La guerra del régimen Ortega-Murillo contra las ONG

En medio de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, a finales de julio sus habitantes se estremecieron con la noticia de que una adolescente de 13 años murió desangrada tras dar a luz. El deceso ocurrió en la unidad de salud de Laguna de Perlas -municipio ubicado a casi 400 kilómetros de la capital y perteneciente a la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur-. La adolescente vivía en La Quinta, un recóndito caserío rural de la comunidad Pueblo Nuevo; para llegar hasta ahí desde la capital se hacen unas seis horas en vehículo, luego otras dos en lancha y finalmente un último trecho de una hora a caballo.

La madre de la menor -que ahora cuida a su nieta recién nacida- y representantes de algunas organizaciones consideran que esta muerte se pudo evitar, como se ha hecho en otras ocasiones, ya que lamentablemente el embarazo adolescente es común en la zona. Es que alguna Organización No Gubernamental (ONG) o incluso el Ministerio de Salud (Minsa) podría haberse encargado de brindar una atención especializada durante todo el embarazo y el parto. Especialmente, trasladarla con anticipación a una Casa Materna como lo hacen las autoridades con embarazadas que viven lejos de los centros de atención. Las casas maternas son albergues y antes de la crisis de 2018 funcionaban en conjunto con las ONG, gobiernos locales y sistema de salud.

Para Perla Wilson, dirigente feminista de Bluefields “lo que paso con la niña en Laguna de Perlas” demuestra el retroceso que está enfrentado el proceso de formación en los adolescentes producto del cierre de muchas ONG que trabajaban con ellos. Considera que si se quería “controlar más a las ONG” se debieron establecer alianzas para mantener los programas bajo supervisión estatal.

Médicos y activistas van más allá y consideran que incluso el embarazo debió prevenirse, ya que la víctima era casi una niña y su cuerpo no estaba listo para enfrentar un parto. Eso sin mencionar que, de acuerdo a la ley el embarazo, fue producto de una violación. Muchas de las ONG que han sido obligadas a cerrar por el Gobierno sandinista durante la escalada represiva de los últimos tres años se enfocaban en la capacitación y prevención sanitaria. Por tanto, si antes era poco el trabajo que se hacía para prevenir el embarazo adolescente -del que Nicaragua tiene las tasas más altas de la región-, ahora es casi nada. 

Entre diciembre del 2018 y el 16 de agosto de este año, 40 ONG han sido despojadas de su personería jurídica por el régimen Ortega-Murillo, y antes que concluya el mes otras 15 se sumarán a esta lista, ya que el proyecto de anulación de sus personerías ya está en la Asamblea Nacional. Tras la suspensión de su estatus legal, los bienes y activos de estas organizaciones son confiscados.

De las 40 que hasta el 16 de agosto habían sido despojadas de su personería, 34 son nicaragüenses y las otras seis extranjeras. Nueve la perdieron en diciembre de 2018; una en junio de 2020; 24 en julio de 2021; y seis más el 16 de agosto de este año. Estas últimas son extrajeras y otorgaban apoyo financiero y técnico a las organizaciones locales. Del total, al menos 16 desarrollaban su trabajo en el campo de la salud; y de las seis extranjeras, la mitad tenía su foco de interés en zonas vulnerables de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua.

Lamentablemente, en Nicaragua no es pública la cantidad de ONG que trabajan temas de salud; tampoco se conoce cuántas existen en total. Todos los gobiernos han mantenido oculto ese dato, que según estudios realizados por las mismas organizaciones podría superar las cuatro mil, con la salvedad de que en ellas se incluye a las iglesias evangélicas, asociaciones benéficas y otras organizaciones sin fines de lucro. El estudio Mapeo y Caracterización de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Nicaragua detalla que desde su surgimiento en los años ochenta hasta el 2005, se habían otorgado más de tres mil personerías jurídicas.

Lo único que se sabe es que a inicios de los años noventa fue el boom de ellas; después de que Ortega perdió las elecciones, muchos cuadros de su partido encontraron en las ONG un terreno fértil para continuar su labor solidaria; otros simplemente desarrollaron en ellas un nuevo modo de vida. 

El argumento oficial usado en 2018 para hacer desaparecer a las primeras nueve, fue que “desarrollaban actividades distintas a sus fines y objetivos” y que “recibieron, canalizaron y facilitaron fondos para actos terroristas y adiestraron a grupos para realizar acciones para desestabilizar el país”. Públicamente, Ortega y Murillo las acusaron de promover el supuesto golpe de Estado de abril de ese año, algo que organismos internacionales de derechos humanos adscritos a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) aseguran que no ocurrió, sino una escalada represiva contra manifestantes pacíficos en la que incluso se cometieron crímenes de lesa humanidad.

A las que se les anuló la personaría en 2018 son: el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Hagamos Democracia (HD), Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Fundación del Río (FdR), Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS) y Fundación Popol Na y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS).

En el caso del Ieepp, además de cerrarlo abrieron un proceso judicial contra su director, Félix Maradiaga. Se supone que éste se cerró en junio de 2019, tras la aprobación de una Ley de Amnistía que benefició a los presos políticos acusados de participar en el supuesto golpe de Estado. Sin embargo, Maradiaga, ya convertido en candidato a la presidencia por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), fue apresado el 8 de junio de 2021 y es uno de los siete aspirantes a la candidatura única de la oposición que permanecen desaparecidos desde su arresto.

“Al margen de la ley”

Tras ese primer antecedente, a las 30 ONG que fueron cerradas recientemente se las acusó de “desarrollar actividades al margen de la ley y actuando contra ley expresa”. También de “obstaculizar” la labor de control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación (Migob).

Además, la exposición de motivos del proyecto de decreto de anulación de las personerías jurídicas establece que muchas estaban acéfalas porque los directivos tenían los cargos vencidos; y que no habían reportado desde “hace varios años” sus estados financieros detallados. 

En el documento también se las acusa de violar la Ley 977 Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobada en julio de 2018.

Según un directivo de una plataforma que aglutina a varias ONG y que pide omitir su nombre, el retraso en la entrega periódica de requisitos es provocado por el Migob, que los rechaza. Esta maniobra se agudizó a partir del estallido de la crisis sociopolítica en 2018.

Cuando intentan presentarlos, los funcionarios alegan que falta algo o establecen un nuevo requisito y de esa forma, aprovechan para aplicar multas y dar largas al trámite para no recibir los informes ni entregar las certificaciones respectivas.

Esto mantiene a las organizaciones en la ilegalidad y las expone a que los bancos les cierren las cuentas para que queden imposibilitadas de acceder a recursos de la cooperación internacional.

También las expone a ser investigadas, como ocurrió con la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), que en enero de 2021 anunció su cierre para evitar someterse a los nuevos controles impuestos por Ortega. Tras el cierre, su exdirectora y fundadora, Cristiana Chamorro Barrios, expresó su deseo de aspirar a la candidatura presidencial por la oposición, pero desde el 2 de junio permanece bajo arresto domiciliario, mientras tres de sus trabajadores fueron arrestados y están desaparecidos.

En julio pasado, paralelamente a la aprobación del decreto de anulación de las personerías jurídicas de 24 ONG, el Ministerio de Salud (Minsa) citó a varios de los médicos que formaban parte de estas organizaciones. Al menos cinco hicieron público el hecho, aunque se conoció que la mayoría prefirió mantener el asunto bajo reserva. 

Los citados fueron los que ante la falta de una política nacional de salud para enfrentar la pandemia de la covid-19, asumieron un rol de liderazgo presentando protocolos de prevención y ofreciendo consultas médicas y psicológicas presenciales y a distancia; también, llevando un control estadístico de infectados y fallecidos, paralelo al oficial.

En general a los médicos se les advirtió que no podían seguir brindando declaraciones a los medios de comunicación y que si lo hacían podían perder su registro, es decir, la autorización oficial para ejercer su profesión.

“Agentes extranjeros”

De acuerdo a una especialista en derecho constitucional, que por razones de seguridad pide no ser citada, la guerra del régimen Ortega-Murillo contra las ONG no es nueva. Empezó en 1998 cuando grupos feministas y el Cenidh acompañaron a Zoilamerica Narváez en su denuncia de violación contra su padrastro Daniel Ortega. El Cenidh fue una de las primeras organizaciones despojadas de su personería en diciembre de 2018, después de treinta años de destacarse como defensora de los derechos humanos bajo la dirección de Vilma Núñez, una reconocida disidente sandinista.

Tras su retorno al poder en 2007, Ortega optó por seguir el esquema de sus antecesores y mantuvo sin reglamento la Ley 147 Sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro -aprobada en 1992-. Eso le permitió emitir normativas que aplicaba discrecionalmente. En un primer intento por ahogar a las ONG, en noviembre de 2008 trató de imponer un Manual de Control de los recursos de la Cooperación Internacional, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se lo impidió al aceptar un Recurso de Amparo.

Ese mismo año se registraron las primeras acusaciones y allanamientos a cinco ONG, entre ellas el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), que tenía entre sus miembros al reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro y a la feminista Sofia Montenegro, ambos disidentes sandinistas. También por más de un año se investigó a dirigentes feministas, pero el caso se archivó por falta de pruebas.

Pero siete años después, en septiembre de 2015, Ortega impuso un nuevo modelo de gestión de recursos que obliga a los cooperantes a canalizarlos a través de instituciones oficiales. Esto provocó que se retirara del país el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Y en diciembre de 2019, a través de una nueva normativa, obligó a las ONG a comprometerse a no incluir acciones político-partidarias en sus proyectos o programas.

Finalmente, en octubre de 2020 aprobó la Ley 1040 de Regulación de Agentes Extranjeros, que obliga a quienes reciben recursos del exterior a inscribirse como “agentes extranjeros” y a informar el uso y destino de los recursos que reciben. 

La abogada asegura que todas estas acciones violentan el derecho de asociación y de expresión de las organizaciones y de la sociedad en general.

Para Ana Quirós, fundadora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) -que fue despojado de su personería en diciembre de 2018-, la más afectada con esta guerra contra las ONG es la población más vulnerable.

Cisas trabajaba desde 1983 -aunque obtuvo la personería en 1990- en comunicación y educación en salud. Atendía especialmente a la niñez, adolescencia, jóvenes, mujeres y grupos de la diversidad sexual. Su prioridad era la educación para la prevención, especialmente en temas como la violencia, el delito y el embarazo adolescente, como el que provocó la muerte de la joven en Laguna de Perlas. Ahora, los grupos con los que Cisas trabajaba en Nicaragua han quedado abandonados.

Quirós es una activista social, hija de mexicanos nacida en Costa Rica. Colaboró con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), llegó a Nicaragua en los años ‘80, trabajó para el Minsa y luego fundó Cisas. En 1997 adquirió la nacionalidad nicaragüense, pero en noviembre de 2018, tras casi 40 años de vivir en el país, se la anularon y la deportaron. A los pocos días le quitaron la personería a Cisas y confiscaron sus bienes.

Según Quirós, históricamente entre los gobiernos ha habido celos y ganas de adueñarse de los recursos que las ONG manejan: “Particularmente en el gobierno de Daniel Ortega el principal interés es que las ONG dejen de abrirle los ojos a las comunidades. Porque Ortega considera que las comunidades, la población, no tiene capacidad de ver, de analizar y de identificar todos los abusos y los crímenes que ellos cometen. Ellos ven a la gente como ciega, sorda y muda, y sobre todo como discapacitada mental. Este gobierno tiene una idea bien despreciativa hacia la población”.

Está claro que la guerra de Ortega y Murillo contra las ONG se agudizó tras el estallido social de abril de 2018. De las nueve que fueron anuladas ese año, HD, el Ieepp, el Ipade, el ILLS y Fundación Popol Na ejecutaban -entre otros- proyectos dirigidos a promover la participación ciudadana y fortalecer los liderazgos locales. Pero este año, el gobierno sandinista se ensañó con las organizaciones vinculadas al sector salud.

“El Gobierno ignoró y minimizó la covid-19”

El epidemiólogo Leonel Argüello trabajó en el Minsa durante los años ‘80 y posteriormente fundó el Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS); también es un reconocido disidente sandinista. Ante la ausencia de una política oficial para enfrentar la pandemia de la covid-19, junto a otros médicos lideró el manejo ante la población nicaragüense; y además eran fuente de información de los medios independientes que enfrentan la censura estatal.

En 2020, en plena pandemia el gobierno de Ortega le quitó la personería jurídica a la Asociación de Hermanamientos Municipales (Asodhermu), que apoyaba proyectos sociales en Camoapa, Chontales. Al momento de desaparecer, esa organización desarrollaba una campaña municipal para frenar la propagación de la covid-19.

En cambio, la personería jurídica de la ONG de Argüello fue anulada hace poco, en julio de 2021. Junto a ella también eliminaron a otras 15 organizaciones vinculadas a la salud, entre ellas las asociaciones Pro Ayuda a Enfermos con Insuficiencia Renal Crónica-Las Segovias, la Nicaragüense de Nefrología, la Internacional por la Salud Nicaragua, la Nicaragüense de Diabetología, la Nicaragüense de Neumología, la Nicaragüense de Climaterio y Menopausia, la Urológica de Nicaragua, la Liga Nacional Contra la Leucemia y el Cáncer en el Niño, la Sociedad Nicaragüense de Medicina General, la Médica Nicaragüense, la Nicaragüense para el Estudio y Tratamiento del Dolor, la Nicaragüense de Dermatología y Sifilología, la Nicaragüense de Anestesiología y Reanimación, la Nicaragüense de Infectología y la Asociación Nicaragüense de Psicólogos. Algunas de ellas funcionaban desde hace varias décadas.

Las asociaciones de enfermos normalmente trabajan en educación, pero también para la compra conjunta de medicamentos para reducir costos. El directivo de una de ellas -que solicitó anonimato- explica que no son sindicatos ni tienen como objetivo buscar reivindicaciones laborales. Durante la pandemia también han jugado un rol relevante en la prevención y atención de los casos.

Su objetivo principal es garantizar la capacitación y actualización académica de sus agremiados, así como la participación de médicos locales en foros, congresos y otras actividades que se realizan a nivel internacional y a la que muchos no tienen acceso de forma individual. Por tanto, su cierre afecta a toda la población, sobre todo a los enfermos que necesitan que los médicos se actualicen permanentemente en técnicas y nuevos tratamientos para combatir las enfermedades.

Para Argüello, es un gran error impedir la colaboración de las organizaciones en el área de la salud, ya que por muy buenos que sean los sistemas públicos siempre necesitan del aporte de éstas porque su capacidad es limitada. En algunas zonas el trabajo de estas organizaciones complementa el del sistema público de salud, pero en otras lo suplanta porque no existe servicio público.

Incluso en muchas ocasiones hacen un trabajo de mejor calidad que el sistema de salud estatal porque permanecen en el lugar, tienen contacto directo con la población, conocen a fondo su problemática, inciden para modificar prácticas dañinas y pueden monitorear constantemente. Otro aspecto importante es que el abordaje que realizan las ONG es integral y constante mientras duran los proyectos; en cambio, una brigada médica los visita ocasionalmente. 

Argüello atribuye la guerra del régimen Ortega-Murillo contra las ONG al prestigio y apoyo que han conseguido, gracias a los resultados del trabajo que realizan porque buscan soluciones integrales a los problemas. Por ejemplo, en las comunidades rurales el mejoramiento de los caminos de acceso, el uso de semillas de calidad o el almacenamiento adecuado de las cosechas, aunque no son temas relacionados con la salud, le garantizan a la gente una alimentación adecuada que propicia que se mantengan saludables. 

“El gobierno ignoró y minimizó la covid-19 a pesar de que tiene capacidad para atender la situación –señala Argüello-. Lo que hizo fue ver la pandemia como un asunto político y no les gusta que haya otra voz diciendo lo que está pasando.

El epidemiólogo no percibe un interés económico del gobierno en su enfrentamiento contra las ONG. Y pone el ejemplo de las agencias de cooperación que se han ido antes del país por las leyes impulsadas por Ortega, incluidas agencias de las Naciones Unidas: nunca el gobierno logró que esos recursos pasaran a sus manos. Lo mismo, calcula, pasará con los fondos que manejaban las organizaciones que se han cerrado ahora; es dinero que simplemente ya no llegará a Nicaragua.

Esto podría pasar con los fondos que el National Democratic Institute for International Affairs (NDI), el International Republican Institute (IRI), la Fundación Oxfam Intermón, Oxfam IBIS, Diakonia, Helping Hands the Warren William Pagel y M.D. Foundation proporcionaban a ONG locales para la ejecución de proyectos. A estas agencias se les anuló recientemente su registro para funcionar en el país, y aunque todavía no se pronuncian, personas cercanas a ellos han expresado que difícilmente seguirán invirtiendo recursos en Nicaragua.

Argüello tampoco ve una venganza dirigida contra antiguas figuras del sandinismo: “Es una muestra de poder para obligar a todos a hacer lo que ellos quieren, y evitar que se divulgue información para poder crear su propia realidad, sin que nadie discuta”.

Sin embargo, Quirós sí identifica en esto una venganza personal de Ortega y Murillo contra antiguos cuadros sandinistas, muchos de los cuales son fundadores de las organizaciones que han sido despojadas de su personería jurídica.

Señala como ejemplo que siete de las nueve que perdieron la personería en 2018 tenían origen sandinista. Entre ellas el Ipade y Popol Na, de los excomandantes guerrilleros Jaime Wheelock y Mónica Baltodano, respectivamente.

Para Quirós, la venganza empezó en octubre de 2006 en respuesta al apoyo brindado a la denuncia de Zoilamérica, cuando con los votos de los diputados sandinistas aprobaron la penalización absoluta del aborto.

Los consultados coinciden en que las acusaciones del régimen sandinista son “ridículas”, porque les aplican la Ley 977 Contra el Lavado de Activos, cuando con los controles existentes en Nicaragua -donde la recepción de recursos de la cooperación es controlada por el Estado- es imposible que las ONG laven dinero. 

Además, de acuerdo a la legislación, se lava dinero cuando tiene origen ilícito; y el de la cooperación, aunque en muchos casos llegue a través de agencias especializadas, en la mayoría de los casos proviene de fondos públicos, por tanto son lícitos. 

Y mientras el régimen Ortega-Murillo sigue eliminando organizaciones que prestan muchos de los servicios que el Estado no es capaz de garantizar, especialmente en comunidades recónditas a las que se llega con dificultad, las adolescentes siguen quedando embarazadas y a veces muriendo por falta de una atención adecuada, tal como ocurrió recientemente en Laguna de Perlas.

Según Wilson, ante el cierre de tantas ONG necesitan reorganizarse porque en medio de la crisis sociopolítica que enfrenta el país, se están agudizando algunos problemas. “Hay niñas de 13, 14, 15 años que están embarazadas… y hay bastante prostitución. Tenemos que llegar para trabajar con los padres de familia y los adolescentes porque los padres de familia están perdiendo la autoridad sobre los hijos”, asegura Wilson.

La dirigente feminista lamenta que Acción Médica Cristiana, que desde hace varias décadas prestaba servicios de salud en el Caribe nicaragüense, esté dentro del grupo a las que próximamente les quitarán la personería, ya que son espacios que están quedando vacíos y el Estado difícilmente los llenará.

Ella asegura que de momento lo único que queda es la voluntad de los liderazgos de las organizaciones de seguir educando a los jóvenes y de establecer mecanismos para multiplicar el mensaje. Aunque está consciente que son muchos los servicios y beneficios que perderán y que la población queda a expensar del deficiente servicio de salud pública.