VORÁGINE CONNECTAS

Los 327 niños que han muerto de hambre y sed en La Guajira

anuela* se dispone a darles el desayuno a los 15 niños, entre 18 meses y 4 años de edad, que tiene a su cargo. En cada plato sirve media papa cocida al vapor con un poco de queso rallado. En los vasos sirve avena. Son las 9:00 de la mañana de un lunes de junio de 2022. Dos horas más tarde les ofrecerá otro vaso de avena con un paquete de galletas y a eso de la 1:00, el almuerzo.

Ella pertenece al pueblo wayú y es la manipuladora de alimentos de la Unidad Comunitaria de Atención (UCA) de su ranchería a las afueras de Riohacha, puerta de entrada a la Alta Guajira, una región seca y desértica de Colombia, donde la escasez de alimentos y agua potable ha matado más niños que en cualquier otra parte del país. En 2021, la tasa de muerte de menores de cinco años por desnutrición se situó en este departamento en 20,8 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional fue de 5,6.

Las UCA son centros para atención integral y nutricional donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atiende a los menores de cinco años y a las mujeres lactantes y en embarazo de pueblos étnicos y comunidades campesinas dispersos en la Colombia rural. La Ley 1804 de 2016 aprobada por el Congreso de Colombia, conocida como “Política de cero a siempre”, motivó su creación.

En La Guajira, estos centros se encuentran dentro de las rancherías, viviendas de barro, madera y techos de palma, desperdigadas por todo el desierto, donde viven los wayús. Allí, de lunes a viernes, alimentan a los pequeños. A las mujeres en embarazo y a las lactantes les envían un mercado con leche, un complemento nutricional llamado bienestarina, arroz, frijol, lentejas y atún que, en teoría, les debe durar 15 días. “Pero a los tres-cuatro días ya no tienen nada”, explica Manuela mientras recoge los platos de las dos mesitas donde comen los niños.

Manuela revisa la minuta para el almuerzo: chivo guisado, arroz, jugo de tomate de árbol. “Pero vea el chivo que mandan: puros huesos, ¡qué les voy a dar esto a los niños! Este tomate podrido es para el jugo. Siempre mandan muy poco mercado”, lamenta.

Las quejas por la calidad y cantidad de los alimentos se repiten en todos los centros visitados para esta investigación en por lo menos ocho comunidades. Todas ellas diseminadas en una zona árida a las afueras de Riohacha. Pese a ello, es lo único que muchos infantes podrán comer en todo el día. Por eso, demandan aumentar los cupos. En la UCA de Manuela, como en las 2.600 de la Alta Guajira y Riohacha, solo hay 20 cupos; en este caso, 15 son para los menores de edad; los restantes son para las madres gestantes y lactantes. Pero, dice, en su comunidad ha llegado a contar hasta cinco niñitos por fuera de este centro, pese a tener la edad para estar en él. También ha identificado un par de mujeres en embarazo sin el beneficio. En las otras ocurre algo similar: en unos casos son niños, en otros son mujeres lactantes o embarazadas, en los demás, todos los anteriores.

Quejas como: “si se acaba la sal, el azúcar, la carne, nos toca comprarla de nuestro bolsillo”, “no nos alcanzan los mercados”, “los alimentos nos llegan en mal estado” fueron comunes en las UCA visitadas para esta investigación. Foto: Ricardo L. Cruz

Se trata de un clamor por supervivencia. Según el Departamento Nacional de Estadística (Dane) en 2021 murieron 55 niños por hambre en La Guajira. El Instituto Nacional de Salud (INS) estima que el 47 por ciento de ellos eran wayús. Las cifras son, de lejos, las peores de todo el país para pueblos indígenas.

No es un drama que tome por sorpresa a los gobiernos nacional y departamental. El 8 de mayo de 2017, al fallar una tutela, la Corte Constitucional protegió los derechos a la salud, al agua y a la alimentación de los niños wayús en La Guajira mediante la sentencia T-302, en la que declaró el “estado de cosas inconstitucionales”; es decir, que durante años el Estado colombiano violó de manera estructural y sistemática, por acción u omisión, los derechos de los indígenas al agua potable y a la alimentación al punto de poner en riesgo su supervivencia física y cultural.

Para superar esta situación, la Corte Constitucional ordenó ejecutar ocho acciones en los municipios de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, que demandaban el esfuerzo conjunto de 14 entidades del orden nacional, departamental y los gobiernos locales de los municipios señalados. Entre ellas: “1) aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua”; y “2) mejorar la efectividad de los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de los de seguridad alimentaria”.

Esta investigación analizó el estado de cumplimiento de esos dos ítems de la sentencia y encontró fallas en las acciones acometidas por el Gobierno de Juan Manuel Santos en el último año de su segundo mandato (2014-2018) y en los cuatro años de la administración de su sucesor, Iván Duque (2018-2022). Fue hecha para Vorágine y CONNECTAS, con apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas.

Para garantizar el abastecimiento de agua pedido por la sentencia, el Gobierno de Juan Manuel Santos invirtió 76.000 millones de pesos —17,5 millones de dólares— en 26 pozos y molinos, 24 de los cuales hoy no funcionan. Cuando llegó al poder, el presidente Iván Duque cambió la estrategia por pilas públicas, en las que invirtió 160.000 millones de pesos —36,8 millones de dólares—. El 7 de agosto de 2022, cuando dejó el poder había entregado 22 de 100 y varias de ellas operaban con intermitencia.

El 18 de julio de 2022, debido a que las muertes infantiles por desnutrición seguían muy altas, la misma Corte repitió la orden de 2017 y les dio un plazo no mayor a un año a diez instituciones estatales para diseñar e implementar un plan de acción que proteja los derechos de esta población de acceso al agua potable, a la alimentación y a la salud. “Las pruebas evidenciaron que, si bien las entidades responsables del cumplimiento de dicha sentencia han adoptado medidas, persisten serias dificultades en la implementación de la política pública”, consignó el Tribunal.

Meses antes de la primera intervención de la Corte Constitucional, mediante Medida Cautelar n.° 51 del 11 de diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había pedido al Estado colombiano proteger urgentemente la vida e integridad de la población infantil y adolescente de las comunidades wayús de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao en grave riesgo de muerte por desnutrición. De nada sirvió. En diciembre de 2016, el Departamento Nacional de Estadística (Dane) reportó 82 menores de cinco años muertos por este flagelo en todo el departamento —76 ocurrieron en los cuatro municipios advertidos por la CIDH—. Un año antes, fueron 47.

La Guajira: un territorio de sentencias sin cumplir

En 2017, La Guajira era el departamento con la tasa más alta de mortalidad infantil por desnutrición: mientras la media nacional era de 4,96 menores de edad fallecidos por cada 100.000 habitantes, allí el indicador era de 34,9 por cada 100.000. Cinco años después del fallo y dos gobiernos responsables de su implementación, las cifras oficiales muestran que, en 2021, esta se redujo a 20,8, pero se ubicó como la cuarta más alta de Colombia, casi cuatro veces más que lo que dijo la Corte.

Precisamente, la Corte Constitucional señaló que la sentencia se daría por cumplida cuando los indicadores asociados con desnutrición (mortalidad infantil por desnutrición, prevalencia de desnutrición crónica, prevalencia de desnutrición global y prevalencia de desnutrición aguda en la población menor de cinco años) en La Guajira disminuyan hasta llegar a ser por lo menos iguales al promedio nacional. Pero los registros muestran que dicho indicador sigue sin lograrse.

Aunque el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó la muerte de 37 niños menores de cinco años entre el 1 de enero y el 9 de julio de 2022 por causas asociadas a la desnutrición, desde la Veeduría a la Sentencia T-302 advierten que “pueden ser más. Existe un gran subregistro, hay niños que mueren en las rancherías sin ser reportados”. Foto: Ricardo L. Cruz

“La Guajira es un territorio de sentencias judiciales incumplidas. Tenemos por lo menos 10 contra el sector público que no se cumplen” afirma Ruth Chaparro, secretaria técnica de la Veeduría a la sentencia T-302, instancia creada en noviembre de 2018, cuyo propósito es verificar en terreno que se cumplan las órdenes de la Corte Constitucional. Está integrada por las ONG Dejusticia, la Fundación Caminos de Identidad (Fucai), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

“El Gobierno nacional dice: ‘Esto es lo que hemos hecho en acceso a agua potable, estos son los comedores comunitarios y los niños que estamos atendiendo —continúa Ruth—; pero cuando recorremos el desierto, encontramos que muchas comunidades no tienen agua de verdad, que los programas de alimentación no funcionan; que los niños se siguen muriendo ¿Qué quiere decir? Que esta sentencia tampoco se está cumpliendo”.

Informes de la Veeduría muestran que entre 2017 y 2018, para enfrentar el problema del hambre con una solución sostenible, la administración Santos invirtió 14.400 millones de pesos —3,3 millones de dólares— en la dotación de 29 huertas comunitarias, más ganado ovino y caprino para autoconsumo en los cuatro municipios protegidos por la sentencia. Ello demandaba mejorar el acceso a agua potable. Pero no resultó. Enfatiza la Veeduría que “a excepción de la que promovió la Cancillería —con cooperación internacional—, todas decayeron por ausencia de capacidades comunitarias, asistencia técnica y falta de sostenibilidad en el suministro de agua. Los proyectos de ganado ovino y caprino se abandonaron”.

En noviembre de 2021, la Veeduría visitó nueve de los 26 pozos y molinos construidos en la Alta Guajira (Manaure, Maicao y Uribia) y Riohacha durante el Gobierno Santos; siete no funcionaban.

Inercia estatal

El 19 de abril de 2022, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, no escatimó esfuerzos para defender la gestión de la entidad en La Guajira. Lo hizo ante la Comisión Cuarta del Senado de la República, en un debate de control político sobre el cumplimiento de la sentencia T-302. Allí manifestó que los cupos para atención en UCA aumentaron de 58.578 en 2018, a 72.517 en 2021 (23,8 por ciento), al tiempo que hubo un alza de 64,4 por ciento en la inversión: se pasó de 149.000 millones de pesos —unos 34,3 millones de dólares— a unos 244.970 millones de pesos —56,4 millones de dólares— en el mismo lapso.

La funcionaria concluyó que gracias a las intervenciones gubernamentales se estaban reduciendo las notificaciones de muertes por desnutrición infantil en La Guajira, “al pasar de 82 casos en 2018 a 45 en 2020”.

Pero sus cifras, tanto en mortalidad infantil por desnutrición como en aumento de cupos, fueron imprecisas. En el primer caso, si bien hubo una reducción, en 2018, en La Guajira fallecieron 105 menores de cinco años; en 2020 fueron 47, según el Dane. La directora tampoco acertó en la sostenibilidad de la tendencia a la baja, pues en 2021 las muertes subieron a 55, y en lo corrido de 2022, hasta el 9 de julio, los fallecidos eran 37 —70 por ciento indígenas—, lo que indica que el año terminará con un nuevo aumento y que los wayús siguen siendo la etnia más afectada por este flagelo.

El ICBF, en respuesta a un derecho de petición, señaló que para 2021 se atendieron en UCA unos 61.370 usuarios (11.147 menos de los que declaró la directora), lo que a su vez representa un aumento real en cobertura del 4,7 por ciento. La entidad afirmó que para 2022 la cifra se ubicó en 63.318 cupos, un 3 por ciento más con respecto al año anterior y que, de ellos, unos 51.573 están en los cuatro municipios protegidos por la sentencia. Lo que omitió decir el ICBF fue cuál es la población infantil wayú estimada para estas localidades para así determinar el verdadero alcance de este programa.

“Mediante informes técnicos podemos probar que ellos no han ampliado cobertura, que lo que hacen es redistribuir cupos de un municipio a otro” manifiesta Ruth Chaparro. Según sus cuentas, la cobertura real en los municipios protegidos por la sentencia solo aumentó un 3,7 por ciento entre 2018 y 2021, “gestión que resulta de baja significación y contradiciendo lo determinado por la Corte Constitucional”.

La Corte Constitucional les pidió a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República presentar informes trimestrales para evaluar el cumplimiento de la sentencia. “Durante el primer año sacaron unos informes juiciosos, pero que no produjeron resultados, ni procesos disciplinarios ni penales, nada. Ni la Procuraduría ni la Defensoría volvieron a enviarlos. Solo cuando van los magistrados de la Corte ahí sí, de afán, levantan informes tibios que no sirven para nada”, agrega la vocera de la Veeduría. Esta investigación está a la espera de una respuesta de estos organismos explicando el porqué de la omisión.

La sentencia T-302 también ordenó crear un sistema de información eficaz sobre el pueblo wayú, que sirva de guía para tomar decisiones. A la fecha, no hay avances en el tema. “Existe información, dispersa, pero el sistema no existe como tal, ese sistema no lo tiene el Dane”, afirma Roosvelt Viana, indígena wayú que participa en las mesas temáticas de discusión creadas por el Gobierno nacional, justamente, para el diseño del mecanismo especial de seguimiento y el sistema de información en “diálogo genuino con el pueblo indígena”, tal como lo ordena la sentencia.

“Hay unos avances, hay que reconocerlo —destaca Roosvelt—. ¿En cuáles? En movilidad son importantes; el Ministerio de Salud aceptó nuestro plan de choque, que es inmediato, y la construcción de un modelo propio de salud para el pueblo wayú. ¿Dónde no hay adelantos? Con el Dane y con el ICBF tampoco hemos podido avanzar”. Ninguna de estas entidades respondió a estas denuncias.

Un pueblo que muere de sed

El guía cree que, pese al estado de la carretera, puede conducir hasta Mushichi, a una hora de viaje desde la cabecera de Manaure. Es mediodía de un jueves de junio de 2022 y una gruesa capa de nubes grises cubre prácticamente toda esta localidad de la Alta Guajira. Aquí llueve menos de 50 días al año y no es usual que caiga tanta agua como sucedió la noche anterior.

En Mushichi está La Tuna, una de las seis pilas públicas construidas en este municipio por el programa Guajira Azul, del Ministerio de Vivienda y Crédito Territorial (Minvivienda), iniciativa del Gobierno Duque para cumplir la principal orden de la sentencia T-302: llevarles agua potable a las familias wayús que viven en la ruralidad dispersa.

La lluvia convirtió la arena del camino en un fango amarillo que no cualquier vehículo puede sortear. También formó grandes charcos de agua turbia en los cientos de surcos que deja el paso constante de volquetas y maquinaria amarilla utilizadas para construir una carretera. Junto a uno de esos tantos lodazales, una niña hunde un pequeño balde en el charco de agua lluvia mientras, a su lado, otro niño pone un embudo en la boca de un galón. La niña vierte el contenido de su balde en el galón y repite una y otra vez la operación, hasta llenarlo.

“Así nos toca buscar agua muchas veces por acá”, dice el guía tras observar la escena. La pila pública está a poco menos de dos kilómetros de aquel sitio, pero allí no hay agua potable desde hace dos semanas. No es la primera vez que se queda seca. Suele suceder en las otras pilas. La Tuna, al igual que Betania, Arroyo Limón, Atapu, Porky y Santa Rosa, puede almacenar 20.000 litros de agua. Todas se abastecen de la planta de producción de agua potable llamada Casa Azul, ubicada a las afueras del municipio de Manaure. Es administrada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Manaure, conocida como la Triple AAA.

Todos los días, un carrotanque con capacidad para 10.000 litros de agua potable viaja desde Casa Azul a cada una de las cinco pilas satélites para abastecerlas. Para ir a La Tuna, por ejemplo, debe recorrer unos 18 kilómetros, de los cuales solo 10 son pavimentados. Igual sucede en Atapu, donde más del 80 por ciento de los 23 km de viaje son trochas.

La Guajira es uno de los departamentos más secos y áridos de Colombia. Históricamente, los wayús han suplido la necesidad de agua mediante jagüeyes, pozos artesanales que extraen agua de las profundidades de la tierra o reciben aguas lluvia. Foto: Ricardo L. Cruz

El carrotanque, adquirido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), fue entregado, al igual que las pilas públicas, a la Alcaldía de Manaure. Pero la administración municipal lo dio en comodato a la Triple AAA para que, a su vez, lo destinara solo para el abastecimiento de las pilas públicas. “Ese es el dilema que tenemos, a veces no nos alcanza el tiempo para surtir todas las pilas con un solo carrotanque. La verdad es que sí hemos tenido inconvenientes logísticos”, reconoce Luis Ricardo Pérez, gerente de la empresa.

“Te digo: nos dieron uno de los mejores vehículos del año. Pero para este territorio no sirve —agrega el gerente—. ¿Por qué? Es muy bajito. A veces sufre ese radiador, cuando llueve es terrible ingresar a las rancherías. Aquí no hay caminos. Súmele que los repuestos hay que conseguirlos en el interior, un tornillo, lo que sea, son dos, tres y hasta más días mientras nos llega”.

Un solo día con el vehículo apagado significa que por lo menos 1.800 familias (9.500 personas) de unas 86 rancherías no dispongan de los 20 litros diarios de agua potable por persona que se entregan en cada pila. En La Tuna, la afectación puede golpear a unas 460 familias. Pero este no es el único lío. La planta de producción, Casa Azul, también viene registrando inconvenientes que frenan el suministro: si no hay agua allí, sencillamente no hay nada que llevar a las pilas públicas. “Hemos tenido fallas, como todo. Hace pocos meses se nos dañó un motor en la planta de producción, y esos repuestos se consiguen en el interior. Pero ya estamos solucionando todos los inconvenientes”, declara Pérez.

Para garantizar la sostenibilidad del sistema, el Gobierno Duque impulsó la creación de asociaciones integradas por autoridades indígenas tradicionales wayús para la administración de cada pila pública. Las asociaciones reciben los carrotanques, verifican que las pilas estén en óptimas condiciones, entregan el agua a los usuarios.

En Manaure nació la Asociación de Usuarios Painwajirawa A Asaa Wuin, en castellano traduce “Unidos de corazón por el agua”. Ella le paga unos 82.000 pesos —unos 19 dólares— a la Triple AAA por cada viaje del carrotanque. El 70 por ciento del precio lo cubre la administración municipal con los recursos que le da la Nación para saneamiento básico y agua potable; el otro 30 lo ponen los beneficiarios de los dineros que año tras año, por obligación constitucional, debe girar el Estado colombiano a los resguardos, cabildos, comunidades y pueblos indígenas del país.

Pero si la pila está seca, la Asociación no puede entregar agua; si no hay entregas, tampoco cobra los recursos para pagar los envíos; si no hay envíos, ¿cómo saciar la sed de las familias wayús?

Manaure fue la prueba piloto del programa Guajira Azul. Tras su puesta en funcionamiento, el Gobierno nacional construyó otras cuatro pilas productoras de agua: Amaripa, Wimpeshi y Sararao, en Maicao; Romonero, en Riohacha. El modelo es el mismo: alrededor de cada pila productora se construyen pilas satélites para almacenar agua potable que es transportada en carrotanques. Si se cuentan una por una, a la fecha existen 22 construidas.

Al terminar el Gobierno de Iván Duque, había entregado 22 de 100 pilas públicas previstas. Ninguna de ellas en Uribia, el municipio más septentrional y seco de La Guajira.

La ubicación de las fuentes de agua para los wayús debía obedecer a un criterio exigido por la Corte Constitucional: que las comunidades no tengan que caminar más de 2,5 kilómetros por el líquido. Pero autoridades tradicionales de asociaciones de usuarios señalan que algunas deben caminar cinco, seis y hasta siete kilómetros hasta la más cercana. En ello coincide la Veeduría a la sentencia T-302, que asegura que, según sus inspecciones en terreno, las coberturas de cada pila oscilan entre dos y 20 kilómetros.

Previamente, la Contraloría General de la República señaló mediante informe de seguimiento especial al programa Guajira Azul, publicado en noviembre de 2021, una preocupación que hoy persiste entre los wayús: la cobertura. Una de las directrices de la Corte Constitucional era aumentar de 20 a 70 por ciento el acceso de agua potable entre la población de las zonas rurales dispersas de la Alta Guajira. Pero, según concluyó el órgano de control, tras tres años de operación del programa, las falencias en la planeación y ejecución de los contratos llevaron a que sus avances fueran mínimos y la meta de aumentar dicha cobertura apenas llegaba a 1,3 por ciento.

Cinco meses después de esa publicación, en el mismo debate de control político de abril de 2022 en el Congreso, el entonces viceministro de Aguas y Saneamiento Básico del Minvivienda, José Luis Acero, aseguró haber aumentado la disponibilidad del líquido del 4 al 22 por ciento en la Alta Guajira. Según el funcionario, en abril estaban en ejecución 78 pilas más que serán entregadas a finales de 2022, con las cuales el Gobierno Duque esperaba dar por cumplida la sentencia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), durante 2021, solo tres departamentos registraron una tasa de mortalidad infantil por desnutrición por encima de la tasa promedio nacional: Guainía, Vichada y La Guajira. Foto: Ricardo L. Cruz

Pero, de acuerdo con Andreina García Pinto, gerente de la Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira (Esepgua), de las cinco pilas públicas productoras de agua, Casa Azul opera con intermitencia, mientras que Romonero está fuera de servicio “por problemas de interventoría”. Por eso, dice: “No me parece que sea cierto que haya una cobertura del 22 por ciento, porque si sumamos las familias beneficiarias de las tres pilas públicas que están funcionando nos dan unas 13.000, y en la Alta Guajira hay muchas más comunidades”. Cita, como ejemplo, el municipio de Uribia, donde viven unos 158.000 wayús y no hay construida una sola pila pública.

Si bien las pilas públicas les fueron entregadas a los municipios y son ellos los que constitucionalmente deben velar por el sostenimiento del servicio, “desde Esepgua estamos diseñando un plan de aseguramiento que garantice el funcionamiento y la sostenibilidad de estas pilas. ¿Qué estamos pensando? Crear un gran operador regional, que sea como el ‘papá’ de estos operadores chiquitos y que pueda resolver en terreno todos los inconvenientes: que, si el carrotanque se quedó sin combustible, tenga para comprarlo; que, si no hay cloro para potabilizar el agua, pueda comprarlo”, señala García Pinto.

Apenas ahora la Gobernación recuperó el manejo de los recursos para programas de agua potable y saneamiento básico que le quitó el Gobierno nacional en 2017 por baja ejecución presupuestal. Durante los últimos cinco años estos fueron manejados por la Alianza Temporal para Agua Potable y Saneamiento Básico, pero según Andreina García Pinto, ese ente “no construyó un solo proyecto en la Alta Guajira”. Añade que solo recibieron las pilas públicas construidas en el programa Guajira Azul y otros 13 proyectos por valor de 86.000 millones de pesos —19,8 millones de dólares— para la construcción de igual número de pilas productoras de agua y sus respectivas pilas aferentes, cuyo beneficio irrigaría a unas 145.000 familias de la Alta Guajira.

Los wayús temen que las nuevas pilas públicas terminen convertidas en elefantes blancos, como ya les ha sucedido. “En La Guajira hay un modelo que parece funcionar desde hace décadas: se contrata, se construye, se inaugura, se abandona y luego se culpa a las comunidades”, responde Ruth Chaparro, de la Veeduría. Como ejemplo, cita el caso de los 26 pozos y molinos construidos por el Gobierno de Juan Manuel Santos: “A finales de 2021, visitamos nueve, y siete no funcionaban. Lo comprobamos en terreno. De los 17 restantes supimos que nueve ni siquiera se entregaron en funcionamiento”.

Sin agua potable para los wayús de la Alta Guajira y Riohacha, será una verdadera quijotada vencer al monstruo invisible de la desnutrición, que entre enero de 2017 y diciembre de 2021 cobró la vida de 327 niños. La UCA de Manuela, la manipuladora de alimentos, es un claro ejemplo. Mientras espera que se cumpla la sentencia de la Corte Constitucional, ella, como muchas otras wayús, continuará enfrentando el hambre que campea en su comunidad con las raciones insuficientes que cocina para los más pequeños, seguirá comprando agua al carrotanque u obteniéndola de pozos artesanales y continuará implorando a sus ancestros para que el hambre y la sed dejen de apagar las vidas de los menores.

* Nombre cambiado por solicitud de la fuente.