortega y Chávez estableció reglas para los componentes que sí eran reembolsables: 25 por ciento de la factura podía ser pagado en un máximo de 25 años con intereses de dos por ciento anual y el restante 50 por ciento tenía que cancelarse en efectivo en plazos de hasta 90 días. El gobernante sandinista insistió en no pagar con dinero esa porción de corto plazo sino con alimentos despachados por Alba de Nicaragua, la empresa binacional creada en 2006 y modificada dos años más tarde para sustituir a las municipalidades como socia de Pdvsa por otra entidad pública: la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic).

Fuera de las prioridades

Las autoridades nicaragüenses no fijaron ni la educación, ni la salud, dos áreas clave de los programas de asistencia internacional, como sectores prioritarios para la asignación de recursos de los derivados de esta singular cooperación de los préstamos venezolanos. Esa fue la conclusión de un examen de los informes sobre cooperación foránea que publica el BCN realizado para #Petrofraude.

Los datos desagregados al respecto solo se hicieron disponibles desde 2010. Un total de 1.102 millones de dólares fueron dirigidos a programas sociales y otros 1.784 millones a proyectos socio-productivos entre ese año y 2017. En las categorías de atención educativa y sanitaria, incluido el sector agua, se invirtieron 73,6 millones de dólares, cifra que representó menos de uno por ciento del total correspondiente al período.

El resto de los programas han tenido un arco diverso de fines, pero los más promocionados se destinaron a la distribución de alimentos y animales de cría, al subsidio de la electricidad y el transporte, al pago de complementos mensuales para ancianos y trabajadores de baja remuneración y a la construcción de calles y viviendas.

El enfoque de reparto clientelar de algunas de esas iniciativas se puede ejemplificar con el Bono Solidario, el cual fue etiquetado como proyecto socio-productivo. A través del programa se entregaba un monto de 23 dólares mensuales a 150.000 trabajadores del sector público con bajas remuneraciones y un aporte de 32 dólares mensuales a 4.000 ancianos. En cuatro años se repartieron 223 millones de dólares. Desde 2014, el bono pasó a ser financiado por el presupuesto nacional con una consecuente disminución de beneficiarios.

Algo semejante ha ocurrido con otros subsidios como el de la tarifa eléctrica y del transporte en Managua. Alba del Carmen Castillo, una vecina de 78 años de edad de la comarca de Sábana Grande, en la capital nicaragüense, ahora tiene que buscar 4,5 dólares adicionales al mes para pagar el servicio de energía, que desde 2008 había sido subsidiado para 94 por ciento de los hogares del país. Ortega anunció a principios de año que esa ayuda desaparecería gradualmente hasta ser eliminada por completo en 2022.

Al ascender al poder, el dirigente del FSLN encontró un país en el que eran frecuentes los apagones. Chávez activó una rápida operación de apoyo con el envío de plantas de emergencia cuyo costo de operación era muy elevado para ser pagado íntegramente por los consumidores. El presidente nicaragüense con la ayuda, logró revertir las dificultades de suministro como había prometido en campaña. Los equipos enviados por Venezuela sirvieron de activos para la constitución de la empresa Alba Generación, que se convirtió en la principal fuente de electricidad del país. El gobierno aunque logró mejorar la continuidad del servicio y el aporte de electricidad basado en fuentes renovables, aún no ha logrado resolver romper la dependencia con los energías fósiles de las que se obtiene todavía aproximadamente 64 por ciento del suministro.

El subsidio al combustible para el transporte público también comenzó a ser eliminado gradualmente a partir de 2015 salvo en Managua. El plan que había estado vigente desde 2008 y había abarcado a taxis y a colectivos, cuyos conductores disponían de tarjetas electrónicas a través de las cuales se controlaban los galones con descuento por el aporte oficial. Solo en el primer año de aplicación del subsidio, fueron gastados aproximadamente 50 millones de dólares.

Bajo ese contexto de eliminación de ayudas, Ortega enfrenta las protestas que comenzaron en abril de 2018 y que habían dejado al menos  325 fallecidos hasta octubre según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las manifestaciones comenzaron por una propuesta de reforma a la seguridad social que cargaba a trabajadores y empresas con mayores cotizaciones. La represión inicial hizo que el cuadro empeorara.  Muchas de las muertes han sido atribuidas a fuerzas de seguridad y a grupos paramilitares que son vinculados a Ortega, lo que ha sido negado por él. El apoyo diplomático de Caracas se ha expresado en la situación y en el discurso de Maduro y funcionarios como Arreaza que no han visto violaciones de derechos humanos del gobierno ni malestar sino una conspiración para sacar al sandinista del poder.

Mientras la solidaridad recíproca ocupa los discursos, el dinero fluye. Entre 2015 y 2018 los préstamos de Pdvsa han superado los 470 millones de dólares. En esos años, el deterioro de la situación y económica de Venezuela ha sido relampagueante. Basta recordar las inflaciones anuales del periodo: 180 por ciento en 2015; 275 por ciento en 2016 y 2.600 por ciento en 2017 y más de 1.000.000 por ciento en 2018 según el FMI.

Logros en perspectiva

Chávez en la cumbre de Puerto La Cruz, Venezuela, en la que se creó Petrocaribe, ratificó la visión que tenía del acuerdo energético. En sus palabras, los proyectos sociales enmarcados bajo el convenio debían “empoderar de derechos” a las poblaciones de los países beneficiarios, ayudar a la “superación de la pobreza” y garantizar la “disponibilidad y accesibilidad a la salud, la educación y al microfinanciamiento de cooperativas, pequeñas y medianas industrias”, entre otros objetivos.

Cinco años después, las memorias de gestión de PDV Caribe, la filial de PDV creada para la gestión de los convenios energéticos en países caribeños y centroamericanos, apuntaban entre sus obstáculos algunos hechos que contradecían el discurso oficial y los principios que motivaron la estrategia social de la plataforma energética.

“Los proyectos e iniciativas sociales impulsados por los gobiernos de algunos de los países adscritos al acuerdo Petrocaribe no están orientadas hacia la superación de la pobreza, de manera sustentable” se señaló en el informe de la empresa de 2010, en el cual se dejó asentado que no existían normas de carácter vinculante en el convenio para prevenir ese tipo de prácticas. “Estas propuestas en su mayoría no han sido formuladas con una visión de desarrollo socio-productivo, sino que más bien, tienden sólo a soportar las políticas asistenciales tradicionales”, se añadió.

En el documento se mencionó “la falta de compromiso de algunos países” para “aportar la información” que permitiera hacer el seguimiento de los proyectos sociales financiados con el Fondo Alba Caribe y con los recursos generados con los préstamos a largo plazo de la factura petrolera. Estos últimos son gestionados de manera autónoma por cada país beneficiario y representan la principal fuente de dinero para impulsar proyectos.

Además de esos dos canales, el convenio tiene otros mecanismos de inversión social como el Fondo Alba Alimentos, destinado a proyectos de seguridad alimentaria; y los Fondos Bilaterales, establecidos por separado entre Venezuela y algunos miembros de la alianza. Una última fuente procede de la gestión social ejecutada directamente a través de las empresas binacionales equivalentes a Alba de Nicaragua que fueron creadas en asociaciones de PDV Caribe con instituciones estatales de 12 países. En suma, todo constituye un sistema complejo de flujos de dinero caracterizado por su poca transparencia.

Una pista sobre cuánto se avanzó en la aplicación de correctivos quedó reflejada en el informe de 2015 del Comisario Mercantil de Pdvsa, una figura que vigila por el adecuado cumplimiento de la estrategia de la corporación. En el texto se señaló que se adelantaba una evaluación de los convenios energéticos que tenía entre otros fines el siguiente: “Verificar los proyectos sociales llevados a cabo y por ejecutar en los países miembros con el financiamiento del Fondo Alba Caribe”. Nada se mencionó sobre los proyectos relacionados con los financiamientos a largo plazo ni con los vinculados a los restantes mecanismos de financiación.  Tampoco se ofrecían detalles de los primeros resultados de esa evaluación.

Las observaciones presentadas en los documentos anteriores contrastan con el contenido de los escasos informes de gestión de Petrocaribe disponibles al público. El de 2015, correspondiente al décimo aniversario de la plataforma, resume un conjunto de éxitos entre los cuales el primero refiere al logro de un esquema accesible de seguridad energética para los beneficiados, lo cual fue especialmente importante en la época cuando los altos precios del petróleo hicieron fuerte presión sobre las economías importadoras.

“La palanca energética que brinda el acuerdo Petrocaribe ha contribuido enormemente al avance en materia de derechos sociales, económicos y culturales”, se señala en el capítulo referido a los logros económicos y sociales de la alianza. Se destaca allí el apoyo a 488 proyectos, incluidos programas sociales y obras de infraestructura, los cuales no son especificados uno por uno. La mayoría de ellos, 128, fueron para el sector vivienda y vialidad, según se explica. El texto hace énfasis en la importancia de los proyectos y subsidios relacionados con alimentación y agricultura y con el acceso a servicios como electricidad, gas doméstico, combustibles y agua, los cuales han protegido a sectores vulnerables de la población, de acuerdo con el informe. Aunque no se señala de modo específico, el apoyo en la atención de desastres naturales, en una región especialmente expuesta a huracanes, ha sido uno de los ejes del trabajo.

En el informe se señala además que la membresía a Petrocaribe y al paraguas de la cooperación venezolana permitió a los beneficiarios capotear el temporal de la crisis financiera de 2008, que tuvo un impacto económico global. El enfoque de selectividad política y la poca claridad en la rendición de cuentas deja muchas dudas sobre la efectividad de los fines anunciados para el acuerdo.

De campaña continental

“Llegó la hora de construir patria. Eso estamos haciendo con este primer paso”. La frase la pronunció José Luis Merino en octubre de 2013 al anunciar la creación de la Fundación Alba, y parecía un mea culpa. Merino, uno de los máximos dirigentes del FMLN, partido en el gobierno en El Salvador desde 2009, celebraba el nacimiento de la Fundación seis años y medio después de que había iniciado la venta financiada de combustibles venezolanos a través de Alba Petróleos de El Salvador (Albapes).

La empresa había sido creada, según se había explicado, justamente con el objetivo de “construir patria”, pero hasta entonces había escasas muestras de financiamiento a programas sociales.  El aporte había sido disperso y con el tradicional modelo de reparto: patrocinio de torneos deportivos, reparaciones en escuelas, becas para estudios universitarios y préstamos a empresas relacionadas.

Todos esos apoyos carecían de atadura a alguna política pública o programa especial del gobierno y no eran claros los criterios de selección de los beneficiarios. "Los programas que hoy la fundación asume son programas que ya inició Alba Petróleos y en un esfuerzo por ordenarlos, concentrarlos y hacerlos más eficientes es que se crea la Fundación Alba", explicó a la prensa.

Albapes nació como resultado de la sociedad entre PDV Caribe, con el 60 por ciento del capital, y una asociación de municipalidades del FMLN  que lleva el nombre de Enepasa, con el 40 por ciento restante.

El gobierno de Chávez no quiso activar en El Salvador Petrocaribe con la interlocución del gobierno nacional que en 2006 no estaba en manos del FMLN, un partido afín. La exguerrilla, que en 1992 dejó los fusiles para lanzarse a la vida política democrática, había logrado importantes avances en gobiernos locales y escaños en la Asamblea Nacional, pero arrastraba fracasos en la lucha por la presidencia en 1994, 1999 y 2004. Después del nacimiento de Albapes, transcurrieron tres años para que en 2009 el FMLN rompiera la racha de derrotas en las presidenciales.

El lanzamiento de la Fundación Alba, ese miércoles 30 de octubre de 2013, se desarrolló en el Centro de Ferias y Convenciones sobre una tarima decorada para simular un salón de clases. Entre los que presidían la mesa, además de Merino, estaba el vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, un ex comandante guerrillero que había asumido ese cargo en 2009, junto al presidente Mauricio Funes, un periodista con altos niveles de popularidad y ajeno al pasado guerrillero y revolucionario del FMLN. 

Sánchez Cerén, en esa ocasión, llevaba otra camiseta puesta: la de candidato presidencial. Los afiches con su sonrisa congelada y la frase “Adelante” invadían ya las calles como parte de la campaña para las elecciones del 2 de febrero de 2014.

En el escenario había niños y niñas en pupitres con una computadora blanca. Algunos curioseaban asombrados la maquinita, otros cumplían su papel de actores o actrices y sonreían a las cámaras tocando los equipos que tenían pegada al frente una calcomanía con el logotipo de la Fundación Alba. Esas computadoras ilustraban lo que Merino iba a anunciar: que la fundación entregaría 4.000 computadoras como esas al Ministerio de Educación.

El año escolar estaba agonizando y su cierre era el 12 de noviembre, y también la carrera presidencial estaba entrando a su etapa final. La Fundación Alba se las arregló para hacer otros tres actos similares antes del cierre del ciclo educativo, en los que también participó Sánchez Cerén. Esos actos ayudaban a Sánchez Cerén a empujar una de sus banderas proselitistas más atractivas: la promesa de que en su gestión implementaría el programa  “Un Niño, una Computadora”.

En abril de 2015, cuando ya era presidente, el programa se lanzó oficialmente y se rebautizó con un nombre más inclusivo: “Un niño, una Niña, una Computadora”. El presidente entonces hizo un anuncio de una meta para final del año: la entrega de 50.000 aparatos. Merino acompañó por muchos sábados al presidente al Festival de “El Buen Vivir” para entregar equipos u otros donativos de la Fundación Alba, como instrumentos musicales para escuelas o motocicletas para la policía.

El objetivo no se cumplió al final de ese año, sino tres años después según reconoció el gobernante en el informe presidencial de junio de 2018 en el que afirmó que finalmente se habían distribuido 54.000 equipos con un presupuesto de 28,2 millones de dólares en la mitad de los centros escolares del país. Del monto total, Albapes aportó aproximadamente 4,3 millones de dólares que solo representó 15 por ciento de la inversión. El resto fue aportado gracias a la cooperación de países como Japón, Corea y Taiwán y de otras organizaciones y empresas privadas. 

Los 54.000 aparatos entregados desmintieron el nombre del programa “Un niño, una niña, una Computadora” en un país donde solo en la educación pública tiene 800.000 estudiantes. El ministro de Educación ya admitió que el rótulo es impreciso, que los equipos son herramientas para compartir en las escuelas y que no habrá una para cada estudiante.

El plan de las computadoras ha sido el único aporte de los dividendos de Albapes que se incorporó a una política pública gubernamental en El Salvador, según la evaluación hecha para #Petrofraude. El examen de las cuentas de la empresa muestra que las contribuciones sociales han sido menores que el dinero enviado a paraísos fiscales.

Los montos manejados por la compañía han sido millonarios, según ha admitido Merino. "Hay señores que se han asustado porque Alba Petróleos empezó a operar hace sólo seis o siete años con un millón de dólares y hoy dicen que tiene 400 millones”, comenzó Merino. “Queremos corregírselos: son 800 millones y están en función de cambiarle la vida a los salvadoreños”, añadió, en la ceremonia de lanzamiento de la fundación.

“Hay señores que se han asustado porque Alba Petróleos empezó a operar hace sólo seis o siete años con un millón de dólares y hoy dicen que tiene 400 millones. Queremos corregírselos: son 800 millones y están en función de cambiarle la vida a los salvadoreños” -José Luis Merino

Aunque Alba Petróleos se ha rehusado a transparentar sus finanzas ante la ciudadanía e incluso ante instituciones como la Asamblea Legislativa de El Salvador, algunos hechos han sido cuestionadas por la Corte de Cuentas de este país centroamericano.  La institución determinó que habían transcurrido siete años sin que las alcaldías de Enepasa, como socias e inversionistas de Albapes, recibieran dividendos, a pesar de que sí había reporte de utilidades.  Publicaciones periodísticas de medios salvadoreños como El Faro, El Mundo y La Prensa Gráfica han documentado que, por el contrario, se apostó a invertir en proyectos fallidos de decenas de empresas relacionadas.

También se han destinado recursos, por ejemplo, para el pago de pasivos laborales de empleados de las comunas. Así ocurrió con Francisco Castaneda, actual viceministro de Educación, y quien en 2012 era vicepresidente de la junta directiva de Albapes en su calidad de alcalde de San Sebastián Salitrillo. Ese año gestionó un préstamo de medio millón de dólares de la empresa binacional para pagar deudas pendientes con el fondo de pensiones y el seguro social de los trabajadores. Para ese momento, Albapes era presidida por Asdrúbal Chávez, primo del difunto presidente venezolano. Hoy la compañía ha reclamado la devolución del dinero con intereses a la comuna, en el presente gobernada por un alcalde de Arena, partido rival del FMLN.

Un tejido resistente

Más allá de Centroamérica, los financiamientos petroleros también han sido instrumentalizados para fines políticos. El dinero ha acompañado la gestión de partidos y dirigentes que han contado con prolongados períodos de gobierno. Entre ellos están dos que se consolidaron como aliados centrales de los gobiernos de Chávez y Maduro: Roosevelt Skerrit y Ralph Gonsalves quienes han sido primeros ministros de Dominica y San Vicente y las Granadinas desde 2005 y 2001 respectivamente.

El partido Dominica Labour Party de Skerrit publicó un folleto de plan de gobierno para las elecciones de 2014 en el cual detalla proyectos logrados gracias a la cooperación de Petrocaribe y el ALBA y promete su continuidad. En el aparte dedicado a la Relaciones Exteriores se incluía un párrafo clave: “Los beneficios asociados a esos acuerdos incluyen el acceso a productos petroleros a bajo precio; a 11 millones de dólares para financiar la Revolución de la Vivienda; donaciones para la recuperación de la afectación de huracanes, para el Plan Nacional de Seguridad, para la construcción de defensa marítimas, para la diversificación de la agricultura, para la infraestructura turística, para becas escolares y las reformas del aeropuerto de Melville”. La rápida enumeración no dejaba de ser una perla para atraer votos a su causa.

“Los beneficios asociados a esos acuerdos incluyen el acceso a productos petroleros a bajo precio; a 11 millones de dólares para financiar la Revolución de la Vivienda; donaciones para la recuperación de la afectación de huracanes, para el Plan Nacional de Seguridad, para la construcción de defensa marítimas, para la diversificación de la agricultura, para la infraestructura turística, para becas escolares y las reformas del aeropuerto de Melville” —Robert Skerrit, 2014.

El partido de Gonsalves divulgó un documento análogo en el contexto de las elecciones generales de 2015 en el cual se ofreció a los electores continuar con la adhesión al ALBA y a Petrocaribe, que, entre otros beneficios citados, les había permitido acceso a gas doméstico y diesel en condiciones favorables. Las menciones, desde luego, no profundizaban en el conjunto de los programas y obras financiadas, entre las que destacaba la construcción del aeropuerto de Argyle, un proyecto con financiamiento multinacional pero con participación destacada de Venezuela.

El United Democratic Party de Dean Barrow, primer ministro de Belice, igualmente difundió para los comicios generales de 2015 un documento con la oferta electoral en la cual se mencionaba el inicio de un programa prácticas de deportes en verano financiado por Petrocaribe. Barrow ha ocupado el cargo desde 2008 y los fondos del convenio petrolero con Venezuela les han sido útiles, entre otros, para el desarrollo de un plan nacional de infraestructura cuya auditoría ha sido reclamada por la oposición.

La convocatoria a los comicios de hace tres años fue adelantada, según coincidieron observadores locales, por la posibilidad de que el partido de Barrow perdiera ante la coyuntura de los escasos aportes de la cooperación venezolana en vista de la baja de los precios del petróleo y del retroceso de producción de Pdvsa. En el discurso de presentación del presupuesto de 2015, el primer ministro se refirió al tema y dijo que mientras Petrocaribe existiera se tomaría “completa ventaja” del mecanismo. “Sin embargo es inherente a nuestro enfoque el reconocimiento y la preparación porque llegará un momento cuando tengamos que regresar de manera rápida a las formas regulares de planificar y gastar”.

La apuesta del financiamiento venezolano por los aliados locales también permitió a Thimothy Harris, primer ministro de San Cristóbal y Nieves, prometer en campaña el pago de aproximadamente cinco millones de dólares a un fondo de protección para ex trabajadores azucareros.

La industria local había cerrado en 2005 y, de acuerdo con lo expresado por Harris en sus intervenciones públicas, quienes prestaron servicio en ella no habían sido debidamente indemnizados. Por ello el partido Team Unity propuso crear un mecanismo de reparación. Se calculaba que 2.300 personas serían beneficiadas, aunque uno de los principales asuntos a resolver eran los reclamos presentados a nombre de ex trabajadores fallecidos.

Para diciembre de 2015, ya se habían recibido más de mil aplicaciones. Harris, en ejercicio del gobierno, expresó gratitud a miembros del equipo de PDV San Cristóbal y Nieves, compañía controlada por Pdvsa y encargada de la ejecución de Petrocaribe en ese país. No olvidó algo central: “Un agradecimiento eterno al presidente Nicolás Maduro y al gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela”.

“Un gran agradecimiento al presidente Nicolás Maduro y al gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela” Thimoty Harris, primer ministro de San Cristóbal y Nieves

Un agradecimiento semejante expresó Gaston Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda, cuando anunció horas antes de las elecciones generales en la que aspiraba su primera reelección que había finalmente pagado un préstamo con el FMI y que el gobierno venezolano había decidido perdonar 50 por ciento de la deuda adquirida por el país con el convenio petrolero. Un dato nada desdeñable para el rédito electoral.

Los fondos originados en Petrocaribe y en los acuerdos petroleros representaron una plataforma formidable de ayudas sociales que también dieron combustible a la política en Centroamérica y el Caribe y a gobernantes a quienes la millonaria cooperación también les favoreció para mantenerse en el poder. Pasado el boom petrolero venezolano, aún quedan abiertas las dudas sobre las sostenibilidad de los avances logrados en la lucha contra la pobreza.