El plan de Daniel Ortega para atornillarse en el poder

El próximo 7 de noviembre, Daniel Ortega buscará reelegirse para un cuarto mandato consecutivo como presidente de Nicaragua, para lo cual apeló en los últimos meses a artimañas legales que le permitieron correr de la competencia electoral a sus opositores. Esto incluye la detención y enjuiciamiento de 34 dirigentes políticos, además de miembros de organizaciones sociales y periodistas.. Con esta acción, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que gobierna el país desde 2007, corrió de la carrera electoral a siete candidatos presidenciales –entre ellos Cristiana Chamorro y Félix Madariaga-, para consolidar con mano dura una autocracia junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La persecución contra opositores es la última de una serie de estrategias que le han permitido a Ortega alcanzar el control de todo el aparato del Estado y, por qué no, de la vida de los nicaragüenses. Desde que volvió al poder hace casi 15 años, tras haber sido presidente en la década del ’80, el ex guerrillero eliminó a sus competidores políticos dentro del FSLN; se apoderó de todos los órganos judiciales y electorales; se alió con los empresarios más prominentes del país; modificó a su medida la Constitución y aprobó leyes represivas; y, finalmente, puso tras las rejas a siete candidatos presidenciales que se atrevieron a desafiarlo. A ello le sumó la censura y persecución contra medios de prensa, que fueron cerrados, silenciados o empezado a reportear desde el exilio.

De esta manera se termina de configurar el perfil de un Ortega convertido en el líder de una dinastía familiar similar a la de los Somoza, aquella que él y otros guerrilleros lograron voltear en 1979. Hoy, Nicaragua ha perdido cualquier atisbo de la república igualitaria y respetuosa de los derechos humanos que los sandinistas soñaron cuando derrocaron al régimen de Anastasio Somoza Debayle.

Este reportaje repasa en detalle las acciones que tomó Ortega desde que volvió a la presidencia con el único objetivo de atornillarse en el poder, sin ahorrarse arbitrariedades.

El sandinismo soy yo

El poder de Ortega hoy es absoluto: controla todos los organismos del Estado y nadie le hace sombra en el FSLN, al punto que ha sido el único candidato presidencial de este partido, fundado el 23 de julio de 1961.

Esta es su octava candidatura y la segunda en la que se hace acompañar de su esposa como postulante a la vicepresidencia. El líder sandinista gobernó Nicaragua en la década del ’80, en medio de una guerra contra la Resistencia Nicaragüense, formada por antiguos miembros de la dictadura de los Somoza y patrocinada por Estados Unidos. El 25 de febrero de 1990, Ortega fue derrotado por Violeta Barrios de Chamorro, primera mujer en el continente americano en ser electa presidenta de un país. Tras el revés, Ortega sentenció que gobernaría “desde abajo” y lo hizo mediante asonadas, huelgas y manifestaciones.

En el medio, con cada movimiento, fue apartando a los dirigentes políticos del FSLN que podían hacerle sombra. Por eso, expertos y excompañeros de lucha consultados por CONNECTAS coinciden en que Daniel Ortega siempre ha tenido pretensiones “dinásticas”. A criterio del defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, quien lleva 40 meses exiliado en Costa Rica, la de Ortega y Murillo es “una dictadura que se proclama cuasi divina” y que ahora “tiene al país entero como cárcel”.

Luis Fley, un excomandante de la Resistencia Nicaragüense que combatió al primer gobierno de Ortega, y quien se postulaba como precandidato presidencial para las próximas elecciones del 7 de noviembre, coincide con Carrión: “Su naturaleza es totalitaria… Siempre ha tenido el germen de dictador, él ha sido el secretario general eterno de su partido”. Fley fue obligado a exiliarse recientemente porque “comenzaron a echar presos a los precandidatos; comenzaron por Cristiana (Chamorro) y sólo quedaba esperar turno para ir a la cárcel. Y yo, Luis Fley, no voy a ir a la cárcel”.

En lo interno del FSLN, desde que asumió en 2007 Ortega y su círculo fueron cerrando espacios a quienes se atrevieron a criticarlo y disputarle el poder. Esto implicó correr a las figuras presidenciables del partido, como Víctor Hugo Tinoco, excanciller y exdiputado, y los exalcaldes de Managua Herty Lewites y Dionisio Marenco. A Lewites no le quedó de otra que salirse de las filas del Frente y postularse a la presidencia por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), actualmente Unidad Democrática Renovadora (Unamos), pero murió de un infarto el 2 de julio de 2006, cuatro meses antes de las elecciones generales de ese año que devolvieron al ex revolucionario sandinista al poder.

La ex comandante guerrillera Mónica Baltodano, quien recientemente se exilió en Costa Rica, manifiesta que ella y Lewites observaron cómo Ortega se convirtió en caudillo a lo interno del FSLN y advirtieron que se encaminaba a convertirse en el dictador del país. “Las políticas que está aplicando para la sociedad primero las aplicó a lo interno del Frente Sandinista con políticas de exclusión, de aplastamiento, de castigo a quienes disentían de su línea política”.

Rubén Arriola, líder del barrio Domitila Lugo en Managua, la capital nicaragüense, dice que él empezó a caer mal en las filas del FSLN desde el momento en que se opuso a un proyecto de basura en la costa del Lago de Managua o Xolotlán. Para Arriola, Ortega y el Frente Sandinista ya no representan la mística revolucionaria. De Ortega, dice que nunca pensó que se volviera “arrogante, prepotente”, menos que “agrediera a sus adversarios políticos” como lo ha hecho con los precandidatos presidenciales a los que metió presos este año.

El Estado soy yo

Dieciséis años después de su derrota electoral contra Violeta Chamorro, Daniel Ortega ganó los comicios del 5 de noviembre de 2006, una victoria que fue consecuencia de la reforma constitucional sellada en un pacto con el expresidente Arnoldo Alemán Lacayo. Éste propició una división del Partido Liberal y cambió el sistema electoral para adaptarlo a las necesidades de Ortega: reducir a 35 el porcentaje de votos para ganar las elecciones en primera vuelta.

Así, un Ortega que se mostraba moderado, conciliador y convertido al catolicismo triunfó frente a una oposición dividida. Tomó posesión el 10 de enero de 2007, acompañado del expresidente venezolano Hugo Chávez, quien, hasta su muerte, se convirtió en principal aliado y benefactor.

Como analiza la socióloga Elvira Cuadra, investigadora especializada en temas de seguridad, ya al asumir el Ejecutivo en 2007 Ortega empieza a controlar los Poderes Judicial y Electoral (Vea La justicia del caudillo). Asimismo, añade, el presidente intentó reformar la organización del Poder Ejecutivo, particularmente para controlar al Ejército y a la Policía: “Empieza un proceso acelerado de cooptación a través de prebendas, compra de lealtades, clientelismo político… En el caso de la Policía es más claro con promociones o ascensos adelantados…” (Lea La impunidad viaja en patrulla)

Actualmente, desde la oposición sostienen que la Policía está parcializada y actúa como una fuerza política al servicio de los intereses de la familia presidencial. Daniel Ortega es su jefe supremo y la dirección está en manos del primer comisionado Francisco Díaz Madriz, consuegro del presidente.

Este Estado policial ha socavado las libertades públicas y la institucionalidad. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el contexto de la grave crisis sociopolítica que empezó con la represión de abril de 2018, 328 personas fueron asesinadas, 2 mil heridas, 1.614 privadas de su libertad como represalia por haber participado en actos de protesta y más de 100 mil han migrado para proteger sus vidas, integridad y libertad.

En paralelo al control de las fuerzas de seguridad, Ortega mantuvo hasta antes de la explosión sociopolítica de hace tres años una alianza con el sector privado nicaragüense, una especie de cogobierno al que denominaron “Modelo de Alianza, Diálogo y Consensos”, el cual era presentado como una fórmula mágica para el crecimiento económico del país. Mientras hacía negocios, al sector privado poco le interesó el deterioro de la institucionalidad y tampoco que Ortega rompiera la constitución para reelegirse (Vea El idilio de Daniel Ortega con el gran capital).

Además de su alianza con el empresariado, Ortega fomentó programas asistenciales para las personas más pobres, con apoyo de Venezuela a través de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), lo que le hizo ganar respaldo popular. De hecho, quienes aún le apoyan destacan como una de las razones estos programas.

Brenda Sancho López, de 67 años, es una de las que piensa así. “Me gusta ver a una persona cuando se le lleva una silla de ruedas, un paquete de comida”, dice. Ella vende refrescos en una calle de la capital desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Milita en el FSLN desde que tenía 17 años y participa en el Gabinete de la Familia, Comunidad y Vida del barrio Reparto Chick, una instancia que le ha servido al FSLN para mantener la vigilancia y el control partidario en cada barrio.

Marina Pérez Gonzales, por su parte, se dedica a la venta de ropa a domicilio. Igual que Brenda, respalda a Ortega porque ha visto que ayuda al pueblo. Pedro Díaz, quien brinda su servicio como conductor privado, opina igual: “Ha sacado adelante al país en obras de carreteras, apoya al pobre y por eso me pongo al lado de él”.

Evelio Alvarado Zeledón, guarda de seguridad privado, dice que Ortega, “es bueno con los pobres, le da al que lo necesita”.

Sin embargo, sus opositores consideran que Ortega está consciente de que aun con el voto duro del Frente Sandinista lleva todas las de perder en unas elecciones libres, transparentes y observadas. Por eso, interpretan que quitó de su camino cualquier obstáculo antes de las elecciones 7 de noviembre de 2021.

La Constitución soy yo

Tras cumplir los cuatro años de gobierno, Daniel Ortega no podía optar a la reelección presidencial en 2011. El artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua se lo prohibía. En ese momento, el caudillo sandinista contaba únicamente con 38 diputados en la Asamblea Nacional, por lo que no tenía los votos necesarios para reformar la Constitución. Entonces, recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la que ya había logrado subordinar a través del pacto con Arnoldo Alemán.

Así, el 19 de octubre de 2009 una sentencia de la Sala Constitucional de la CSJ dio vía libre a la reelección, al aceptar un recurso de amparo interpuesto por Ortega y 109 alcaldes de su partido. La resolución declaró inaplicable el artículo 147 de la Constitución Política porque según los magistrados, violaba los derechos humanos de Ortega y el principio de igualdad. La sentencia fue ratificada el 30 de septiembre de 2010 por la Corte en Pleno.

Fue así como el presidente se reeligió por primera vez en 2011 con el 62.64 por ciento de los votos. Fabio Gadea, su principal opositor, no reconoció los resultados y denunció que hubo fraude electoral, un reclamo que —diez años después de aquella votación— en 2021 le aceptó la (CIDH).

Con su primera reelección consumada y ya con 62 escaños en el Parlamento, Ortega continuó impulsando reformas políticas para perpetuarse en el poder. El 28 de enero de 2014, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Constitución que dio vía libre a la reelección indefinida. De modo que el 6 de noviembre de 2016, Ortega se presentó nuevamente como candidato presidencial, esta vez con su esposa Rosario Murillo como compañera de fórmula. El CSE le adjudicó a Ortega el 72.4 por ciento de los votos, en unas elecciones marcadas por el abstencionismo y la falta de credibilidad.

El afán de Ortega por perpetuarse en el poder y construir con su esposa una dinastía libre de obstáculos tiene cada vez menos argumentos jurídicos. Cuando la CSJ le dio en 2009 vía libre a su reelección, el expresidente de la Sala Constitucional manifestó que la sentencia tenía como argumentos jurídicos las decisiones judiciales sobre la reelección en Costa Rica y Colombia, que favorecieron a los expresidentes Óscar Arias y Álvaro Uribe, respectivamente.

Pero el 13 de agosto de este año, la Corte IDH emitió una resolución en respuesta a una consulta realizada por Colombia en octubre de 2019 sobre “la figura de la reelección presidencial indefinida”, en la que opina que no debe aplicarse en la región porque no es un derecho humano autónomo. Además, señaló que la prohibición de la reelección presidencial indefinida busca garantizar la democracia representativa y evitar la concentración de poderes en la figura del primer mandatario en un sistema presidencialista. Justamente lo que está ocurriendo hoy en Nicaragua, agravado tras las protestas y la represión de 2018.

El 18 de abril de ese año decenas de nicaragüenses salieron a las calles a protestar en contra de unas reformas a la seguridad social. A ellas, Daniel Ortega y Rosario Murillo respondieron con violencia. Sus fuerzas de choque, vestidas con camisetas blancas y mensajes de amor y paz, agredieron a quienes se manifestaban, robaron cámaras y celulares, hirieron a decenas de personas y sacaron del aire a varios canales de televisión.

Durante 11 años, Ortega había reprimido las manifestaciones ciudadanas, pero ningún nicaragüense había sido asesinado. Un día después del inicio de estas masivas protestas, murieron Richard Pavón, Darwin Manuel Urbina y Hilton Rafael Manzanares, una lista de víctimas que se fue incrementando a medida que pasaban los días.

El 22 de abril, en un intento por apaciguar las manifestaciones y facilitar una salida a la crisis política a través del diálogo, Ortega revocó las reformas del seguro social. Sin embargo, ante la conmoción e indignación por los asesinatos, su reacción fue tardía. Multitudinarias marchas, en casi todo el país y particularmente en bastiones del sandinismo como Masaya, León, Carazo, Estelí, Matagalpa y Jinotega, demandaban justicia por las personas asesinadas y pedían la dimisión de Ortega y Murillo.

Pero la pareja presidencial, al ver seriamente amenazada su continuidad en el poder, continuó reprimiendo. Desde la narrativa oficial, lo ocurrido en 2018 fue un “intento de golpe de Estado fallido”. Ortega acusó a los manifestantes de “terroristas” y hasta la fecha mantiene a más de 140 personas privadas de libertad por razones políticas.

Ahora, el régimen de Ortega y Murillo, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, busca en noviembre próximo atornillarse cinco años más en el poder.

La Ley soy yo

Pero la puntada final la dio el año pasado con la aprobación de un combo de leyes que le han permitido anular cualquier expresión de disidencia: La Ley de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz (Ley 5055). Esta última considera como “traidores de la patria” a los nicaragüenses que “encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional, fomenten o insten a actos terroristas, realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”. También incluye a quienes “inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, entre otras acusaciones.

De este combo, la Ley 5055 ha sido usada por Ortega para encarcelar a 34 líderes opositores, empresarios y un periodista. La lista de prisioneros incluye a siete precandidatos presidenciales: Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora y Noel Vidaurre.

Además, la justicia nicaragüense avanzó con el enjuiciamiento de 20 de las personas detenidas. En esa lista hay que incluir al novelista Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes de literatura. Quien fuera vicepresidente de Ortega en su primer mandato (1985-1990) y compañero de él en la resistencia contra Somoza, fue acusado el 7 de setiembre con los mismos cargos que pesan sobre el resto de los opositores imputados: “incitar al odio” y “conspirar” contra la soberanía del país. A Ramírez, hoy en el exilio, ahora lo amenaza una orden de detención que lo llevaría inmediatamente a la cárcel si se atreviera a pisar Nicaragua de nuevo.

También Berenice Quezada, Miss Nicaragua 2007, quien se postuló a la vicepresidencia por la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), fue inhibida y acusada por el Ministerio Público por “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”, con la salvedad de que será juzgada en “libertad”.

“Los líderes más visibles de la oposición están en la cárcel. Él (Ortega) va a imponer su modelo político porque lo que quiere es darse un baño de legitimidad, porque internacionalmente está desprestigiado. Es un proceso electoral ilegítimo, pero él quiere que los nicaragüenses participen en este circo electoral para tener un baño de legitimidad”, dice Elvira Cuadra.

El 13 de agosto, durante el 42° aniversario de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, Ortega justificó que quienes están siendo investigados “son los que se encargaron de financiar, organizar, buscar los recursos, buscar el apoyo de los yanquis, y dirigir los crímenes que se cometieron en abril del 2018”.

También reprochó a los empresarios de “enterrarle el puñal a la Patria y al pueblo nicaragüense”. Les recordó que “estuvieron muy contentos haciendo dinero cuando nuestro Gobierno promovió la Alianza” y que “hablaban con mucho respeto del Gobierno, de los frutos que daba esta Alianza en el orden económico y social”.

Según Ortega, los opositores estaban planeando “lanzar otra oleada de terrorismo de cara a estas elecciones, descalificando las elecciones, manejados por los yanquis que son enemigos de los Pueblos”

La Asamblea Nacional —controlada por Ortega y Murillo con 71 de 92 diputados— aprobó el 4 de mayo de este año la reforma a la Ley Electoral. Pero hizo caso omiso a las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que proponían el restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Esto a través de elecciones libres y justas mediante la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) para garantizar que funcionara de manera independiente, transparente y responsable, así como la actualización del registro de votantes, la observación electoral nacional e internacional y un proceso político pluralista que permitiera la participación de nuevos partidos políticos. Nada de esto hizo Ortega, que controla totalmente al Tribunal Electoral.

La reforma electoral aprobada en mayo pasado básicamente incorporó los cambios hechos a través de otras leyes. El artículo 63 sentencia que “ningún partido político” puede recibir financiamiento y donaciones privadas o públicas provenientes del exterior, todo esto en sintonía con la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley 5055. Y el artículo 81 agrega que “no pueden ser inscritos como candidatos o candidatas a los cargos de elección quienes tengan algún impedimento relacionado con la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”. El 103 amplía que los partidos políticos, las alianzas de partidos o cualquiera de sus candidatos “no podrán recibirla donaciones de Instituciones Estatales o mixtas, sean éstas nacionales o extranjeras”, como tampoco ”de privados cuando sean estos extranjeros o de nacionales estando estos en el extranjero”.

La reforma también eliminó la segunda vuelta electoral al señalar que “resultarán electos Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, los candidatos del partido o alianza que obtengan el mayor número de votos válidos”.

Dos días después de aprobarse la reforma, el 6 de mayo pasado, asumieron sus cargos los nuevos magistrados titulares y suplentes del CSE, todos leales a Ortega según la oposición.

El Presidente soy yo

Con las reformas políticas aprobadas, el cuadro quedó rayado para ir a elecciones sólo con los partidos y candidatos del agrado de Ortega. Poco tiempo después de haber asumido sus cargos, los nuevos magistrados del CSE empezaron a decapitar a los partidos políticos opositores.

El 18 de mayo de ese año cancelaron la personería jurídica al Partido Restauración Democrática (PRD), que había puesto su casilla a disposición de la Coalición Nacional, el mayor grupo opositor a Ortega. “Nos llegó una resolución que tiene como objeto notificar el retiro de nuestra personería jurídica, basado en que nos aliamos a personas que promueven la muerte, el lesbianismo y el aborto”, expresó Saturnino Cerrato, presidente del PRD. Al día siguiente le tocó el turno al Partido Conservador (PC), cuya personería jurídica fue cancelada porque anunció que no participaría en las elecciones.

El partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) fue anulado el 6 de agosto por el CSE, a petición de María Haydée Osuna, representante legal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), considerado como colaboracionista del FSLN. Además, el órgano electoral y el Ministerio de Gobernación le cancelaron la cédula de identidad nicaragüense y el pasaporte a la presidenta de CxL, Carmella María Rogers Amburn, conocida como Kitty Monterrey, supuestamente por graves violaciones a la Ley Electoral y otras normas constitucionales.

“La Dirección de Atención a Partidos Políticos comprobó que el partido político Ciudadanos por la Libertad, ha venido teniendo comportamiento fuera de las condiciones y regulaciones técnicas legales para esta clase de organizaciones políticas, mediante actos verbales que menoscaban la independencia, soberanía y la autodeterminación; lo que, según su consideración, son meritorias de la cancelación de personalidad jurídica”, dice la resolución del CSE.

Ante estas arbitrariedades, la Coalición Nacional ha llamado a no reconocer como legítimas las elecciones del próximo 7 de noviembre. Según el analista político Oscar René Vargas, en la mente de Ortega “el costo de perder el poder es demasiado grande, hay muchos intereses de por medio”. Entre ellos los de la nueva clase rica sandinista, o los de empresarios que se beneficiaron del modelo público privado de Ortega y quienes tienen señalamientos de cometer crímenes de lesa humanidad en el contexto de la crisis sociopolítica.

El fundador del FSLN Tomás Borge Martínez, quien fue ministro del Interior en la década del ’80, había advertido luego de que Ortega recuperó la presidencia en 2007: “Todo puede pasar aquí, menos que el Frente Sandinista pierda el poder (...). Yo le decía a Daniel Ortega: podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan, lo único que no podemos perder es el poder”.

Por eso, a Ortega no le bastó sacar de la jugada a los partidos políticos opositores y encarcelar a los precandidatos presidenciales ante las elecciones venideras. El 20 de mayo de 2021, decenas de policías antimotines allanaron por segunda ocasión el estudio de grabación de los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por el reconocido periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro. Ya en 2018, la redacción de estos programas había sido tomada por la Policía y hasta la fecha permanece confiscada y convertida en una Casa Materna por el Ministerio de Salud.

Para Chamorro, este segundo allanamiento representa “un asalto a la verdad”, pero dejó claro que no los van a callar. “Pueden robarse otras cámaras de televisión, otros accesorios, pueden ocupar un recinto donde nosotros habíamos hecho algunas producciones, pero vamos a seguir informando, no van a callar a nuestros periodistas”, dijo el periodista, obligado a exiliarse por segunda vez para continuar “informando en libertad”.

Ese mismo día, la Policía allanó la antigua oficina de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), organización que suspendió sus operaciones el 5 de febrero pasado para no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros.

Cristiana Chamorro Barrios, hija de la expresidenta Violeta Barrios y del Héroe Nacional y mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, quien en ese momento era la principal precandidata a la presidencia de Nicaragua, fue citada por el Ministerio de Gobernación en calidad de exdirectora de la FVBCH para que respondiera por “inconsistencias” en los reportes financieros del período 2015-2019. Según el gobierno, “la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros periodo 2015 – 2019. Se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”.

No hubo derecho a la defensa. El caso fue remitido al Ministerio Público que, con una celeridad inimaginable, emprendió una cacería contra extrabajadores de la FVBCH, directores de medios y periodistas beneficiarios de los proyectos impulsados por esta organización. El 28 de mayo, la policía detuvo a Walter Gómez y Marcos Fletes, exadministrador y excontador de la FVBCH, respectivamente. Cinco días después, allanó la casa de Cristiana Chamorro y la dejó bajo arresto domiciliario.

El 24 de agosto, en audiencias secretas, sin la presencia de sus abogados y violatorias del debido proceso, el Ministerio Público acusó a los hermanos Chamorro: Cristiana, Carlos Fernando y Pedro Joaquín por los supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva, apropiación y retención indebida”. Asimismo, fueron acusados los extrabajadores de la Fundación Ana Elisa Martínez, la periodista Lourdes Arróliga, Walter Gómez, Marco Antonio Fletes, Emma Marina López, Pedro Vásquez y Guillermo Medrano.

Desde el 28 de mayo, al menos 50 periodistas han sido llamados a declarar ante el Ministerio Público por la investigación contra la FVBCH, donde han sido amenazados con aplicarles la Ley de Ciberdelitos. Esto ha provocado que más de 30 trabajadores de prensa hayan salido del país entre junio y agosto de 2021 para proteger su libertad e integridad.

El último zarpazo a los medios de comunicación ocurrió el 13 de agosto, cuando la Policía allanó al Diario La Prensa e inició una investigación contra sus directivos por los delitos de “defraudación aduanera y lavado de dinero”. Un día antes, el diario había anunciado la suspensión de su circulación impresa debido al bloqueo del papel por parte de la Dirección General de Aduanas. El gerente de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, fue detenido por la Policía.

Hoy el diario La Prensa sigue informando por internet. Carlos Fernando Chamorro, desde el exilio, continúa escribiendo contra los abusos del régimen de Ortega y Murillo, como otros nicaragüenses obligados a salir del país para no caer en manos de un sistema judicial manejado a su antojo por el Gobierno, según denuncian. Mientras tanto, también sigue en pie la fecha electoral del 7 de noviembre como el día en que el guerrillero que combatió y derrotó a Somoza, el que gobernó Nicaragua en los ’80 y el que volvió al poder en 2007, logrará reelegirse una vez más tras haber corrido del camino a todos sus adversarios y opositores. Incluidos sus ex compañeros de militancia en el FSLN.