Nueve jueces fueron llevados ante los tribunales por beneficiar a sentenciados por narcotráfico y delitos graves. Cinco enfrentaron la destitución por rebajar penas; inclusive, un exjuez estuvo preso. Cuatro más fueron enjuiciados por extorsionar a reos, pero solo uno fue condenado. Los personajes y sus historias ocultas salen a la luz por primera vez.
as provincias de Manabí y Guayas son el epicentro del narcotráfico en Ecuador. También son los sitios donde más sentenciados por este delito fueron liberados, tras recibir beneficios en el marco de la ilegalidad. Por esta razón, desde 2019, nueve jueces han sido acusados de emitir fallos que violaron la ley.
En 2018, en Guayas, un juez de garantías penitenciarias rebajó en 13 años la pena a un ciudadano serbio sentenciado por narcotráfico, basándose en una ley derogada, al invocar un principio constitucional favorable hacia el detenido. Una de las condiciones para disponer su prelibertad fue pedirle que escribiera una tesis sobre los efectos de la droga en la salud pública. Hoy, ese exjuez afirma que ha sido perseguido por el organismo administrativo de la justicia ecuatoriana, el Consejo de la Judicatura. Por primera vez el exfuncionario judicial explica su situación jurídica a la prensa.
Otro juez redujo la pena de cuatro sentenciados por tráfico de drogas a gran escala, que luego fueron liberados. Un año después denunció que actuó bajo amenazas contra su vida y su familia. Tras ser destituido, recibió una orden de prisión en su contra, y ahora espera ser llamado a juicio.
Este trabajo periodístico revela los expedientes sobre la actuación de esos nueve jueces, contra quienes la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura (CJ) iniciaron procesos, bajo sospecha de actuaciones delictivas que pudieron beneficiar a sentenciados por tráfico de drogas. Cinco de los jueces fueron investigados por prevaricato; cuatro, por asociación ilícita. Se cree que, en Manabí, algunos de ellos pudieron estar involucrados en una trama de extorsiones, a cambio de medidas previas a la excarcelación.
Esta investigación también descifra el número, el patrón y el engranaje de un esquema en el que participaron jueces, servidores judiciales, funcionarios penitenciarios y abogados.
Para esta reportería se revisaron cientos de documentos de procesos en el Sistema Informático de Trámite Judicial (Satje), informes internos de Transparencia del Consejo de la Judicatura y reportes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI). Esta última entidad confirmó para este trabajo que entre 2018 y 2020 recibieron rebajas de penas, por méritos, 110 sentenciados por narcotráfico. Sin embargo, las autoridades penitenciarias responsables de este procedimiento explicaron, en entrevista, que el SNAI emitió únicamente un máximo de 50 resoluciones en el período citado. Por lo tanto, las 60 rebajas restantes solo podrían haber sido concedidas ilegalmente por jueces de garantías penitenciarias.
Este equipo periodístico solicitó los nombres de los beneficiados con esas rebajas y los jueces responsables, pero aún no tiene una respuesta del SNAI. Esos 60 casos tampoco han sido identificados por la administración de justicia.
El primer campanazo de esta práctica corrupta sonó en 2019. Fue identificada por la Dirección de Transparencia del Consejo de la Judicatura (CJ). Al año siguiente, este organismo destituyó a cinco jueces e inició procesos penales en su contra por posible prevaricato, que se castiga con penas de tres a cinco años de prisión. De ellos, tres todavía esperan ser llamados a juicio, en medio de incidentes que han dilatado las audiencias durante los dos últimos años. El cuarto fue exculpado y ganó un recurso administrativo que, de ratificarse, le permitiría reintegrarse a las funciones de juez.
El quinto no llegó a ser procesado penalmente porque murió por Covid-19. Él participó en la excarcelación de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de la banda de Los Choneros, brazo armado en Ecuador del Cartel de Sinaloa. Por el mismo caso actualmente está enjuiciado el exjuez José Tamayo, quien explica en exclusiva, por primera vez a la prensa, su participación en la polémica liberación.
Actualmente, están en marcha 13 investigaciones adicionales por posible prevaricato contra jueces que habrían modificado sentencias a imputados por narcotráfico, explica Fausto Murillo, presidente del CJ, órgano de control de gobierno, administración y disciplinario de la justicia ecuatoriana. Según él, desde que asumió funciones como presidente, en febrero de 2022, fortaleció el componente de transparencia en el organismo. Aseguró que se han identificado poderosas redes que incluyen funcionarios en el sistema judicial y penitenciario, incluidos abogados y estudios jurídicos. No obstante, antes de su llegada al CJ, entre 2020 y 2022, tras el cambio de autoridades de la Dirección de Transparencia, las investigaciones no prosperaron.
De acuerdo con Murillo, varios jueces hicieron un uso arbitrario de una norma específica. Esa regulación faculta a un juzgador de garantías penitenciarias a conocer y resolver la situación jurídica de los sentenciados, cuando se ha promulgado una ley posterior más benigna. Es lo que se conoce como principio de favorabilidad, que ciertos jueces interpretaron y aplicaron en forma ilegal. “En los casos que el CJ actúa como acusador, casi todos los jueces invocaron el principio de favorabilidad para llegar a un extremo inaceptable, que es modificar sentencias ejecutoriadas y, en la mayoría de casos, ejecutándose”, destacó Murillo, quien considera que esta institución los enjuició por actuar contra ley expresa, “que es justamente el concepto del prevaricato”.
La fórmula que usaron los juzgadores para rebajar penas tenía dos partes. Primero, invocaban la legislación más favorable al sentenciado, así fuera una norma ya derogada.
“No entiendo por qué se convirtió la favorabilidad en un principio interpretativo”, dijo el catedrático y penalista Felipe Rodríguez. De acuerdo con su explicación, cuando alguien comete un delito va a la cárcel por un tiempo específico, pero si en el futuro una nueva ley reduce la pena prevista para ese delito, el sentenciado puede acogerse a la pena reducida, “así es como debe entenderse y no para aplicar una ley ya derogada”.
En segundo lugar, una vez rebajadas las condenas, los juzgadores argumentaban que los sentenciados ya habían cumplido el 60 por ciento de sus penas, con lo cual podían acogerse al régimen previo a la libertad. En su descargo, los funcionarios han dicho que actuaron en derecho, aplicando normas constitucionales que consagran garantías para la población penitenciaria, considerada como un grupo vulnerable en Ecuador.
Una sentencia de última instancia no puede ser modificada por un juez inferior. Al respecto, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, fue enfático en entrevista con este equipo periodístico: “Una sentencia ejecutoriada tiene el carácter de inmutable. No puede ser reducida ni cambiada, salvo que se aplique un recurso extraordinario de revisión, por la Corte Nacional y no por un juez inferior”.
En los casos analizados, los jueces no actuaron solos. Antes de excarcelar a un detenido se realizan audiencias. En ellas participan funcionarios del sistema penitenciario, quienes pueden objetar la decisión del funcionario judicial si la consideran ilegal. Pero no lo hicieron.
El director del SNAI, general de la policía Pablo Ramírez, indicó que los funcionarios que se han prestado para prácticas corruptas han sido enjuiciados, incluidos directores de centros carcelarios. “Lastimosamente, tres han regresado a sus cargos, por fallos favorables de jueces, que les otorgan medidas sustitutivas. Trabajan con grilletes electrónicos”. Ramírez está en funciones desde diciembre de 2021.
Desde 2017 a febrero de 2019, siguiendo un modelo de desconcentración, los beneficios a los sentenciados se certificaban y concedían en comisiones zonales, en las diferentes provincias, por parte de los funcionarios penitenciarios. Con un informe de cumplimiento podían emitir libertad y prelibertad controlada. “Eso también abrió las puertas a la discrecionalidad y la corrupción”, según el actual director de Beneficios Penitenciarios, Marcelo Flores. Para corregir esta falencia, el proceso se centralizó desde febrero de 2019 en la sede del SNAI, en Quito.
Otro problema detectado es la falta de jueces de garantías penitenciarias. Actualmente hay 24 jueces con esta especialización, pero adicionalmente 66 juzgadores penales también despachan estas causas, según la Judicatura. “Los jueces de garantías son muy pocos y no tienen una especialización, no siguen una carrera como ocurre en México o Colombia. Tampoco hay parámetros para su designación”, subraya Flores.
“Temo que en Ecuador el Estado está desorganizado y el crimen bien organizado”, fue la respuesta del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, cuando se le preguntó sobre la magnitud de riesgo de penetración del narcotráfico en la justicia. Además, advirtió que “una expresión muy peligrosa, no solo para la justicia, sino para el Estado y la democracia, es que el crimen organizado vaya adentrándose en el poder, especialmente el judicial, para lograr impunidad. Eso sería grave y peligroso”, agregó. Destacó la necesidad de otorgar garantías y protección a los juzgadores, para que se mantengan firmes en su independencia e imparcialidad. “Hay que protegerlos frente al narcotráfico”.
En los casos que revela esta investigación periodística, ¿se puede hablar de narcoimpunidad? Los penalistas y catedráticos Xavier Andrade y Felipe Rodríguez coincidieron en responder afirmativamente. “Claro, porque los peces grandes pagan o intimidan para que el peso de la ley recaiga en los chicos”, destacó Rodríguez.
Por su parte, Andrade señaló que “la narcoimpunidad tiene sentido a través del control; el narco busca el poder dentro y fuera de las cárceles, busca controlar la justicia y para eso genera violencia y formas de intimidación”. Además, advirtió que el control tiene varias fuentes: se genera por afinidad, miedo, corrupción, compromiso o conveniencia de los operadores de justicia. Para graficarlo citó casos de servidores judiciales, jueces y fiscales, que después de resolver casos específicos salieron del servicio público, para ejercer como abogados, en estudios jurídicos particulares, al servicio del crimen organizado.
En junio de 2020, la justicia ecuatoriana dio un giro radical. Desde ese mes entró en marcha una reforma al Código Orgánico Integral Penal que prohíbe expresamente que se rebajen penas por méritos en más de 20 delitos, entre ellos el narcotráfico.
Más allá de la reforma legal, esta investigación también identificó un problema de fondo que persiste y juega a favor del crimen organizado. Es la falta de un mecanismo que posibilite el intercambio de información y colaboración sistemática entre el CJ, la Corte Nacional, el SNAI y la Fiscalía.
