Parte 1

La presión,
la estrategia y
la inversión

Fotgrafía aérea de planta Aguascalientes, México

Planta de A2 de Nissan Mexicana en Aguascalientes. Fotografía: Lucía Vergara

Exgobernador Carlos Lozano de la Torre

Carlos Lozano de la Torre, ex gobernador de Aguascalientes (2010-2016). Fotografía de archivo.

El 21 de octubre del 2011, Armando Ávila Moreno, vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana, envió una carta al Gobierno de Aguascalientes, entonces encabezado por el priista Carlos Lozano de la Torre, anunciando el interés de la automotriz japonesa para abrir su segunda planta en el estado con una inversión de 2 mil millones de dólares, y exigiendo condiciones preferenciales como:

Condiciones preferenciales exigidas por Nissan

Contar con una reserva territorial aproximadamente de 500 hectáreas “susceptible de ser transmitida de manera gratuita a nuestra empresa y/o filiales”.
Aportar “los bienes e infraestructura suficientes para que la nueva inversión de Nissan tenga viabilidad”.
Estar preparado “con la infraestructura necesaria para soportar la inversión satélite” que, adelantaba, atraería la planta A2.

Oficio de Nissan
El contenido de la carta contrasta con uno de los principios de la Política Global Anti-Sobornos de la compañía, que prohíbe a sus filiales y subsidiarias recibir “nada de valor (dinero, regalos, entretenimiento, viajes, tratamiento preferencial, etc.) de otra persona o entidad que busque hacer negocios con Nissan Group”.

Los lineamientos anti-sobornos se desprenden de la participación de Nissan Motor Co. Ltd. en el Pacto Global de las Naciones Unidas, al que el corporativo se adhirió el 1 de marzo de 2004. La iniciativa voluntaria implica que las empresas adopten principios como cuidado del medio ambiente, respeto a los derechos humanos y laborales y combate a la corrupción.

Específicamente al condicionar su inversión a obtener tierras gratuitamente, Nissan Mexicana incumplió la política anti-corrupción de su corporativo, considera Miguel Soto Treviño, integrante de la organización no gubernamental PODER.

“Es una práctica muy extraña la de estar buscando quién les regale terrenos a cambio de una supuesta inversión millonaria —dice Soto— Sí es una flagrante violación al principio de anti-corrupción”.

La de Aguascalientes era la inversión más importante de Nissan fuera de Japón, un hecho que marcaría la esencia del gobierno de Lozano y que reforzaría la vocación automotriz de la entidad.

Lozano era un viejo conocido de Nissan. Funcionario de Desarrollo Económico durante tres sexenios, se le reconocía como artífice de la apertura de la primera planta de la empresa en Aguascalientes, en 1981. Para repetir el éxito 30 años después, ya como gobernador, el priista ofreció a la armadora tierras que el gobierno poseía cerca de parques industriales al norte y sur de la ciudad capital, pero la empresa lo rechazó.

Oficio

La carta lo advertía: Aguascalientes competía por esa inversión contra otras entidades en México y el extranjero. Carlos Lozano quería asegurar que la inversión se quedara en su estado, así que el 22 de noviembre ordenó al secretario de Desarrollo Económico, Hipólito Treviño, que adquiriera “aproximadamente 500 hectáreas de terreno que en su momento alguna o algunas empresas le requieran”.

Oficio

Dos semanas después, el 5 de diciembre, Treviño recibió una carta del vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana. En ella, le sugería con precisión adquirir terrenos “localizados al oriente y poniente del kilómetro 112 de la Carretera Federal 45 sur pertenecientes al Ejido Peñuelas y parcialmente el Ejido Montoro del municipio de Aguascalientes, con una superficie en su conjunto de 436.51 hectáreas”.

Oficio
El gobierno de Lozano compró terrenos, impulsó reformas legales y contrató deuda pública para ajustarse a las exigencias de la compañía. Nissan presumió la inauguración de su nueva fábrica en tiempo récord.

Uno de los instrumentos clave para concretar la nueva inversión de la compañía nipona fue el Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado (FIADE) , constituido en 2006 con la recaudación anual del Impuesto sobre la Nómina y recursos estatales. A través del FIADE, el gobierno destinó más de 814 millones de pesos para adquirir 523.9 hectáreas de los ejidos Peñuelas, Montoro y Cotorina, de las cuales donó 437.84 a la filial mexicana de Nissan.

El entonces presidente de Coparmex Aguascalientes, Ricardo Rodríguez, era uno de los integrantes del Comité Técnico del FIADE y asegura que, durante su gestión, ese organismo no discutió la donación de terrenos a Nissan.

Aún así, los contratos de compraventa notariados obtenidos del Registro Público de la Propiedad de Aguascalientes documentan que el Comité Técnico aprobó la adquisición y donación de las tierras el 30 de noviembre del 2011. El FIADE compró las parcelas de 125 ejidatarios y propietarios de Peñuelas, Montoro y Cotorina entre 2011 y 2014.

En documentos oficiales no existe registro del acercamiento entre el gobierno, la empresa y los dueños de las parcelas. Ejidatarios entrevistados para este reportaje explican que un grupo de personas de Gobierno del Estado realizó, en 2011, una reunión que no contó como asamblea ejidal por falta de quórum, ahí se les informó que el estado y Nissan Mexicana querían comprar sus tierras. A partir de entonces un equipo dirigido por Juan Antonio Jáuregui Verdín y Julio Marduk Serrano Jáuregui gestionó con cada ejidatario la venta de sus parcelas. Algunos fueron presionados para vender con el argumento de que sus terrenos ya estaban rodeados por tierras propiedad de la empresa. Esa forma de negociación individualizada propició especulación en el valor de los terrenos y, al final, algunos vendieron el metro cuadrado en 60 pesos, mientras que otros lo hicieron hasta en más de 400.

"Llegaron con todos los campesinos, andaban como unas 15 personas con él (Jáuregui Verdín). Visitaron a todos los que tenían tierras, iban a negociar a ver en cuánto daban la tierra, los manipulaban, unos dieron más barato otros más caro. Ellos ponían el precio, uno según negociaba pero no, y nos exigieron un tanto por ciento para ellos, una comisión. Se fue dando así, en privado con todos. Nos lavaron el coco. A muchos los obligaron a vender, les decían que los de la orilla ya habían vendido ¿cómo iban a pasar a su tierra?, fueron encerrando a la gente porque quedaban en medio, les decían que se iban a tener que comprar un avión para entrar a sus tierras, los acorralaron”
Declaró uno de los ejidatarios de Peñuelas.

Tras los procesos de compra-venta de las tierras en Peñuelas, Montoro y Cotorina, los ejidatarios sospechan que algunos caminos y brechas no fueron considerados en los pagos que les hizo el FIADE. Un hombre identificado como Genaro Rodríguez, que luego se convirtió en su apoderado legal, fue quien les informó sobre la falta de pago por esos remanentes —de entre tres y cinco hectáreas— hoy propiedad de Nissan Mexicana.

Actualmente, en el Tribunal Agrario hay un juicio del ejido Peñuelas contra Nissan Mexicana dentro del expediente 32/2015. Y en mayo del 2019, según la lista de acuerdos del expediente, el FIADE tuvo conocimiento del juicio.