No es un caso aislado. El crimen organizado se ha infiltrado hasta los cimientos en la industria turística del Caribe mexicano, considerada el principal motor económico de la región, admiten autoridades, empresarios y trabajadores. La película que cada día viven quienes trabajan en la industria de la construcción hotelera de Cancún tiene un guion basado en extorsiones, torturas y desapariciones.

Catalonia, Atelier, Excellence, Majestic, Palladium, RIU Dunamar y RIU Beach Palace son alojamientos cuyas obras de construcción también fueron cooptadas por personas dedicadas a la extorsión y venta de drogas, coinciden los testimonios de ex obreros y un elemento de la Policía Ministerial de Investigación del estado, quien por seguridad pidió no revelar su identidad.

Durante una reunión con diputados de la Comisión de Justicia, el 15 de diciembre de 2020, el titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), Óscar Montes de Oca Rosales, aseguró que la escalada de violencia en la entidad está directamente vinculada con los migrantes que se emplean en el sector de la construcción.

“De los homicidios (en Quintana Roo) –tanto victimarios como víctimas–, el 80 por ciento no son de aquí; todos vienen de estados aledaños y tienen que ver con el tema de la construcción. Ahí son captados y son llevados, primero, para auxiliar en el tema de la venta de drogas y, posteriormente, los convierten en sicarios”, afirmó Montes de Oca.

UNA FOTOGRAFÍA DE CRÍMENES VIOLENTOS

El 18 de junio de 2020, siete meses antes de la apertura oficial del Planet Hollywood Cancún, Ángel de la Cruz, un trabajador originario de Tabasco, fue llevado hacia un sótano aislado dentro del resort por un grupo criminal infiltrado en la obra de construcción.

Lo que se sabe es que lo golpearon y torturaron durante 12 horas, le robaron su pago semanal y el teléfono. Luego, lo liberaron. Era una advertencia para que Manolo, su patrón, pagara las cuotas forzadas que adeudaba al grupo criminal que había tomado la obra. En caso de que Manolo se negara, habría represalias contra él o sus trabajadores, de acuerdo con lo que el mismo Ángel pudo narrar por teléfono a su familia en Tabasco, gracias a un celular que le prestaron.

La amenaza se concretó el 21 de julio y Ángel desapareció. De acuerdo con testimonios recabados por su padre, dos hombres encapuchados lo raptaron en su lugar de trabajo, a la vista de sus compañeros. Desde entonces lo buscan con desesperación.

En el Planet Hollywood también fueron desaparecidos William Ariel Llanes, Carlos de la Cruz, Juan Pablo Pech y Carlos Ramón López, entre 2019 y 2020, sin que hasta el momento las investigaciones hayan arrojado pistas sobre su paradero o de los responsables de su desaparición. Por su parte, en las obras de construcción del hotel Catalonia fueron desaparecidos los obreros Jesús Moisés Gómez y Laureano Méndez, originarios de Yucatán y Tabasco, respectivamente.

William Ariel es originario de Cancún. Trabajaba como obrero en el Planet Hollywood, de donde presuntamente fue desaparecido el 15 de septiembre de 2020. Entre los más de 100 fragmentos de huesos encontrados en noviembre, estaban sus restos, según le aseguró el fiscal a la madre de William, frente a la prensa y más familiares de personas desaparecidas.

La madre de William sostuvo que, de acuerdo con la información que le dio a la Fiscalía, la última ubicación del celular de la víctima se registró en Planet Hollywood, pero la empresa negó que el joven de 20 años de edad se hubiese presentado a trabajar ese día. La madre también señala que en la carpeta de investigación a la que han tenido acceso no figuran datos aportados por el resort.

La extorsión en las obras de construcción, el reclutamiento de trabajadores, su tortura, desaparición y homicidio, son parte de un esquema de operación de la delincuencia organizada que comenzó a ser identificado hace dos o tres años en Isla Blanca, ubicada dentro de la zona continental de Isla Mujeres; se extendió en Cancún y actualmente abarca la costa norte del estado, confirma James Tobin Cunningham, miembro del Consejo Nacional de Seguridad (CNS)

Tobin Cunningham, quien entre 2016 y 2017 encabezó la Asociación Mexicana de Propietarios Inmobiliarios (AMPI) en Cancún, dice que ha tenido conocimiento de 15 denuncias de compañías afectadas por el fenómeno, que involucran de 30,000 a 40,000 trabajadores. El miedo –explica– es la principal razón para que este esquema extorsivo sea el delito menos denunciado y, por tanto, el que presenta la mayor cifra negra: por cada caso hay 99 que no se denuncian.

Isla Blanca, una franja costera de 22 kilómetros al norte de Cancún, es el epicentro del problema. Llamada a ser “la nueva zona hotelera de Cancún”, aquí se proyecta la construcción de 29,400 cuartos de hotel, según el Plan Parcial de Desarrollo Urbano. Sin embargo, ahí, además de las desapariciones de trabajadores de la construcción, existen reportes de ejecuciones violentas en agravio de este sector.

Así, el 14 enero de 2020 un guardia de seguridad del hotel RIU Dunamar fue asesinado a balazos frente a las obras de este complejo turístico de 754 habitaciones, ubicado en la fracción de Costa Mujeres. Al día siguiente se reportó el hallazgo de un cuerpo sobre la carretera, afuera del hotel Planet Hollywood, que se encontraba en obra negra. La víctima estaba postrada sobre un charco de su propia sangre.

Ocho meses después se localizó otro cuerpo sin vida sobre la banqueta, frente a las instalaciones del hotel Catalonia, a un costado del Planet Hollywood. La víctima no portaba identificaciones, por lo que se desconoce si se trataba de un trabajador.

El pasado 27 de enero, un albañil identificado como Eduardo N fue torturado en el interior de la construcción del hotel RIU y después tirado en un área verde aledaña. Al atender el reporte, personal de la Secretaría de Seguridad Pública detuvo a una persona identificada como Luis Francisco N, quien en su celular tenía imágenes de la tortura.

¿Quién podría estar detrás de este escenario de violencia? Un diagnóstico en materia de seguridad, elaborado por Lantia Consultores, que nutrió el Plan Estatal de Desarrollo del gobierno liderado por Carlos Joaquín González, en 2016, ubicó la operación de dos grandes grupos de delincuencia organizada en el estado: el Cártel del Pacífico y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en Cancún y Chetumal, dedicados al tráfico de drogas, personas, mercancías, la extorsión y el secuestro.

MODUS OPERANDI DEL CRIMEN ORGANIZADO

El patrón de extorsión es similar en todas las obras donde se reporta presencia de personas ligadas a grupos criminales: trabajar tiene un costo o hay “tablazo”, un método de tortura en el que se utilizan pedazos de madera para golpear el cuerpo de la víctima con el fin de infringirle dolor extremo. Si no se atiende el primer llamado, la tortura escala o culmina en asesinato, coinciden las versiones de diferentes ex trabajadores de obra entrevistados para esta investigación.

Todos los trabajadores tienen que pagar derecho de piso: ingenieros, arquitectos, jefes de obra, albañiles, electricistas, plomeros, ayudantes e, incluso, los vendedores ambulantes y trabajadores del transporte público. Nadie se libra.

El cobro varía, según el cargo y la obra en la que se labora. Por lo general, el derecho de piso se paga “el día de raya”, es decir, los sábados, días en que los patrones le dan su salario a los obreros, después de la jornada laboral. Dicho cobro es obligatorio y puede ser por dos vías: una cuota semanal de aproximadamente 25 dólares (500 MXN) o dosis de marihuana que el empleado debe pagar de manera forzada.

“René” pagaba al narco unos 75 dólares a la semana (1,500 MXN), una tercera parte de su sueldo, por 10 bolsitas de marihuana que le obligaban a adquirir. Él es un obrero que trabajó en los hoteles Catalonia, Majestic y Planet Hollywood. Su nombre, así como el de todos los nombres de los trabajadores entrevistados en este trabajo periodístico, han sido cambiados para no poner en riesgo su integridad.

“No puedes quedar a deber lo que es la droga, no puedes quedar a deber nada. Por decir, si no pagaste el sábado, llegas el lunes y ya te están esperando. Te llevan a la oficina y ahí te están verguiando”, agrega el ex empleado originario de Tabasco. La “oficina” es el lugar de cada obra donde se guarda toda la herramienta. Comúnmente, ese cuarto sirve para golpear a los empleados que no se alinean.

El “ingeniero”, como llaman a su patrón directo, tiene que dar una cuota adicional a la que paga cada obrero. Si no da ese pago, la primera advertencia es golpear a uno o varios de sus trabajadores, como ocurrió con Ángel de la Cruz.

El sector de la construcción emplea alrededor de 74,000 trabajadores, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) del estado. La mitad se ubica en Cancún y su zona conurbada de Isla Blanca. Cada obra en los resorts de gran dimensión, con superficies de hasta 40 hectáreas, alberga en promedio 800 trabajadores.

En el caso de Planet Hollywood, por ejemplo, la empresa promovente CM Hotel describió en su solicitud de permisos ambientales que para las fases de preparación del terreno y de la edificación requerirían de 213 albañiles, 333 ayudantes generales, 100 carpinteros, 46 fierreros, 41 eléctricos, 41 plomeros y 18 personas para seguridad, que sumaban 881 empleados. Mezclados con este ejército de trabajadores de la construcción se encuentran los hampones. Al poco tiempo de incorporarse a la obra, todos los trabajadores saben quiénes son.

Durante sus primeros días de trabajo, “Jacinto” no supo ni sospechó nada. “De repente”, vio que entraba gente que no laboraba, pero que ofrecía “pase” (dosis de droga) a los trabajadores: marihuana, cocaína o cristal.

Los criminales llevan el control de la asistencia y de cuánto gana cada obrero por semana, como si fueran el área de Recursos Humanos. El ambiente laboral es hostil. Aunque “Jacinto” ya había trabajado en obras de construcción, confiesa que nunca había visto algo similar. El vendedor les ofrece drogas todo el día. La situación empeora si, además de la cuota semanal, los obreros se endeudan para poder consumir.

“Jacinto” es originario del norte del país. Viajó a Cancún antes del inicio de la pandemia, en febrero de 2020, y se quedó sin empleo a un mes de haberse instalado. La urgencia de ingresos lo llevó a emplearse en el sector de la construcción. Así llegó al Planet Hollywood. Como pintor, ganaba por destajo, dependiendo de cuántos metros hiciera por día. Su pago variaba entre los 150 (3,000 MXN) y 200 dólares (4,000 MXN) semanales.

Los trabajadores se enfrentan a un dilema porque, aunque el “ingeniero” no les pague, ellos sí tienen que pagar cuota a los criminales. “Si no te paga el ingeniero, que diga ‘no tengo dinero’, tú tienes que llevar de a fuerzas lo de la cuota; esa es de a huevo. Si no, una tabliza”.

El consejero James Tobin sostiene que los delincuentes identifican las obras cuando recién inician; buscan a los “ingenieros” o responsables de toda la obra, también a los contratistas. Luego, investigan sus datos personales, ubican su residencia, a su familia, y después los abordan.

En algunos casos, como el “ingeniero” también paga cuota, tiene acceso a “favores” por parte del crimen organizado; por ejemplo, si un empleado se revela a sus órdenes, lo puede mandar tablear. “Jacinto” asegura que los integrantes de la delincuencia organizada además tienen carta libre para violar mujeres trabajadoras, quienes ya no regresan después de esas agresiones.

“Manuel”, quien trabaja en una constructora en el área de documentación fotográfica, relata que resulta prácticamente imposible escabullirse para no pagar cuota, aun cuando las labores no estén directamente relacionadas con la construcción.

Durante la etapa de edificación, el grupo criminal se fortalece. De acuerdo con los testimonios, los obreros son coaccionados o forzados a vender droga o los convierten en sicarios. “Hay mucho morrillo que dice ‘no pues de que me estén fregando, mejor me hago de su lado''', cuenta “Jacinto”.

Al concluir la obra, Tobin piensa que es posible que estos grupos delincuenciales se queden en la zona de playa, operando negocios como camas de masaje, venta de puros o renta de sombrillas. Así disfrazan la venta de drogas a turistas.

El 15 de marzo de 2021, la FGE informó sobre la detención de tres sujetos identificados como Marcos, Martín y Carlos, relacionados con delitos de extorsión y posesión, tráfico y venta de drogas en construcciones hoteleras de Cancún, confirmó la institución en un comunicado. Los detenidos realizaban acciones de cobro de piso, intimidación y tráfico de drogas, similares al esquema anteriormente descrito.

EL CALVARIO DE LAS VÍCTIMAS INVISIBLES

Movidos por la promesa de salarios más altos y mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, hombres y, en menor proporción, mujeres, migran de poblaciones marginadas en el sureste de México hacia Quintana Roo, a fin de emplearse en la industria de la construcción asociada al desarrollo turístico.

“Allá en Nacajuca (Tabasco) yo trabajaba como ayudante de albañil, pero salió el chance de venirme para acá y me aventé por la paga, porque allá está bien amolado; pagan casi en todos lados 800 o 1,000 pesos a la semana (40 o 50 dólares) y eso cuando hay jale. Acá dan lo doble o más”, comparte Pedro Jiménez, un obrero que llegó a Cancún hace dos años y regresa por temporadas a su lugar de origen, donde viven sus padres, hermanos, esposa e hijos.

De acuerdo con el análisis Migración Interestatal e Intermunicipal, elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) y publicado en 2014, el 90 por ciento de las personas que llegan a Quintana Roo tiene un nivel educativo de secundaria y preparatoria. Sus ocupaciones principales son como empleados u obreros, y menos del 10 por ciento son profesionistas.

De las 74,764 personas que emplea el sector de la construcción, un 68 por ciento está dada de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, 23,413 se encuentran en un esquema de informalidad, sin prestaciones laborales, seguridad social ni un contrato de responsabilidad patronal. Aun así, Catalina Portillo Navarro, secretaria de Trabajo y Previsión Social, afirma que las condiciones laborales en Quintana Roo son muy superiores a las que tienen los obreros en sus estados de origen.

El problema es que la aportación de los empleados de la construcción a una economía que se extiende año con año no es proporcional a las condiciones de trabajo, marcadas históricamente por la explotación, informalidad y riesgos de seguridad, lamenta Juan José Chilón, ex líder del Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de la Construcción (Sitec). La carencia económica y casi nula movilidad social, les colocan –actualmente– en la mira de la delincuencia organizada, ya sea como víctimas o victimarios.

Para la especialista en seguridad y criminóloga, Mónica Franco, estos jóvenes, en condiciones de pobreza, solos y lejos de sus familias, no cuentan con redes de acompañamiento, lo que aumenta su vulnerabilidad ante un fenómeno poco explorado en Quintana Roo: la desaparición de personas en el sector de la construcción. Además, involucra una cuestión de discriminación y racismo, desde su invalidación como sujetos de derecho, desvalorización de la vida, hasta las posibilidades de acceso a la justicia.

Estas condicionantes, agrega la experta, han vuelto prácticamente imposible que los trabajadores tengan posibilidad de denunciar extorsión y actos de tortura, debido a las dificultades que enfrentan para contratar un abogado y dar seguimiento a su caso, lo cual se complica aún más si se trata de migrantes, indígenas o población en condición de vulnerabilidad.

La Fiscalía General del Estado reconoce que existen 18 carpetas de investigación relacionadas con trabajadores de la industria de la construcción, de acuerdo con una respuesta obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Óscar Montes de Oca Rosales informó el 4 de diciembre de 2020, en una reunión con familiares de trabajadores desaparecidos, que se investigan nueve casos de obreros desaparecidos, ocho en Isla Blanca y uno en las obras del fraccionamiento Paseos Kuzamil.

Ese mes, tras los hallazgos de los restos humanos en las inmediaciones del hotel Planet Hollywood, la FGE inició el operativo “Construcciones Seguras”, que consistía en revisiones a las instalaciones de obras, según el comunicado 375/2020-ZN. No obstante, al solicitar datos vía Transparencia, como el número de esos operativos, ubicación y objetos decomisados, la institución respondió que se trataba de información de “notoria incompetencia”.

Con respecto al número de fosas clandestinas localizadas en Quintana Roo, su ubicación y cantidad de osamentas encontradas, las cifras entre la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no coinciden. La SSP respondió que en la entidad han sido localizadas nueve fosas clandestinas entre 2015 y 2020, cuatro de éstas en Cancún; la FGE detalló que la Dirección de Servicios Periciales no tuvo intervención en fosas clandestinas en el período señalado entre el 1 de enero de 2015 y 31 de noviembre de 2020. Con ello dejó fuera hasta los hallazgos realizados el 21 y 28 de noviembre en el lote contiguo al hotel Planet Hollywood.

Toda esta situación es una odisea para los familiares de víctimas, debido a sus dificultades para viajar a Cancún a revisar sus expedientes, falta de conocimientos en materia jurídica, apatía de la Fiscalía y deficiente acompañamiento. También han manifestado que ni los hoteles ni la constructora para la que laboraban han accedido a coadyuvar con la investigación; incluso, dicen, se niegan a proporcionar evidencias.

Rubiel, originario de Chiapas, desapareció el 2 de agosto de 2020. Su padre interpuso una denuncia en el municipio de Tulum, pues se le vio por última vez en Puerto Aventuras; antes, Rubiel había trabajado en el hotel Planet Hollywood. Quedaron de comunicarse con su papá para dar seguimiento al caso, pero nunca algún ministerial se comunicó con él ni se le informó de pruebas o avances. La carpeta quedó arrumbada, afirma.

En enero, el señor regresó de nueva cuenta a Cancún para buscar a su hijo, pero por decisión familiar optó por ya no recurrir a la Fiscalía, sino hacerlo por cuenta propia, pegando fichas de búsqueda en postes y muros de las zonas que frecuentaba.

Por su parte, la familia de Jesús Moisés, originario de Yucatán, presentó una primera denuncia en enero de 2020, cuando él fue desaparecido en la obra del hotel Catalonia. Unos sujetos se lo llevaron de su lugar de trabajo, según averiguaron los familiares. Cuando regresaron a la Fiscalía a verificar avances en la investigación encontraron que el expediente estaba modificado, pues se excluyó el nombre del hotel Catalonia en la denuncia original. Esta situación les obligó a presentar una nueva denuncia.

Tras darse a conocer el hallazgo de cuerpos en el hotel Planet Hollywood, el fiscal de Quintana Roo sostuvo en la reunión de diciembre con familiares de víctimas que se reuniría periódicamente con ellos para informarles de los avances en las investigaciones. A casi cuatro meses, eso no ha ocurrido, reprochan los familiares.

Aunque en los hoteles Planet Hollywood y Catalonia se denuncian casos de desaparición de trabajadores dentro de las instalaciones, y de que se encontraron cuerpos en las inmediaciones, estos complejos turísticos operan con normalidad. Para la especialista Mónica Franco, tan solo el hallazgo de una zona con restos humanos cerca de un hotel, donde además hay denuncias por desaparición forzada cometida por particulares, sería motivo suficiente para que se ordene suspender las obras y llevar a cabo investigaciones sin alterar las pruebas.

PROTECCIÓN... DE LA MARCA TURÍSTICA

En un destino como Cancún, cuya economía depende de los más de 23 millones de visitantes que llegan anualmente, es una prioridad cuidar la imagen de los centros turísticos. El fiscal Montes de Oca lo expuso en esos términos durante la reunión de diciembre con las y los legisladores: “Todos los eventos (homicidios) son lamentables, pero para un estado que vive del turismo, tenemos que cuidar nuestra materia prima que es precisamente el turismo, para que no suceda que decidan no venir”.

Por su parte, la titular de la Secretaría Estatal de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), Marisol Vanegas Pérez, afirma que no conoce de casos recientes de violencia en construcciones, pues de otro modo aplicarían los mecanismos de seguridad que, asegura, existen.

Descarta que se trate de una situación grave, pues lo que sucede “en una obra” no tiene repercusión en las demás construcciones hoteleras; también desestima que la situación inhiba la llegada de turistas a Quintana Roo y agrega que hasta el momento ninguna inversión se ha detenido por razones de seguridad.

Sin embargo, Vanegas Pérez reconoce que grupos del narcotráfico se han “colado” al interior de los hoteles en desarrollo, pero plantea que esto se resuelve de una forma “simple”: certificando a las empresas proveedoras “ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)”.

Argumenta que, como parte de las mesas de trabajo donde ella misma participó, se tomaron acciones de vanguardia para combatir problemas de violencia en la industria de la construcción y otros sectores, como la colocación de cámaras de vigilancia y certificación de las empresas de seguridad. La funcionaria calificó estas medidas como “exitazo”.

Esta postura es compartida por Ramón Roselló, gerente de InverHotel, integrada por 16 cadenas hoteleras como Melia, Iberostar, Riu, AM Resorts, Palladium, Bahía Príncipe, Catalonia, Princess Hotels, Ocean Blue Hotels, Blue Bay, Sirenis, HN Hoteles, Excellence y Majestic, que suman 50 mil habitaciones de las 114 mil que operan en el Caribe Mexicano, su segundo punto de mayor concentración después de España.

Si bien Roselló reconoce que existe una problemática de inseguridad en las construcciones, opina que no es “tan grave” y califica como “excepcional” el trabajo de las autoridades. Dice que, si se repiten mucho las noticias sobre violencia en las construcciones, eso podría tener un impacto negativo en la imagen de Cancún como destino.

No todos piensan igual que Vanegas y Roselló. Por ejemplo, James Tobin Cunningham menciona que ya existen inversionistas que han frenado proyectos por cuestiones de inseguridad en las obras de construcción, como el caso de un desarrollador que planeaba invertir entre 400 y 800 millones de dólares en la edificación de dos hoteles.

Para el ex presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Abelardo Vara Riviera, la inseguridad es una de las principales amenazas que enfrenta Cancún. Por su parte, el ex dirigente obrero Juan José Chilón dice, a manera de reproche, que la marca turística ha pesado más que la propia vida de los trabajadores. “Es muy lamentable que se oculte información con tal de preservar la imagen de la ciudad y evitar que el turista no venga”, concluye.

Este equipo de investigación solicitó entrevistas con representantes de los hoteles Planet Hollywood, Catalonia, Atelier, Excellence, Majestic, Palladium, así como con el titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y hasta el cierre de la investigación ninguno de ellos había respondido. Por su parte, la gerencia de RIU Hotels & Resorts, contestó lo siguiente: “Somos conscientes de cuál es la situación, pero hemos tenido la suerte de que en nuestros trabajos y proyectos no hemos tenido que lamentar ningún problema grave. Es cierto que con la pandemia y la situación generada la inseguridad ha podido aumentar, pero cumplimos con protocolos propios de seguridad interna de obra que nos han permitido estar bien. De hecho, periódicamente, cuerpos o instituciones como Migración, la Marina y hasta la Guardia Nacional (con visitas casi cada tres días) realizan inspecciones en nuestras obras y colaboramos plenamente con ellos para garantizar la mayor seguridad a nuestros colaboradores”.

Y mientras el turismo en la zona muestra signos de crecimiento, el viacrucis no termina para las víctimas y sus familiares. El 14 de diciembre de 2020, personal de la FGE se comunicó con el padre de Ángel de la Cruz, el joven de 26 años originario de Tabasco que desapareció en junio del año pasado. Le pidieron acudir a las oficinas en Cancún, pues presuntamente existían elementos para considerar que algunos de los restos hallados en las inmediaciones del Planet Hollywood eran de su hijo.

Aunque hasta ese momento su desaparición no había sido denunciada oficialmente, ni la FGE contaba con datos del ADN de la familia, al padre le aseguraron que se trataba de Ángel y que bastaban unos trámites para entregarle los restos, relató al salir de la fiscalía. “Me dicen que están seguros que es mi hijo, pero yo no he dejado prueba de ADN ni nada. ¿Cómo voy a saber que sí es?”, cuestionó.

No fue sino hasta esa visita que la FGE le tomó una muestra de ADN, para ayudar a la identificación correcta de la osamenta. Sin embargo, hasta el cierre de esta investigación no se han vuelto a comunicar con él para informarle los resultados.

La desaparición de Ángel, Carlos, Moisés, Rubiel y William a manos de grupos criminales no sólo truncó sus planes de vida, sino también los de sus propios familiares. Inmersos en el duelo, están decididos a encontrarlos y obtener justicia pese al miedo, las amenazas y la desconfianza en las autoridades, como parte de la historia de terror que aún no culmina.