Llegaron amenazando con tumbar la puerta de la casa cuando, apenas, comenzaba a aclarar el día. Desde adentro, sintieron los gritos de hombres y pisadas sobre el techo de la vivienda de un solo ambiente y ventana única. María* estaba en la sala, su esposo Kevin* y su hijo de 5 años reposaban en la cama, ambos prendidos en fiebre por el zika, cuando entraron de golpe unos 15 uniformados de negro, armados y con la cara cubierta.

Preguntaron por Kevin. Leyeron su nombre y apellido en un papel en el que lo tenían anotado. No le pidieron la cédula de identidad para verificar si se trataba de la misma persona. Tampoco se tomaron el tiempo para chequear si tenía alguna cuenta pendiente con la ley ni presentaron una orden de detención. Con golpes y empujones, obligaron a María a salir de su hogar con el niño enfermo en brazos. En el interior, se quedó su esposo, golpeado y amenazado, con un grupo de agentes. No se escuchó el tiro que le atravesó el costado izquierdo del pecho y que acabó con su vida, a los 19 años. A veces, usan armas con silenciadores.

Todo el sector de la Cota 905, al suroeste de Caracas, vivió un ambiente de caos y miedo esa mañana del 10 de mayo de 2016, cuando irrumpió la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). El procedimiento se extendió hasta El Cementerio, El Valle y Coche (sectores populares en el municipio Libertador, el más poblado de Caracas). Fue la OLP en la que participaron más funcionarios, con 3.006 policías en acción.

Ese día, no solo mataron a Kevin. La OLP dejó nueve víctimas -cuatro de las cuales no se encuentran en los registros policiales-, entre ellas, su cuñado, quien habitaba en la casa contigua. Su esposa y su madre denunciaron que lo asesinaron cuando intentó escapar. “Vamos a matar a todos los de tu familia”, fue la amenaza lapidaria que hicieron los policías a quienes, presumían, estaban vinculados al que es considerado como el delincuente más buscado del país, el hombre que domina el corredor que conecta la Cota 905 con El Valle y El Cementerio: Carlos Luis Revete, conocido con el apodo de “el Koki”. Un trofeo que todos los policías quieren mostrar.

Las muertes de Kevin -a quien hasta le inventaron un alias- y de su cuñado no fueron consideradas por sus familiares como producto del azar o de una confusión con supuestos delincuentes. La amenaza les hizo pensar que vivir en el sector de donde es “el Koki” los convirtió en objetivo de la OLP y por eso los fueron a buscar.

El mismo día, el entonces ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, en una alocución televisada, anunció el inicio de la Operación de Liberación del Pueblo Nueva Fase (OLP-NF), con una particularidad: ahora, serían «actuaciones selectivas” para reorganizar y “consolidar la paz». Con su declaración, el titular del despacho, que se encargaba de la seguridad ciudadana, reconocía que no eran procedimientos al azar. Los lugares donde se realizaban y, al parecer, también las posibles víctimas, eran escogidos con antelación.

Los testimonios de los afectados y las declaraciones de algunos funcionarios del Gobierno mostraban que la OLP no era una acción casual. En la mayoría de los casos, había una selección previa de las futuras víctimas por motivos que iban desde venganza, protección de los intereses de personas con poder o militares, desplazamiento de los grupos delictivos de los territorios para ser entregados a los colectivos, hasta la sensación de hacer justicia.

En estos operativos, la fuerza pública no solo llevaba armas de fuego, motocicletas de alta cilindrada y vehículos de doble tracción. Nombres y apellidos anotados en papeles, fotos guardadas en tabletas o celulares inteligentes, uso de delatores con rostro velado, son los métodos de verificación de identidad que se repiten en las OLP. “Constituyen operaciones selectivas que se saltan la Constitución venezolana y todas las reglas de actuación policial consideradas en el Código Procesal Penal (Copp)”, aseguró el abogado y ex fiscal del Ministerio Público, Luis Izquiel. 

Cuando la OLP llegó a Boquerón, en el estado Carabobo, el 29 de enero de 2016, los funcionarios llevaban tabletas con las fotos de las personas que buscaban. Así identificaron a Daniel*, el hijo menor de Julián*, en su casa. Después de confirmar que era el mismo de la foto, lo ejecutaron en el patio de la vivienda, según relató el padre.

El uso de estos dispositivos con fotos de las potenciales víctimas se repitió en la OLP del 6 de octubre de 2016, en barriada 23 de Enero, al oeste de Caracas, en el municipio Libertador. Hombres encapuchados utilizaron estos equipos para ubicar a los supuestos delincuentes, aseguraron vecinos del sector. “Cuando activaban las tabletas, se veían un montón de fotos. Buscaban a las personas allí. Después, los encapuchados que los acompañaban (civiles armados conocidos como colectivos), les iban señalando dónde vivían los que estaban en las fotografías”.

El uso de las imágenes para identificar a supuestos delincuentes tenía diversas manifestaciones y excesos. Yulibeth* denunció que en Barlovento, estado Miranda, los funcionarios de la policía del municipio Acevedo iban por la calle fotografiando a los hombres que les parecían menores de 30 años de edad. “Los veían reunidos y les decían: ’Voltea para acá’ y les tomaban la foto. Yo me imagino que era para tenerlos registrados”.

Este método se empleó en todo el país. A los hijos de Camila*, en la Cota 905 (al sureste de Caracas) los sacaron de su casa, los arrodillaron en la calle, con las manos en la cabeza y les tomaron fotos. Luego las pasaron a un grupo de Whatsapp -supuestamente de policías- y les advirtieron: “Ya sabes que si estás metido vas para eso (una forma de decir que los van a matar)”. El procedimiento se lo atribuyeron a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la PNB.

Según testigos, las fotos de redes sociales u obtenidas por otras vías, eran verificadas por delatores (generalmente miembros de las estructuras sociales y políticas del Gobierno o integrantes de colectivos) y comparadas con los registros de la base de datos del Sistema Integral de Información Policial (Siipol), donde aparecían las personas que estaban solicitadas por las autoridades, los ciudadanos que poseían antecedentes penales o aquellos que presuntamente pertenecían a alguna organización delictiva.

“También traían un aparatico (dispositivo electrónico que conectaba a una base de datos oficial) con una pantalla y ahí aparecían fotos y también información. Metían el número de cédula y salía si la persona tenía antecedentes penales o estaba solicitada por algún delito”, agregó Camila.

El 10 de mayo de 2016, el ex ministro Gustavo González López, mientras hacía el balance del relanzamiento de la OLP, anunció el uso de drones y otros equipos para combatir los “planes desestabilizadores de la derecha” (expresión usada frecuentemente por los funcionarios del Gobierno para atribuir a los dirigentes de la oposición vínculos con las actividades de las bandas delictivas).

Los drones se usaron para hacer registros fotográficos y videos de los habitantes de una zona, que luego sería visitada por la OLP. Los hombres que aparecían en las imágenes eran detenidos e increpados por la policía. En El Cementerio, la Cota 905 y El Valle, los residentes relataron que es una práctica común. A Francisco* lo sorprendieron cuando se dirigía a su trabajo a las 5:00 de la mañana. “A mí me pararon una vez los de negro (la PNB) en el bulevar de El Cementerio. Tenían una foto mia asomado en la ventana de la casa. Me revisaron la cédula, vieron que no tenía ninguna solicitud y me dejaron ir”. La tarde anterior había visto un dron recorrer el barrio.

Cinco meses antes de la muerte de Kevin y a unos 150 kilómetros de la Cota 905 de Caracas, Julián* había vivido el terror que sintió la viuda de Kevin, María. La madrugada del 29 de enero de 2016, un grupo de unos 20 hombres uniformados de negro, con armas y pasamontañas golpeó la puerta de su casa en Boquerón, un caserío del municipio Carlos Arvelo, en el estado central Carabobo. Era la OLP. Sacaron por la fuerza a su mujer e hija, mientras otros golpearon a sus dos hijos varones. Uno de los agentes revisó si la foto que mostraba la pantalla de una tableta coincidía con el rostro de Daniel*, el menor de los muchachos, de 16 años de edad.

En el caso de Daniel*, no pidieron cédula de identidad para comprobar si se trataba del mismo joven solicitado, que solo conocían por la imagen en una tableta. Los policías y militares lo retuvieron en la sala, mientras otros se llevaban detenida al resto de la familia en un camión sin emblemas oficiales. En paralelo, sucedió lo mismo con otros tres jóvenes que vivían en la misma calle.

Julián rememora aquella madrugada: “Uno de los policías buscaba a ver si la cara de mi hijo coincidía con las fotos que revisaba en una tableta. Al comienzo, lo confundieron con mi hijo mayor, por ser ambos muy parecidos”. El adolescente de 16 años fue presuntamente ejecutado en el patio de la vivienda con un tiro, aunque en el acta de defunción alegaron que murió en un enfrentamiento con cuerpos policiales.

Al padre de Daniel nunca le aclararon por qué lo mataron. “Ellos tenían «culebra» (conflicto) con bandas de otros caseríos, Los Caliches y Barrio Nuevo. Yo creo que las autoridades lo tenían identificado. Lo mataron para que los demás lo vieran como un ejemplo. Puede haber sido una venganza o un dato que le pasaron. Además, solo vinieron por los tres, al resto los dejaron sueltos. Pienso que si la idea era para desmantelar a una banda, ¿por qué solo iban a agarrar a tres?”.

Una percepción similar tiene Luis Ángel Carrasquero sobre la muerte de su hijo, Ángel Carrasquero, en una OLP realizada el 10 de marzo de 2017, en El Valle. El procedimiento, que dejó nueve muertos, era parte de la tercera fase que tenían como novedad la incorporación de la “H” de humanista al nombre de la operación. “Los policías llegaron cuando estaba amaneciendo. Andaban encapuchados. Pero yo estoy seguro de que sé quién fue. Había un policía de la Nacional (PNB) que me tenía amenazado a mi muchacho. Ya se lo había llevado varias veces preso a la delegación. Como no le encontraban nada, lo soltaban. La última vez, mi hijo me contó: ‘Papá, el policía me dijo que el día que me volviera a agarrar, iba a desear estar muerto’. Y una semana después pasó esto”, contó.

Acorde al relato del padre, el acoso de Ángel Carrasquero por parte de un funcionario de la delegación de la PNB de El Valle comenzó porque el joven tenía una improvisada barbería en la Calle 14, y se negó a pagarle a un policía la extorsión para que le permitiera continuar con su trabajo en plena vía pública. “Mi hijo le decía que no le iba a pagar nada, porque ese era el dinero que él ese ganaba con su trabajo. Desde ese momento el policía se molestó. Cada vez que lo veía, lo amenazaba y lo golpeaba…Yo sé que él me lo mató”, dice Luis Carrasquero, convencido de tener la razón, aunque ese día también participaron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM) que cubrían sus rostros con máscaras de calaveras, conocidas como máscaras de la muerte.

Los elementos recopilados sobre las muertes de Daniel y Ángel Carrasquero en acciones de la OLP se enmarcaban dentro de la lógica de la venganza corporativa o ejercicio privado de la violencia, analizó Verónica Zubillaga, socióloga e investigadora de temas de violencia. “Las armas son utilizadas para saldar cuentas personales y estas operaciones son usadas por policías y funcionarios del gobierno como mecanismo de retaliación o venganza contra “enemigos”. Además aprovechaban la poca nitidez sobre la responsabilidad que daba la participación de diversas fuerzas de seguridad”.

Esta tesis fue confirmada por policías que aseguraron que en ocasiones sus superiores los mandaban a los operativos con el objetivo de demostrar efectividad en materia de seguridad ciudadana. En la OLP esa “efectividad” se medía en número de muertos. Sin embargo, la orden no aplicaba para todos los presuntos delincuentes. Había privilegios. La encomienda iba acompañada de una advertencia: algunos grupos delictivos no podían ser tocados. “Para que pueda operar una organización delictiva tiene que haber complicidad con la policía y más arriba. Si la policía no detiene a los delincuentes es porque no quiere, el Gobierno tiene la capacidad de controlar a las bandas. Pero hay intereses”, explicó, sin entrar en detalles, un ex funcionario de la PNB que trabaja en el Ministerio de Relaciones Interiores, y solicitó no difundir su nombre por temor a retaliaciones.

Con el lanzamiento de lo que el Gobierno anunció como la segunda etapa de la OLP, y denominó Operación para la Liberación y Protección del Pueblo Nueva Fase (OLP-NF), la entonces viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio de Relaciones Interiores, Katherine Harrington, invitó a la gente a que fuera protagonista y les pidió “aportar sin miedo, a través de la inteligencia social, estas informaciones que manejan dentro de sus comunidades”. Dijo que habían entendido esa era la manera de ser precisos, de ser efectivos al 100 por ciento. Harrington hizo estas declaraciones durante una promoción del programa, Análisis Situacional, transmitido por Globovisión y conducido por Óscar Shemel, especialista en opinión pública y director de la encuestadora Hinterlaces.

El anuncio de Harrington se refería a un nuevo mecanismo utilizado por el Gobierno para identificar a supuestos delincuentes que serían objetivos de la OLP: la inteligencia social. De esta manera, se formalizaba la incorporación de civiles —vecinos, miembros de colectivos y ciudadanos pertenecientes a las estructuras sociales del partido de gobierno (PSUV) en las comunidades— como informantes de la fuerza pública y las instituciones que dirigen la OLP. Este método ratificaba, además, la condición selectiva de las OLP.

En la OLP de la madrugada del 30 de junio de 2016, en Ciudad Caribia, un urbanismo de Misión Vivienda (programa habitacional del Gobierno para los pobres), al oeste de Caracas, no solo se aplicó la “inteligencia social”, sino que además se incorporó a civiles armados a las tareas policiales.

Miembros del colectivo Pérez Bonalde, con sede en Catia, organizaron una reunión con la comunidad en el conjunto residencial que alberga a más de 2.000 personas, el sábado 25 de junio de 2016, bajo el pretexto de coordinar la repartición de las bolsas de comida que vende el Gobierno (conocidas como Clap).

Luego de que los primeros anuncios alimentarios fueran recibidos con algarabía por los vecinos, el grupo de paramilitares proyectó, con un videobeam, los rostros de siete hombres de la comunidad a quienes identificaron como supuestos miembros de una banda delictiva que denominaron “los sindicalistas”.  Ante el asombro de los habitantes del lugar, los visitantes aseguraron que los señalados se dedicaban a la venta de drogas, robos y control de las obras de construcción en el urbanismo y que debían ser sacados de Ciudada Caribia. Los colectivos también prometieron que vengarían el asesinato de Omar José Molina Marín, uno de sus compañeros, cuyo cadáver había sido encontrado en la entrada del barrio.

Cinco días después Jordán Pérez Castillo, Ricardo Fabián Cruz Cardona, Joel Pérez, Rodolfo Manrique, Johan Pérez, Anthony López y Julio López -los siete hombres que habían sido señalados por los colectivos- fueron ejecutados por la OLP, según testimonios de los familiares. En esa oportunidad, participaron funcionarios de la PNB, Sebin y miembros de los colectivos, que ingresaron por la fuerza en varios apartamentos, relataron testigos y familiares de las víctimas.

Algunas de estas personas trabajaban en la construcción de los edificios del urbanismo que no habían sido terminados. “Después de que mataron a esa gente, los colectivos se quedaron con esas obras, y están todo el tiempo aquí vigilando. Ahora ellos deciden quién puede trabajar ahí”,  lo que les permite asignar los puestos de trabajo, comercializar los materiales de construcción y utilizar el espacio. Las familias de algunas de las víctimas fueron desalojadas de las viviendas que les había asignado el Gobierno por el mismo grupo de civiles armados. Todas las noches, los paramilitares rondan.

Esa fue la primera vez que se supo de la participación de colectivos en apoyo a los cuerpos de seguridad y como delatores de los presuntos delincuentes en una OLP. Además en ese procedimiento fue detenido Joshua Anthony Holt, un ciudadano estadounidense que acababa de contraer matrimonio con la ecuatoriana, Thamara Belén Caleño Candelo, residenciada en el urbanismo y trabajadora del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de la zona. Ella también fue apresada.

Tres semanas después de la OLP de Ciudad Caribia, Luisa Ortega Díaz, para ese momento fiscal general de la República, dijo en una entrevista en televisión que investigaría “la participación de civiles, en calidad de funcionarios activos en la OLP”.

La participación de los colectivos, como agentes de “inteligencia social” para marcar a las personas y conducir a los cuerpos de seguridad hasta las residencias de las víctimas se repitió en la OLP realizada el jueves 6 de octubre de 2016 en la parroquia 23 de Enero, al oeste de Caracas y muy cerca del Palacio de Miraflores. “Ese día los colectivos estaban con los policías de la Nacional (PNB) y les iban diciendo cuales eran las casas de los muchachos”, relató Carlos*, familiar de una de las 11 víctimas mortales de ese procedimiento.

El 23 de Enero es una zona controlada por los colectivos, por lo que resultó extraña la realización de una OLP en ese sector. Aunque Carlos desconoce por qué razón se efectuó este procedimiento, cree que pudo estar relacionada con una disputa territorial por la venta de droga, pues es la actividad delictiva más antigua y común en la zona, además de estar prácticamente monopolizada por los colectivos.

“En este caso aplica la lógica de la ocupación territorial para recuperar soberanía del Estado. Las autoridades sienten que están perdiendo la soberanía y busca reconquistar esos espacios, no para reconstruir el tejido social, sino para quitar un grupo armado y poner otro. Este es el caso los colectivos, que someten a la población a un control social arbitrario, donde solo se beneficia su círculo cercano”, explicó la investigadora Verónica Zubillaga.

Los colectivos desplazan a las bandas delictivas y toman el control de las zonas, no para llevar la paz, sino para quedarse con los negocios del delito. Ocurrió en El Valle (al suroeste de Caracas) donde, después de la OLP-NF, un colectivo denominado Divino Niño comenzó a tener presencia y asumió el control de las extorsiones en algunas zonas de la parroquia. “Estos colectivos ahora están por aquí. No son muchos todavía, pero también salían a dispararle a la gente cuando protestaba en estos días”, relató en voz baja una residente del lugar, que pidió no ser identificada por el temor a represalias. Los colectivos patrullan la zona constantemente y se alertan ante la presencia de desconocidos.

En la Cota 905 y El Cementerio, donde las OLP eran algo rutinario, estos grupos paramilitares no han tenido acceso. “Aquí no hay colectivos. Las bandas no lo han permitido. Aquí nadie quiere colectivos, nunca los hemos querido. Es más, todo este lío de las zonas de paz y después la OLP comenzó porque las bandas de aquí mataron a un hombre de un colectivo, lo quemaron y los obligaron a irse”, dijo Francisco*, mientras recuerda los detalles del violento incidente ocurrido en 2014.

El hermano de Javier* lideraba una banda de secuestradores en El Valle, al suroeste de Caracas, pero solía pasar temporadas en una casa que había construido en Valles del Tuy, en el estado Miranda. La vivienda, acondicionada con todas la comodidades, también servía como centro de reunión y celebración.

“Un fin de semana hizo una fiesta, invitó a unos vecinos y llevaron unas prepago -denominación usada en el argot local para identificar a las prostitutas-. Las mujeres hicieron fotos de todos los que estaban en casa. A la semana siguiente, les llegó la policía, la PNB. Rodearon la casa y mi hermano se entregó. Pero igual lo mataron de un tiro en el pecho. También mataron a dos vecinos que habían estado en la celebración. Los policías tenían fotos del día de la fiesta”, contó Javier y precisó que otro familiar que se encontraba en el lugar fue testigo de lo sucedido.

La ejecución del hermano de Javier ocurrió en junio de 2016. Cinco meses antes, el 5 de enero, el entonces ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, dijo a una periodista de Runrun.es, en una conversación informal a las afueras del Palacio Legislativo, que estaban utilizando mujeres para localizar a los miembros de algunas organizaciones delictivas. Además aseguró que habían detectado que muchos de los líderes de las bandas de la Cota 905, El Cementerio y El Valle se resguardaban en Valles del Tuy, en el estado Miranda.

El año pasado varios integrantes de bandas delictivas murieron luego de ser delatados por prostitutas que previamente habían contratado para sus celebraciones, contó Javier. “Ahora, no las invitan a las fiestas electrónicas que se hacen en el barrio y prohibieron que se tomaran fotos y se grabaran videos”, explicó el hombre. Admitió con honestidad que su hermano era un delincuente, pero rechazó que lo hubieran matado después de haberse entregado.

La especialista Verónica Zubillaga también analiza esta actuación. “Es la utilización de la lógica de los justicieros. Buscan a personas que efectivamente han sido señaladas de cometer delitos. Luego de ejecutarlas las identifican por el apodo o les atribuyen apodos, los deshumanizan, porque de esta manera muestran que son seres malignos, y esto justifica el castigo”.

Proteger a funcionarios del Gobierno y del sector militar o vengar supuestas acciones cometidas por grupos delictivos también formaban parte de las razones que justificaban la realización de una OLP. “Si una persona importante había sido víctima de un robo, un secuestro o un homicidios de inmediato se emanaban las directrices para realizar la OLP, desde el Ministerio de Relaciones Interiores y la comandancia de la GNB. La punta de lanza de la OLP era la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en particular la GNB”, explicó un ex funcionario de la Policía Nacional que cumple funciones administrativas en el Ministerio del Interior, que pidió no ser identificado para evitar represalias.

Por ejemplo, entre los meses de enero y mayo de 2016 se realizaron cuatro OLP multitudinarias en la zona de Barlovento, estado Miranda. Todas las acciones obedecieron a una reacción de las autoridades ante hechos delictivos que afectaron específicamente a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (FANB).

La primera fue el 12 de enero, luego del asesinato de dos sargentos de la GNB, la OLP tomó la población de Caucagua, en el municipio Acevedo, y  durante 12 horas no permitió entrar, ni salir a los habitantes de la localidad. Buscaban a los asesinos de los militares, que fueron interceptados por los delincuentes cuando escoltaban un camión de Pdvsa. Otra se hizo el 6 de abril, para buscar a los homicidas del general retirado de la GNB Jorge Enrique González Arreaza, y su esposa, quienes fueron atacados cuando se detuvieron en una estación de servicio en Caucagua. La intervención de la OLP dejó tres presuntos delincuentes muertos.

Luego, el 11 de abril, se realizó una OLP después del secuestro del teniente del Ejército Juan Mujica Ruiz; su esposa Julmary Freites, también teniente del Ceofanb; su hija de dos meses; y el sargento José Castillo, quien los acompañaba. Se movilizaron 400 hombres en tres municipio y 12 presuntos delincuentes murieron en supuestos enfrentamientos. Un residente de la zona contó que en ese procedimiento participó el Ejército y que llevaban ametralladoras calibre .50, que son un arma de guerra: “Cuando vi eso dije: ‘eso va a ser una masacre’. Los soldados eran puros muchachos muy jóvenes”. El 14 de mayo, hubo otra OLP cuando fueron liberados el capitán de la Aviación, León José Cedeño Capriles y su esposa de origen polaco, quienes habían sido secuestrados en el municipio Andrés Bello, en Barlovento.

Otras OLP efectuadas en la zona se atribuyen a reacciones ante el ataque de propiedades de ministros y funcionarios del alto gobierno. “Se robaron electrodomésticos chinos que estaban en un galpón en la finca de un diputado del PSUV, y se llevaron unas vacas. Vino la OLP para buscarlos en las casas de la gente. Ahí no hubo muertos”, contó Andrés*, mientras señalaba la parcela donde se perpetró el robo, ubicada en el municipio Acevedo.

El funcionarios del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz  (MRIJP) explicó que: “En el caso de Barlovento la OLP se hacía con el apoyo de la Policía Municipal, Sebin, Conas y Cicpc. No se incluía a la Policía de Miranda porque en ese estado el gobernador es de oposición, y si incluían a la policía regional no iban a poder cuadrar los procedimientos. Polimiranda no aceptaría participar en hechos fuera de la ley y no podrían mostrar una versión falsa de lo ocurrido”.

Jesús*, vive en el pueblo de Río Chico, en Barlovento, hace trabajo social en la zona y mantiene contacto con miembros de las bandas delictivas. Él también sospecha sobre las existencia de irregularidades y algunos intereses detrás de las actuaciones de la OLP en esa localidad del estado Miranda. “El Gobierno con lo de las zonas de paz supo quiénes eran los de las bandas, porque aquí venía José Vicente Rangel Ávalos (entonces viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores), se reunía con ellos y hasta les tomaron fotos. Entonces no se justifica que no puedan atrapar a los verdaderos delincuentes. Además, ¿quién le mete esas armar a esos muchachos para el monte?, ¿cómo hacen esos muchachos para cambiar los dólares que cobran por los secuestros? Si ellos no salen de ese monte. La OLP es un fraude”, concluyó.

También en Valles del Tuy, estado Miranda, residentes de la localidad de Santa Lucía aseguraron que algunas OLP se han utilizado para “limpiar” la zona o desplazar (lo que denominan cambio de gobierno) de grupos delictivos, por solicitud de empresas contratistas del Estado y para atender los intereses de personas vinculadas al alto Gobierno. También allí destacaron la presencia frecuente de José Vicente Rangel Ávalos, designado en 2015 viceministro de Asuntos para la Paz, adscrito al despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. “La gente dice que cuando él viene y se reúne con los de una banda, a los pocos días hay una OLP y acaban con los de la banda contraria”, contó un conocido médico de la región.

“En este caso se trata de una privatización de las fuerzas del orden público, del ejercicio privado de sus funciones para defender los negocios e intereses de los poderosos, y no para proteger y garantizar la seguridad de los ciudadanos en general”, explicó Zubillaga.

Las OLP se caracterizaban por la participación desproporcionada y exagerada de la fuerza pública. Este despliegue logístico, que al principio incluyó hasta cámaras de la televisión estatal, dificultó la aplicación de justicia en los casos en que se cometieron delitos, sirvió para amedrentar a gente en las zonas populares y para hacer propaganda en los meses previos a la campaña para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.

Keymer Ávila, investigador y abogado, que comenzó a estudiar las OLP desde su inicio, explica que en contextos de crisis de legitimidad del Estado, los gobiernos intentan legitimarse a través de diversas vías: “Suelen utilizar el tema de la guerra contra el delito para tratar de distraer la atención de los problemas estructurales que constituyen necesidades más difíciles de satisfacer”. En el caso de Venezuela, la escasez de alimentos ya comenzaba a ser un problema difícil de atender para el Gobierno de Maduro a mediados de 2015 -cuando se anunció la OLP- y golpeaba fuerte su popularidad.

Transparencia Venezuela concluyó que la OLP obedecía a una estrategia política y no a un plan para reducir la inseguridad en el país. “Este plan no tiene una concepción definida en cuanto a su estrategia y ejecución. No presenta un sistema de rendición de cuentas en cuanto a sus operativos y recursos asignados. Se inclina más a resultados inmediatos, estratégicos y de impacto, para visibilizar una figuración de disminución de la inseguridad en el país, actuando de forma no planificada ni ajustada al estado de derecho”, dice un boletín de la ONG publicado en octubre de 2015.

En Mañonguito, en el estado Carabobo, se escenificó una de las primeras OLP. Se trató de una operación policial-militar, que fue grabada y transmitida por el oficialista canal VTV el 20 de agosto de 2015. Mostró a grandes rasgos la magnitud de un procedimiento con un despliegue de cientos de agentes en horas de la madrugada, helicópteros y brigadas motorizadas para tomar un barrio de fácil acceso y alta visibilidad al norte de Valencia, situado entre dos importantes arterias viales como la avenida Bolívar y la autopista del Este. El 17 de agosto de ese año hubo una OLP en la que participaron 850 funcionarios.

La OLP en Mañonguito encajó dentro de la lógica de la teatralidad a juzgar por la socióloga e investigadora Verónica Zubillaga, quien concluye: “Visto así, se manejó como un instrumento de propaganda en plena campaña electoral para las parlamentarias de 2015, con la que el Gobierno intentaba demostrar que estaba comprometido en la lucha contra la inseguridad”.

Elías Jaua, quien fue presidente de Corpomiranda y Protector de Miranda, aspiraba a un lugar en el parlamento. Durante la campaña participó en la promoción de los operativos de la OLP en Barlovento y Valles de Tuy, dos localidades del estado Miranda. Además acompañó al presidente Nicolás Maduro en diversas alocuciones de televisión en las que se hacía mención a la OLP y la campaña para las elecciones de diputados.  “El Gobierno no permitirá a las bandas criminales dominar un territorio o ejercer autoridad sobre una población”, dijo el 19 de julio de 2015, cuatro días después del inicio de la OLP.

Además de intervenir en actividades televisadas, muchas de ellas transmitidas en cadena nacional, junto al presidente Maduro, los dirigentes políticos del partido de Gobierno y miembros del Gabinete Ejecutivo utilizaron sus cuentas de redes sociales para promocionar y difundir información sobre las OLP.

“Para acá una vez se metieron hasta con helicópteros, por ahí, por Merecure (una localidad del municipio Acevedo en Barlovento) con una OLP. Los de las bandas se habían robado un camión, de esos cava, de quesos y lo metieron pal’monte. Hasta a los muchachos de la escuela les repartieron quesos. Eso había un montón de policías y camionetas”, recordó Yulibeth*, quien vive en Caucagua (Barlovento) y trabaja hacia Merecure.

Aunque las informaciones de prensa de los últimos dos años no reportaron el robo de ese vehículo de alimentos, sí registran varias OLP de espectacularidad casi cinematográfica realizadas en Barlovento, entre ellas las cuatro ocurridas los primeros cinco meses de 2016. “Más de 25 vehículos tipo rústicos, 30 motos, 4 vehículos de transporte de personal, 2 tanquetas y 3 helicópteros activados en la zona”, se usaron en el último de estos procedimientos según reportó El Pitazo.

El despliegue fue tan desproporcionado en algunos casos que habitantes de Caucagua reportaron que el pueblo estuvo tomado durante más de 12 horas, y no se permitía la entrada, ni la salida de ninguno de los residentes del lugar.

La OLP con más funcionarios

Comparación entre la OLP con mayor cantidad de funcionarios y el operativo que tuvo menor participación de efectivos de seguridad del Estado

Hasta 3.000 policías intervinieron en el procedimiento del 10 de mayo de 2016, realizado en cuatro parroquias de Caracas (El Cementerio, El Valle, Coche y El Paraíso) durante el relanzamiento de la OLP-NF. Ese fue el operativo con más funcionarios según la base de datos elaborada por Runrun.es para esta investigación. ■