Los niños invisibles de Bolivia

Desde hace más dos años el 22 de abril es una fecha que Óscar Barreto, recuerda con dolor. Ese día, su hija Tatiana, de tres años murió en La Paz. Recibió esa noticia en Paraguay, por vía telefónica. Su expareja le contaba que la pequeña se había caído de las escaleras. Este anuncio lo golpeó como un hacha que parte un árbol: “Fue el peor día de mi vida", dice. Viajó a Bolivia y, al ver el cuerpo de su hija con golpes, rasguños y moretones, no tuvo duda de que había sido asesinada. Presentó la denuncia por infanticidio, la Policía detuvo a la madre y al padrastro de la menor, los principales sospechosos. Pero dos años después no halla justicia.

Este es uno más de los casos que esperan ser juzgados. De cada diez infanticidios, solo dos logran sentencia, aseguran organizaciones de defensa de los derechos de los niños. La ley indica que los infanticidios deben tener prioridad y atenderse de manera inmediata, pero según los consultados, la mayoría se archiva sumándose a la lista de delitos comunes que están a la deriva por la mora judicial. Incluso muchos no llegan a ser catalogados con esta figura porque, cuando se denuncian, son registrados como homicidios, asesinatos u otro tipo de delito.

A junio de este año, la Fiscalía General de Estado anotó 30 infanticidios, pero organizaciones como la Red Ciudadana contra el Infanticidio y el Abuso Sexual aseguran que la cifra supera los 40. En 2014, la Defensoría del Pueblo anotó 73 niños asesinados: seis por mes.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada 10 minutos, en algún lugar del mundo, una niña muere como resultado de violencia. Estimaciones de la Unicef, señalan que cada año 25.000 niños son asesinados en Latinoamérica y el Caribe.

El número oficial de condenados por este delito es una incógnita. Para este reportaje, se presentaron solicitudes de acceso a información a la Fiscalía General del Estado.

La respuesta fue un escueto cuadro de casos ingresados al primer semestre de 2017.

Bolivia legisló e incorporó en la Constitución los derechos de los niños. Pero la infancia aún está desprotegida. En los últimos ocho años, en centros de salud de todo el país se atendieron a 7.201 mujeres y 2.863 varones menores de 10 años por violencia física y sexual. En el último registro (2013) los presos por ese delito eran 2.503. La estadística de reos, no especifica si sus víctimas fueron menores de edad.

Especialistas como Rolando Villena, exdefensor del Pueblo, dicen que la desprotección es alarmante: "Es grave y el problema se acentúa". El escaso presupuesto para la justicia y el poco entendimiento sobre las leyes de los operadores judiciales son algunas de las causas.

Detrás de los números, está el dolor. Como el de Óscar, que a casi tres años del asesinato de su hija no puede ver a los culpables sentenciados.

La espera que desespera

Aquel 22 de abril de 2015, cuando recibió el llamado con el fatal anuncio, Óscar quedó aturdido: “Lloré toda la noche, no podía creer lo que estaba pasando”, dijo. El hombre estaba en Paraguay, al otro día tomó un avión.

Cuando llegó a La Paz y vio el cuerpo de su hija, dudó de la versión del "accidente" que le dio su expareja: rasguños, moretones en el cuello, mechones de pelo arrancados. El examen forense confirmó su sospecha: politraumatismos, lesiones en el tórax y abdomen, costillas rotas y desnutrición, el veredicto fue síndrome de niño maltratado. Tatiana tenía tres años y fue asesinada.

Entonces presentó la denuncia. Y ahí empezó su tormento. Primero, en la Policía querían registrar el caso como "accidente doméstico". Pero Óscar recibió la ayuda de abogadas vinculadas a los derechos de la infancia, y logró que el hecho se registre como infanticidio. Después hubo demoras por cambios de fiscales: en primera instancia se asignó a uno, que fue retirado por no seguir las directrices legales de la investigación.

El retraso en el proceso generó un gran movimiento de gente y activistas que buscan una sentencia ejemplar. Según el Código Penal, el infanticidio tiene una pena de 30 años sin derecho a indulto. #TodosPorTatiBarreto #NoMasInfanticidios son algunos de los hashtag que se pueden leer aún en Twitter y Facebook, sobre el caso.

Por este movimiento se logró el cambio del fiscal y la investigación pasó a una comisión del Ministerio Público. Finalmente, en abril de 2017, comenzó el juicio oral pero las cosas no cambian: las audiencias se suspenden porque no hay secretaria o por alguna estrategia de la parte acusada.

Los principales sospechosos son Rubens Graff y Fátima Velásquez, padrastro y la madre de Tatiana, ambos alegan inocencia, pero hay pruebas que los incriminan, asegura Roxana del Castillo, abogada de Tati.

Velásquez se defiende, y asegura que al igual que su hija es una víctima más de Graff.

Hay otros padres en la misma situación: más de una decena de casos, según estima Red Ciudadana contra el Infanticidio y el Abuso Sexual. El papá de Alisson Solís, que encontró a su hija muerta luego de que fuera violada por su tío y primos, aún no consigue ni una citación. El papá de Nadia Mendoza, una niña asesinada por su padrastro y encontrada por sus vecinos, lo mismo. O los familiares de Camila Brañez, asesinada hace ocho años por su padrastro, que le destrozó el cráneo pero está libre.

Ciega, sorda o muda

¿La Justicia es sorda, ciega y muda? ¿Por qué no avanzan causas tan sensibles? , se preguntan familiares y abogados de las víctimas.

Dentro del Sistema Judicial se defienden: hay pocos fiscales y jueces para la cantidad de causas. Por ejemplo: en Santa Cruz, un departamento de más de 2.5 millones de personas, hay tres fiscales relacionados a la niñez. Solo en 2016, los centros de salud de ese departamento atendieron a 168 menores de 10 años abusados. “De esta forma es absurdo tener una carga procesal manejable, para hacer un buen trabajo”, dice Scarllet Menacho, especialista en derecho infantil.

Lo mismo ocurre con los jueces: hay seis de sentencias, los encargados de dar un dictamen judicial, ven cinco procesos de diferentes delitos por año. Por otro lado, jueces de instrucción, los que siguen las causas antes de un juicio oral, atienden entre 1.500 y 1.800 casos al año.

A nivel nacional el Ministerio Público cuenta con 1.343 funcionarios, de esta cantidad 498 son fiscales de materia. Según datos oficiales hasta 2016 existe una mora procesal de 100.000 casos.

El activista por los derechos humanos Hernán Cabrera dice que falta voluntad política para hacer que las instituciones de defensa de la niñez funcionen: “No hay una adecuada coordinación. Todo pasa por el tema presupuestario, que es mínimo. Por ejemplo, en Santa Cruz solo hay dos juzgados del menor y los jueces no están calificados y no escuchan a las víctimas, no hay voluntad”, señala.

Bolivia tiene buenas normas que no se ejecutan. Incluso el Código Penal establece prioridad máxima para los casos de violencia sexual, maltrato infantil e infanticidio, pero no se aplica, sostiene Cabrera.

Rolando Villena, exdefensor del Pueblo, dice que los funcionarios desconocen el Código del Niño, Niña y Adolescente. “El Código dice que se deben atender estos casos con prioridad, pero los jueces no lo hacen”, afirma.

La abogada Menacho agrega que “en el país un infanticida es juzgado como cualquier delincuente común” porque no se reglamentó un procedimiento para agilizar las investigaciones y condenas, pese a que se modificó la tipificación del infanticidio en 2014 y se endureció la pena (antes eran solo tres años de cárcel).

Hay un nuevo Código Procesal Penal que se debate en la Cámara de Diputados, se prevé que acorte los plazos procesales. Pero la norma entrará en vigencia dentro de un año o dos. Mientras tanto, los casos de niños y niñas víctimas de violencia o asesinados siguen en el limbo judicial. La palabra infancia viene del latín infans, que significa sin voz. El origen cobra un sentido literal en Bolivia.