• Capítulos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Los “asuntos” internos de los supuestos intercambios de disparos

En la República Dominicana mueren cada año cientos de personas en hechos que involucran a agentes policiales y que son reportados como intercambios de disparos, de los que no siempre se tienen informaciones precisas.

Para conocer detalles de las víctimas de esos hechos en los últimos 16 años, Diario Libre solicitó datos específicos a la Procuraduría General de la República y a la Policía Nacional.

La respuesta fue consolidada por la Policía y solo ofreció números estadísticos que totalizan 3,115 personas muertas entre 2007 y marzo de 2019 en acciones de sus agentes y de las Fuerzas Armadas.

Ante la falta de datos precisos de las víctimas y de las circunstancias en que murieron, un equipo de periodistas de Diario Libre documentó y construyó durante seis meses una amplia base de datos con reportes periodísticos de aproximadamente 2,000 casos de muertes de personas a manos de agentes policiales y militares entre 2004 y 2019.

La investigación arrojó que no todos los decesos son informados a la prensa por las autoridades, y que si bien hay casos que fueron reales intercambios de disparos, en muchos sucesos hubo discrepancias comprobadas por sentencias judiciales y testimonios de familiares y testigos respecto a lo detallado por las autoridades. Se encontraron casos de abuso de poder, ejecuciones por encargo, búsqueda de ascensos y muerte de personas desarmadas o por “error” de los agentes.

El joven fue ejecutado y su muerte reportada como un “intercambio de disparos”. Momentos antes, un agente de la Policía dominicana había sugerido a su superior que decidieran sobre su vida.
“Comando, vamos a salir de este hombre”, le dijo mientras requisaban a la víctima, a la que en ocasiones anteriores habían detenido por estar vinculada a la venta ilegal de drogas.
Aunque pasaron algunos años desde aquella noche, la sugerencia se mantiene fresca en la memoria de uno de los integrantes de la patrulla que hacía un recorrido rutinario por la ciudad. También, recuerda claramente las motivaciones que lo llevaron a él y a sus compañeros a detener al joven motociclista y a terminar con su vida.
“Estábamos buscando dinero para quedárnoslo, no para incriminarlo (al sospechoso), porque, si con drogas no se pudo incriminar (...), menos con dinero”, cuenta el policía. “Eso (el dinero) se va a perder ahí, en la fiscalía, en los comandantes (...). Al ‘tipo’ no tener na’, decidimos ‘sacar’ a ese antisocial del camino..., de nuestro sector”.

Para el agente, que accedió a ofrecer su testimonio bajo promesa de anonimato, por razones de seguridad, lo que ocurrió aquella noche (se omiten detalles de fecha y lugar) es práctica “común” dentro de la Policía Nacional de la República Dominicana. El hombre, aún activo en el organismo, muestra la cara interna de una cuestionada práctica que por décadas ha acabado con la vida de miles de personas, sobre todo de jóvenes, en violación a las leyes de un país que no contempla la pena de muerte bajo ninguna circunstancia.

Su narración sobre lo que hicieron después que mataron al muchacho, revela la tergiversación del reporte.

“Armamos una escena de crimen como que fue un intercambio de disparos: le pusimos una pistola que ni siquiera era la que él tenía. Él no tenía nada, nosotros la buscamos (la pistola) y se la pusimos, y pusimos a que él disparara, ya muerto”, cuenta. “Nosotros disparamos también e hicimos como que fue él. Llamamos, y vinieron y nos tomaron los datos y to’ la cosa”.

Reportar el hecho como un intercambio de disparos supone un eximiente legal en caso de que realicen una investigación judicial, pues el agente podrá alegar la legítima defensa, una prerrogativa del Código Penal Dominicano que dicta que no hay crímenes ni delito cuando se actúa en legítima defensa de sí mismo o de otro.

Los datos estadísticos publicados por la Procuraduría General de la República muestran que, bajo las denominadas “acciones legales” de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros de las Fuerzas Armadas, se registró en el país la muerte de 3,754 personas entre 2005 y el primer semestre de 2019.

Tomando como referencia el estudio comparativo Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina, las 140 muertes reportadas solo en 2017 por la Procuraduría dominicana en “acciones legales”, se aproximan a las 169 registradas oficialmente ese año en Colombia -un país con un histórico conflicto armado- atribuidas a agentes de seguridad pública. Sin embargo, la República Dominicana tenía una tasa de muerte por acciones policiales de 1.38 por cada 100,000 habitantes, superior al 0.3 de Colombia. Ese año, la tasa de Brasil era de 2.3 y la de El Salvador de 6.18, dos de los países más violentos de la región.

Detrás de los números dominicanos, hay hechos que fueron reales intercambios de disparos entre la policía y civiles, pero también un sinnúmero de historias ocultas de ejecuciones extrajudiciales, corrupción y violaciones de derechos humanos, que los propios protagonistas ponen al descubierto en esta investigación que realiza Diario Libre, en alianza con Connectas y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, en inglés) con sede en Washington, Estados Unidos.

Durante seis meses, un equipo de periodistas de Diario Libre documentó y construyó una amplia base de datos con aproximadamente 2,000 casos de muertes de personas a manos de miembros de la Policía Nacional, la DNCD o de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, reportados en la prensa entre 2004 y 2019 y que, en su gran mayoría, fueron registrados por los organismos oficiales como intercambios de disparos. Al hacer la amplia búsqueda se constató que no todos los decesos son informados a la prensa por las autoridades.

Diario Libre conversó, además, con los familiares de más de 30 de las víctimas, quienes ofrecen versiones distintas a las oficiales y narran situaciones que envuelven ejecuciones por encargo, muerte de personas desarmadas o por “error” de los agentes. También, de civiles inocentes que no estaban vinculados a ningún delito.

En su gran mayoría, las víctimas fueron jóvenes entre 18 y 35 años que residían en sectores marginados, tanto de zonas urbanas como rurales, y pertenecientes a familias del estrato social más pobre del país, de acuerdo con los datos recabados por este equipo de investigación.

De 1,844 muertos registrados en la base de datos hasta agosto de 2019, el 99 % fueron hombres. La noche fue el horario en el que más hechos se reportaron y los delitos más comunes atribuidos a las víctimas eran robos, atracos y asaltos. En 5 % de los casos, las víctimas no tenían ninguna acusación policial y a 1 % le dispararon por no detenerse. El análisis también arrojó que recibieron disparos mayormente en la cabeza, tórax y costado.

Mandados a matar

Era el segundo día de enero de 2009 cuando Estefany Cabrera Peña fue a visitar a unos amigos a la cárcel de Puerto Plata, en la costa norte del país.

De los reclusos amigos recibió un recado para sus hermanos mayores, José y Ruddy Cabrera Peña. Les mandaron a decir que se alejaran de la persona con quien siempre andan, porque “ya pagaron por la cabeza de Julio”.

La joven no tuvo tiempo de dar el mensaje. Antes de llegar a la casa familiar, un amigo le informó que sus hermanos ya estaban en la morgue del hospital. Esa misma tarde, José, de 24 años, y Ruddy, de 25, murieron a manos de agentes policiales. Cayeron junto a Julio César García Almonte, la persona por la que habían advertido en la cárcel a Estefany y que era señalada por las autoridades como un distribuidor de narcóticos.

“El suceso se produjo a las 5:00 de la tarde, cuando, de acuerdo a la Policía, una patrulla motorizada le ordenó detenerse y los jóvenes emprendieron la huida en una yipeta (vehículo todoterreno)”, dice una reseña periodística del suceso. “La patrulla policial los persiguió por el malecón y los alcanzó detrás de la Ferretería Bordas, donde, supuestamente, los tres jóvenes la recibieron a balazos con una ametralladora Uzi, una escopeta y un revólver”.

Estefany tiene una versión diferente, que recreó con los comentarios y grabaciones de testigos. Admite que sus hermanos estaban armados, pero asegura que no dispararon. Uno de ellos, incluso, corrió y pidió auxilio desde la entrada de una vivienda, cuyo propietario no se atrevió a abrir la puerta, y el joven fue alcanzado por los agentes. También, recuerda que José fue detenido vivo, aunque herido, y que uno de los policías le dio un disparo de gracia en la sien.

El informe de la autopsia a José indica que la causa de muerte fue herida de bala con entrada y salida en el cuello, y herida de bala en la sien derecha con posible salida. Señala que recibió el disparo desde distancia intermedia y que el proyectil tuvo una trayectoria de derecha a izquierda y salió por el cuello. Justo esa bala, recuerda Estefany, fue pieza clave para que los responsables de la muerte de sus hermanos fueran condenados por los tribunales.

“Cuando mi madre (Celenia Altagracia Peña) fue a ver los cuerpos de los muchachos, estaba levantándole la cabeza a José y la bala le cayó en las manos. Con eso (el proyectil) se pudo probar quién le disparó”, dice la joven.

Las investigaciones que inicialmente ordenó la Policía Nacional en medio del escándalo público llevaron al despido de los 31 agentes que conformaban la dotación policial de Puerto Plata, a los que se les acusó de recibir dinero del narcotráfico.

Estefany Cabrera observa la portada de un periódico de febrero de 2009 que reporta sobre los implicados en la muerte de sus hermanos. Foto: Aneudy Tavarez

En el expediente acusatorio que el Ministerio Público presentó ante un tribunal penal, alegó que la muerte de José, Ruddy y Julio César “fue por encargo, pagada por Franklin Hidalgo, conocido como el Gallero”, supuestamente por conflictos en la venta de drogas.

Dos años más tarde, el 6 de enero de 2011, el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata dictó la sentencia número 00001/2011 que declara al primer teniente José Daniel Cepeda Rubio y al mayor Rafael Lora Rosario culpables de homicidio voluntario y los condena a 18 años de reclusión.

Matar por un ascenso

El exjefe de la Policía Nacional, mayor general retirado Bernardo Santana Páez, reconoce que se dan casos en los que un policía actúa con fines de impresionar a sus superiores, en busca de un ascenso.

“Cuando se acercaban los ascensos, aumentaban los intercambios de disparos. Entonces, como la Policía muchas veces, eh... nunca creyó en la ciencia, nunca creyó en la investigación científica sino en los músculos de muchos policías, se veía que aumentaba la cantidad de solicitudes de ascensos ligadas a los intercambios de disparos”, dice.

Su apreciación la basa en estudios del tema, así como en su propia experiencia al frente de la institución.

“Cuando llego como jefe de la Policía, yo veo que venía un oficial y me decía: ‘Mire esta tarjetita, para que asciendan a ese fulano de tal que es un buen investigador, ayer se enfrentó con tres y mató uno’ ”, indica.

Asegura que durante su gestión nunca recomendó ascensos basado en esos criterios y que, por el contrario, ordenaba una investigación de los casos para determinar las circunstancias reales. También, refiere haber implementado la práctica de incluir al Ministerio Público en esas investigaciones.

Santana Páez fue jefe de la Policía entre 2005 y 2007. En esos dos años, la Procuraduría reportó la muerte de 1,077 personas por las denominadas “acciones policiales”, así como de la DNCD y las Fuerzas Armadas.

El exjefe se defiende de la alta cifra argumentando que se debe al número de casos registrados en ocho meses correspondientes a la gestión anterior a su llegada a la jefatura, el 17 de agosto de 2005, y a los cuatro posteriores a su salida, el 17 agosto de 2007.

Para 2005, el año en que llegó Santana Páez a dirigir la Policía, la Procuraduría reportó 437 muertes, en 2006 bajó a 295, pero en 2007 subió a 345.

La Policía Nacional dominicana contaba con 38,952 miembros hasta agosto de 2019, en un país de 10.3 millones de habitantes.

En la opinión pública fue cuestionado el ascenso de al menos tres de los agentes investigados por la muerte de los presuntos secuestradores del joven Eduardo Antonio Baldera Gómez en 2009.

La Policía reportó que se produjo un intercambio de disparos entre los agentes y los presuntos secuestradores William de Jesús Batista Checo (58 años) y Cecilio Díaz (52 años). El entonces jefe de la Policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, declaró a un canal de televisión que los hombres estaban rodeados por los agentes. Pero un informe de la Procuraduría comprobó que fueron apresados vivos por comunitarios y los alcaldes pedáneos de Sabana Cruz y Los Conucos, de Villa Vásquez, y entregados a la Policía. "Estaban arrestados, esposados, desarmados y custodiados”, afirmó la Procuraduría.

En noviembre de 2009, se dictaron tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el entonces teniente coronel Alberto Trejo Pérez -quien formaba parte del equipo policial que investigaba el secuestro-, el mayor Jesús Rafael Tejada Tejada y otros tres agentes. En tanto que al alférez de fragata Ramirito Dumé Nina se le impuso una garantía económica de RD$200,000 (unos US$5,571).

Cinco meses después de las muertes de los presuntos secuestradores, la prensa reportó el ascenso a coronel de Trejo Pérez, a alférez de navío a Dumé Nina y a alférez de fragata a Víctor Manuel Feliz Feliz, en contra de quien fueron recomendadas sanciones disciplinarias.

Tras un largo camino, la Suprema Corte de Justicia declaró en 2015 extinguida la acción penal contra los implicados por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso desde el día de la medida de coerción y la presentación de la acusación.

Al año 2018, Trejo Pérez se desempeñaba como director de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Santiago, y Tejada Tejada, quien hoy es teniente coronel, fue nombrado comandante de la Policía en Ocoa en febrero de 2019.

El exjefe de la Policía Santana Páez también atribuye la ocurrencia de los alegados intercambios de disparos a otros factores: “Posiblemente un policía mal preparado, frente a una actuación se desborde, no sepa cómo actuar; o para que no lo sancionen o no le digan que es flojo, posiblemente; o por no haberse adiestrado bien y no tener una técnica para controlar a una persona, dice que fue un intercambio de disparos y le puede quitar la vida a una persona”.

Una herencia dictatorial

La Policía Nacional dominicana tiene una raíz militar que aun influye en los escalafones de sus rangos, que van desde conscripto hasta mayor general, y en la dureza de sus acciones.

Creada como “Guardia Nacional Dominicana”, en 1917 y durante la primera ocupación militar de Estados Unidos al país, cambió su denominación por Policía Nacional Dominicana por la Orden Ejecutiva 631, del año 1921. Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), el organismo se conformó como el cuerpo que se conoce hoy día mediante la Ley 1022, de 1935, y el Decreto 1523, de 1936.

Además de que la Policía se ocupaba de asuntos de orden público y de la persecución de la delincuencia, de su estructura y de las Fuerzas Armadas, posteriormente surgió el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), una dependencia dedicada al espionaje político y a cometer asesinatos selectivos de opositores a la dictadura.

Luego de la caída de la tiranía de Trujillo, el país pasó a ser gobernado por regímenes de gobiernos más democráticos, pero algunos analistas entienden que la herencia dictatorial se ha mantenido en la Policía.

En 1985, durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Sergio Sarita Valdez fue de los médicos que abrió la práctica de la patología forense en el país, a través de una comisión de especialistas de la entonces Asociación Médica Dominicana, hoy Colegio Médico Dominicano. Desde entonces el profesional recibió presiones porque comenzó a emitir informes de casos que contradecían a las autoridades.

“No fueron una ni dos ni tres ni cuatro ni cinco… se me acaban los dedos para contar incidentes en los que era costumbre que la Policía ejecutaba una persona, entonces hacía una rueda de prensa y decía que esa persona los había enfrentado y ellos tuvieron que defenderse”, dice Sarita, quien estuvo al frente del Instituto Nacional de Patología Forense desde su creación en 1996 hasta 2000, y desde 2004 a 2015.

También empezó a notar algunas inconsistencias: “Ahí fue que yo comencé a encontrar algo curioso; y era que, si es un enfrentamiento, se supone que la palabra quiere decir de frente, que tú me encontraste de frente, (pero) la mayoría de esos cadáveres que yo estudiaba tenían los disparos hechos por la espalda”.

La práctica la ha observado en todos los gobiernos que han dirigido el país en los últimos 30 años, en algunos con más casos que en otros, lo que lo lleva a concluir que es “un comportamiento que trasciende gestiones de gobiernos y se vuelven ya acciones de Estado”.

La clave 1-29 es “liquídenlo”

El general retirado de la Policía Nacional, Juan Tomás Taveras Rodríguez, cuyas críticas públicas al rol del organismo en la política de seguridad del país lo empujaron a ser puesto en retiro en 2009, es de los que también entiende que los gobiernos posteriores a la dictadura han mantenido las estructuras y formas de aquellos años, porque les interesa un cuerpo policial que actúa “robóticamente” frente a cualquier escenario de violencia y es servil del mando político.

Para Taveras Rodríguez, los supuestos intercambios de disparos en el país no son acciones particulares de los agentes, sino que responden a una estructura de la que tiene conocimiento hasta el presidente de la República, y en la que toma responsabilidad en parte el sistema de justicia.

— Pero, ¿cómo se daría ese flujo de información desde un Presidente de la República hasta el agente que está en la calle?

— La policía tiene matones, yo les digo sicarios. No les pagan directamente, pero les dan privilegios para que ellos hagan y deshagan.

—¿Pero forman parte de la Policía?

—Son policías y son casi siempre del entorno del jefe policial de turno. Son muy pocos los jefes que no tienen esos equipos.

—¿Y cómo son esos equipos, porque hasta nombre les han puesto, como el “Escuadrón de la muerte”?

—El más peligroso fue uno que se dedicó a dar tumbe de drogas, que hacían eso pero también hacían lo otro (ejecutar a civiles).

—¿Y las unidades que les llaman Topos y Linces también serían de este grupo?

—No, no. Ellos son de ‘bulto’ en las calles, acción rápida le dicen.

—¿Cómo un policía es seleccionado para pertenecer a este equipo?

—Los departamentos investigativos tienen siempre amigos de los jefes que son comandantes en ese sitio y esos comandantes a la vez tienen hombres de confianza que han hecho todas las vagabunderias del mundo, que los utilizan para eso.

—¿Pero le dicen: ve y busca a fulano, con nombre y apellido, y a ese elimínalo?

—Sí, y a veces los papás lo denuncian, que ya no aguantan a sus hijos, que hagan algo con ellos, que los metan presos y si no, que los maten (…) La policía a veces es cómplice de estos ladrones y estos delincuentes, los utilizan para robar, son socios de ellos, y luego de que ya ven que es demasiado conocido, ellos mismos lo eliminan.

—Suponga que en un barrio hay un delincuente. Esa orden de matarlo, ¿de dónde sale?

—Cuando hay una persona que está generando mucha zozobra en un barrio, a veces lo deciden los mismos operativos de los departamentos investigativos, ellos mismos, sin darles la orden, porque tienen la ficha, ellos tienen un grupo de fichas de la gente. A veces ellos mismos son que los entrenaron para que sean ese tipo de ladrón.

—¿Hay un nombre o un código que la policía utiliza para decir en clave que van a eliminar?

—Darle pa’ abajo (...) como quiera, le dicen.

—Hay un número también

—Un 1-29 es la clave por la radio; 1-28 es hiéranlo, 1-29 es liquídenlo (...) En un momento dado se dice que cayó, ya está en 1-29, eso sí lo informan por la radio (...) Hay dos formas de haber intercambios de disparos y de haber víctimas. Hay uno que es por mala práctica, porque no están bien entrenados, que son errores de los policías, y hay otros que son parte del sistema podrido que tenemos, de eso que viene de la epoca de Trujillo.

“Mano dura” para enfrentar la delincuencia

La Policía Nacional dominicana contaba con 38,952 miembros hasta agosto de 2019, en un país de 10.3 millones de habitantes, a razón de unos 266 agentes por cada 100,000 personas. La cantidad es cercana a la media mundial de aproximadamente 300 calculada por las Naciones Unidas.

Con el decreto 650-12, del año 2012, el Poder Ejecutivo creó la Comisión Presidencial para la Reforma Policial con la misión de formular iniciativas orientadas a reformar integralmente a la Policía Nacional.

También, promulgó en 2016 la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16. Entre otras cosas, esa legislación sustituyó el título de jefe de la Policía por el de director e incluyó la dignidad humana como el primero de sus principios fundamentales que, a juicio de varios analistas, le daba un carácter más civilista a la organización.

El último informe Latinobarómetro, divulgado en noviembre de 2018 con datos de 18 países, reporta que en la República Dominicana solo el 24 % de la población tiene confianza en la Policía, por debajo del promedio de la región que es 35 %. Los porcentajes no representan una mejoría respecto al año 2017, cuando fueron los mismos.

Pero las iniciativas no han logrado sacar a la República Dominicana de la lista de países en los que se violan los derechos humanos.

Amnistía Internacional, en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo (2017-2018), destaca que la Procuraduría informó sobre 110 homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad dominicanas entre enero y octubre de 2017. “Las circunstancias de muchos de los homicidios sugerían que podían haber sido ilegítimos”, apunta el reporte.

De igual forma el Departamento de Estado de los Estados Unidos hace referencia a asesinatos arbitrarios e ilegales del Gobierno dominicano o sus agentes en su último Informe sobre derechos humanos, publicado en 2018. Cita el caso de Rubén Darío Hipólito Martínez (a) Moreno 27, quien era buscado por supuestamente haberle disparado al entonces vocero de la Armada, Augusto Lizardo, y a su hijo en un asalto.

“Fue ultimado minutos después de suplicar por su vida, hecho que se grabó en un video”, destaca el informe.

El director de la Policía designó una comisión para investigar el hecho, ocurrido en noviembre de ese año, y cuatro agentes policiales fueron suspendidos para fines de investigación.

La Policía Nacional reporta 3,115 muertes de personas a manos de los organismos de seguridad del Estado desde 2007 hasta el primer trimestre de 2019. En ese mismo período cayeron en servicio 107 policías y ocho militares.

Diario Libre solicitó una entrevista con el director de la Policía, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, y se insistió por varias semanas, pero al cierre de esta investigación no había sido concedida.

Bautista, en una entrevista en mayo pasado con la periodista Nuria Piera, había informado que del 2017 al citado mes, la Policía despidió a 1,264 miembros y sancionó a 2,248 por hechos que no identificó.

Reportó también que la institución envió a la justicia ordinaria a 2,393 agentes e investigó a 394, sin que se hubiesen producido sanciones contra este último grupo.

Para esta investigación Diario Libre además solicitó entrevistas con fiscales pero no se recibió respuesta de autorización de parte de la Procuraduría.

Agentes policiales dominicanos en labores preventivas, el 13 de agosto de 2019. Foto Danelis Sena

“Aunque las autoridades digan que no, yo, como activista de derechos humanos, sí sé que en esa institución existe la cultura de matar”, asegura el abogado Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Mercedes comenta que ha impartido clases a policías sobre el rol de la institución y los derechos humanos conforme a la Constitución, y algunos les argumentan que hay “que salir” de los delincuentes. “La preparación en materia de formación que da la Policía lo lleva a dos cosas: uno, a crear esa cultura de matar como consecuencia de la formación que reciben en las escuelas, y dos, la otra característica de esa formación es que terminen en el sicariato”, asegura.

La CNDH cada año incluye en sus reportes un aparte para denunciar las ejecuciones extrajudiciales en el país. Mercedes estima que, si las estadísticas se sacan desde el año 1998, sumarían entre 7,000 y 8,000 las muertes que se le atribuyen a la policía hasta la fecha.

Un efecto social cuestionado

En diciembre de 2012, en una reunión entre diputados y el entonces jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez, para que explicara sobre unos casos de abuso policial cometidos contra civiles, legisladores propusieron al oficial la ejecución sumaria de los delincuentes para reducir el nivel de inseguridad en el país, de acuerdo a lo publicado por varios medios de prensa.

Según lo reportado por los diarios, el diputado Héctor Darío Féliz, representante de la provincia Pedernales por el PRD, dijo: “Cuando ustedes vayan a darle pa’ abajo (matar) a un delincuente, no se dejen ver de los medios de comunicación”.

La idea de mantener una política de “mano dura” contra los delincuentes, la comparten incluso miembros de la Iglesia católica. Para 2008, cuando se cuestionaba a la Policía por la muerte de ocho supuestos atracadores en menos de 48 horas, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien para ese entonces era el arzobispo de Santo Domingo, respaldó los métodos policiales y sugirió a la institución que siguiera actuando “sin contemplaciones piadosas”. Indicó que los derechos de las personas que son víctimas de los delincuentes, “no están por debajo de los derechos de los victimarios”.

Pero la antropóloga social Tahira Vargas cuestiona la práctica de “mano dura” para enfrentar la delincuencia. “Las ejecuciones extrajudiciales afectan notablemente la relación entre ciudadanía-Estado, pues crean un clima de miedo y deterioran el ejercicio ciudadano y el sistema de justicia”, analiza.

Recuerda que los países que han asumido políticas de este tipo no han logrado disminuirla sino que se ha incrementado. “Las ejecuciones extrajudiciales se mantienen porque de esa manera no se investigan los hechos delictivos y favorecen a la impunidad”, enfatiza.

Vargas observa que la práctica de mano dura reproduce un patrón de violencia arraigada en la sociedad dominicana que ve al delincuente como un ser humano sin derechos. En el caso particular de la Policía, advierte además, un prejuicio contra los jóvenes de los estratos sociales pobres, asumiendo que todos son delincuentes.

Si bien la República Dominicana tenía en 2017 una tasa de homicidios de 11.3 por cada 100,000 habitantes, por debajo del promedio del continente americano de 17.2, era superior al promedio global de 6.1, de acuerdo al Estudio mundial sobre el homicidio 2019, publicado por las Naciones Unidas.

“El cambio de los tiempos amerita que la Policía se ponga a tono con la sociedad; el policía distante y represivo de los 60 no es el que demandan las comunidades, ahora se requiere un policía integrado, socializado, pero que haga cumplir la ley; la integración social, la cortesía, no restan autoridad”. Manual Básico de Capacitación Policial, 2002.

Cuando al agente de la patrulla que describe, al principio de este reportaje, la forma en cómo él y sus compañeros ejecutaron a un ciudadano, se le cuestiona sobre esa forma de actuar, se excusa en la debilidad del sistema de justicia.

Con aparente pesar cuenta los esfuerzos que hacen los agentes para detener y remitir al Ministerio Público a personas vinculadas a hechos delictivos, contra las que colectan evidencias suficientes -a su parecer- para un proceso judicial, sin embargo, esas personas son liberadas y vuelven a verlas caminar por las calles. “Cuando salía de la academia (de la Policía), yo agarraba a un delincuente y yo quería llevarlo hasta lo último, que le pongan 30 años, pero me di cuenta que uno no lo puede coger personal”, comenta resignado.