n el Estado de México vive una pequeña que está por cumplir tres años. Es hija de migrantes hondureños y el gobierno se ha negado a darle el acta de nacimiento a la que tiene derecho. Aunque sus papás la llaman Nancy, en realidad no tiene un nombre legal. Es invisible para el país que la vio nacer.
Sin ese papel, la niña no tiene nacionalidad y tampoco puede acceder a la seguridad social. Si para el próximo mes de febrero no obtiene el documento, su derecho a educación también será vulnerado porque en ese mes se llevan a cabo las inscripciones en todo el país y no podrá acceder al preescolar.
Sus padres han visitado distintas oficialías para tratar de resolver esta situación, pero el hecho de que sean migrantes sin papeles se ha vuelto el obstáculo más grande. Incluso, cuentan que les han pedido dinero a cambio del registro y han sufrido discriminación.
Esta familia asegura que la odisea comenzó desde el parto. Tocaron las puertas de tres hospitales y en dos no los quisieron recibir. En el que los aceptaron, les exigieron pagar 10 mil pesos (500 dólares, aproximadamente), como si fuera una clínica privada, a pesar de que se trataba de una institución pública. “Paga, al menos, lo que se comió tu mujer; ella no es mexicana”, dice el padre de Nancy que le dijeron en el Hospital Materno Infantil Vicente Guerrero, del Estado de México. Para que dejaran salir a su esposa y a su bebé, asegura que pagó los únicos 100 pesos que tenía.
Esta historia ilustra un escenario que se extiende por todo el país, porque Nancy (nombre que ha sido cambiado por petición de la familia) no es la única hija de migrantes en condición de refugiados o con protección complementaria a la que el gobierno mexicano ha negado la identidad. Esta investigación evidencia cómo el Estado mexicano vulnera los derechos de cientos de mexicanos hijos de migrantes indocumentados, a pesar de que la Constitución en México establece que todo niño nacido en este país tiene derecho a la nacionalidad.
Por años, organizaciones de la sociedad civil, así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) han documentado esta situación que, desde su perspectiva, discrimina y viola leyes constitucionales. El IFDP estima alrededor de 100 amparos promovidos en México en los últimos cinco años, presentados para defender el derecho a la identidad de estos niños.
El problema se extiende a lo largo y ancho de México. Como ejemplo, en este 2022, en Chiapas, principal punto de entrada de migrantes, ante la carencia del acta, en un solo día se registraron cerca de 50 familias que buscaron apoyo internacional a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En Baja California, en la frontera norte, la UNICEF intervino en 30 casos más. En Aguascalientes, al centro del país, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) contabiliza 10 casos en donde los niños aún no logran acceder al acta, y documentó 10 más en los que tuvo que intervenir para que estos pequeños mexicanos pudieran obtener su identidad.
Son precisamente las organizaciones y organismos internacionales los únicos que cuentan con datos respecto a menores sin registro, ya que las instituciones oficiales desconocen a cuántos niños les han negado un acta. “Sabemos que la dimensión es amplia porque es algo recurrente”, dice Yolice Quero, coordinadora de la Unidad de Protección de la OIM en México.
apostillas
Este trámite consiste en certificar que la firma y el sello de un documento público fueron puestos por una autoridad en uso de sus facultades. El trámite deberá realizarse ante una autoridad en el país de origen.
A la mayoría de estos menores no se les registra porque sus padres no tienen los papeles que el gobierno considera indispensables para expedir el acta de nacimiento. Es decir, el mayor obstáculo es administrativo, porque las autoridades no contemplan el contexto y la situación de las poblaciones migrantes. Por ejemplo, piden que los padres migrantes tengan apostillas en sus documentos de identidad para registrar a sus hijos.
apostillas
Este trámite consiste en certificar que la firma y el sello de un documento público fueron puestos por una autoridad en uso de sus facultades. El trámite deberá realizarse ante una autoridad en el país de origen.
Para la gran mayoría es imposible obtener una apostilla debido a su situación migratoria, dado que es un trámite que debe realizarse ante las autoridades del país de origen. “Tienen que ir a su país a que le pongan ese sello”, explica Sergio Rea, encargado de ACNUR en Aguascalientes. “Lo que están haciendo es invisibilizar a las personas, y eso es una violación flagrante a la Constitución”, sentencia Fernando Alonso, representante de la UNICEF en Baja California.
“Si no se le da el derecho a la identidad, que es la llave para todo lo demás, lo pones en riesgo. Si los secuestran, si se los roban, ¿cómo acreditan los padres que es su hijo?”, alerta Margarita Juárez, abogada especializada en derecho migratorio y miembro del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI). “Es muy grave que, por una cuestión administrativa, los registros civiles vulneren un derecho tan importante”, asegura.
El gobierno, sin embargo, está informado de esta situación. De hecho, el IMUMI participa desde 2015 en mesas de diálogo con el Registro Nacional de Población, la Secretaría de Gobierno y representantes de los registros civiles. “Nos han invitado a varios foros, llevamos la problemática –asegura Juárez–. Entonces, sí lo saben. Y es muy grave eso. Las administraciones pasan y la solución queda a un lado”.