La opacidad del Tribunal Electoral

Pese a que el propio presidente de México y otros funcionarios han optado por transparentar sus bienes, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), una especie de suprema corte de asuntos electorales, han decidido poner candado a sus declaraciones patrimoniales.

Esta investigación de Aristegui Noticias, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del International Center for Journalists en alianza con CONNECTAS, buscó acceder a esta información. Desde el pasado 4 de junio, se presentó una solicitud de transparencia para obtener copias de las declaraciones patrimoniales de los siete magistrados del Tribunal Electoral. La Suprema Corte, el área encargada de atender la petición, tardó dos meses en dar respuesta y al final la declaró de carácter confidencial.

Paradójicamente, esto es legal. El poder judicial, en un acuerdo de 2005, dejó abierta la opción de cada uno de sus miembros decidan si la declaración de bienes es pública o no. Y aunque desde 2016 existe una nueva Ley que borra este acuerdo discrecional, los representantes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aún no definen los detalles para que se haga efectiva la transparencia y solo se bloquee la información cuando esté en riesgo la seguridad de un funcionario. “Sería muy sano para nuestro sistema democrático que el Poder Judicial comenzará a ser más transparente”, expresó Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Por eso, esta investigación intentó superar el muro de la opacidad, buscando de manera independiente los patrimonios y documentó que seis de los siete magistrados electorales son dueños, en conjunto, de al menos 10 departamentos, 5 terrenos o lotes, dos casas y una oficina. Las propiedades están ubicadas en Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato y Guerrero, de acuerdo con los registros públicos de cada entidad.

En los 12 últimos años, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido el centro de la controversia pública en varias ocasiones. En 2006, protagonizó uno de los episodios más tensos cuando dio el triunfo a Felipe Calderón tras una cerrada y polémica elección presidencial. En 2014, fueron criticados por sus prestaciones, fondo de retiro y camionetas. Y en meses recientes ocurrió lo mismo, cuando ordenó que Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” fuera incluido como candidato en la boleta de la elección presidencial, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le invalidó el 53 por ciento de las firmas recolectadas, con lo cual no alcanzaba el umbral mínimo que exigía la ley.

Cuatro de los siete magistrados ignoraron la decisión del INE, quien también había resuelto en contra de la inscripción de Rodríguez Calderón porque detectó irregularidades en la recolección de fondos para la precampaña. Tras la resolución de último minuto, la candidata presidencial independiente Margarita Zavala se atrevió a llamar a “El Bronco” como “el candidato del Tribunal Electoral”.

“Estamos frente al órgano máximo en materia electoral; es una especie de Suprema Corte en la materia, y sus decisiones son definitivas, nadie las puede revisar”, dice Javier Martín Reyes, experto en materia electoral y profesor asociado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Para Reyes y un amplio sector de la opinión transparentar las declaraciones patrimoniales de sus más altos funcionarios sería una evidencia clara del valor que le dan a la rendición de cuentas. Pero esto no sucede.

Como parte del ejercicio de transparencia realizado para este reportaje, se buscó en los registros públicos del país y esto fue lo que encontramos.

El patrimonio oculto

Janine Madeline Otálora Malassis, presidenta del Tribunal desde finales de 2016, es quien más propiedades tiene registradas a su nombre, con siete inmuebles en total: dos departamentos en la zona sur de la Ciudad de México, mientras que en Guanajuato tiene otro departamento, dos inmuebles registrados como “lotes” y un par más como copropietaria, al parecer de su pareja.

De sus siete propiedades, seis fueron adquiridas antes de que fuera seleccionada por el Senado como magistrada. Sin embargo, en 2017 adquirió una más en el municipios de San Miguel de Allende, en Guanajuato.

El magistrado José Luis Vargas Valdez, por ejemplo, es dueño en la Ciudad de México de dos departamentos, uno de ellos en Lomas de Chapultepec, y una oficina. El valor de estas propiedades ascienden en conjunto a 9.7 millones de pesos.

Felipe Alfredo Fuentes Barrera, otro de los magistrados, tiene dos departamentos en la Ciudad de México, uno adquirido este 2018 con un valor de 3.8 millones de pesos, y una casa en un fraccionamiento exclusivo en el Estado de México.

Los magistrados Felipe de la Mata Pizaña e Indalfer Infante Gonzales tienen, cada uno, dos propiedades, mientras que la magistrada Mónica Arali Soto Fregoso tiene un departamento en el estado de Jalisco, en copropiedad con su esposo.

En la búsqueda no se hallaron propiedades del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Debido a que los magistrados tienen bajo reserva sus declaraciones, es imposible determinar si los inmuebles hallados con sus nombres representan el total de su patrimonio o si este es mayor. Tampoco accedieron a dar una entrevista.

Este año, cada uno de los siete magistrados tendrá ingresos netos por 4 millones 654 mil pesos, que además de sus salarios incluyen 386 mil pesos de aguinaldo y un “bono de riesgo” por 720 mil pesos. Es decir, más de lo que actualmente recibe el mismo presidente de México: 3 millones 115 mil pesos. La actual legislación estipula que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente del país, pero los encargados de vigilar el cumplimiento de la ley electoral no se han ajustado a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

López Obrador anunció que reducirá el sueldo de la burocracia, incluido el Poder Judicial. Sin embargo, el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, ha rechazado el eventual recorte planeado para jueces y magistrados.

“Las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación, no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de éstos, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable, ineludible de un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos y construir con ello una sociedad más justa”, dijo Aguilar el pasado 13 de julio.

Además, como parte del programa de austeridad propuesto por López Obrador, ganará 108 mil pesos al mes, es decir, el 40% de lo que actualmente gana el presidente Enrique Peña Nieto.

Con esta modificación, los magistrados del TEPJF ganarían casi tres veces más que el presidente, pues además de su salario neto, los magistrados reciben una serie de bonos y gratificaciones que engrosan su ingreso final y no se considera como parte íntegra de su salario sino como una compensación “extra”.

Este miércoles 8 de agosto, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal serán los encargados de validar la elección presidencial del pasado 1 de julio y dar la constancia de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, quien ganó con más del 53% de los votos y sí adelantó en su campaña la declaración de bienes de él y de su esposa.

De igual manera, todos los detalles de ingresos, cuentas y propiedades deberían estar reflejados en la declaración de patrimonio de los magistrados del TEPJF, pero es información inaccesible.

Leyes a favor

En 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el acuerdo 9/2005 para regular la presentación de las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios -Ministros, jueces, etc-, así como los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Todos los funcionarios del Poder Judicial están obligados a entregar sus declaraciones de bienes. Sin embargo, dicho acuerdo, que sigue vigente, da margen a todos los funcionarios del Poder Judicial para decidir si sus declaraciones son públicas o se mantienen bajo reserva de la opinión pública.

“La información relativa a la situación patrimonial será confidencial; sin embargo, podrá hacerse pública siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate”, dice el acuerdo.

En 2016, fue publicado el decreto de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual forma parte del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Con esta nueva legislación, las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos deberán ser públicas, salvo los casos en los que se ponga en riesgo su seguridad.

Sin embargo, dicho mecanismo sigue congelado pues el Comité Coordinador del SNA no ha emitido los formatos para determinar qué datos patrimoniales son sensibles y pueden quedar bajo reserva.

“Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”, dice la Ley en su artículo 29.

Mientras entra en vigor la nueva legislación, la Suprema Corte tiene un buscador en línea de las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios y los del Tribunal que hayan decidido hacerlas públicas. Todos los funcionarios están obligados a presentar su declaración de manera anual, incluida una cuando ingresa en el cargo y una cuando lo dejan. El órgano de control interno del Tribunal es el encargado de seguir la evolución patrimonial de todos los empleados, y sólo ellos pueden notar si hay algún cambio irregular.

Pero ahí no están disponibles las declaraciones de los siete magistrados de la Sala Superior. Del Tribunal Electoral, por ejemplo, sólo 125 personas aceptaron hacer públicos sus bienes, cuando su nómina a nivel nacional es de al menos mil 800 personas.

Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), uno de los organizaciones que impulsó la transparencia de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, dijo que sería sano que los árbitros electorales hicieran públicos sus bienes.

“Como aún no se han publicado los formatos para decidir qué información se puede reservar, los magistrados y ministros aún pueden mantener un margen de discrecionalidad para hacer públicos sus patrimonios”, dijo Corona.

La apariencia sí importa

Para Javier Martín Reyes, profesor del CIDE, la falta de transparencia en el Tribunal Electoral es sólo un síntoma más de la ausencia de rendición de cuentas en el Poder Judicial mexicano.

“El poder judicial, que incluye al Tribunal Electoral, es el poder menos observado y el que menos rinde cuentas a la ciudadanía. Los grandes casos y escándalos de transparencia se han dado en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero el Judicial es un poder muy opaco”, explicó.

El Tribunal Electoral, agregó Martín Reyes, vive bajo el riesgo de la captura: son los partidos políticos quienes designan a los siete magistrados y, al mismo tiempo, son los mismos partidos políticos quienes serán regulados por estos magistrados. “La apariencia de independencia y de imparcialidad importa e importa muchísimo. Y una manera de contribuir de manera clara es transparentar el patrimonio de las personas que están votando. Más allá de las sentencias, de los fallos, creo que sí sería una señal importante que quienes votan y quienes deciden los mayores cargos políticos tengan este nivel de apertura.”

Pero no sólo son los partidos políticos quienes están bajo regulación del Tribunal, sino también organismos y empresas privadas, como las poderosas televisoras mexicanas: “En su día a día, el Tribunal Electoral toma decisiones que afectan a sujetos públicos y privados. Buena parte de la regulación electoral es sobre el uso de la radio y TV, que son empresas privadas muy poderosas”, indicó.

Desde 2006, las diferentes integraciones del Tribunal Electoral han sido blanco de las críticas de la opinión pública. Es decir, al menos 12 años de fallos polémicos.

El actual Tribunal, por ejemplo, ha tenido sus propios escándalos: la validación de la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral se lo había negado; o la validación de la elección de gobernador de Coahuila, aunque quedó probado que el candidato ganador, del PRI, rebasó el tope de campaña por la compra de anuncios en Facebook.

El profesor del CIDE, Javier Martín Reyes también señala el desencanto con la actual gestión de los árbitros electorales: “Hemos visto a un Tribunal con falta de consistencia jurídica, o con argumentos jurídicos muy endebles. Incluso cayendo en contradicciones con sentencias del propio Tribunal. La actual integración del Tribunal había generado cierta expectativa, pues tiene a gente preparada y con experiencia, pero pronto mostraron fallas graves.”

Información confidencial

Desde el pasado 4 de junio, este medio presentó una solicitud de transparencia a la Suprema Corte para obtener copias de las declaraciones patrimoniales de los siete magistrados del Tribunal Electoral.

La Corte tardó dos meses en dar respuesta. El pasado 1 de agosto, su Comité de Transparencia sesionó para determinar que la información solicitada es de carácter confidencial. Ese mismo día, al final de la tarde, la resolución fue entregada. Es decir, dejaron la respuesta para el último minuto del plazo establecido.

En el oficio enviado, se explica que la Secretaría General de la Presidencia de la Corte, que preside el ministro Luis María Aguilar Morales, fue la encargada de realizar la clasificación de la información, por lo cual no puede ser conocida por los ciudadanos.

En semanas pasadas, este medio también buscó a Julián Andrade, vocero del Tribunal Electoral para solicitar una versión del organismo y de los siete magistrados ante la publicación de este reportaje.

Aunque Andrade dijo que atendería un cuestionario enviado, el pasado 2 de agosto su respuesta fue opuesta:

“Te agradecemos el habernos consultado, pero los magistrados están concentrados en el tema que ahora les ocupa de la calificación de la elección”, respondió a través de un mensaje de WhatsApp.

En el cuestionario enviado a los magistrados del TEPJF se les pidió saber por qué han decidido reservar sus declaraciones patrimoniales, si las propiedades aquí publicadas eran todas las que tenían a su nombre o si había más y, particularmente, cuál era su opinión sobre la confianza que podría generar el organismo si ellos hicieran públicos sus bienes.

Sin embargo, el vocero del Tribunal Electoral dejó de contestar los mensajes y los magistrados optaron por no responder ninguna de las preguntas.