na tarde de junio de 2018, fue a buscarme a las oficinas de La República, en el centro de Lima, un religioso de unos 50 años, de mediana estatura, delgado y de mirada observadora. Se identificó como Esteban Desposorio Fernández, párroco de la Prelatura de Huamachuco, en la sierra del departamento de La Libertad, al norte de Perú. Llevaba un fólder con documentos bajo el brazo.

Ese mismo día, antes de ir a la redacción del diario, había visitado la sede de la Nunciatura Apostólica en Perú. Pasamos a una salita de muebles rojos en el tercer piso e, inmediatamente, abrió el fólder y mostró denuncias, ante la Iglesia, de presuntas víctimas de abuso sexual. Otras, ante la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Sánchez Carrión, en Huamachuco.

Esteban Desposorio

Foto: Jheyson Soto

Aquellos papeles señalaban delitos sexuales por parte de sacerdotes de la Prelatura de Huamachuco y del Arzobispado de Trujillo –también en La Libertad–, cuyo máximo representante es, desde 1999, el arzobispo Miguel Cabrejos Vidarte, quien, a su vez, es presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

También había cartas firmadas por el mismo Desposorio y otros religiosos, dirigidas a líderes de la Iglesia católica. Denunciaban encubrimiento de obispos y vicarios, además de castigos que los dirigentes católicos habían llevado a cabo contra religiosos que, de acuerdo con él, han visibilizado a presuntos abusadores sexuales.

Esteban Desposorio se sacó sus lentes. Hizo una pausa breve, miró los documentos y me relató que, desde 1999, cuando llegó a la Prelatura de Huamachuco, adolescentes y jóvenes le han venido contando sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes. No sólo le han confiado sus historias a él, sino también, en diferentes años, a los religiosos Nery Tocto Calle, Agustín Díaz Pardo, Elmer Acuña Castillo, así como al expárroco y periodista Antonio Campos Castillo. Todos de la misma prelatura.

En 2016, los cuatro religiosos conformaron la Comisión de Escucha a las Víctimas de Abusos Sexuales de la Prelatura de Huamachuco. Una de sus principales acciones ha sido, justamente, el envío de cartas, con sus nombres completos y firmas, donde cuentan todo lo que saben.

“No me importa si me botan de la Iglesia. Lo que quiero es que todo esto se sepa. Son muchas víctimas que nos han contado cosas horribles de muchos, mal llamados, sacerdotes. Tanto de Huamachuco como de Trujillo”, enfatizó Esteban Desposorio, antes de retirarse del diario.

Entre 2018 y 2019, obtuve más cartas. El 18 de marzo de 2019 recibí una, dirigida a mí, por parte de la Comisión de Escucha a las Víctimas de Abusos Sexuales de la Prelatura de Huamachuco. Está firmada por Esteban Desposorio y otro religioso que, por amenaza de muerte, pidió que no hiciéramos pública su identidad. En ella, se menciona a 12 curas (nueve de Huamachuco y tres de Trujillo) que estarían implicados en casos de abuso sexual.

El documento detalla que los religiosos escucharon a más de 100 adolescentes y jóvenes, quienes les contaron sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos. Algunos de ellos les permitieron revelar sus nombres y dar paso a una denuncia en fiscalía; otros, la mayoría, pidieron mantener sus identidades bajo reserva.

Los curas acusados en la carta son: Manuel Mendoza, Segundo Fernández, José Gómez, William Costa, David Castro, Emeterio Castañeda –los presuntos afectados de este cura ya habían contado, en el 2000, lo sucedido a la revista “Domingo”, de La República– Marco Tito, Tulio Montenegro –las presuntas víctimas de estos dos párrocos brindaron extensos testimonios al programa periodístico Punto Final, en febrero de 2016–, Walter Reátegui, Rodrigo Vargas, Manolo Sánchiz y Ricardo Angulo. Este último no es señalado por abuso sexual, sino de participar en fiestas donde, presuntamente, se prostituía a menores de edad.

Desde 2016, los religiosos denunciantes han enviado 15 cartas a líderes de la Iglesia en Lima, Chimbote y La Libertad. También entregaron cartas a funcionarios públicos e instituciones estatales del departamento norteño. Además, dirigieron misivas a personas naturales o entidades privadas como mineras, presidentes de rondas de la región, medios de comunicación locales, entre otros. La mayoría no han sido respondidas.

Hay, de igual modo, cartas de víctimas –o de sus familiares– que dicen sentirse indignadas por el abuso, el silencio o la venganza de autoridades eclesiásticas de La Libertad. Asimismo, en cinco misivas, escritas por dos obispos de Huamachuco, se relata cómo han habido represalias contra los sacerdotes denunciantes y cómo se ha maltratado a las víctimas de abuso en las pocas cartas respondidas.

Además, hay cartas que hablan de atropellos contra los religiosos denunciantes. En muchas de ellas se acusa a la jerarquía eclesial de haber ocultado denuncias de delitos sexuales.

Cartas acusatorias

Puede leer y descargar las 55 cartas en esta base de datos. En algunas han sido tapados párrafos o líneas porque involucran personas y temas que no son materia de esta investigación. Otras veces se cubrieron para proteger la identidad de presuntas víctimas de abuso sexual.


Presuntas víctimas o familiares
Sacerdotes denunciantes
Sacerdotes acusados
Pdte. Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales del Perú
Otros personajes

"Nos separó.
Nos destruyó"

Viajé con un colega fotógrafo a Trujillo. Ahí nos reunimos en diversas ocasiones con algunos de los religiosos denunciantes y con Antonio Campos. La mayor parte del tiempo se mostraban nerviosos y miraban para todos lados durante las conversaciones.

“Venimos escuchando desde hace tiempo, a manera de confesión y también durante conversaciones, los testimonios de muchas víctimas que nos han tenido confianza. También de sus madres”, nos contó Nery Tocto.

Sin embargo, los religiosos manifestaron que algunos superiores de la Iglesia empezaron a disgustarse y, en lugar de investigar a los presuntos abusadores, los premiaron. Mientras que, a ellos, por denunciar, los persiguieron y castigaron. “Cuando se lo dijimos a monseñor, ¿acaso nos escuchó? No. Nos separó. Nos destruyó”, se quejó Esteban Desposorio. Hablaba de Sebastián Ramis Torrens quien –según Desposorio– les habló claro: “Yo soy el obispo. El que ordena y mando soy yo”.

Las denuncias quedaron registradas en varios escritos enviados a Sebastián Ramis, quien era obispo de la Prelatura de Huamachuco en ese entonces. En una carta del 2 de enero de 2016, le reclamaban por favorecer a Tulio Montenegro, Emeterio Castañeda, Marco Tito, Manuel Mendoza y Walter Reátegui, sobre quienes –según los religiosos denunciantes y documentos a los que tuvimos acceso– ya había acusaciones por delitos sexuales y por hacer cambios de rotación de parroquias a quienes no entraban dentro de su círculo de favoritos, a modo de represalia.

Los religiosos denunciantes pedían, a Sebastián Ramis, que cambiara su actitud o que renunciara a su cargo. Como respuesta, Ramis los suspendió temporalmente de sus funciones eclesiásticas, según consta en una carta con fecha 10 de septiembre de 2016; además, les informaba que el nuevo administrador parroquial de Huaylillas sería Reátegui.

"Está feo,
yo no digo que esté bien"

Sebastián Ramis pertenece a la Tercera Orden Regular (T.O.R), de padres franciscanos. Fue administrador apostólico de la Prelatura de Huamachuco a partir de 1981. Diez años después se convirtió en obispo, ministerio que dejó en agosto de 2018.

En enero de 2016, los religiosos denunciantes enviaron cartas –aseguran que jamás fueron respondidas– al obispo de la Diócesis de Chimbote (en Áncash), Angel Francisco Simón Piorno. Denunciaban a Ramis por encubrir abusos sexuales. También las enviaron a la T.O.R. (sede en Salamanca, Lima); al entonces cardenal de Perú, Juan Luis Cipriani Thorne (en Lima), y al expresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Salvador Piñeiro García-Calderón (en Lima).

Salvador Piñeiro García-Calderón.

Foto: Héctor Jara Castro (La República)

Consultamos, insistentemente, con los destinatarios de las misivas, pero no obtuvimos respuesta de ninguno de ellos, a excepción de la T.O.R. El sacerdote Serapio Ríos Juárez nos dijo que, quien en ese entonces era párroco en Salamanca, José Gómez Moreno, franciscano de la T.O.R., les aseguró que había informado a la Prelatura de Huamachuco sobre las denuncias que habían recibido.

Personalmente, Nery Tocto y Antonio Campos llevaron una carta al Arzobispado de Trujillo, el 6 de enero de 2016; de acuerdo con su versión, por órdenes superiores, nadie se las recibió y, por ello, no tiene sello de recepción.

En el programa periodístico Punto Final, al mes siguiente, fueron revelados testimonios de presuntas víctimas de Tulio Montenegro y una de Marco Tito. A raíz de ello, Sebastián Ramis creó una comisión indagatoria. En el decreto aseguraba que recién había tomado conocimiento de estas acusaciones.

Sin embargo, dos cartas revelan que sabía de señalamientos contra Montenegro y Tito desde hacía casi nueve años atrás. En la misiva del 23 de julio de 2010, un presunto afectado, de 24 años de edad, le informaba que Tito lo besó, abrazó y acosó sexualmente, cuando ambos estaban pasados de copas: “Estando yo en su habitación, tuve que mentir para retirarme a mi habitación a donde él se dirigió luego que no me vio regresar, así que puse cadena para que no pudiera ingresar”, se lee en el texto.

En 2016, Sebastián Ramis nombró al sacerdote español José Gómez Moreno como integrante de la comisión indagatoria de abusos sexuales. Pocos días después, también lo nombró vicario general de la prelatura. En entrevista, Gómez nos aseguró que buscaron a la presunta víctima de Marco Tito, pero no quiso declarar: “(En 2010) monseñor (Ramis) lo investiga por su cuenta, intuye que no ha sido real, le toma declaración al sacerdote”.

José Gómez Moreno.

Foto: Facebook personal

José Gómez sostuvo que Ramis no denunció el hecho ante la fiscalía porque, en la Iglesia, “los asuntos que no eran de menores, y que por lo tanto no consentían delitos, no había obligación de denunciarlos”. Para Gómez, no hubo delito en los hechos descritos por el presunto afectado en 2010: “Ambos estaban tomando; entonces, se va a su cuarto. Cierra su cuarto. El padre golpea al cuarto, le dice que quiere entrar. Él intuye que el padre quiere alguna intimidad, no le abre. No sé dónde está ni la violencia ni la intimidación. Está feo, yo no digo que esté bien”.

En abril de 2016, Sebastián Ramis levantó la suspensión cautelar contra Marco Tito y lo reincorporó a su parroquia en Marcabalito (provincia Sánchez Carrión, La Libertad), según un documento eclesiástico firmado por José Gómez. A partir de ese momento, Tito continuó con sus funciones sacerdotales.

En marzo de 2017, Nery Tocto, uno de los religiosos denunciantes, denunció por este caso, ante la Fiscalía de Huamachuco, a Marco Tito, por violación sexual en grado de tentativa, así como a Sebastián Ramis y a José Gómez por delito contra la administración de justicia en la modalidad de omisión de denuncia.

Por otro lado, en 2019, el cura Tulio Montenegro Infante fue suspendido permanentemente de sus funciones eclesiásticas, mientras que José Gómez fue señalado por abuso sexual.

“Siempre fue
un chico resentido”

En 2014, un seminarista leyó a Esteban Desposorio un escrito, que él mismo había redactado, donde denunciaba que dos franciscanos de la T.O.R. habían abusado sexualmente de él. Así lo hizo saber Desposorio, en una carta que envió al obispo Emiliano Cisneros, sucesor de Sebastián Ramis, el 7 diciembre de 2018.

Esteban Desposorio grabó su encuentro con el joven, en la plaza de armas de Chugay (provincia Sánchez Carrión). “Cuando era estudiante en mi aspirantado y noviciado –se escucha en el audio– sufrí mucho acoso sexual de parte de varios frailes y, luego, abusó sexualmente de mí el desgraciado del padre David. Lo terrible fue que cuando fui a denunciar a mis superiores este hecho, nadie me hacía caso. Me dijeron que me calle, que rece, y que eso era normal en los conventos, que ya lo entenderé. Luego acudí al formador ‘Nacho’, José Ignacio Gómez, quien afirmaba que era psicólogo. Él me escuchó al principio, luego me pedía que le haga masajes en la espalda, y terminó haciéndome lo mismo: abusó sexualmente de mí”.

David Castro Mayuri, franciscano de la T.O.R., es “el desgraciado del padre David”, a quien se refería el seminarista, según Esteban Desposorio. El muchacho falleció de sida en 2016. Su padre y hermana le pidieron a Desposorio, mediante cartas, en 2017, que investigara su muerte.

Buscamos a David Castro, quien negó las imputaciones: “Yo nunca viví con (la presunta víctima), siempre vivimos en comunidades separadas. No he tenido mayor trato con él”. Aseguró que la denuncia de Esteban Desposorio fue por envidia. “Siempre fue un chico resentido, que no se sentía realizado. Siempre iba pidiendo, por parte del obispo (Sebastián Ramis), que le dé el carro, y que le ponga esto, y que le dé lo otro, y que necesitaba dinero para apoyar a las iglesias pobres”.

David Castro Mayuri

Según Castro, siempre ha existido una pugna entre los sacerdotes “diocesanos” (los religiosos denunciantes) y los curas de la Prelatura de Huamachuco: “Ellos querían todos los puestos que querían. Se les daba el cargo y luego ellos lo traían abajo, y luego otra vez lo teníamos que tomar nosotros”.

Sobre una carta que Héctor Reyes Prieto, presidente de la Asociación de Víctimas, envió en diciembre de 2016 a la Conferencia Episcopal Peruana –cuando el máximo representante de esta institución era Salvador Piñeiro–, David Castro negó la imputación de que cometió abusos sexuales entre 1992 y 1998. Aseguró que jamás ha visto esa carta y que la Conferencia Episcopal nunca se la envió.

Por su parte, José Gómez –quien fue acusado también de abuso sexual por el mismo afectado– nos aseguró que todo era “una calumnia” y que la cronología de los hechos le daba la razón. Aseveró que, en enero de 2016, hubo enfrentamientos entre los religiosos denunciantes, Sebastián Ramis y un grupo de curas señalados por haber cometido abusos sexuales. “Eso hace que el obispo les dé una medida disciplinaria (a los religiosos denunciantes), que él estima que es oportuna, y ellos empiezan a difundir un dossier (con acusaciones hacia sacerdotes). En ese dossier nunca aparece mi caso”.

José Gómez sostuvo que Esteban Desposorio actuó “por envidia”, porque la fecha de la denuncia coincide “con el momento de cambio de obispo y todos pensaban que yo sería el siguiente”. Nos dijo que, durante 2017, Desposorio le envió cartas de queja por cuestiones administrativas o presuntos encubrimientos, pero en ninguno lo acusaba de haber cometido delitos sexuales.

Además, Gómez nos insistió en que Desposorio mintió al decir que el joven seminarista le contó lo presuntamente ocurrido. Sin embargo, pareció sorprendido cuando le manifestamos que existe un audio del afectado. “Yo he pensado que era mentira, que no existía. Pero si (Desposorio) tenía el audio y es real su intención de buscar justicia: ¿por qué no entregó copia al investigador (eclesiástico), a la Santa Sede?”.

El obispo Emiliano Cisneros respondió por escrito a Esteban Desposorio el 17 de diciembre de 2018. En la misiva se lee que no le compete investigar este caso porque los supuestos hechos ocurrieron en las casas de los sacerdotes, pero que trasladaría la denuncia al superior competente. Finaliza el texto invitando a Desposorio a mirar para adelante y construir un futuro de paz y armonía en la Iglesia.

Cisneros también nos contestó, vía correo electrónico, lo siguiente: “El 13 de diciembre acuso recibo y le comunico (a Esteban Desposorio) que, de acuerdo a la ley de la Iglesia, no era de mi competencia la atención de dicho caso y que se lo pasaba a quien le competía, el superior de la Orden religiosa a la que pertenece al padre Gómez Moreno. El padre superior toma carta de inmediato en el asunto y, sumamente interesado en que se aclararan los términos de la acusación, nombra de inmediato un investigador de la causa que actúa a la brevedad. Me consta que el acusador (Esteban Desposorio) no se presentó a declarar, previa citación, ni presentó las pruebas que decía obraban en su poder. Oportunamente fui informado de que la acusación carecía de fundamento”.

“Soy pobre,
pero jamás pediría plata”

Manuel Mendoza Ruiz fue uno de los sacerdotes que firmaron, en 2016, el decreto para formar la comisión indagatoria creada por Sebastián Ramis para investigar a los curas Tulio Montenegro y Marco Tito. Mendoza era secretario de Cancillería de la Prelatura de Huamachuco. No obstante, antes de que se formalizara dicha comisión, Ramis fue informado –en una carta del 2 de enero de 2016, enviada por los religiosos denunciantes– de que Mendoza había sido acusado de pederastia.

Sebastián Ramis junto con Manuel Mendoza.

Foto: Facebook Prelatura de Huamachuco

Contactamos a una presunta víctima de Mendoza, quien nos pidió usar el sobrenombre “Felipe”, para proteger su identidad. Contó que Manuel Mendoza era amigo de sus padres y que, cuando tenía 15 años de edad, en mayo de 2015, él invitó al cura a un retiro en Chimbote (provincia Santa, departamento Áncash). La misión religiosa inició el viernes y finalizó el domingo a las dos de la tarde. “Felipe” se sentía contento porque el sacerdote la había pasado bien.

"Felipe".

Foto: Jheyson Soto

De regreso, tomaron un bus a Huamachuco, donde los dos iban en asientos juntos. “Felipe” narró que, cansado del viaje, decidió dormir. De pronto, sintió la mano de Manuel Mendoza sobre sus partes íntimas. “Me desperté porque el padre estaba metiendo su mano debajo de mi pantalón. Yo lo primero que hice fue moverme para que retirara su mano. Él se sobresaltó y me pidió perdón. La segunda vez me volví a despertar porque él volvía a intentar meter sus manos. Dijo: ‘perdón, hijo, te desperté’. Asumí que no era un accidente y simplemente no pude dormir”.

Meses después, “Felipe” le contó a su madre lo ocurrido. Ella confesó que sintió una inmensa tristeza y culpa; Manuel Mendoza era padrino de confirmación de su hija. “Mi hijo empezó a llorar y me dijo que el padre le había metido las manos a sus testículos. Cuando vienen los recuerdos a la mente de lo que ha pasado, uno se pone sensible. Él (Manuel Mendoza) frecuentaba este humilde hogar, venía a almorzar, pues en esta tierra se acostumbra a asistir al padrino”.

La madre increpó al sacerdote y también fue con Sebastián Ramis para que su hijo le relatara lo sucedido. Con su puño y letra, “Felipe” escribió y firmó un documento delante de Ramis. Días más tarde, durante una asamblea de sacerdotes en Huamachuco, la mujer encaró al obispo y también a Manuel Mendoza por su indiferencia con el caso. Nos relató que los sacerdotes rompieron el documento y la llamaron mentirosa. “El padre Manuel dijo que le había pedido plata, mil soles (300 dólares). Yo soy pobre, pero jamás pediría plata. Mucho menos a un sacerdote, y menos a cambio de mi silencio”.

En mayo de 2017, la señora denunció, en la Fiscalía Mixta Penal Corporativa de Sánchez Carrión, a Manuel Mendoza, por actos contra el pudor, y a Sebastián Ramis, por omisión de denuncia. La acusación contra Ramis fue archivada, pues, según la fiscalía, no es considerado delito. El proceso contra Mendoza sigue abierto.

La madre de “Felipe” también envió una carta al obispo Emiliano Cisneros, el 23 de agosto de 2018; en ella, le solicitaba los resultados de una denuncia que hizo en 2016, en la Prelatura de Huamachuco, cuando Sebastián Ramis era la máxima autoridad. En el texto, la señora afirmaba que José Gómez –en ese entonces presidente de la comisión de indagación de abusos sexuales– le dijo que enviaría el informe de investigación eclesiástico sobre el caso de su hijo a Roma. También increpaba a Cisneros por haberle levantado la suspensión cautelar a Manuel Mendoza (decreto del 15 de agosto de 2018). “Dejo constancia que rechazo esa actitud encubridora de la jerarquía eclesial. Exijo un proceso justo”, se lee en el documento.

Emiliano Cisneros.

Foto: Facebook Cáritas del Perú

Emiliano Cisneros nos dijo, en entrevista, que “para tratar de normalizar la vida de la Diócesis” hizo “un levantamiento cautelar, previo, de varias suspensiones que, por diversos motivos, estaban en vigor, pero con la precisión de que no surtían efecto mientras no se revisase caso por caso” y aseguró que, “al sacerdote Mendoza, completado su proceso, nunca se le levantó dicha pena canónica”.

“Contradicciones
y exageraciones extremas”

El 2 de abril de 2019, Emiliano Cisneros envió una carta a “Felipe”, donde le dice que su testimonio está lleno de contradicciones y exageraciones, pero que aun así están seguros de que han concluido con un veredicto justo. Por ello, Manuel Mendoza no podrá presentarse como sacerdote hasta que lo indique una evaluación y terapia psicológica, si es que las hubiera. También ofrece, a “Felipe”, ayuda espiritual o psicológica.

“Personalmente, entregué al supuestamente agraviado una carta, comunicándole el resultado final del proceso, en lo que tocaba a la atención del mismo por parte de la Prelatura –nos respondió Cisneros–. Me lo recibió sin hacer ningún comentario. A él y a su madre les asistía, y asiste, el derecho de recurrir la sentencia ante la Santa Sede, si es que creen que no se actuó correctamente”. No obstante, en nuestra entrevista, “Felipe” y su madre nos dijeron que se sintieron ofendidos con el contenido de esa misiva, pues los tildaban de mentirosos.

Manuel Mendoza también habló con nosotros. Aseguró que nunca se enteró de la carta redactada por Cisneros para la presunta víctima y confirmó que está suspendido temporalmente del ministerio sacerdotal “hasta que todo se esclarezca”, aunque negó las imputaciones. Le preguntamos por qué creía que “Felipe” lo había acusado. “No lo sé. Él tendrá sus razones”, respondió y añadió: “en ningún momento, la Iglesia me ha encontrado culpable”.

Por otro lado, Emiliano Cisneros procedió de igual manera con otras dos personas que denunciaron los abusos sexuales de Tulio Montenegro: le dirigió cartas a una presunta víctima identificada como “Andrés” y a Héctor Reyes, presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexual del Perú, las cuales tienen la misma fecha que la carta de “Felipe”: 2 de abril de 2019. En ambos documentos informa que Tulio Montenegro ha sido suspendido permanentemente del sacerdocio, a pesar de que sus declaraciones estuvieron “llenas de contradicciones y exageraciones extremas”.

“Querían sin preservativo”

El 16 de abril de 2016, “Andrés” –nombre que pidió usar para proteger su identidad– denunció, ante el Ministerio Público, haber sido prostituido por los sacerdotes William Costa Serrano y Segundo Fernández Haro, quienes pertenecían al arzobispado de Trujillo, bajo el mando de Miguel Cabrejos Vidarte.

Miguel Cabrejos.

Foto: Virgilio Grajeda (La República)

“Andrés” es un abogado de 39 años. Tras varios cigarros y sorbos de agua, nos narró su vivencia. Relató que, entre 1996 y 1998, cuando tenía 16 años de edad, Tulio Montenegro, Emeterio Castañeda, Segundo Fernández, William Costa y Ricardo Angulo organizaban y/o participan de fiestas, los fines de semana por las noches, en distintas parroquias de Trujillo y en la casona de un ciudadano llamado Daniel Hoyle –ya fallecido–, donde tenían sexo con menores de edad a cambio de dinero.

En una de estas reuniones, “Andrés” conoció a William Costa y Segundo Fernández. “Yo hice el papel de un prostituto a los 16 años”. Su situación, confesó, era “bastante baja” y los curas le pagaban “entre 20 soles o 30 soles (6 dólares o 10 dólares) con el fin de tener relaciones sexuales en la cual yo les penetraba a ellos (sic). Sin preservativo, ya que ellos querían sin preservativo”.

William Costa y Segundo Fernández.

Foto: Facebook personal

Los presuntos delitos ocurrieron en las parroquias de los curas, donde también vivían, y esta situación se dio a lo largo de dos años, de acuerdo con la versión de “Andrés”. Contó que, cuando terminaban de abusar de él, le decían que aprovechara el dinero, que no lo malgastara. Y siempre le recalcaban: “No ha pasado nada malo. Lo que pase aquí, se queda aquí”.

Por su parte, William Costa nos dijo que la Fiscalía de Huamachuco archivó la investigación en su contra porque no encontraron pruebas contundentes y porque habían pasado más de 20 años desde el presunto hecho. Según él, “Andrés” hizo la denuncia por dinero. “Han estado pidiendo mucho dinero para que el caso no se ventile en los medios, para que no se proceda con la denuncia”. Le preguntamos cuánto le solicitaron y quiénes. “No le puedo decir la cantidad, pero era demasiado”, respondió.

Asimismo, aseguró que quieren perjudicarlo por envidia debido a las obras que ha realizado en Trujillo y porque tiene el cariño de la gente. Refirió que “Andrés” tiene otros procesos en el Ministerio Público y el Poder Judicial, y que le extrañaba que la denuncia la hiciera en 2016 y no hace 20 años, cuando supuestamente ocurrió el delito.

También buscamos una entrevista con Segundo Fernández. Le enviamos mensajes a su cuenta de Facebook, pero nunca fueron respondidos.

“Eso es una calumnia”

Entre los muchachos que iban a las fiestas donde presuntamente se prostituía a menores, se encontraba el actual presidente de la Asociación de Víctimas de Abuso Sexual del Perú, Héctor Reyes, según nos contó “Andrés” y el mismo Reyes ratificó en entrevista. Él ya había dicho, en el programa periodístico Punto Final, que había sido violado por Tulio Montenegro y que uno de los miembros de la comisión que investiga abusos sexuales en el Arzobispado de Trujillo, Ricardo Angulo, también participaba de dichas fiestas.

En la charla con nosotros, “Andrés” también se dijo víctima de Montenegro. Además, agregó que se sintió fastidiado al enterarse, el día que fue a declarar ante la comisión eclesiástica (14 mayo 2016), de que Angulo sería una de las personas que vería su caso.

“Eso es una calumnia con el propósito de desprestigiar mi servicio sacerdotal. Es falso, como se ha demostrado en la falta de capacidad de poder probar una cosa tan grave ante la fiscalía que investigó el caso”, se defendió Ricardo Angulo.

Tenemos, en nuestro poder, un documento donde Angulo denunció por asociación ilícita para delinquir a Héctor Reyes, al exsacerdote Antonio Campos y a su hermana, Gregoria Campos. Después, amplió su denuncia y acusó a uno de los religiosos denunciantes, Nery Tocto, así como a “Andrés”. Al final, a mediados de 2018, los acusados ganaron el proceso.

Ricardo Angulo.

Foto: detrujillo.com

Le preguntamos a Ricardo Angulo sobre la denuncia que interpuso hacia los religiosos denunciantes y algunas presuntas víctimas; nos recomendó consultar a su abogado Carlos Vásquez, quien nos dio su versión. Relató que, a fines de mayo del 2016, se estaba celebrando el Corpus Christi, una fiesta de la Iglesia católica, en la ciudad de Trujillo, y que unas personas empezaron a repartir volantes con intención de atacar a Angulo. Por ello, hubo una discusión entre los asistentes de ese evento, que terminó con la detención de dos personas que fueron llevadas a la comisaría. Una de ellas era Gregoria Campos.

Tuvimos acceso a la denuncia. En el documento se lee que dichos volantes eran, en realidad, copia de la denuncia fiscal de abuso sexual contra los sacerdotes Wiliam Costa y Segundo Fernández, así como copia de la nota de prensa del arzobispado de Trujillo, en la cual se afirma que investigarían el caso, pero con la posfirma de Angulo.

Según consta en el acta de concurrencia policial, Gregoria (24 años) declaró que “los afiches que se le encontraron en su poder y a la vez repartiéndolos se había hecho entrega un señor desconocido ya que le había ofrecido darle una comisión por repartir dichos afiches”.

Dos personas hicieron una declaración jurada donde afirmaron que “escucharon, o tenían información, de que la idea era presionar al padre Ricardo Angulo porque querían obtener algún dinero”, sostuvo Carlos Vázquez. Ello los llevó a pensar que se trataba de “un ardid creado para crear cierta situación en la Iglesia”, nos dijo el abogado.

La denuncia que interpuso Ricardo Angulo contra Héctor Reyes, “Andrés”, los hermanos Campos y Nery Tocto fue archivada “y el padre ya no tuvo mayor interés en continuar con el asunto”, aseguró Carlos Vásquez.

Tuvimos acceso al documento judicial de archivo de la denuncia, el cual dice que Angulo afirmó que ni él ni el Arzobispado de Trujillo recibieron alguna solicitud de dinero por parte de los acusados, aunque Angulo precisó “que existía presión mediática porque se realizó un reportaje donde se le atribuía participación en los hechos investigados”.

Le consultamos al abogado si Angulo seguía ejerciendo sus funciones religiosas. “Nunca hubo ninguna medida contra él”, respondió. También le preguntamos si el arzobispado de Trujillo lo investigó. “Nunca ha tenido un incidente, una medida; no ha tenido problemas mi patrocinado”.

Informe en el Congreso

El congresista Alberto de Belaunde de Cárdenas tuvo conocimiento, en 2018, de la compleja situación en la Prelatura de Huamachuco y el Arzobispado de Trujillo. Decidió liderar una investigación que fue incluida en un extenso informe sobre abusos sexuales que está listo desde hace meses, el cual también incluye el caso Sodalicio, que denuncia los delitos sexuales realizados en la comunidad religiosa Sodalicio de Vida Cristiana. No ha sido publicado porque el entonces presidente del Parlamento, Pedro Olaechea Álvarez-Calderón, no lo puso en agenda para que se debatiera en el pleno.

Fuentes vinculadas al trabajo de la comisión investigadora señalaron que ni la prelatura ni el Arzobispado de Trujillo les quisieron entregar el detalle de los actuados de las investigaciones eclesiásticas sobre sus sacerdotes acusados. Esto generó malestar en los integrantes de la comisión, quienes habrían consignado en el informe lo contradictorio que ello resultaba frente a la política que viene impulsando el papa Francisco al interior de la Iglesia católica.

Alberto de Belaunde.

Foto: Antonio Melgarejo Yaranga (La República)

Respecto a este punto, Emiliano Cisneros nos respondió que “esas actas sólo se pueden entregar a abogados que cumplen los requisitos establecidos en la misma ley eclesiástica, ley que tiene vigencia en el Perú, gracias al acuerdo público firmado por la Santa Sede y el Estado Peruano en el que se reconoce la validez de la legislación de la Iglesia Católica”.

La comisión presidida por De Belaunde también investigó el caso de “Andrés”. Solicitó, al Arzobispado de Trujillo, una descripción de las acciones que tomó Miguel Cabrejos al enterarse de que uno de los sacerdotes investigadores había sido señalado como asistente de fiestas donde presuntamente se prostituía a menores de edad, así como la denuncia interpuesta hacia las presuntas víctimas. El congresista aseguró que Cabrejos nunca le respondió.

De Belaunde, en entrevista, nos ratificó lo que dice su informe. Asimismo, agregó que enviaron “pedidos de información a muchos de los actores involucrados”, y que, “salvo un envío general de información –una suerte de ayuda memoria por parte de la Conferencia Episcopal–, no recibimos respuesta de monseñor Cabrejos a una serie de preguntas que hicimos específicamente a él para poder tener mayor información y su versión sobre los hechos”.

Por su parte, Héctor Reyes envió cartas explicando la situación a los excongresistas fujimoristas Kenji Fujimori Higuchi y Daniel Salaverry Villa, al actual parlamentario fujimorista Mártires Lizana Santos y a Richard Acuña Núñez, del partido político Alianza para el Progreso. En el asunto de las misivas –además de denunciar que tanto Miguel Cabrejos, como Sebastián Ramis, ya tenían conocimiento, desde hacía más de 20 años, de los delitos de distintos sacerdotes– solicitaba que se hiciera llegar este paquete de denuncias al congresista Alberto De Belaunde, pero ninguno de los exparlamentarios requeridos atendió la petición. Consultamos con estos funcionarios públicos y el único que contestó, a través de sus asesores, fue Salaverry. En la respuesta, indicó que la carta llegó a través de mesa de partes, pero nunca al despacho del excongresista. Por lo que no sabían nada.

Kenji Fujimori.

Foto: Renato Pajuelo (La República)

Respuestas oficiales

Solicitamos, insistentemente, una entrevista con el arzobispo Miguel Cabrejos. Respondieron dos de sus asesores: el vicecanciller de la Arquidiócesis de Trujillo, Jorge Manrique Catalán, y el juez eclesiástico de la misma arquidiócesis, Alejandro Preciado Muñoz. Nos reunimos con ellos en las oficinas de la Conferencia Episcopal Peruana. Manrique justificó la ausencia de Cabrejos: “La autoridad es la autoridad, pero nos ha delegado, porque nosotros podemos darte todos los detalles del caso”.

Con Manrique y Preciado hablamos de los casos relatados en esta investigación. Sobre el vicario general, Ricardo Exequiel Angulo Bazauri, Preciado afirmó que, para no comprometer a la institución, el sacerdote pidió, mediante carta, una licencia de tres meses a Miguel Cabrejos para poder actuar. En el documento, con fecha 17 de junio de 2016, Angulo afirmó que interpondría una denuncia por asociación ilícita para delinquir contra las personas que lo acusaron de participar en fiestas donde prostituían a menores de edad. Solicitó a Cabrejos la licencia porque intuía que esta denuncia podía “ser utilizada por personas con mala intención para pretender dañar, además de mi persona, a la Arquidiócesis”. Cabrejos aceptó la renuncia por escrito y por “el derecho me da ad norman del can. 59 S1”. Ricardo Angulo presentó la denuncia.

Entre 2016 y 2018, Héctor Reyes y “Andrés” enviaron cartas al Arzobispado de Trujillo y a la Prelatura de Huamachuco, sobre la denuncia de Ricardo Angulo. En una, con fecha 23 de junio de 2016, “Andrés” acusa a José Gómez de ser cómplice de Angulo, tanto en la denuncia interpuesta contra su persona como en amenazas de muerte recibidas por el clero de Trujillo. “Él entiende que yo tomo conocimiento de lo que quiere hacer Ricardo Angulo y que lo apruebo. No se me ocurre otra cosa. Yo no tomo ninguna decisión con Ricardo Angulo, ni yo encubro nada”, nos respondió Gómez cuando le preguntamos sobre esta acusación. Asimismo, dijo que había mantenido varias reuniones con “Andrés” y que la comunicación había sido “fluida”.

Preguntamos a Manrique y Preciado si el Arzobispado de Trujillo investigó a Ricardo Angulo por haber participado en fiestas con menores de edad. No hubo denuncia, ni víctima, porque sólo se trató de “un dicho”, nos respondió Jorge Manrique. A pesar de ello, aseguró que crearon una comisión eclesiástica; sin embargo, “no hubo investigación eclesiástica. No hubo investigación preliminar”, subrayó. Le pedimos el acta o informe de esa comisión y contestó que no sabía si existía ese documento, sólo se enteró de que “se reunieron” y se comprometió a entregarnos “todo lo que tenemos”, pero hasta el cierre de esta investigación no había entregado un solo documento.

El 12 de marzo de 2018, cuando Miguel Cabrejos ya era presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Héctor Reyes le escribió preguntándole por qué había permitido que Ricardo Angulo le hubiera puesto una denuncia y le hubiera hecho temer con cárcel. Sobre este punto, Jorge Manrique afirmó no reconocer la carta puesto que no tenía “el sello de recepción del Arzobispado”. Sin embargo, cuando Preciado vio la firma de la persona que recibió la misiva dijo que, aparentemente, se trataba del exasesor legal del Arzobispado, Carlos Ventura. Les dejamos una copia del escrito para que averiguaran lo sucedido. Nunca volvieron a comunicarse con nosotros sobre este asunto.

Preguntamos a los voceros de Cabrejos por qué se archivó, a nivel eclesiástico, la denuncia por abuso sexual realizada por “Andrés” contra William Costa y Segundo Fernández. Jorge Manrique dijo que, en cuanto se enteraron, el 22 de abril de 2016, los suspendieron y, al día siguiente, constituyeron dos comisiones. “Una para el fuero canónico y otro para el fuero civil, para colaborar con la autoridad civil”. Sin embargo, de acuerdo con Alejandro Preciado, en el Vaticano archivaron el caso porque no vieron “elementos de convicción para seguir más el proceso”.

Según un comunicado de prensa del Arzobispado de Trujillo (14 de mayo del 2016), al mando de Miguel Cabrejos Vidarte, el 22 de abril del mismo año tomaron conocimiento de la ampliación de la denuncia fiscal contra los curas William Costa Serrano y Segundo Fernández Haro. Ese mismo día, dice el texto, se les suspendió a ambos, y al siguiente día se formó una comisión para investigar el caso.

Para esta investigación también solicitamos entrevista con Sebastián Ramis, pero nunca dio respuesta a nuestra petición vía Whatsapp. Además, nos comunicamos con los curas acusados Walter Reátegui, Rodrigo Vargas, Marco Tito, Manolo Sanchis y Emeterio Castañeda, pero, hasta el cierre de esta investigación, no hubo respuesta de ninguno de ellos.

“No ladres a la iglesia.
Tu hijo está vigilado”

Buscamos a presuntas víctimas mencionadas en las cartas que recuperamos para esta investigación periodística. Lo hicimos en Trujillo, en Sánchez Carrión –donde está el distrito de Huamachuco– y en Pataz. Algunos prefirieron no contar lo sucedido por temor a represalias. Otros se negaron porque ya han pasado muchos años y temían que sus esposas o hijos se enteraran. Otros no reconocieron haber sido abusados.

Los sacerdotes denunciantes, Antonio Campos y un párroco de Pataz –quien prefirió no identificarse por temor a venganzas–, aseguraron que una brigada de curas de la Prelatura de Huamachuco, comandada por José Gómez, visitaron a las víctimas o a sus padres para que no declararan a ningún medio. Ello, dijeron, ocurrió de 2016 a 2019.

“Nunca he visitado a ninguna víctima ni a ninguna familia –nos dijo José Gómez–. Ni nunca he enviado a nadie a hablar con ninguna víctima y con ninguna familia. Todos los actos que he hecho con supuestas víctimas han sido por medio de comunicaciones escritas. Y cuando he tenido acceso a la declaración de las supuestas víctimas, ha sido bajo registro, en todas las ocasiones en presencia de un abogado de su parte y dejándoles el registro del audio en todas las ocasiones”.

En abril y mayo de 2016, los cuatro religiosos que han denunciado abusos sexuales enviaron 15 cartas a funcionarios públicos y entidades estatales de La Libertad. Entre ellos, al alcalde de la provincia de Pataz, Robert Bogarin Vigo, y al director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Pataz, Omar Iparraguirre Espinoza, entre otros. Informaban que Sebastián Ramis protegía a curas acusados de abuso sexual. Las cartas tampoco fueron respondidas.

Buscamos a todos los destinatarios y solo obtuvimos la respuesta de tres de ellos: la juez de paz de Tayabamba (provincia Pataz), Marina Roldán, dijo que recordaba la carta, pero que sólo procedió a legalizarla como cualquier otro documento; el presidente de la Ronda del Distrito de Tayabamba, Jhon Rodríguez, afirmó que su manera de responder fue haciendo caso a la denuncia, y funcionarios de la municipalidad de Curgos (provincia Sánchez Carrión) dijeron que no encontraban el escrito.

Los religiosos denunciantes nos dijeron que padecieron amenazas cuando Sebastián Ramis era obispo y cuando lo sustituyó Emiliano Cisneros Martínez. Este último fue administrador apostólico de la Prelatura de Huamachuco, a la vez que era el obispo de Chachapoyas (departamento de Amazonas); durante su mandato siguió teniendo como sacerdote de la prelatura a José Gómez. Los religiosos aseguraron tener miedo de ser suspendidos, para siempre, de sus funciones sacerdotales por la batalla que emprendieron al interior de la iglesia.

El 26 de abril de 2016, los religiosos denunciantes dirigieron una carta a Miguel Cabrejos. En ella, pedían audiencia denunciando los castigos que les impuso su par, Sebastián Ramis, en la Prelatura de Huamachuco. Además, le reclamaban que ni él ni su vicario general, Ricardo Angulo, les quisieron recibir documentación sobre acusaciones de delitos sexuales. “El arzobispo jamás nos respondió la carta. Tampoco nos citó para una audiencia”, aseguró Antonio Campos.

Los religiosos denunciantes también afirmaron que meses antes, el 6 de enero de 2016, ya habían enviado una carta al Arzobispado de Trujillo, eso fue previo a que salieran las primeras denuncias de abuso sexual en la prensa referente a este caso. Personalmente, Nery Tocto y Antonio Campos llevaron la misiva; de acuerdo con su versión, por órdenes superiores, nadie se las recibió y, por este motivo, no tiene sello de recepción. El arzobispado de Trujillo lo negó.

El vocero de Cabrejos, Jorge Manrique, afirmó que, antes del 26 de abril de 2016, Cabrejos ya había enviado dos cartas al obispo Ramis pidiéndole tomar acciones frente a las denuncias por abuso sexual. Manrique nos entregó las cartas. En una de ellas, del 25 de febrero de 2016, Cabrejos escribió a Ramis diciéndole que los religiosos denunciantes habían permitido el uso indebido de las imágenes de la Catedral de Trujillo para un reportaje que denuncia delitos de abuso sexual de curas de la Prelatura de Huamachuco. Por ello, exigía a Ramis que observara la disciplina eclesiástica de los religiosos denunciantes. En segundo lugar, Cabrejos le pedía al obispo que actuara frente a las denuncias sexuales que involucraban a curas de su jurisdicción.

El 2 de marzo del 2016, Cabrejos escribió a Ramis que, en atención a las conductas inadecuadas de algunos sacerdotes de su jurisdicción eclesiástica en la arquidiócesis de Trujillo, había dispuesto que, para ejercer cualquier servicio ministerial en el Arzobispado de Trujillo, “los clérigos incardinados de Huamachuco” requerían licencia expresa del arzobispado.

Uno ellos –por precaución, ha pedido que no revelemos su identidad– cuenta que en julio de 2019 lo amenazaron de muerte. Cuando terminó de dar una misa en el distrito de Huaylillas (provincia de Pataz), se dirigió a otro lugar. En el camino, lo interceptó una moto de la cual bajó un hombre y le advirtió que no estuviera diciendo nada de los párrocos de Tayabamba o, a la siguiente, lo atropellarían.

El exsacerdote Antonio Campos también recibió en su domicilio dos pedazos de papel con amenazas de muerte para él y para su pequeño hijo: “Vas a morir. No ladres a la iglesia. Tu hijo está vigilado” (junio 2019) y “Perro resentido, tus días están contados” (noviembre 2018).

Antonio y los papeles de amenaza.

Foto: Jheyson Soto

Hubo otro tipo de represalias que quedaron documentadas en una serie de cartas que se enviaron entre 2016 y 2018. En la primera, Sebastián Ramis recomienda al alcalde distrital de Huaylillas que no se deje sorprender, ni él ni los pobladores, por Nery Tocto, Agustín Díaz y Esteban Desposorio, puesto que están suspendidos y no pueden dar misa y sacramentos. Finaliza diciendo que su vicario general, José Gómez, irá a visitarlo para aclarar todo lo que sea necesario.

En 2018, Sebastián Ramis pidió a las autoridades de La Libertad cambiar las cerraduras de la iglesia donde trabajaba Esteban Desposorio para que no pudiera entrar. Un juez de paz reclamó a José Gómez, por la notoria venganza que estaban llevando a cabo contra el religioso denunciante; además, lo cuestionó sobre el ocultamiento de las acusaciones por abuso sexual. Finalmente, Desposorio escribió al máximo representante del Nuncio Apostólico del Perú, Nicola Girasoli, contándole su situación y muchas otras cosas, como la acusación por violación sexual hacia Gómez.

Por su parte, la Nunciatura Apostólica nos respondió, por escrito, argumentando que, cuando hay misivas, como las que mostramos en esta investigación periodística, la institución siempre alerta a la autoridad eclesiástica competente, en este caso la Prelatura de Huamachuco.

Esteban Desposorio nos dijo que Girasoli viajó a Huamachuco y, gracias a él, le levantaron la suspensión sacerdotal que tuvo entre 2016 y 2018. Corroboramos que, por recomendación del Nuncio, Emiliano Cisneros no sólo levantó la suspensión de manera cautelar a Desposorio, sino también a Agustín Díaz y Nery Tocto, así como a los acusados Manuel Mendoza y Tulio Montenegro. Como justificación, en un decreto del 15 agosto 2018, Cisneros escribió: “para caminar en orden a una comunión más plena es necesario tomar algunas medidas que ayuden a superar dificultades presentes, que favorezcan dicha comunión”.

Hoy, los cuatro religiosos denunciantes aseguran que seguirán luchando, pues de lo contrario no habrá armonía ni paz para las víctimas. Así lo expresó Esteban Desposorio: “Justicia, eso es lo que quiero lograr. Esto es algo que debe terminar de una vez”.

CRÉDITOS

Investigación:Melissa Goytizolo.
Edición:Carlos Gutiérrez (CONNECTAS).
Base de Datos:Rocío Romero.
Fotografía, videos y edición de videos:Jheyson Soto y Tania Cuya.
Diseño y programación digital:Jhasua Razo y Eduardo Mota (CONNECTAS).

En esta investigación también colaboraron los periodistas Xavier Alvarado Chávez y Edgar Alarcón Zavaleta.