Tras el comercio de vehículos irregulares, en la frontera Chile-Bolivia, hay un entramado que incluye robo de automóviles, narcotráfico, corrupción policial, asesinatos, pueblos enteros dedicados al contrabando, empresas que hacen la vista gorda, y un conflicto internacional que actualmente incluye dos países, Chile y Bolivia, pero que amenaza con ampliarse a otras naciones fronterizas sudamericanas.
Autores: Carlos Luz, Beatriz Layme y Cristian Ascencio. Apoyo editorial: Suchit Chàvez
E
n la frontera chilena-boliviana un negocio que involucra a grupos de crimen organizado de ambos países se ha consolidado en la última década: el intercambio de vehículos robados por droga.
El modo de operar implica que una mafia chilena roba un vehículo, generalmente una camioneta todoterreno, lo cruza ese mismo día hasta territorio boliviano por alguno de los más de 100 pasos clandestinos fronterizos y, allá, se reúne con algún grupo boliviano con el que intercambia la camioneta por algunos kilos de droga. Una Toyoya Hilux del año cuesta unos 2 kilos de cocaína, según información vertida por los mismos condenados en sus declaraciones judiciales.
El negocio es tan lucrativo que, en el caso chileno, se han descubierto bandas integradas por más de veinte personas, con alto nivel de organización en la obtención, traslado y venta de vehículos; así como con ganancias millonarias, de acuerdo a los datos de varios expedientes judiciales. Cada kilo de cocaína se puede vender en las grandes ciudades de Chile, como Antofagasta y Santiago, en 15 mil dólares.
Una de las bandas desarticuladas en Chile en años recientes era dirigida desde la prisión Colina, la más grande de Chile, por Osvaldo Calderón, quien llevaba más de una década como recluso. Según el testimonio de uno de sus cómplices, Calderón planificaba hacia futuro: estaba reuniendo 40 mil dólares para sobornar a un guardia de la prisión, para conseguir el beneficio de salida dominical, tras lo cual huiría a Bolivia; según consta en el expediente judicial del caso.
La banda estaba integrada por ladrones de autos, mecánicos y falsificadores. Un total de 23 personas repartidas en distintas ciudades chilenas, a lo largo de 1.700 kilómetros. 19 de ellos son de nacionalidad chilena y cuatro son bolivianos.
Otro ejemplo del involucramiento entre mafias de ambos países es el caso que se ha conocido públicamente como “Cangri”.
El 20 de febrero de 2019 Sebastián “Cangri” Leiva, un conocido cantante chileno de reguetón, cruzó la frontera hacia Bolivia por el turístico poblado de San Pedro de Atacama, junto a otras cuatro personas – dos chilenos y dos bolivianos -, en una camioneta Toyota 4 Runner roja.
La camioneta había sido comprada con un documento bancario falso un par de días antes. Una técnica que uno de los acompañantes de Cangri, Germán Gundián, había utilizado anteriormente.
Gundián, un empresario del rubro automotriz con líos con la justicia por estafas, era el nexo principal con los bolivianos con los que se haría el negocio de la compra-venta del vehículo robado en Chile y que, según dos testimonios de involucrados, eran policías.
Pero el viaje no terminó como Gundián esperaba. En pleno altiplano, a más de 3.500 metros de altura, Gundián, Cangri y otro chileno -Sebastián Cornejo- fueron abandonados por sus socios bolivianos, en un incidente que aún no está claro por qué ocurrió. La noche y el frío hicieron el resto. Cangri y Gundián fallecieron, mientras que Cornejo –que tiene un extenso prontuario policial, con más de 10 causas, y está vinculado a investigaciones por narcotráfico según datos judiciales- logró llegar al día siguiente hasta la aduana y sobrevivir.
En Bolivia las bandas no tienen muchas dificultades para deshacerse de un vehículo ilegal y venderlo en el mercado negro, según lo demuestran las investigaciones de las autoridades de ambos países y el reporteo efectuado para esta investigación transnacional en que participaron tres medios, Página Siete de Bolivia, El Mercurio de Antofagasta (Chile) y La Estrella de Iquique (Chile), en alianza con la Plataforma Connectas.
Luego de que el vehículo es trasladado por rutas clandestinas al interior de Bolivia hasta alguna de las ferias donde será comercializado, como la de Challapata o la de Puente Vela en La Paz, es vendido a la mitad de su precio real. Con documentación falsificada para poder circular, el precio sube un poco. Si en el camino es interceptado por agentes oficiales, no pasa nada. El pago de una coima al policía debería es suficiente para continuar la marcha.
“Los policías nos piden 150 bolivianos y nos dejan seguir”, dice uno de los comerciantes de chutos que dio su testimonio en este reportaje.
Los vehículos sin documentación legal son conocidos como chutos en Bolivia, y algunos analistas estiman que actualmente hay 450 mil máquinas bajo esa condición en ese país, equivalente a un cuarto de todo el parque automotor boliviano.
La economía informal que gira en torno al negocio de los chutos incluye ferias, clonadores de patentes, transportadores y pueblos en los que sus empobrecidos habitantes ganan algunos pesos guardando los autos en sus patios, o cobrando peaje a su paso.
No todos los chutos son robados, de hecho posiblemente la mayoría son adquiridos en la Zona Franca de Iquique, ciudad portuaria del norte chileno. Aunque estos por su antigüedad no están autorizados para ingresar a Bolivia, empresas utilizan a personas sin hogar como testaferros para esquivar la burocracia aduanera y luego ingresar los vehículos a Bolivia por algún paso fronterizo clandestino. Esto último es una práctica conocida, pero el mercado automotriz es tan importante para Iquique que pareciera ser que todos prefieren mirar para otro lado mientras el dinero siga corriendo.
En tanto en Bolivia, por el impacto social del fenómeno, acabar con el problema es un terreno de arenas movedizas para los políticos.
En 2011 el gobierno del ahora expresidente Evo Morales realizó un “perdonazo” que permitió que más de 100 mil de estos automóviles fueran regularizados, a pesar de las protestas de países vecinos, desde donde muchos vehículos habían sido robados, como Chile.
En este país, precisamente, el problema de la frontera también está generando promesas políticas. La última de ellas es vista con recelo por expertos y agrupaciones vinculadas a derechos humanos: el gobierno de Sebastián Piñera involucró al Ejército en la persecución del narcotráfico y el contrabando en la frontera. El mismo Ejército que se ha visto sumido en casos de corrupción durante los últimos años y que está en uno de sus peores niveles de aprobación ciudadana después de las protestas en Chile. El plan se echó a andar hace pocos meses.
Challapata y los pueblos chuteros
Para subsistir hay que tener un poco de ambición, creatividad y una tonelada de suerte. Pese a los riesgos de perder toda la inversión, familias enteras se dedican al “lavado” de autos chutos o indocumentados como se conocen. El negocio emergió en Challapata, hoy se expande a diferentes regiones de Bolivia. Los vehículos los ingresan por rutas clandestinas, luego los comercializan con todos los permisos para circular, pero falsos. Una corrupción endémica campea en medio de este negocio.
A
rropada para soportar el intenso frío de la planicie altiplánica boliviana Jenny, la mujer que hace 14 años aprendió a pisar los pedales de un vehículo, se dirige a la tradicional feria de Challapata; donde cada sábado
y domingo atiende un puesto de venta, al igual que otras mujeres que viven del comercio informal en este pueblo extendido en el sur de Bolivia. Jenny no escatima esfuerzo alguno, como cuando era niña y acompañaba a su madre en la misma actividad, en su natal Challapata.
El nombre del pueblo proviene de dos palabras quechuas: challa-brindar y pata – arriba. Esta pequeña ciudad es el principal punto de descanso del transporte que conecta Chile – cuya frontera está a unos 300 kilómetros – con la ciudad de Oruro, a su vez a unos 120 kilómetros de Challapata, con el resto de los departamentos de Bolivia.
Desde las siete de la mañana, Jenny comienza a ofrecer utensilios de cocina. Es una persona conocida en el gremio de comerciantes. No solamente por sus productos, sino también por el negocio que colocó a Challapata, hasta antes de 2012, como el punto clave de la venta de autos chutos, como se denomina a los autos indocumentados o de circulación irregular. Sin papeles. Muchos de ellos, robados.
Los autos de juguete es uno de los productos que venden los comerciantes en la ferias de chutos.
El 3 de diciembre de 2008 se promulgó el Decreto Supremo 29836, que prohibió el ingreso a Bolivia de vehículos que superaran una antigüedad de cinco años. Pese al mandato ejecutivo, hasta 2012 la venta de chutos se realizaba en calles colindantes a la plaza Antofagasta, la principal de Challapata. Ahí menudeaban los jeeps, vagonetas, coches deportivos, camionetas, furgonetas a variedad de precios.
La bonanza por la venta de autos chutos se acabó el 9 de octubre de 2012, cuando militares tomaron la población para desterrar esa actividad. La Aduana ordenó el operativo policial – militar “Pichay”, palabra en aimara que significa limpiar. Intervinieron 15 garajes y se incautaron 60 vehículos.
Fue una batalla campal. Los pobladores involucrados en el negocio se enfrentaron a los militares con piedras y palos. Los militares respondieron con gases lacrimógenos y municiones. Perdieron la vida Oscar Omar Cruz Mallku de 17 años de edad, tras recibir un proyectil por la espalda; y Óscar Ricardo Gómez Bertón, quien falleció en el Hospital San Juan de Dios.
Desde entonces la venta de autos chutos es clandestina. Al menos, no amparada legalmente. Llegar a Challapata no es complicado, sus vías principales de acceso están asfaltadas. Desde Oruro se debe recorrer 116 kilómetros, desde Pisiga 356,7 kilómetros y desde Iquique (Chile) 500 kilómetros: a menos de medio día de camino. Está asentada sobre una planicie de piedras, arena y sal, decorada de paja brava, matorrales de kiswara (planta típica de la región) y escasos árboles; pero con 13 mil habitantes que viven en una temperatura que sube desde los -5° grados bajo cero hasta los 15°.
Las ferias de autos chutos en Bolivia
La mayoría de las ferias se ubican en pampas cercanas a poblados y se realizan una vez a la semana, por ejemplo la mañana de un sábado. En ocasiones por el aumento del control policial y militar o por problemas con las comunidades indígenas, las ferias desaparecen o se trasladan hacia otro punto.
La mayor parte de la gente en Challapata es campesina, vive de la agricultura y la lechería, industria muy venida a menos por la escasa demanda. La Organización Panamericana de Salud recomienda consumir 180 litros de leche por año y en el departamento no se supera los 53 litros por cada habitante, señala Juan Carlos Maldonado, coordinador regional Pro Bolivia. La población económicamente activa está distribuida en trabajador asalariado 35,1%, trabajador por cuenta propia 57,4 %, empleador o socio 3%, trabajador aprendiz 3,7%; y cooperativista productor 0,8%, según datos del INE.
La producción de leche promedio, principal actividad de la zona, es de 25 litros por día de cada animal. El productor primario vende el litro a 2.50 bolivianos (0.35 centavos de dólar) y un queso de medio kilo a entre 10 a 20 bolivianos (1.50 a 2.50 dólares), ingreso insuficiente en la mayor parte de los casos para subsistir.
El alcalde de Challapata Martín Feliciano Choque, del partido MAS, apuesta por el turismo de la zona para lograr despertar la economía. La ciudad está próxima a Uyuni – a unos 200 kilómetros -, donde está el salar más grande del mundo. El edil refiere como atractivos turísticos las represas de Tacagua, los paseos en bicicleta por la cordillera Azanaques y por la Iglesia colonial San Juan Bautista, construida en el siglo XVI, Suchuna, distante a 3 kilómetros de Challapata.
Para Jenny, esas actividades no son una buena opción. Ella prefiere vender utensilios, oficio que usa como vitrina para camuflar el negocio que le trae mayores réditos económicos: la venta de autos chutos. Realiza entregas a pedido, el modelo y color que el cliente desee. Al igual que Jenny, otros comerciantes de Challapata, se dedican a ese rubro. Para llegar a ellos basta comentar que uno sueña con tener un vehículo.
“Tenemos que ingeniarnos. Producir quinua, habas, papa, cebada no genera bueno ingresos (sic). Inviertes, pero viene la helada, una nevada intensa y pierdes todo”, relata Jenny. Mientras acomoda un juego de ollas, cuenta que tras el abandono de su esposo y sin el apoyo de su familia, tuvo que transportar droga hasta Chile. Por cada viaje recibió 300 dólares. Realizó más de cinco viajes, revela.
Nunca fue detenida. Cuando caía la noche, dos hombres le entregaban una mochila y las coordenadas para que entregara el producto. Jenny calcula que eran al menos 10 kilos de cocaína por cada viaje. “Agarraba mi aguayo viejo (un tejido cuadricular, multicolor que caracteriza a la región andina que es utilizada para carga) envolvía la mochila y cargaba en el aguayo”, cuenta Jenny y asegura que realizaba una caminata de más de 300 kilómetros desde Challapata hasta la frontera con Chile.
Algunos tramos avanzaba en transporte público. “Venía un bus, esos que van de una comunidad a otra. Prefería caminar de noche y dormir de día. En el primer viaje sentí que nunca iba a acabar, que me iban a agarrar, pero luego me acostumbré”, dice Jenny.
Challapata es una localidad de 13 mil habitantes ubicada al sur de Oruro, en una de las zonas más pobres de Bolivia.
La agricultura es la principal fuente económica de Challapata.
En agosto de 2005, con más de tres mil dólares en el bolsillo y sin conocer de vehículos viajó hasta Iquique junto a cuatro de sus amigos, que le incentivaron ingresar al negocio de los chutos. Jenny compró un Toyota Ipsum modelo 1999 con 2,300 dólares, contrató con 100 dólares a un jovenzuelo para que condujera el vehículo hasta Challapata. “Esa vez, metimos ocho autos, yo sólo uno. Ingresamos en caravana por caminos desconocidos, todo era desolado y frío”, recuerda Jenny, quien revela que vendió el vehículo a 3,500 dólares y obtuvo una ganancia de 1,000 dólares.
Hoy Jenny, como otros pobladores de Challapata, traen vehículos sólo ha pedido. El interesado debe dar un adelanto de 100 dólares para el viático y la gasolina. El resto de la paga con la entrega del automotor. Un Mitsubishi Pajero Jr está entre 3,000 a 3,500 dólares; una vagoneta cuatro por cuatro, entre 4,500 a 5,000 dólares; un Ipsum, de 3,500 a 4,000 dólares.
Adquirir en el mercado legal un Mitsubishi Pajero Jr nuevo tiene un costo por encima de los 35 mil dólares, el precio baja entre 17,000 a 25,000 dólares de acuerdo al recorrido; una vagoneta cuatro por cuatro nueva está por encima de 35 mil dólares, ya con recorrido entre 12,000 a 25,000 dólares; un Ipsum, de 12,000 a 15,000 dólares de acuerdo al modelo y recorrido.
Los vehículos una vez que llegan a Challapata son escondidos en improvisados garajes cubiertos por viejas telas, o bajo los arbustos. También los guardan en talleres mecánicos, donde fácilmente se camuflan entre los automotores que están ahí para ser reparados.
El Gerente General de la Cámara Automotor Boliviana, Luis Encinas, asegura que únicamente a través de la frontera chilena ingresan a Bolivia 25 mil vehículos al año, por un valor aproximado de 310 millones de dólares. “A nosotros nos genera un perjuicio total de 120 millones adicionales, eso es lo que pierde el Estado en tributos. Adicionalmente estos vehículos consumen un combustible subvencionado, que llega a más de 1 millón 800 mil bolivianos, por subsidio de los combustibles”, explicó.
De forma legal, a Bolivia ingresan 60 mil vehículos al año, informó Encinas. Los empresarios pagan entre 10 mil a 15 mil dólares por automotor. “Se paga el 43% del valor Free board, libre abordo, adicionalmente se paga el flete del barco, la llegada a Chile y el seguro hasta la frontera. Se paga unos 15 mil dólares por vehículo”, señala Encinas, quien agrega que aparte es el pago por impuestos, que son el 16 por ciento del valor del automotor.
Jenny admite que generan un daño económico al país por la evasión de impuestos, pero –afirma- no tienen otra alternativa, pues la Aduana Nacional de Bolivia sólo autoriza el ingreso de vehículos con una antigüedad no mayor a cinco años. “Si uno quiere comer, vestirse bien, tener una casita, se debe hacer de todo. Vendiendo estas cositas (muestra su mercadería que consta de utensilios de cocina) sólo gano para comprar pan y el recreo de mis hijos”, afirma.
Autos en ventas en la zona del Tipnis.
A Ezequiel Ugarte no le fue bien en la vida. Trabajó cuatro años en Venecia, una ciudad que está al noreste de Italia. En 2012 fue expulsado y retornó a Bolivia. Llegó a su natal Cochabamba, donde conoció a su esposa Matilde con quien tuvo cuatro hijos. Trabajó de albañil, chofer, mecánico, pero el dinero era insuficiente. Hace un año, septiembre de 2018, agarró a su compañera y a sus pequeños retoños y emprendió un viaje de cinco horas.
Llegó a Isinuta, la puerta al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), un área protegida creado como Parque Nacional en noviembre de 1965 y declarado como territorio indígena en septiembre de 1990, gracias a las luchas de los pueblos nativos de la región, los Yuracaré, Chimán, Mojeño Trinitarios. Está distante a 2.209 kilómetros de Iquique.
Cargado de esperanzas, tocó la corroída puerta y llena de moho de la casa de su hermano mayor Félix, quien lo recibió con un fuerte abrazo. Ezequiel contó sus penurias. Félix sin dudar le dio un trabajo de agricultor hasta que se estableciera. Debía abonar, fumigar y cosechar el cato de coca, además de sembrar yuca y platanales. Así trabajó por seis meses.
“Por libra de coca cosechada me pagaba cinco bolivianos, al día recogía entre 30 a 50 libras, Mi esposa e hijos me ayudaban. Así junté platita. Mi hermano me dio un pedazo de tierra, me hice mi pahuiche (una habitación provisional de madera), no gasté en alquiler”, cuenta Ezequiel.
En julio de este año (2019) logró reunir más de dos mil dólares y fue hasta Villa Aroma, comunidad que está en el Polígono Siete del Tipnis, donde cada domingo, sobre la vía de tierra que se abre paso entre la maleza, se exhiben entre 15 a 30 vehículos de diferentes modelos y colores. Hay desde Toyota Hilux, Toyota Vitz, Mitsubishi montero, Noah carguero, Ford, pero en su mayoría son los Toyota Caldina. También hay motos.
Los Toyota Hilux son los más caros, su precio oscila entre 6,000 a 8,000 dólares de acuerdo al recorrido y año del modelo, un Toyota Vitz 2, 800 dólares, Mitsubishi montero 5.500 dólares, Noah carguero 3,500 dólares, los Toyota Caldina por encima de los 3,000 dólares. Un vehículo chuto de estos se puede adquirir con una rebaja de entre 100 a 200 dólares.
Para convencer al cliente, el chutero irrumpe con el rugido del motor el canto de la parvada de loros y patos que se dirige hacia el río Moleto para cazar peces, que se arriman a la orillas del río de aguas cristalinas.
El Decreto Supremo 2232 del 31 de diciembre de 2014, que modifica el Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores aprobado por Decreto Supremo 28963 de 6 de diciembre de 2006 establece que sólo se podrán importar vehículos livianos con antigüedad de hasta tres años. En el Tipnis los vehículos que se comercializan tienen una antigüedad, incluso, de más de tres décadas.
Don Facundo, uno de los chuteros, promete una buena rebaja e incluso ofrece traer el modelo que uno desee.
Facundo: Te lo traigo el modelito que quieras
Cliente: ¿Tengo que darle un adelanto?
F: Primero tenemos que asegurar, una vez que te envíe las fotos de Chile (del vehículo) me depositas unos 100 dólares, para que sea seguro. Yo te mandaré fotos de Chile ¿este auto quieres? Todo por Whatsapp.
C: Pero el Gobierno informó que la frontera está cerrada, ¿qué seguridad que llegue con el vehículo?
F: No está cerrada tanto, está pasando, hay que pagar más, hay más control, se paga más caro.
C: ¿A quién hay que pagar?
F: A los militares, medio complicado es traer.
C: ¿Tienes un número donde pueda llamarlo?
F: Sí, por Whatsapp podemos conversar.
Los vehículos que circulan sin patente son comunes en Bolivia.
La Ley de Regularización y Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados, aprobada el 8 de junio de 2011, del programa de legalización de vehículos indocumentados, establece que cumplido el plazo para la legalización de los autos chutos se procederá al decomiso de los automotores a favor del Estado boliviano, luego serán entregadas a las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio Público y otras entidades públicas.
El 27 de septiembre de este año, miembros de las Fuerzas Armadas interceptaron un convoy de 60 vehículos indocumentados y con mercadería de contrabando en el sector de Panavinto, sobre el salar de Coipasa de Oruro, distante a 206 kilómetros de Iquique. En el operativo militar fueron capturados dos personas, el resto retornó a territorio chileno.
“Un día antes, ocurrió similar hecho, pero en este caso quemaron 19 unidades con mercadería de contrabando”, informó el exViceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez (al momento de la entrevista, efectuada antes de la crisis política en Bolivia, él estaba ejerciendo el cargo).
La venta de autos chutos está relacionada en varios casos con el narcotráfico. Algunos vehículos son intercambiados por droga en la frontera Bolivia – Chile que se extiende por 850 kilómetros que se caracteriza por ser una zona desértica, según las autoridades.
Un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de 2018 revela que el negocio de la droga incentiva el trueque de vehículos indocumentados en zonas rojas: San Matías (Santa Cruz) y los poblados del norte de Potosí.
En el Tipnis los vehículos indocumentados son destinados para dos actividades: para el servicio de transporte público y uso personal para el traslado de productos, entre ellos la hoja de coca. En el Parque Nacional, pese a su prohibición, hay cultivos del arbusto.
En agosto quien en ese momento ejercía como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, detalló que en el Tipnis, un territorio compartido por los departamentos de Beni y Cochabamba, hay tala y quema de árboles para ampliar los cultivos ilegales de coca. “Ingresan así sea al Parque Isiboro Sécure como también al Parque Nacional Carrasco, y lo único que hacen es ingresar para talar árboles, o sea chaqueos, queman, y lo único que hacen es plantar cultivos ilegales”, dijo Cáceres.
Mario Coaquira, oriundo de Oruro, está detrás del volante hace más de 30 años. Es propietario de un Toyota, minibús de 14 plazas, con el que transporta pasajeros desde la ciudad de Cochabamba hasta las comunidades del trópico cochabambino: Villa Tunari, Eterazama, Chipiriri, Shinaota, Chomiré, Isinuta y Chapare, entre otras poblaciones.
Asegura que no sólo la coca ilegal del trópico va al narcotráfico. “Que los cocaleros de los Yungas que no se hagan los desentendidos, su coca también va a los ilícitos (al narcotráfico), llevan la coca en autos chutos, pues si se hacen pescar sin problema abandonan los vehículos”, cuenta Coaquira, quien afirma que antes de conducir por rutas del trópico, viajaba con su camioneta por ruta de los Yungas.
“Tenía un Nissan Cóndor, un amigo me contrató para viajar a Oruro y de ahí a Nuevo México. Llevé 80 taques de coca (cada uno contiene 50 libras), entramos a Nuevo México en fila, había camiones que transportaban hasta 120 taques con coca de los Yungas y del Chapare, cada semana. Al menos hice cinco viajes”, relata Coaquira y agrega que al lugar se ingresa recitando una contraseña.
En el Tipnis los vehículos indocumentados son destinados para dos actividades: para el servicio de transporte público y uso personal para el traslado de productos, entre ellos la hoja de coca. En el Parque Nacional, pese a su prohibición, hay cultivos del arbusto.
En agosto el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, detalló que en el Tipnis, un territorio compartido por los departamentos de Beni y Cochabamba, hay tala y quema de árboles para ampliar los cultivos ilegales de coca. “Ingresan así sea al Parque Isiboro Sécure como también al Parque Nacional Carrasco, y lo único que hacen es ingresar para talar árboles, o sea chaqueos, queman, y lo único que hacen es plantar cultivos ilegales”, dijo Cáceres.
Mario Coaquira, oriundo de Oruro, está detrás del volante hace más de 30 años. Es propietario de un Toyota, minibús de 14 plazas, con el que transporta pasajeros desde la ciudad de Cochabamba hasta las comunidades del trópico cochabambino: Villa Tunari, Eterazama, Chipiriri, Shinaota, Chomiré, Isinuta y Chapare, entre otras poblaciones.
Asegura que no sólo la coca ilegal del trópico va al narcotráfico. “Que los cocaleros de los Yungas que no se hagan los desentendidos, su coca también va a los ilícitos (al narcotráfico), llevan la coca en autos chutos, pues si se hacen pescar sin problema abandonan los vehículos”, cuenta Coaquira, quien afirma que antes de conducir por rutas del trópico, viajaba con su camioneta por ruta de los Yungas.
“Tenía un Nissan Cóndor, un amigo me contrató para viajar a Oruro y de ahí a Nuevo México. Llevé 80 taques de coca (cada uno contiene 50 libras), entramos a Nuevo México en fila, había camiones que transportaban hasta 120 taques con coca de los Yungas y del Chapare, cada semana. Al menos hice cinco viajes”, relata Coaquira y agrega que al lugar se ingresa recitando una contraseña.
Bertha Mamani, de 22 años de edad y oriunda de Challapata, coincide en que hay peligrosidad en la zona y asegura que quien necesita dinero sólo tiene que buscar a uno de los pobladores de Villa México, cuando vaya a la feria de Challapata. “Si le convence, lo lleva ante el jefe, que le explica las condiciones. Y si uno acepta, le entrega las coordenadas de dónde debe recoger y entregar la mercadería”, cuenta Bertha haciendo referencia a droga, y añade que una de sus amistades, por lo que llamó emergencia, tuvo que transportar paquetes de droga hasta la frontera con Chile.
Félix Ugarte, quien en seis meses logró reunir más de 2,000 dólares con el que adquirió un minibús modelo 1984, admite que en el Tipnis los cultivos de coca va en aumento y desconoce su destino. «No toda la coca que se cosecha va al mercado de Aroma. En camionetas van casa por casa, compran la hoja, no sé dónde llevarán. Serán comerciantes o se dedicarán a otra actividad», expresa y agrega que a él le interesa recibir su dinero, pues ahora está en planes de comprar tierras para dedicarse a la agricultura.
Los autos quemados en el altiplano
Autoridades bolivianas sostienen que clanes familiares con vínculos con el narco están detrás del comercio de los chutos. A su vez, la lucha en la frontera se ha intensificado en 2019, con operativos que han terminado en enfrentamientos y con autos incinerados por efectivos militares.
E
l exviceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, explica que son “clanes familiares que han parcelado la frontera”, para internar los autos chutos y otros productos a territorio boliviano.
Identificó a los clanes Colque y Moroco, que tiene como principal socio a Ninfa y a Tito Mamani Cocamani “quien opera desde Chile”, afirma.
El Moroco es identificado por las autoridades como Edson Arce Ajhuacho, tiene doble nacionalidad, es boliviano y chileno. El clan familiar Colque Herrera es liderado por los esposos Miguel Colque y Ludim Herrera Vásquez. Colque fue alcalde mayor de Pisiga en 2017, ese año estuvo preso en la Cárcel de Alto Hospicio, al norte de Chile, por el delito de narcotráfico. No estuvo mucho tiempo, pues se benefició con el indulto, reportó El Deber en septiembre.
“En el caso de Colque, este señor estuvo detenido en la cárcel de Chile por narcotráfico, pero salió libre. Antes de recobrar su libertad, su esposa era la que manejaba el contrabando en Pisiga. En la frontera todos tienen doble identidad, tienen cédula de identidad boliviana y chilena, eso aprovechan para moverse”, dijo Rodríguez, quien agregó que los contrabandistas cuentan con la protección de algunas autoridades indígenas. Como ejemplo mencionó al mallku (autoridad local) Ribera.
El viceministro explicó que Tito Mamani, quien tomó la posta del clan tras la detención de Moroco, es otro de los principales contrabandistas de autos chutos. Aseguró que contrata a muchachos de las poblaciones fronterizas, que tengan entre 14 a 17 años de edad, pues en caso de ser detenidos no van a la cárcel, por ser menores de edad. Son llevados como conductores para que, en caravana, ingresen a territorio boliviano con los vehículos contrabandeados.
Tito Mamani opera con “otras seis personas, entre hijos y pareja de los jefes”, señala un reporte del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando.
El pago es de 100 dólares. “De Bolivia los llevan en camioneta hasta la frontera, con su mochilita y después ingresan a pie a Chile y van a lugares específicos para luego internar los autos indocumentados”, indicó Rodríguez y agregó que el viceministerio redobló el control en la frontera, especialmente con Chile. Hasta el 19 de agosto detuvieron 999 vehículos, de estos 108 han sido incinerados, asegura Rodríguez.
Vehículos chutos quemados por militares bolivianos en un operativo contra el contrabando realizado en septiembre de 2019, en el Salar de Coipasa.
108 vehículos han sido incinerados este año. Foto de operativo militar efectuado en agosto.
Estas acciones no impidieron a los clanes familiares seguir internando vehículos indocumentados a territorio boliviano a través de rutas clandestinas. “Te voy a dar las claves para que encuentres mejores modelitos”, dice Jenny. La comerciante demuestra su experiencia y recomienda visitar Cruce Macha, Pampa Colorada, Belén, Llica, poblaciones de Potosí, además de Sabaya, Patacamaya, comunidades rurales o viajar hasta la ciudad de El Alto, enclave urbano que está a escasos 341,5 kilómetros de Challapata.
En esas poblaciones, donde aún se practica el trueque – la tradición aimara del intercambio de productos alimenticios o animales -, los chuteros asentaron en calles aledañas a las ferias, su negocio de venta de vehículos indocumentados.
Un negocio turbio
en la Zona Franca
“Recién llegadito, aún está caliente”. Así ofrece Fernando, como se identificó el joven vendedor de no más de 25 años de edad, un Nissan Note 2005 en la feria que se desarrolla cada domingo en Belén, población de Potosí. El vehículo está cubierto por una delgada capa de sal, que lanzaron los guardafangos por la velocidad que imprimían cuatro vehículos indocumentados, cuando bordeaban el Salar de Uyuni, una de las rutas de ingreso, que está a más de 200 kilómetros de Iquique, norte de Chile.
El joven comerciante de autos chutos ofrece su mercadería a un lado de la feria de ganado bovino y camélido en la comunidad de Belén, de la provincia de Potosí, de aproximadamente 6.170 habitantes que está a 168 kilómetros de Challapata.
Fernando oferta vehículos chutos a pedido del cliente, así revela en una conversación en agosto de este año.
Cliente (C) ¿Y qué modelo puedes traer?
Fernando (F) ¿Dime qué modelo te gustaría?
C: Un Mitsubishi Pajero Jr
F: Hay, ¿cómo cuál quieres?, Allá hay uno (señala), ¿ves? Está al lado del Noa, del mismo color hay un Pajero (caja) mecánica, doble. Pero caro está allá (Iquique). Puedo comprar con 2,000 (dólares), 800 (dólares) más tengo que invertir.
C: 800 ¿para qué?
F: Para transformar, me sale 500 dólares, el volante viene al lado derecho. Hay que sumar el flete de Iquique a Pisiga 100 dólares, para la gasolina hasta aquí es 100 dólares, lo que gastó allá, alojamiento son otros 100 dólares.
C: En total, ¿por cuánto me lo traes?
F: Todo sería 2.800 dólares. Con sal más va a llegar. Así la sal salpica.
C: Para qué no llegue así, lleno de sal ¿por dónde me lo puedes traer?
F: Sí o sí tengo que entrar por salar de Uyuni, ese es el único camino.
C: ¿Y no hay control? Si es la única vía.
F: Hay control pues, a veces perdemos. No quita.
C: ¿Harías llegar mi pedido?
F: Claro, de eso no te preocupes, te daré mi número si te animas.
En medio del Salar de Uyuni, uno de los máximos atractivos turísticos del sur boliviano, cruzan rutas clandestinas de contrabando.
El Salar de Uyuni y las comunidades potosinas de Llica, Wayllas, Sigsigua, la Queca, Tahua; el Salar de Coipasa de Oruro, son algunas de las más de 100 rutas clandestinas que abrieron los chuteros para evadir el control de la Aduana Nacional de Bolivia, según datos del Viceministro.
El exconcejal de Llica, Gabriel Narciso Ayaviri, explicó que el ingreso de los autos chutos es por el desierto de San Pablo de Napa, donde hay un pequeño pueblo, del mismo nombre, de escasos 67 habitantes. “Su capital es Sigsigua, es una de las rutas de los chuteros, el otro día (de agosto) las Fuerzas Armadas han quemado 12 vehículos. También ingresan por la comunidad de Bella Vista”, afirma.
La comunidad de Sigsigua está distante a más de 30 kilómetros de Bella Vista, del municipio de Llica, al oeste de Chile. La actividad económica más importante son la agrícola y la pecuaria, con cultivos de quinua, papa, haba, oca y cañahua, y la cría de llamas, alpacas y ganado ovino, su producción sólo está destinado al consumo doméstico y en menor grado para la venta, informa el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.
El exviceministro Rodríguez, afirmó que “Chile ha construido 118 caminos de penetración a Bolivia”, porque “se han dado cuenta que su desarrollo nace en la frontera. Han abierto vías de las minas, son caminos de 12 metros de ancho”, agrega.
Fernando, quien busca concretar la venta, ofrece una variedad de vehículos y llevarlos donde el cliente solicite. Revela que puede hacer ingresar el automotor indocumentado por la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí, región que tiene como atractivos la Laguna Colorada, el árbol de piedra, la Laguna Verde. “Como abunda el turismo fácilmente se camufla. Como en la zona está la reserva Eduardo Avaroa –nombre del héroe de la guerra del Pacífico- por la segunda región de Chile, que es Antofagasta, te puedo meter el auto que me pidas, pero te lo hago llegar en una semana”, promete.
Maqueta del salar de Uyuni, una de las zonas utilizadas para el contrabando de autos chutos.
Para que el negocio vaya bien y las autoridades locales, como el Ejército, no los atrapen, los chuteros ruegan a la patrona de Challapata, la Virgen del Carmen, cuya imagen está grabada en una inmensa roca y resguardada en un santuario en el que apenas caben cuatro personas juntas. La pequeña iglesia está construida en el pico del cerro Kuwiri.
Otros ruegan a la Virgen del Carmen que les bendiga con un auto. A un costado de la reducida iglesia de barro, piedra y paja brava, venden pequeños coches de hojalata de modelos y colores variados. Hay desde taxis, vagonetas, camionetas, camiones hasta trailers. También hay casas elaboradas de yeso y billetes de diferentes cortes. La tradición en Bolivia reza que si adquieres cosas en miniaturas, se harán realidad.
“Son varios los que desean tener dinero, coches y casas”, cuenta Rudy, un cochabambino que comercia miniaturas, desde hace 20 años. “Para que se haga realidad tu sueño”, recomienda, “debes hacer bendecir y colocar un par de velas a los pies de la virgen”. Cada 16 de julio son varios los que esperan su turno para ingresar y rogar a la virgen que cumpla sus deseos.
Los devotos chuteros no son en su totalidad de Challapata. Vienen de las comunidades de Patacamaya (departamento de La Paz), Belén, Macha, Uncía, Uyuni regiones de Potosí, donde la venta de autos chutos echó raíces, entre el miedo y la violencia.
El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando organizó durante siete meses, desde enero a agosto, 2,860 operativos en los cuales 20 militares resultaron heridos por arma de fuego. “Nos han disparado, tenemos personal herido, les han disparado en la cadera, en la pierna, en la pantorrilla, en el hombro, disparan de lejos y se escapan. La frontera es oscura, los contrabandistas operan en la noche”, informa Gonzáles y señala que “los contrabandistas son vulnerables en las fronteras, pero cuando ingresan a territorio boliviano se fortalecen con recursos y medios, hasta drones manejan”.
A un costado de las astas y el balido de las ovejas que posan en una planicie, rugen los motores de los vehículos indocumentados para impresionar a la clientela que cada domingo visita la feria de Patacamaya, comunidad en la que el comercio de autos chutos se terminó asentando.
Patacamaya, una pequeña ciudad ubicada en la provincia de Aroma, distante a 98 kilómetros de la ciudad de La Paz. Se erige a 3,800 metros sobre el nivel del mar y tiene más de 11,249 habitantes, según el censo nacional de 2012. La feria convoca a pobladores de más de 30 comunidades del Altiplano y del Valle, para comerciar ganado ovino, porcino, vacuno, además de aves de corral, como gallinas y patos. Su mayor atractivo comercial es el queso, la carne de llama y cordero.
A un costado de la feria, en una amplia calle de tierra, los chuteros exhiben desde las 6:00 de la mañana vehículos de una gran variedad de modelos. “Es caja mecánica, ya está gemeleado, listo para viajar”, oferta don Heriberto, desde la cabina de una vagoneta modelo 2002, desde donde invita a dar un pequeño recorrido para probar la calidad del automotor. “Te voy a rebajar, llévatelo a 4,500 dólares. Si quieres te lo llevo hasta tu casa, pero me tendrás que aumentar unos 50 dólares más para la gasolina”, ofrece Heriberto.
Al frente, un grupo de chuteros celebra con una caja de cerveza la venta de un Mitsubishi Pajero Jr. Aún les queda un Ipsum, de los cinco coches que hicieron llegar desde Chile, cuenta Boris, de aproximadamente 30 años de edad. “Llévatelo a 4,000, te conviene. Nueva nacionalización va a salir, ahorita el Gobierno harta plata se puede hacer, como están en campaña no creo que pierdan tanta plata”, asegura el joven comerciante mientras de un solo sorbo bebe un vaso de cerveza.
En 2011 en el marco del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados, que lanzó el presidente Evo Morales, fueron legalizados 71.995 automotores que estaban en condición de irregularidad, por el cual el Gobierno recaudó 175.689.549 dólares.
Gerardo García, vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), descartó una nueva nacionalización de vehículos indocumentados. “Pedir a los compañeros no se ilusionen, no habrá nueva legalización, sólo son rumores. Quien diga que se va a nacionalizar, es una mentira”, enfatizó el dirigente.
“Bonito está, mira el colorcito, si quieres te lo hago rugir el motorcito, está chala, en muy buena condición, si quieres te lo hago gemelear, pero en dos días te entrego”, irrumpe Porfirio, de más de 40 años, quien ofrece traer un auto de modelo y color de preferencia del cliente, en una semana. “Cuando esté en Chile, te mando fotitos y me dices cuál quieres y yo te lo hago llegar”, oferta.
La venta de autos chutos también se expandió a la ciudad de El Alto, distrito 5, un área periurbana. Ahí, a un costado de la feria Puente Vela, zona de Senkata, distante a 326 kilómetros de Challapata, los chuteros, a lo largo de dos calles de tierra, exponen los vehículos chutos, camuflados entre los que sí tienen documentación legal. En una visita que se realizó al lugar se evidenció que ningún funcionario municipal, ni policial, controla el comercio.
La feria tiene solamente nueve años de vigencia. En sus comienzos tenía 200 afiliados que se dedicaban al comercio de abarrotes, verduras, hortalizas, fruta. En la actualidad se ha extendido en más de 15 cuadras y cuenta –según la Alcaldía de El Alto- con aproximadamente 10,000 comerciantes que venden desde verduras hasta repuestos para vehículos.
Sobre una calle de tierra, paralela a la vía principal de la feria, hay una larga fila de automotores, todos llevan un letrero que dice “en venta”. Germán, protegido con una gorra con diseños aimaras, migrante de la provincia Aroma, ofrece de “ocasión una hermosa, flamante vagoneta Mitsubishi Montero 1994 original japonés, caja mecánica quinta, 4×4 dirección hidráulica, cero choques e impecable tapiz”.
“Llévate, recién hice llegar. Si gustas hacemos la prueba, está en buenas condiciones”. Así Germán, de no más de 25 años de edad, intenta convencer para vender el vehículo, garantizándole “un gemeleado (de la placa) de primera calidad”. “Te entregaré en dos días su gemelo, será una placa de Santa Cruz, Cochabamba o Tarija, no va ser de La Paz, no pagarás impuestos, el otro va estar pagando todo”, insiste, haciendo referencia al propietario legal de la placa real y registrada de la que se sacaría la copia.
Los comerciantes de este rubro también entregan placas de automotor clonadas, a las que llaman gemeleadas, además de los certificados falsificados para adquirir combustible (BSisa), el certificado contra accidentes (SOAT), la boleta de inspección técnica que otorga la Policía Boliviana y la licencia de conducir. Con esos documentos los vehículos circulan sin problemas, sobre todo en las áreas rurales donde la presencia policial es casi nula.
Feria de Puente Vela, en La Paz, capital de Bolivia, lugar en que también se venden vehículos chutos.
Tener un auto y un terreno para cultivar es el sueño de muchos migrantes del altiplano que se asientan en el Chapare, Santa Cruz o el valle de los Yungas de La Paz. Es por ello que el mercado importante en el área rural de estas zonas es los autos chutos. Jenny, Fernando, Gerardo y quienes se dedican al comercio de chutos, ofrecen llevar por 50 dólares los vehículos indocumentados hasta donde el cliente lo desee.
En municipios como Ixiamas, Teoponte, Guanay, Coroico y otras regiones de los Yungas de La Paz los chutos abundan y ofrecen servicio público a vista de los efectivos policiales. Incluso, conformaron sindicatos, entre los que están Trans Ixiamas Ipsum, Trans Madidi San Buena Ventura, Corina Torus Madidi, Coroico trans tour.
Similar situación ocurre en poblaciones potosinas. El exconcejal Narciso Ayaviri explicó que el presidente del Concejo Municipal de Llica, Ricardo Ramiro Aguirre Ticona, ordenó el censo de vehículos indocumentados en noviembre de 2017 y entregó permisos de circulación municipal por un valor de 80, 120, 180 bolivianos (11 dólares, 18 dólares y 25 dólares), de acuerdo al modelo del automotor.
“Presenté la denuncia a Aduana, peleé con asesoría jurídica, pero no hicieron ni una recomendación. Ellos me dijeron que el municipio es autónomo, puede asumir sus propias decisiones. Como es autónomo el municipio, se ha derivado el caso a transparencia. Nada hizo Aduana”, señaló Ayaviri, quien considera que su municipio es único donde los chutos transitan sin placa con la venia de las autoridades, la Policía y el Ejército, encargados de incautar vehículos ilegales.
Vehículo sin placa comercializado en una de las ferias.
Según el Gerente General de la Cámara Automotor Boliviana, Luis Encinas, las autoridades poco o nada pueden hacer porque “hay mucha permisividad”. Afirma que los vehículos chutos están en el Chapare, en Vallegrande, en Pampa Grande, en la zona norte de La Paz, y consumen combustible subvencionado y no pagan ningún tipo de impuestos.
“Si uno va a Vallegrande el 90% de los vehículos no tienen placa, esos vehículos están prestando servicios entre Mairana, Pampa Grande, los Negros, toda esa zona están transitando. Lo mismo pasa en el Chapare y en el norte de La Paz, y en las zona de Oruro”, señala Encinas quien lamenta que de nada sirve el incentivo que lanzó Aduana Nacional de que se otorgará, a quien denuncie, la mitad del valor decomisado, sea vehículo o mercadería.
“Pero nadie dice nada. La gente ve descaradamente los vehículos chutos de contrabando, clonados, gemelados, pero nadie denuncia, si hubiese la voluntad política de las autoridades el tema de la premiación de cortar el contrabando, se debería de publicitar esa ley, la cantidad de vehículos que existe”, afirma Encinas.
El viceministro Rodríguez afirma que están extremando esfuerzos para acabar con el contrabando. Informó que están adquiriendo 48 camionetas y 48 motos, dos lanchas para operaciones en el lago Titicaca, blindadas. Además de comunicaciones para las operaciones tácticas, telefonía y TV con cable para los militares que están en los centros fronterizos y 30 drones tácticos. “Será un dron por puesto, para el reconocimiento de seguridad”, afirma.
Chutos por Facebook
Ni por la Deep Web ni por páginas secretas. Encontrar el mercado de los vehículos ilegales en la red es tan fácil como pedir comida a domicilio. En Facebook abundan los grupos en que se ofrecen este tipo de autos, al igual que servicios de clonación de patentes y falsificación de documentos. Después del contacto inicial, el resto de la transacción se concreta por Whatsapp.
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o es necesario visitar un antro clandestino o un aislado poblado en medio del altiplano para llegar al mercado negro de los autos chutos. Basta con meterse a Facebook. El la red social abundan grupos con
nombres como “Autos chutos La Paz-Oruro”, “Autos chutos del trópico de Cochabamba” o “Autos chutos sin papeles”, en los que se comercializan vehículos “recién llegados” de Iquique, Antofagasta o Calama, todas ellas poblaciones chilenas.
En las mismas páginas se promocionan clonadores de patentes o gestores de documentos.También abundan las estafas.
El usuario de Facebook Rodrigo X., denunció en marzo de este año en varias páginas de autos chutos, haber sido estafado por Mauricio B. M., un chileno que le prometió llevarle un automóvil a pedido si depositaba un adelanto.
Mauricio ofrece vehículos frecuentemente por Facebook: “Movilidades por encargo. Consulte su movilidad, tanto antiguos como modernos, precios accesibles para el cliente, seriedad y compromiso”, escribió en el grupo “Autos chutos del trópico de Cochabamba” el 29 de julio.
Mauricio es un joven antofagastino que fue condenado hace 5 años por asalto a mano armada cuando tenía 18 años, según documentación judicial consultada para esta investigación. Meza junto a un amigo, después de tomar unas pastillas de clonazepam -según el testimonio que dio en el tribunal- ingresó a un restorán chino ubicado a pocas cuadras de su casa, en el sector norte de Antofagasta. Ahí amenazaron a los comensales y robaron una suma de 40 mil pesos (55 dólares). Huyeron, pero fueron detenidos a dos cuadras.
Fue condenado a 5 años y un día, de los cuales cumplió la mitad en la cárcel de Los Andes, Región de Valparaíso. Ahora ofrece autos chutos en grupos de Facebook. Cada uno de sus ofrecimientos, con fotos incluidas, tiene decenas de comentarios de interesados, a pesar de que han tratado de denunciarlo varias veces. Meza a la vez, trata de estafadores a otros oferentes, incluso enviando audios.
Carabineros de Chile asegura que no tienen ningún tipo de denuncia contra algún chileno por estafa. Tampoco tienen ninguna investigación abierta, dicen. Según ellos, la mayoría de los compradores están conscientes que lo que están haciendo también es ilegal, por lo que una vez estafados no hacen denuncias.
En los casos en que los compradores sí reciben los vehículos que encargan, el negocio opera así: El comprador tiene la opción de solicitar un modelo de vehículo y, desde la zona franca de Iquique, el vendedor envía fotografías por Whatsapp para que el cliente vea el color, la calidad y las particularidades internas del vehículo, si los asientos son de cuero, si tiene monitor, entre otros. Una vez el comprador le da el visto bueno, el vehículo llega en aproximadamente una semana.
Se toman ese tiempo para evitar su incautación, pues los automotores se quedan al menos dos noches en garajes provisionales, en corrales o habitaciones pequeñas construidas de piedra, barro y paja que están en la pampa altiplánica de Potosí, informa el exconcejal de Llica, Narciso Ayaviri.
“Antes no había problemas. Hoy hay mucho control, hacer llegar a la zona y exponerlo en la feria es para que te quiten, es mejor no arriesgarse”, afirma la challapateña Jenny, quien revela que los policías y miembros de las Fuerzas Armadas que realizan el control fronterizo “ya no se conforman con una coima de 50 o 100 dólares”. Ahora, según Jenny, aceptan una coima por encima de los 200 dólares, dependiendo de la cantidad de vehículos que pretenden ingresar los chuteros, agrega Jenny.
La segunda opción es llamar a los números de celular que se publican en los más de 50 grupos de Facebook, como son: “Feria Puente Vela”, “Autos chutos recién llegados”, “compra y venta de autos chutos”, “Negocios Bolivia autos chutos para legalizar”, “autos chutos Larecaja”, “autos chutos Santa Cruz”, entre otros. Ahí describen las características del vehículo y el precio.
“Verdadera oferta de ocasión. En venta Toyota rav4, modelo 94. Caja mecánica, 2000 cc motor original, equipo de sonido MP3, aire caliente y frío. Sin papeles, precio 4,500 dólares precio charlable “se puede negociar”, interesados llamar al 705 20 7XX” se lee en una de las ofertas que va acompañada de diversas fotografías del automotor.
Otro anuncio reseña: “En venta BMW X3, motor 2000 cc Twin power turbo, tracción 4×4, caja automática secuencial, mandos en el volante, asientos de cuero, asientos eléctricos, excelente estado. Precio 5,500 dólares (chuto), comunicarse solo interesados serios al 605189XX”.
También hay numerosos anuncios que ofrecen patentes, documentos e incluso licencias de conducir. Marco Antonio Cuba, quien al momento de la entrevista era director de Servicio General de Identificación Personal de Bolivia (Segip) –entidad autorizada para otorgar cédulas de identidad y licencias de conducir- explicó que toda la documentación que ofertan en redes sociales “es una estafa” y si entregan los documentos “es completamente falsa” porque desde enero de 2018 las licencias de conducir tienen un chip incorporado y “el policía puede determinar con una aplicación en su celular, en tiempo real, si es o no falso”. Gracias a ese sistema este año capturaron dos bandas de falsificadores de licencias de conducir que operaban en la ciudad de Cochabamba.
“Las ofertas en redes sociales son para estafar a la gente, primero te aseguran que te entregarán el documento en un tiempo corto y te piden que deposites determinado monto, uno lo hace, pero nunca recibes la licencia”, aseguró Cuba.
En Chile, donde abundan las víctimas de robos de vehículos, Facebook también ha servido para organizar grupos de búsqueda de vehículos. Apenas ocurre un robo, el grupo trata de viralizar el modelo del auto lo más rápido posible, para que alguien lo reconozca y así se evite que salga del país.
Uno de estos grupos se llama “Ladrones de autos Antofagasta” y tiene 1.800 miembros.
Según explicó su creador, quien prefiere mantener su nombre en reserva, buena parte de las víctimas sabe que su vehículo terminó en Bolivia, pero una vez que cruza la frontera, recuperarlo es casi imposible.
Lo que hacen en su página es difundir el robo y la información del vehículo. “Día a día nosotros ayudamos a la gente con datos y compartimos información que nos llega, nosotros no cobramos ni pedimos nada a cambio. Claro que es mucha pega y como yo soy una sola persona, a veces se me hace difícil ayudar a todos (…) Hay personas que se dedican a buscar vehículos, pero eso sí, creo que cobran. Ellos nos hablaron, pero por facebook, para ofrecerse a buscarlo”, dice el creador del grupo.
Una de estas personas que cobra es José (su seudónimo), un autodenominado “caza recompensas” de autos chutos. José es un empresario antofagastino que también se dedica desde hace un par de años a la búsqueda de autos robados que terminan en Bolivia. Ofrece sus servicios a víctimas de los robos y se ofrece a encontrar el automóvil y repatriarlo, a pesar de los intrincados procedimientos burocráticos que se deben sortear en el país altiplánico.
Aunque José en un primer momento se había mostrado interesado en contar su testimonio para esta investigación, e incluso envió información respecto a vehículos que logró recuperar y llevar de vuelta a Antofagasta, Chile, finalmente declinó de participar del reportaje. Esto por dos motivos: seguridad y no dar pistas sobre su propio negocio, el cual según sus propias palabras ha sido bastante lucrativo, pero tampoco dio cifras para dimensionarlo.
La frontera caliente
Los “chuteros” ingresan vehículos ilegales a Bolivia por caminos chilenos no habilitados que cruzan poblados indígenas aimaras. Aunque hace algunos años los habitantes de estos poblados no tenían problemas con los “chuteros” e incluso les cobraban “peaje”, el asesinato de un dirigente cambió todo.
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anavinto es un pueblo de 10 casas de adobe y paja que existe desde antes que se fundara Chile, o Bolivia, o la frontera que los separa. Ahora, por cuestiones geopolíticas Panavinto quedó estratégicamente ubicado al
lado de uno de los pasos fronterizos más activos de Sudamérica: el de Pisiga-Colchane.
Personas, dinero y comercio, del legal e ilegal, cruzan de un lado a otro sin detenerse, ni siquiera cuando la aduana está cerrada.
Panavinto está a unos ocho kilómetros del límite fronterizo, en medio de una pampa rasgada por el viento altiplánico.
Dos adultos aimaras que bordean los 90 años son los únicos habitantes que persisten en Panavinto. Sus nueve hijos se turnan para ir a verlos y dedicarse a la siembra de quinua y papa.
También al pastoreo de corderos y ovejas. De noche soportan los cinco grados bajo cero que caen sobre el desierto. Y tratan de no meterse en otros asuntos.
Por eso, prefieren no mirar a los chuteros cuando utilizan los dos caminos que rodean el poblado para cruzar la frontera.
“En el día andan, en la noche también… es su negocio, años trabajando en esto”, dice Marcia sentada en un banco afuera de su hogar.
Es la mañana del primer viernes de agosto y, como si lloviera, una caravana de cuatro vehículos chutos pasa alrededor de Panavinto con dirección a Bolivia . “No meter con ellos”, recalca Marcia.
Un nieto de Marcia, que no quiso identificarse por seguridad, lamenta por teléfono los robos que han sufrido de ladrones de vehículos: “Antes había un sistema radial, pero se llevaron todo: las antenas, radios y baterías. Después las placas solares e intentaron robarse una camioneta, pero como estaban mis tíos, se enfrentaron a los bolivianos”. Agrega que la familia ha tratado de convencerlos para que se muden a la ciudad de Alto Hospicio, a casi cuatro de horas de Panavinto y a 10 minutos de Iquique, “pero están acostumbrados a la vida de allá arriba”, a 3.700 metros de altitud.
Los vecinos más cercanos de Marcia y su esposo son no más de tres familias en el pueblo de Ancovinto, población en la que también abundan las casas deshabitadas y que está a 10 minutos en vehículo. A 25 minutos de Panavinto queda Cariquima, donde el Ejército chileno instaló una unidad militar en 2015 para resguardar la frontera. A 40 minutos está la unidad más cercana de Carabineros. “Panavinto y otros pueblos están abandonados y falta más apoyo de las autoridades… El gobierno chileno nunca se ha preocupado de la frontera, acá llegan personas del vecino país y hacen maldades. Esto ha sido planteado a los gobiernos, a los alcaldes, pero ellos no han hecho mucho y por eso murieron hermanos por parte de ladrones de vehículos. La gente vive atemorizada”, reclama el dirigente aymara Pedro Flores, de Cariquima, uno de los dos poblados fronterizos con más población.
Más de 100 rutas clandestinas son utilizadas por los chuteros para trasladar vehículos a Bolivia.
El poblado de Ancovinto está casi deshabitado. El temor a los contrabandistas es una de las causas.
Habitantes de Panavinto prefieren no involucrarse con los «chuteros» que utilizan los dos caminos que rodean el poblado.
A las 15 horas del jueves 8 de agosto otra caravana de chuteros, esta vez de 23 vehículos retirados de la Zona Franca de Iquique, sector industrial a cuatro horas de Panavinto, pasó alrededor del hogar de Marcia, pero un contingente de carabineros y militares la detuvo. Sin embargo, como el Servicio de Aduanas no había denunciado, la banda conformada por 27 ciudadanos bolivianos -11 de ellos habían ingresado ilegalmente a Chile- quedó libre, a pesar de ser detenida a tres kilómetros de Bolivia por el delito de contrabando, que considera penas de entre 61 días a tres años de cárcel, y multas de una a cinco veces el valor de lo incautado.
“Los vehículos ‘chuteros’ son los que se comercializan en la Zona Franca de Iquique y tienen como destino Colchane, por lo que pueden moverse por toda la comuna, sin salir del país, pero cometen el delito de contrabando porque son ubicados en caminos y sectores no habilitados cercanos al límite con Bolivia y se presume que quieren cruzar ilegalmente la frontera”, explica el subprefecto rural de Colchane, Cristian Monroy.
Hardy Torres, fiscal jefe en El Tamarugal, provincia que incluye la comuna de Colchane, agrega que ningún “chutero” detenido por contrabando puede ser formalizado e investigado sino existe antes una denuncia del Servicio de Aduanas. “Más allá de que los detenga Carabineros, siempre esas personas van a quedar apercibidas, libres, independiente si llevan un vehículo o muchos. Esos antecedentes son remitidos a Aduanas que analizará el caso y tiene un plazo de tres años para decidir si denuncia o no, y si lo hace, recién la fiscalía puede comenzar la persecución penal”.
Carabineros informó que en julio otro operativo evitó el cruce de once contrabandistas con once autos por un camino que rodea los pueblos de Ancovinto y Panavinto. El subprefecto rural añade que entre enero y la segunda semana de agosto arrestaron a 78 “chuteros”, 67 bolivianos y 11 chilenos, y recuperaron 85 vehículos indocumentados. En el aparcadero de la subcomisaría de Colchane hay decenas de autos “chutos”.
El negocio está lejos de acabarse y algunas zonas de Colchane siguen siendo clave para los contrabandistas y ladrones de vehículos. Pisiga Choque y Pisiga Centro, pueblos que miran las aduanas de ambos países por ubicarse a un costado de ellas, funcionan, según Carabineros, como lugares de encuentro de organizaciones delictivas para la entrega de los autos. Muchos de ellos destinados a los departamentos de Potosí y Oruro (Bolivia), y trasladados de madrugada, la mayor parte de las veces con luz de luna.
Una de las rutas clandestina en Colchane.
Los pueblos fronterizos chilenos en medio de la ruta de los chuteros.
Antes de instalarse la unidad militar, hace cuatro años, Cariquima era el lugar de reunión de los “chuteros” y donde los transportes indocumentados partían hacia Bolivia. “Era un punto neurálgico para ellos y uno iba y podía ver 300 autos. A los lugareños les producía cierto temor porque llegaba gente desconocida, que era de distintos lugares de Bolivia, de Santa Cruz, Cochabamba”, dice el consejero regional de Tarapacá, Eduardo Mamani.
En Ancovinto vive Roberto, de 72 años, quien desde el pueblo ve pasar frecuentemente hileras de vehículos. Recuerda que en 2014 despertaba de madrugada, cuando la temperatura bordeaba los cero grados, para realizar el trabajo más peligroso de su vida: cobrar un peaje de mil pesos chilenos (casi dos dólares de la época) a cada conductor de un auto “chuto” que pasaba con dirección a Bolivia.
“A veces nos hacíamos 80 mil pesos (112 dólares) en un día. Era un triunfo para nosotros porque son bien tacaños». Agrega que el turno iniciaba a las 5 de la madrugada y terminaba de día, a las 10 de la mañana, por ser uno de los horarios más utilizados para el traslado de vehículos desde Colchane hacia Bolivia. Cinco pobladores, según Roberto, cobraban bajo su propio riesgo. «(Los ‘chuteros’) andan con armas de fuego y se agarran con los carabineros bolivianos (sic)».
Uno de los que participaba en el cobro, según Roberto, era Elías Gómez Challapa, representante de Ancovinto en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Dice que al año siguiente de los cobros, murió degollado en su casa cuando intentaron robarle su camioneta. Según habitantes de Cariquima y Ancovinto, un “chutero” lo asesinó. Una publicación del diario La Estrella de Iquique informó que fue golpeado brutalmente en la cabeza y su casa fue registrada por desconocidos.
Los colchaninos tampoco olvidan el asesinato del chofer de la Municipalidad de Colchane, Fidel García García, de 35 años de edad en 2004, uno de los primeros ataques vinculados a ladrones y contrabandistas de vehículos. Lo hallaron muerto a un costado de la ruta A-97 B, a menos de un kilómetro de Cariquima y a 20 minutos de Panavinto. La Fiscalía de Tarapacá comenzó una investigación por homicidio y robo de vehículo. Según el informe policial, el cuerpo presentaba indicios de haber sido arrastrado tres metros, y lo habrían ahorcado con una cuerda confeccionada con lana de llama. Archivaron el caso en febrero de este año y sigue sin culpables.
La violencia en la frontera
Enfrentamientos entre militares y bandas organizadas, además de asesinatos se han vuelto cada vez más frecuentes en la frontera chileno-boliviana.
A pocos metros del hallazgo de García García, hallaron el cuerpo de otro poblador de Colchane. Esta vez era el cadáver de Ángel Mamani, a quien le dispararon dos veces en la cabeza, en 2009. Sus crímenes comparten en común el robo de sus vehículos. El sector de ambos asesinatos está adornado con coronas y una cruz de flores que simbolizan para los comuneros la crueldad de los delitos, el que ha llegado junto al narco y al contrabando, que afectan a los pueblos fronterizos de Chile y Bolivia.
“El asesinato de Elías Gómez marcó un antes y un después en los pobladores porque era un buen dirigente y reclamaba por la inseguridad. Varios decidieron trasladarse y poco a poco los pueblitos y caseríos se han ido despoblando”, dice el consejero regional Mamani. Con base en datos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), en los últimos cinco años el número de familias de las nueve comunidades de Cariquima, entre ellas Panavinto y Ancovinto, disminuyó de 70 a 49, precisa la autoridad.
360 kilómetros más al sur, en la Región de Antofagasta, en febrero de este año dos chilenos murieron mientras transportaban una camioneta robada a Bolivia. El caso alcanzó revuelo nacional porque uno de los fallecidos -Sebastián Cangri Leiva- era una exestrella de reality show y cantante de reguetón.
El 20 de febrero Sebastián “Cangri” Leiva cruzó la frontera hacia Bolivia a bordo de una camioneta Toyota 4 Runner. Iba con otras cuatro personas. A dos los conocía desde ya hace un tiempo: Germán Gundián, empresario dedicado a la compra-venta de automóviles, y Sebastián Cornejo.
Días antes Cornejo había comprado una camioneta en Santiago de Chile, con un documento bancario falso. Gundián y Leiva le ofrecieron venderla en la zona de Uyuni, Bolivia, aprovechando los contactos de Gundián, quien se jactaba de venderle vehículos robados a policías bolivianos.
Partieron de Antofagasta, en la costa chilena. En la ciudad de Calama, a unos 200 kilómetros antes de la frontera, pasaron a buscar a dos bolivianos que serían sus guías por los caminos clandestinos.
Pero una vez en Bolivia, los chilenos fueron abandonados en el altiplano. Dos de ellos -Gundián y Leiva- murieron. Pocas semanas después la policía boliviana detuvo a cinco de sus policías, debido a que serían los compradores de la camioneta robada en Chile en que se transportaba “Cangri”.
El caso aún está siendo investigado tanto en Bolivia como en Chile.
Esta “animita” recuerda a un poblador de Colchane asesinado por ladrones de vehículos.
Sebastián “Cangri”, la estrella de reality que se involucró en la venta de autos robados y murió en la frontera.
El bloqueo fronterizo del gobierno chileno para controlar la llegada de migrantes por el complejo de Colchane empeoró la situación de los pueblos repartidos en esa franja. El presidente de la comunidad indígena de Panavinto, Héctor Flores, dice que ya no pueden intercambiar productos como antes con bolivianos de Pisiga Bolívar, con quienes tenían acceso libre para el tradicional trueque cada 15 días. Marcia y su esposo intercambiaban cuero y lana de su ganado por arroz, fideos, azúcar y carne. Ahora sus hijos tienen que comprarles en Iquique los mismos productos, a cuatro horas de su hogar.
El cierre de un paso ancestral que existe desde antes de que se fundaran las naciones de Chile y Bolivia, usado para el intercambio de productos básicos a un costado de las aduanas, es parte del plan Frontera Segura del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, quien visitó Colchane en agosto pasado para dar comienzo al apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías en el combate fronterizo contra el narco, el contrabando, la trata de personas y otros delitos del crimen organizado, como el robo de vehículos. Según datos de la Sección Encargo y Búsqueda de Vehículos (Sebv) de Carabineros entre 2015 y el primer semestre de 2019, en Tarapacá se robaron 4.942 automóviles y según el jefe de esta unidad policial, capitán Pedro Mardones, un 30% no es recuperado y termina en Bolivia.
Las aduanas de Chile y Bolivia están rodeadas de una extensa pampa utilizada por los habitantes de Pisiga (Bolivia) y Colchane (Chile) para transitar desde tiempos prehispánicos. Pero también es utilizada por contrabandistas y narcotraficantes.
“Esto lo puedo afirmar con datos empíricos, por las investigaciones y medios de prueba presentados a los tribunales, como escuchas telefónicas y seguimientos, en que efectivamente son intercambiados por dinero y droga”, dice el oficial. Explica que si en cuatro a cinco horas el auto no es recuperado, este desaparece. “Hay algunas organizaciones criminales que los ‘encaletan’ (esconden) en la pampa, talleres clandestinos o en domicilios particulares de los delincuentes, para después en caravana llevarlos a Bolivia”, añade.
A diferencia de Santiago, donde ocurre el robo de vehículos de lujo con violencia y armas de fuego, conocido localmente como “portonazo”; y de Antofagasta, donde sustraen camionetas 4×4 a mineros, en Tarapacá roban autos de menor valor, de 2 a 3 millones de pesos chilenos (de 2.800 a 4.200 dólares), y sin utilizar la violencia. Los ladrones actúan de madrugada en la vía pública y utilizan la técnica llamada “chapeo”, que consiste en sacar el cilindro de la puerta del copiloto o del maletero para abrir el automóvil y luego encenderlo con una llave virgen adaptada. Hurtan vehículos de entre los años 1995 a 2000, que son usados para transportar personas o mercadería en Bolivia, como los modelos Mitsubishi Delica, Challenger, Pajero y Canter, Nissan Atlas y Condor, Hyundai Porter y Toyota Hilux Surf. “Son los vehículos más apetecidos y fáciles de robar por la falta de medidas de seguridad, que sí tiene un auto de alta gama”, dice Mardones.
En marzo de este año fueron encontrados estos vehículos en Pampa Perdiz, poco antes de ser internados a Bolivia.
Operativo de carabineros en Antofagasta, en el cual se encontraron vehículos robados, que iban con destino a Bolivia.
Entre 2015 y 2018, la Sebv de Iquique desarticuló siete bandas dedicadas a recibir vehículos robados, para luego traspasarlos a Bolivia y entregar lo prometido a los compradores bolivianos. Según datos policiales, utilizaban adolescentes en la sustracción de automóviles, que recibían un pago promedio de 300 mil pesos chilenos (420 dólares) por vehículo. Estas organizaciones lideradas por chilenos y que operan como intermediarios entre el ladrón y el cliente, ganan por auto un millón de pesos chilenos (1.400 dólares) o droga equivalente a la máquina, de acuerdo a las investigaciones de la Sebv.
Están presos los miembros de las bandas conocidas como Nitro, Circa, Retorno, Tuscani, Kamikazes, Madrugadores del Desierto, Los Mejías y Pampa Perdiz. Esta última organización la desarticularon en la madrugada del 2 de octubre pasado y detuvieron a tres de sus cinco integrantes, entre ellos un adolescente de 17 años que, según la policía, hurtaba las máquinas en la vía pública. El cuarto ya había sido capturado por portar un arma de fogueo adaptada para el disparo. El quinto, un ciudadano boliviano, está prófugo. Carabineros allanó tres casas de los “chuteros” en Alto Hospicio, donde encontraron siete armas, entre ellas dos subametralladoras, un vehículo robado y 20 llaves vírgenes para sustraer más vehículos. La fiscalía de Tarapacá los vincula a 11 robos de camionetas 4×4 y camiones ¾. Seis de los vehículos terminaron en Bolivia a cambio de dinero o droga. En ocasiones utilizaban el camino del pueblo de Jaiña, donde viven alrededor de 25 personas, de niños a adultos mayores, y está a dos horas de Bolivia.
Según la Sebv, quedan al menos dos grupos operando en Iquique. Sin embargo, la fiscal Paola Apablaza, jefa de la Sección de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Tarapacá, cree que estas bandas seguirán apareciendo si permanece la atractiva mezcla de vehículos chilenos apetecidos en Bolivia y la extensa frontera que permite el traslado irregular de un país a otro.
Una de las organizaciones perseguidas por Carabineros es una red criminal que sustrae vehículos de alta gama, de entre los años 2016 a 2019, por medio del “portonazo” en Santiago, pero que luego son llevados a Tarapacá, donde los contrabandistas los movilizan con documentos falsos hasta llegar a Bolivia, por pasos no habilitados, o a través de los complejos aduaneros de ambos países. El resto de la investigación sigue en calidad de reserva por parte de la policía.
Los indigentes
testaferros
Los chuteros utilizan la Zona Franca de Iquique (Zofri) para obtener vehículos que luego trasladan ilegalmente a Bolivia. Para retirarlos, adulteran la factura de los transportes con el uso de indigentes como testaferros. Empresarios y entidades gubernamentales chilenas hacen vista gorda ante un negocio que genera millones de dólares, aunque los autos sean parte de un negocio ilegal.
Es mediodía de un jueves de junio y Jorge, vestido tan solo con un pantalón deshilachado y un abrigo café, camina dos cuadras con la estructura de una cama encima de su espalda hasta una esquina de la calle Esmeralda en Iquique, Chile. Se aleja de ella unos segundos para buscar un colchón desgastado y lo pone arriba del armazón. Sentado allí, descansa su cuerpo de baja estatura y macizo, mientras su rostro de 32 años es un corredor de gotas de sudor.
Durante seis años el suelo de Esmeralda ha sido su hogar. Es el corazón del popular “Barrio Boliviano” que recibe de día y noche la afluencia interminable de comerciantes de Bolivia. Pocas horas duermen el sector y Jorge, por los gritos de los vendedores y el bullicio de los buses con viajes hacia Oruro, Cochabamba y La Paz. La frontera está a escasas cuatro horas.
El sector es conocido, además, por el acuerdo de bolivianos con indigentes que reciben dinero a cambio de facilitar su RUT (número de la cédula de identidad) y nombre para que bolivianos compren vehículos usados en la Zona Franca de Iquique (Zofri) como si fuesen ciudadanos chilenos. Como en Bolivia está prohibida la importación desde Chile de automóviles livianos con una antigüedad mayor a un año y de vehículos para el traslado de 10 o más personas y de mercancía con una antigüedad mayor a tres años, luego de un decreto presidencial, estos tipos de transportes son internados por pasos no habilitados de la extensa frontera.
Pero antes, los autos deben pasar una primera frontera: la Aduana de la Zona Franca. Como un ciudadano boliviano no puede comprar un vehículo antiguo y llevarlo a su país, tiene que conseguirse un chileno como testaferro. Y ahí entran en el juego las empresas traspasistas.
Jorge aceptó el ofrecimiento de una de estas empresas este año a cambio de 30 mil pesos (43 dólares). “A mí me lo ofrecieron para comprar un auto de segunda mano a mi nombre. Lo hice una sola vez porque después no tengo cómo justificar tantos vehículos si soy de la calle, tampoco soy tonto”.
Patricio, amigo de Jorge, ha vivido la mitad de su vida en la calle y la otra en la cárcel por robos y hurtos. Hoy tiene 43 años. Por los “autos chutos” ha tratado más de una vez con bolivianos: “Como tres veces me han ofrecido plata para pasar mi carnet y yo compro el auto a mi nombre. Me han dicho 100, 150 lucas (215 dólares) y hay varios que han aceptado por el maldito vicio, y si hay plata uno hace cualquier locura”.
Patricio es adicto a la pasta base de cocaína, el “maldito vicio” de gran parte de los indigentes en Iquique.
Según el Ministerio de Desarrollo Social, en la región de Tarapacá hay 676 indigentes; de ellos, 12 en Iquique entregaron su testimonio para esta investigación que los vincula a los “autos chutos” o de contrabando, ya sea sacados de la Zofri o robados a particulares.
“Como tres veces se han acercado los Quispe y me han pedido mi RUT y el nombre. Me han ofrecido 100 lucas (143 dólares) para sacar los autos Mazda Demio de la Zofri, pero nunca me han pagado. Esto ocurrió hace como dos meses atrás (…) Conozco a más gente de la calle, como a ocho que también lo hicieron, pero no tengo idea si les pagaron”, dijo J.I.P.S, de 37 años, que no quiso identificarse y explica que los Quispe son bolivianos a quienes conoce por este negocio de autos irregulares. Es de Santiago y hace cinco años vive en Iquique. Confiesa ser alcohólico.
“Yo me llevé cuatro camionetas Mitsubishi Katana robadas de Calama (Chile) a Uyuni (Bolivia) con mi amigo y dos choferes bolivianos que se saben todas las pasadas, no hay camino que no conozcan. Pasamos por un costado de Hito Cajón (complejo fronterizo chileno) y nos tuvimos que quedar en Bolivia hasta que vendieran las camionetas. Ellos pagan con dólares y drogas y nos regresamos en bus (…) Ahora en Iquique me han pedido sacar autos de Zofri, pero no lo he hecho porque es un riesgo”, contó C.A, quien es de Calama y vive en Iquique, ciudades distanciadas a cinco horas en vehículo. Al igual que J.I.P.S, no quiso identificarse. Tiene 35 años y es adicta a la pasta base. Aparenta eso sí menos edad y luce un vestido en mejor estado que su amiga de 28 años con quien consume drogas. Cuando declaró para esta investigación, lucía un jeans azul ajustado, zapatillas blancas con manchas grisáceas y una polera café sin mangas. Sus manos oscuras por suciedad y las idas a una plazoleta utilizada por drogadictos, frente a un hogar de niñas y adolescentes vulnerables y a media cuadra de unos juegos infantiles que instaló el municipio de Iquique, delataban su indigencia.
“Dos bolivianos se acercaron y me ofrecieron plata, unos 70 pesos bolivianos (10 dólares) y me dijeron que era para un trabajo y que después me iban a dar más dinero. Yo los corté al tiro porque me estaban pidiendo mi carnet y llevaban una libreta para anotar; esto ocurrió hace una semana afuera del Museo Esmeralda”, dijo J.M en junio pasado. Tampoco quiso identificarse. Tiene 54 años. Es alcohólico y aprovecha de ducharse y comer en un albergue en el sector El Morro, que administra el Gobierno.
La Zona Franca de Iquique (Zofri), con la participación de más de dos mil empresas de distintos rubros, es un sector industrial y de comercio convertido en uno de los principales polos de desarrollo económico de la región de Tarapacá. El año pasado generó 4.079 millones de dólares en ventas.
Zofri S.A, empresa que administra el sistema franco, entrega cada año el 15% de sus ingresos brutos a las 11 comunas de las regiones de Tarapacá y Arica -los dos territorios chilenos más cercanos junto a Antofagasta a Bolivia y Perú- para que los municipios realicen proyectos comunitarios. Este año la compañía distribuyó 5.660 millones de pesos chilenos (cerca de ocho millones de dólares).
Esta plataforma de negocios ocupa un área de 206 hectáreas, donde genera cinco mil operaciones comerciales diarias en promedio. Según la Memoria Anual 2018 de Zofri S.A., el 21% del total de empleos en la región de Tarapacá, se relaciona directa o indirectamente con la Zona Franca de Iquique. Esto equivale a unos 36 mil puestos de trabajo.
Un comercio clandestino se ha camuflado entre las operaciones legales de la Zofri: compradores bolivianos (“chuteros”) y trabajadores del sistema franco utilizan fraudulentamente el documento SRF (Solicitud Registro Factura), que permite retirar vehículos de la Zona Franca y deben ser usados solo en la región de Tarapacá. Sin embargo, la norma no es respetada y en pocas horas los vehículos son llevados ilegalmente por pasos no habilitados de la frontera chilena hacia Bolivia. “Se ha detectado que vehículos que están sujetos a un régimen de zona franca, son llevados a la frontera y trasladados hacia Bolivia fuera de los presupuestos legales en que se mueven. Hemos observado la utilización de ‘palos blancos’ para inscribir los vehículos, al menos para sacarlos y echarlos en camiones de contrabando”, dice el fiscal Maximiliano Mariángel de la Sección de Análisis Criminal y Focos Investigativos del Ministerio Público.
Mariángel confirma que los “palos blancos” utilizados por bolivianos son indigentes y personas de bajos recursos: “Una persona en situación de calle puede tener 15, 20 o 30 vehículos inscritos y obviamente no está en condiciones económicas para inscribir esa cantidad de autos (… ) Por lo que hemos averiguado, a ellos les pagan por prestar su cédula de identidad”.
El mercado negro
de los Chutos
En la Avenida Circunvalación, la principal del barrio industrial de Zofri, hay empresas, conocidas como traspasistas, que adulteran facturas para que bolivianos sin residencia en Tarapacá puedan comprar vehículos con RUT y nombres de chilenos y luego llevarlos por caminos irregulares a Bolivia. Un trabajador de este comercio clandestino da una idea de cómo funciona este negocio:
-¿Qué servicio realizan?
-Nosotros nos encargamos de facturar y realizar el cambio de volante a los autos.
-¿Si el comprador viene de Bolivia lo facturan con un RUT chileno?
-Sí
-¿El RUT quién se lo consigue?
-Es responsabilidad nuestra, nosotros vemos cómo lo facturamos, cómo lo hacemos.
-¿Entonces ustedes se consiguen el RUT?
-Sí.
-¿Cuánto cuesta facturarlo con cédula chilena siendo boliviano?
-70 dólares.
-¿Tan solo facturarlo y sacarlo de la Zofri?
-Sí, correcto.
-¿Qué hay que hacer para llevarlos a Bolivia por un paso no habilitado?
-Ahí se conversa eso, no te puedo explicar por teléfono. No se lo puedo ofrecer a cualquiera.
-¿Pero “chutean” autos por la frontera?
-Pero es complicado, puedes perder o no el vehículo. Para más información tienes que hablar con quien descarga (autos) de noche. No te puedo entregar más antecedentes …
El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó, por medio de un escrito firmado por el director regional de Tarapacá, Óscar Urdanivia, que en el Comité Regional de Hacienda, integrado además por el Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería Regional, han abordado este comercio ílicito de vehículos y otros productos de la Zona Franca con destino dudoso a Pisiga Carpa, Pisiga Choque, Cariquima y Colchane. Lo que derivó, según el servicio, en la fiscalización y auditorías a dos empresarios de Zofri.
Respecto a la adulteración de facturas de vehículos por parte de «chuteros» y traspasistas, con el uso de RUT y nombres de chilenos, incluso de indigentes como testaferros, el SII respondió, sin ahondar en avances, que «actualmente, dicha materia está siendo analizada por una mesa de trabajo integrada por Aduanas, Tesorería General de la República, Zofri S.A. y el SII, a fin de explorar las distintas alternativas disponibles dentro del marco legal imperante». No descarta, además, seguir fiscalizando a los vendedores. Según Zofri S.A., son alrededor de 200 importadores que ofrecen vehículos.
Uno de ellos es un empresario pakistaní que hace 22 años ofrece automóviles. No quiso identificarse por miedo a perder el negocio y “ganarse enemigos”. Confiesa que el contrabando de los “autos chutos” en la zona franca es conocido por todos: “Todos saben que los vehículos que vendemos irán a parar a Bolivia, ilegalmente. Zofri sabe, Carabineros sabe, Aduanas sabe, nosotros (las importadoras) sabemos. Todo el mundo sabe. Encima nos llegan videos de que les quitaron o quemaron los autos en la frontera”. Agrega que es un negocio clave para el sistema franco: “Zofri tiene que trabajar a ‘ojos cerrados’, sino no vienen los compradores bolivianos, que además de vehículos, llevan ropa usada, juguetes, zapatos, aparatos electrónicos. Y está acostumbrado a llevar de contrabando. Si no fuese así, no habría ventas y, por eso, Zofri se tapa los ojos”.
El empresario entrega su versión de cómo funciona el negocio: “Nosotros vendemos dentro de la norma a empresas de Zofri que realizan traspasos de autos y luego ellos revenden a bolivianos (chuteros). Es problema de ellos a quienes les venden los vehículos y si reciben algún dinero. Nosotros no nos metemos… El boliviano compra modelos de los años 2002 a 2010, pero como no los puede llevar legalmente a Bolivia con un documento de reexpedición, los saca con un documento SRF -para vehículos que pueden solo circular en Chile- usando documentación de un chileno y luego los traslada por pasos irregulares”. No descartó que compradores utilizan a indigentes como testaferros y agregó: “Si viene una persona chilena con dinero y quiere comprar un vehículo, nosotros no vamos a investigar de dónde sacó la plata o de dónde viene”.
Asegura que Zofri S.A no enfrenta este comercio clandestino para no reducir los ingresos: “Sabe de los ‘autos chutos’ y pudiera hacer muchas cosas, pero entiende que se acabaría el negocio automotriz, porque todas las empresas están pagando arriendo, impuestos, otros gastos, entonces, si hacen algo, el negocio muere y la gente se irá. Esa es la razón de por qué Zofri funciona a ‘ojos cerrados’”.
Darío Blanco, gerente de la Asociación de Usuarios Zofri A.G.1 (Asociación Gremial N°1), considera “delicado” el comercio fraudulento, entendiendo que parte de los vehículos que ingresan de contrabando a Bolivia provienen de las importadoras de la zona franca de Iquique: “El perjuicio para Bolivia es enorme, pero no depende de los usuarios (vendedores) cómo frenarlo. Yo he escuchado eso (el uso de indigentes como testaferros para la compra de vehículos) pero eso significa que el RUT y la persona existen, independiente de que se mal utiliza el sistema”.
Un informe de la Contraloría General de la República de Chile, de mayo de 2019, concluyó lo siguiente respecto al servicio aduanero: “El Sistema de Servicios de Visación Electrónica no dispone de validaciones orientadas a mantener la consistencia de los datos ingresados por los usuarios adquirentes de mercancías, advirtiéndose datos de compradores de productos ingresados con RUT erróneo, RUT asociado a otro nombre en el sistema, y compradores que presentan situación tributaria irregular en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Lo expuesto denota la falta de cumplimiento de los principios de control y de coordinación entre los organismos públicos, en cuanto a contar con convenios de interoperabilidad con el Servicio de Registro Civil e Identificación, para la correcta identificación de las personas, y con el SII para mantener información actualizada sobre la situación tributaria de los compradores”.
La Zona Franca de Iquique (Zofri), con la participación de más de dos mil empresas de distintos rubros, es un sector industrial y de comercio convertido en uno de los principales polos de desarrollo económico de la región de Tarapacá.
El fiscal Eduardo Ríos, de la Unidad de Alta Complejidad de Tarapacá, dice que al menos en los últimos cinco años no ha recibido denuncias de los servicios públicos o de particulares por el negocio de los “autos chutos” en la Zofri, y eso, añade, dificulta sobremanera el desarrollo de una investigación y determinar responsabilidades por este comercio clandestino. “Podríamos generar un caso autónomo, sin una denuncia previa, pero nos detiene no poder manejar los sistemas de información de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos y de la Zona franca de Iquique. No podemos actuar antes verificando en cada operación, la compra, el nombre y RUT, porque no tenemos el poder de fiscalización de cientos de compra y ventas diarias en la zona franca, sería prácticamente imposible, porque no se cuenta con las herramientas tecnológicas y sería una tarea titánica. Entonces, nuestra labor es actuar posterior a una denuncia por un hecho concreto”. Es decir: es casi imposible que actúen sin denuncia previa.
El gerente general de Zofri S.A, Claudio Pommiez, y el director regional de la Aduana, Cristian Molina, prefirieron no hablar para esta investigación. La policía, por su parte, investiga un reclutamiento masivo de indigentes de parte de una organización delictiva que opera en Iquique. La Fiscalía mantiene las diligencias en calidad de reserva.
Créditos:
Periodistas: Beatriz Layme, Carlos Luz y Cristian Ascencio
Coordinación: Cristian Ascencio
Apoyo Editorial: Suchit Chávez
Fotografías: Arturo Morales e Ignacio Muñoz
Arte: Amy Ayala
Programación: Rodrigo Arratia
Esta investigación colaborativa fue realizada por los medios Página Siete de Bolivia, El Mercurio de Antofagasta (Chile), La Estrella de Iquique (Chile) en alianza con la Plataforma Periodística Connectas.
