Parte 2

Reformas legales:
una carrocería forjada para Nissan

Fotografía de Lozano de la Torre con Ghosn

Carlos Lozano de la Torre, ex gobernador de Aguascalientes, estrecha la mano del ex presidente Enrique Peña Nieto en la inauguración de la planta A2 de Nissan el 12 de noviembre del 2013. En el fondo Carlos Ghosn, ex CEO de Nissan Motor Co. Ltd. Foto de internet.

Para llevar a cabo donaciones discrecionales a la empresa automotriz Nissan, Carlos Lozano elaboró un plan que permitiera legalizar sus intereses.

La estrategia del exmandatario incluyó una adición a la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, creada en el 2000 para regular cualquier acción relativa a la adquisición de bienes muebles e inmuebles por parte del Estado y la enajenación del patrimonio público.

El primer paso de Lozano fue enviar, en 2012, al Congreso del Estado una propuesta de adición al Artículo 14 de esa ley, cuyo objetivo fue que el Gobierno pudiera realizar donaciones sin tener que contar con la aprobación del Poder Legislativo -ni negociar con otras fuerzas políticas– y sin detallar las condiciones, como la Ley ordenaba.

El 6 de marzo de ese año, durante la sesión ordinaria del Pleno Legislativo se libró un debate en torno a los intereses de Lozano y de Nissan Mexicana.

“No se podía ser tan irresponsable de estar eliminando la función de control patrimonial de Congreso del Estado sin saber siquiera de qué se trataba”, dijo en entrevista el perredista Gilberto Carlos Ornelas, el único que se opuso a la reforma.

Quienes no se opusieron, pero tampoco votaron a favor fueron siete priistas encabezados por el entonces diputado Gabriel Arellano. “El grupo de la cocina”, como se les nombró, desapareció del recinto para abstenerse de votar.

“Sí la hubo (presión). Me recuerdo muy bien a uno de los diputados que estaba ahí y estando ahí le habló el jefe de gabinete (Javier Aguilera) y lo puso en altavoz (...): son indicaciones precisas, no sé qué estás haciendo allá adentro, cabrón. Sales y votas como yo te lo mando”, narra Arellano.
Senado

Congreso del Estado de Aguascalientes. Fotografía: Cynthia Andrade

“Oh, gran error porque los otros seis le cargamos: ya todos escuchamos y aquí tu decisión es histórica. Si sales y votas... Y no salió y no votó. Sí hubo (presión). Lo escuchamos. Estábamos en la cocina”, recuerda.

Con ayuda de la bancada del PAN, la propuesta de Lozano se aprobó ese día con 16 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones. A partir de entonces, los fideicomisos del Gobierno de Aguascalientes pueden donar inmuebles y otros bienes públicos sin transparentar las condiciones ni pedir autorización al Poder Legislativo, ni informar a la ciudadanía.

Durante la administración de Lozano de la Torre, la Ley Patrimonial sufrió cinco de las nueve reformas que tuvo desde su creación. Algunas de esas reformas ampliaron las facultades del encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas, Alejandro Díaz Lozano, su sobrino. El 23 de marzo del 2015, la LXII Legislatura –también con mayoría priista– aprobó desaparecer la ley y repartir sus estatutos entre dos leyes: la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes.

Esta última, en su Artículo 16, guarda las intenciones de Lozano en 2012 y enfatiza: “El patrimonio de los fideicomisos públicos, considerados o no, como entidades paraestatales, no forman parte de los bienes propiedad del Estado (…)”.

Para este reportaje, se solicitó por transparencia a la Secretaría de Desarrollo Económico el Convenio Marco firmado entre el Gobierno del Estado y Nissan Mexicana el 23 de marzo del 2012, que contiene los lineamientos para la entrega de recursos públicos de la administración de Carlos Lozano a la armadora. El gobierno actual, encabezado por el panista Martín Orozco, lo reservó el 16 de octubre del 2017.

El 29 de enero de 2020, el Instituto de Transparencia de Aguascalientes (ITEA) resolvió el recurso de revisión presentado por FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación contra esa reserva. Por unanimidad, el pleno del ITEA ordenó entregar una versión pública del Convenio Marco en un plazo legal que vence después del cierre de esta edición.

Entre la administración de Carlos Lozano y la de Martín Orozco, un funcionario ha sido constante: Mario Vega Garza, que actualmente es el administrador del FIADE, lo fue también en 2015, en donde además fungió como coordinador jurídico del Fideicomiso, y años antes, en 2012, y según documentos del Registro Público fue delegado fiduciario del Banco del Bajío en los movimientos realizados por el FIADE.

Hasta el cierre de este reportaje, ni la empresa ni el director del Fideicomiso respondieron a las solicitudes de entrevista de las reporteras